En Arauca, Colombia, un departamento ubicado al nororiente del país en la frontera colombo-venezolana, el 2022 inició con fuertes enfrentamientos entre insurgentes al margen de la ley que militan en la región. Los primeros testimonios indican que la violencia fue consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se oponen a los Acuerdos de Paz de 2016 con el gobierno colombiano. Esta reincidencia de la violencia ha provocado una de las situaciones humanitarias más graves de los últimos años en Arauca, con al menos 23 muertes, desplazamientos y desapariciones aún no verificadas. Aunque la violencia entre grupos ilegales a lo largo de la frontera colombo-venezolana no es nueva, la aparente ruptura de un pacto de no agresión entre la guerrilla del ELN y los disidentes de las FARC es extremadamente preocupante y potencialmente desoladora para la población civil de la región y para las ya tensas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. El gobierno colombiano ha mantenido su respuesta típica, que consiste en aumentar la militarización de la región, una estrategia que por décadas ha fracasado a la hora de establecer seguridad y paz. La sociedad civil araucana y la Iglesia católica han marchado e instado a encontrar una solución humanitaria a los problemas de seguridad de la región y a renovar el diálogo con el ELN. 

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