La Fiscalía General de la Nación de Colombia está consumadamente corrompida por la inmoralidad. Es mi opinión, muy bien informada y formada en innumerables testimonios, abundante documentación, argumentos, pruebas y observaciones diarias. Desde su creación, hace 30 años, no ha sido nunca un organismo fiable ni ejemplar y con el paso del tiempo se la han devorado la política, la corrupción y el hampa, como el mar se traga los cascos de los buques hasta llevarlos al desastre. La Fiscalía es una banda criminal.

            La demostración de lo que estoy diciendo necesitaría un libro completo que me gustaría escribir, aunque casi todos los que he publicado tienen como telón de fondo la gangrena de la corrupción judicial.

            Uno de los semblantes más lastimosos de la Fiscalía de hoy (quizá no sea el peor de todos) es la manera como la corrupción interna se convirtió en el alma de la entidad y con base en ella se pagan con nombramientos y ascensos la comisión de todo tipo de delitos y se castiga con degradaciones a los valientes que se empeñan en buscar justicia en derecho y con independencia profesional. La atmósfera que se respira es de impunidad y miedo.

            El pago de favores corruptos, por ejemplo, se ve en casos como el de los funcionarios encargados —contra la ley y la dignidad propia regalada— de sacar a cagar a los perros del fiscal general, Francisco Barbosa. Uno de ellos, cuya función nominal consiste en vigilar las cámaras de seguridad del búnker, es Alfonso Castellanos Zambrano (agente de seguridad y protección II) prácticamente metió en la Fiscalía a una buena parte de su familia: Donaldo Castellano Zambrano ahora es  asistente de fiscal II; Alba Luz Castellanos Zambrano, profesional de gestión II; Yovana Eustelly Castellanos Zambrano, fiscal delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá y a Juan Sebastián Castellanos Rojas (hijo de Alfonso) lo tenemos de asistente de fiscal I. La suma de todos esos sueldos es lo que sale de nuestros impuestos por concepto de los perros de Barbosa, perros que no tienen ninguna función específica. Algo más, Olga Yaneth Bustos Rodríguez, fiscal delegada ante los jueces penales del circuito en Santander, también es cuota de las poposeadas de los perritos Barbosa.

            Otro de los que sacan a cagar a los perros de Barbosa, Iván Darío Restrepo García, cuando van de visita al búnker en el esquema de protección que tienen asignado, metió  en la entidad a uno de sus hijos.

            La función institucional de paseador de perros falderos del despacho del Fiscal general no existe en el organigrama funcional de la Fiscalía.  

            La vicefiscal general, Martha Janet Mancera, quien también ostenta el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, tiene devengando a costillas nuestras a su hermano Alexander Suárez Mancera en calidad de fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Bogotá; aunque él entró en 2007, fue ascendido de un plumazo en 2020 por su hermana al lucrativo cargo actual, a pesar de tener en su contra investigaciones por corrupción, una de ellas corresponde al radicado o CIU 110016000101201900064, el cual fue archivado por orden perentoria de la hermana cuando estaba listo para imputación de cargos criminales. Esto sin contar que varias novias de Martha Mancera también están en la Fiscalía.

            Por su parte, Luisa Fernanda Obando Guerrero también tiene dos cargos: directora nacional II delegada para la seguridad territorial y fiscal delegada ante tribunal de distrito. Ella metió a su hermana Lina María Obando Guerrero, el 5 de febrero de 2021, con el rango de profesional investigador y, ya adentro, la ascendió enseguida al cargo más alto posible para ella, llamado investigador experto, para el que no tiene los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Requisitos que rige los empleos de la planta de personal, promulgado por medio del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el decreto 898, de mayo de 2017. Adicionalmente, Luisa Fernanda Obando Guerrero tiene trabajando en la Fiscalía a su papacito, Orlando Obando Acosta, con el cargo de asistente de fiscal IV y también hace parte de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Pasto, Nariño.

