CIÉNAGA. – Diez mil millones de pesos de la salud pública en Magdalena, que estaban en tres cuentas de ahorros del Banco Caja Social, a nombre del hospital San Cristóbal de Ciénaga, desaparecieron mediante retiros en efectivo.
El dinero lo había consignado la estatal Nueva EPS para cubrir supuestos servicios de salud prestados mediante el llamado régimen contributivo o subsidiado. No obstante, tales servicios no aparecen en las cuentas del hospital.
La Nueva Prensa obtuvo un informe de auditoría según el cual durante doce años el hospital público del municipio de Ciénaga, con una población estimada en 129 mil habitantes, mantuvo una “nómina fantasma” que era manipulada por dos gerentes que nunca registraron los movimientos en la contabilidad oficial. Además, el informe dice que ocultaron la existencia de las tres cuentas bancarias mencionadas con el objeto aparente de ocultar la información real de los estados financieros del hospital. De esta manera, la administración departamental que comenzó a regir en 2020 no pudo conocer la verdad contable y el faltante de los $10 mil millones.
El informe de auditoria descubrió que entre marzo de 2009 y mayo de 2021 hubo abundantes retiros en efectivo hechos en Santa Marta bajo la modalidad de “retiro con talonario”, lo cual incumple los estándares mínimos establecidos por la ley para controlar el lavado de activos y darle protección al manejo de dineros públicos.
Por ejemplo, en la Navidad de 2019, veinte días antes de la posesión del actual gobernador, Carlos Caicedo, hubo millonarios retiros bancarios en efectivo. El extracto de la cuenta de ahorros No. 24020601441, en el periodo del 1 a 31 de diciembre de ese año —cuando la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga estaba por entregarle el cargo a Caicedo— muestra que se hicieron dos retiros en metálico por 210 millones de pesos. Así lo demuestran los consecutivos 00620002 y 00620004, respectivamente.
El extracto del Banco Caja Social revela que retiraron 210 millones en efectivo el 10 y 11 de diciembre de 2019
“Para esta revisoría es preocupante que la información contable no refleje la realidad financiera del hospital, constituyendo un alto riesgo que se presenten situaciones de fraude”, dice el informe de las revisoras fiscales Etilvia Terán del Toro y Yessica Castro Pedrozo de la compañía R&P Consultorías S.A.S.
Terán del Toro y Castro Pedrozo inspeccionaron diez cuentas bancarias activas del hospital San Cristóbal de los últimos 14 años y los delitos descubiertos en agosto pasado fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Seccional Delegada para Delitos Contra la Administración.
Tres integrantes del denominado clan político regional de los Cotes y los Díazgranados, que gobernaron el departamento durante doce años, estaban autorizados para hacer esas operaciones fantasmas. Se trata de Luis Alberto Correa Díazgranados, gerente del hospital en el periodo 2008-2012; Harold Francisco Correa Díazgranados, que trabajó ahí como profesional universitario; y Ángel Fernández Gamero, gerente del San Cristóbal de Ciénaga, entre 2012 y 2021.
Los nombramientos de los dos gerentes se dieron por orden de tres gobernadores del mencionado clan político: Omar Díazgranados, Luis Miguel Cotes y su tía Rosa Cotes.
Los retiros en efectivo se continuaron haciendo hasta el primer semestre del año pasado. La auditoría encontró también que en marzo de 2021, antes de que Ángel Fernández dejara la gerencia del hospital, hubo retiros ilícitos por 28 millones de pesos “con una secuencia de cada tres días”.
Ángel Fernández Gamero era ficha política del ex gobernador Luis Miguel Cotes cuando fue nombrado por primera vez en 2012 y ratificado en 2016 por la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga. Además, buscaba un tercer periodo en el cargo a pesar de estar prohibido por la ley 1122 de 2007.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, un clan político es “un grupo de poder regional con nexos familiares y/o afinidades políticas, económicas y sociales” que “utiliza sofisticados mecanismos de fraude electoral” y “tradicionales métodos clientelistas de compra y venta de votos” para conseguir alcaldías, gobernaciones, curules en el Congreso, concejos y asambleas y apoyar candidaturas presidenciales.
El Clan Cotes es un grupo tradicional que manipula la política local y su objetivo mantenerse en el poder mediante maniobras fraudulentas. El jefe es el cacique político Álvaro Cotes Vives, conocido con el alias de ‘Conejo’. Fue noticia en noviembre de 2019 cuando agredió física y verbalmente al entonces recién electo gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Caicedo, del movimiento Fuerza Ciudadana, derrotó en las últimas elecciones regionales al candidato y ex gobernador Luis Miguel Cotes al conseguir 58.7% de los 645.350 votos que fueron depositados en las urnas.
Luis Miguel Cotes, conocido popularmente como ‘El Mello’, es hijo de Álvaro Cotes, y ya había gobernado el Magdalena en el periodo 2012-2015. Su tía Rosa, hermana de Álvaro, fue la gobernadora entre 2016 y 2019.
La ex gobernadora Rosa Cotes es esposa del ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, condenado por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De hecho, aceptó haber recibido apoyo del paramilitar Hernán Giraldo Serna, cabecilla del sanguinario 'Frente Resistencia Tayrona'.
Las irregularidades financieras —que fueron reportadas a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Salud— están en casi toda la red hospitalaria y comprometen a las distintas administraciones del clan Cotes.
En Magdalena hay 25 hospitales públicos departamentales, situados en los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ariguaní, Cerro San Antonio, Ciénaga, Concordia, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijiño del Carmen, Pivijay, Plato, Pueblo Viejo, Remolino, Sabanas de San Ángel, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo, Tenerife, Zapayán y Zona Bananera.
El 84 por ciento de estos establecimientos de salud tienen problemas de infraestructura y el 50 por ciento padece problemas financieros, de acuerdo la Secretaría de Salud del departamento.