            Veamos ahora el caso de la familia Peña Sierra: Rosaura Peña Sierra, fiscal delegada ante los jueces  penales municipales de Bogotá, tiene en la Fiscalía a su hermana, Ruth Cristina Peña Sierra, asistente de fiscal II y a un hijito de esta y sobrino de la otra, llamado Jeferson David Jiménez Peña, asistente de fiscal IV.

            Viene el caso de la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Flor Alba Torres Rodríguez. Llegó el 3 de marzo de 2020 y cuenta con el beneficio de que su hermana Jacqueline Torres Rodríguez es profesional investigador II y el esposo de ella, llamado Darío, también está empleado en la Fiscalía.

            Entremos ahora a ver el caso, por ejemplo, del señor Luis González León, fiscal delegado ante tribunal de distrito (anterior delegado para la seguridad ciudadana). Fue quien dirigió el 18 de noviembre de 2018 el allanamiento en la casa de los asesinados Jorge Enrique Pizano (contralor de Corficolombiana, la empresa de Sarmiento Angulo que compartió graves delitos con la brasileña Odebrecht, confesados en EE.UU.) y su hijo Alejandro. El allanamiento fue declarado ilegal por un juez y el próximo 24 de noviembre la Fiscalía pedirá ante un juez la preclusión del caso de ambos homicidios para impedir cualquier posibilidad de que avancen las investigaciones en contra el primer sospechoso: el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. En fin, González ha recibido en pago de sus fechorías los nombramientos de dos sobrinas suyas, Nadia Katerine González Mebarak, hija del paramilitar de Barrancabermeja —según denuncia del también paramilitar Ernesto Báez— Jorge Alberto González León, hermano de Luis. La segunda es Silvia Juliana González Quecho, fiscal delegada ante los jueces penales municipales.

            Todos estos casos, por supuesto, son solamente una pequeña muestra de la manera como la corrupción se premia en la Fiscalía, con lo cual la entidad se ha convertido en el deplorable órgano de ineficiencia, desorganización y corrupción que es ahora.

            Una investigación del Secretario de Transparencia de la presidencia de la república, Andrés Idárraga, encontró que la impunidad actual en la Fiscalía es de 94 por ciento.

            Las altas posiciones dobles en una misma persona también pululan en ese régimen de inmoralidad, clientelismo e impunidad. Mediante esta aberración los beneficiarios tienen la seguridad de que si los retiran de un cargo quedan afianzados en el otro. Con esta táctica, de hecho, ya están afianzados millares de corruptos que podrían ser retirados de sus cargos principales cuando llegue una nueva fiscal en febrero, de manera que quedarán atornillados en el segundo empleo que tienen guardado en el bolsillo.

Alberto Acevedo Quintero, director nacional II como director de la tenebrosa policía política CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) también es fiscal delegado ante tribunal de distrito.

            Leonor Merchán Lopera es directora seccional de fiscalía y fiscal delegada ante los jueces penales especializados.

            Gabriel Jaimes (conocido por la falta de escrúpulos al convertirse en defensor de             Álvaro Uribe en vez de cumplir con su deber de acusarlo como fiscal por la compra de falsos testigos),  es el jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo es fiscal delegado ante tribunal de distrito.

            Los casos son cientos y en todos los niveles.

            Esto contrasta con un fenómeno que tiene características de tragedia, de acuerdo con diversos fiscales  e investigadores que he consultado bajo la garantía de no identificarlos: la gran mayoría de fiscales delegados, además de ser chantajeados, vigilados y amedrentados, carecen de asistentes e investigadores que apoyen su trabajo y algo peor: hay fiscalías que no tienen fiscal desde hace años. Esto, obviamente, se llama corrupción.

            He preguntado en diversas instancias si todo lo que he mencionado aquí es o no legal y la respuesta general que he recibido se refiere a que este océano de corrupción viola todos los principios por los que se debe regir la Fiscalía: los principales son honestidad, transparencia, equidad, economía, pluralismo, responsabilidad, participación, acceso a los servicios que presta la entidad a la sociedad, eficacia, eficiencia y moralidad.

              Ratifico mi opinión del comienzo, que tengo todo el derecho de expresarla: la Fiscalía General de Colombia está consumadamente podrida. Es una banda criminal.