La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió de forma oficial una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez este miércoles 17 de junio de 2026, en Bogotá, mediante una resolución de apertura de instrucción que busca establecer su responsabilidad en delitos de lesa humanidad debido al incumplimiento de sus deberes de protección durante las masacres de Ituango (El Aro y La Granja) y la creación, en su hacienda Guacharacas, del escuadrón de la muerte “Bloque Metro”. Todo esto mientras era gobernador de Antioquia.

El asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, las masacres y la creación del Bloque Metro fueron revelados por el asesino y narcotraficante arrepentido, Salvatore Mancuso.

En días pasados, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a 28 años de prisión por su participación como jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo homicidio agravado y concierto para delinquir. La Corte Suprema confirmó la sentencia la semana pasada.

En cuanto al nuevo caso contra Álvaro Uribe, el despacho de la Corte Suprema tomó la determinación de llamarlo a indagatoria después de dar por terminada la  investigación preliminar, con base en las facultades que otorgan los artículos 322, 325 y 331 de la Ley 600 de 2000. Este estatuto legal regula las conductas de servidores públicos de vieja data en el territorio colombiano. Con este paso procesal, la situación jurídica del exmandatario da un giro sustancial, pues abandona la condición de simple indiciado y adquiere el estatus formal de vinculado a un proceso penal de carácter definitivo.

Los hechos bajo la lupa de las autoridades judiciales poseen una enorme gravedad institucional. La Fiscalía General de la Nación divide las sospechas en dos ejes fundamentales. El primero de ellos concierne a la omisión de sus obligaciones de amparo hacia los ciudadanos de los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, durante los años 1996 y 1997. En aquella época, incursiones de facciones armadas ilegales cobraron la vida de decenas de campesinos y provocaron el terror en la zona.

El segundo eje apunta hacia el origen, fomento y auxilio logístico a estructuras paramilitares. Los indicios sugieren que la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez y ubicada en el nordeste de Antioquia, sirvió como centro logístico y campamento base para estos escuadrones de la muerte.

Este expediente judicial cuenta con una extensa trayectoria cronológica que inició hace más de dos décadas. El primer movimiento oficial data del 16 de mayo de 2000, fecha en la cual la justicia ordenó la apertura de una investigación previa contra el entonces exgobernador. Sin embargo, pocos meses después, el 28 de diciembre de ese mismo año, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó un auto inhibitorio. Dicha resolución archivó de manera provisional las pesquisas al no encontrar elementos de juicio suficientes en ese instante específico para iniciar una causa criminal formal.

La parálisis del proceso culminó once años después. El 7 de septiembre de 2011, la Fiscalía General de la Nación recibió un documento clave remitido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ese informe recopiló testimonios de antiguos combatientes paramilitares presos en diversas cárceles de la nación. Los reclusos señalaron de forma directa a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez como los supuestos promotores de una organización armada ilegal en el municipio de San Roque. Según estos relatos, la hacienda Guacharacas funcionó como el núcleo operativo de las actividades ilícitas de dicho grupo.

Ante las nuevas evidencias presentadas por el legislativo, la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reaccionó el 2 de enero de 2013. El ente acusador revocó la medida inhibitoria del año 2000 y reactivó las labores de verificación. No obstante, el rumbo del expediente cambió de escenario institucional el 25 de noviembre de 2014. Tras la elección y posterior posesión de Álvaro Uribe Vélez como senador de la República, la Fiscalía perdió la competencia para investigarlo. Por esta razón, remitió la totalidad de los cuadernos procesales a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que asume el juzgamiento de los congresistas en Colombia.

A la par de estos movimientos en Bogotá, los tribunales regionales aportaron nuevos elementos de juicio a la causa general. El 24 de noviembre de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín profirió una sentencia de segunda instancia en el proceso contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, responsables del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. En ese fallo, los magistrados ordenaron una compulsa de copias judiciales contra Álvaro Uribe. La finalidad de esta orden fue la apertura de una indagación penal orientada a descifrar la supuesta autoría o complicidad del exgobernador en el homicidio del activista, quien denunció de forma reiterada la connivencia entre militares y paramilitares y su responsabilidad en las masacres ocurridas en Ituango.

Un hito definitivo en materia legal ocurrió el 30 de mayo de 2018. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento de enorme trascendencia jurídica al calificar como crímenes de lesa humanidad múltiples conductas delictivas asociadas a este radicado. La declaración incluyó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado de poblaciones. Esta categorización cobijó de manera específica las masacres de San Roque, perpetradas en julio y septiembre de 1996; las matanzas de La Granja en junio de 1996 y de El Aro en octubre de 1997; así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo en 1998. La consecuencia directa de este dictamen es que la acción penal contra los sospechosos es hoy imprescriptible, lo cual impide el archivo del caso por el paso del tiempo.

El ajedrez institucional sufrió una nueva modificación radical en el año 2020. El 15 de septiembre de ese año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se desprendió del conocimiento del expediente. Esta decisión sobrevino como consecuencia de la renuncia de Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República. Al perder el fuero de congresista, el caso regresó a manos de la justicia ordinaria. Pocas semanas después, el 2 de diciembre de 2020, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió de forma oficial el conocimiento de la indagación previa. A partir de ese momento, el despacho ordenó la práctica de múltiples pruebas técnicas y testimoniales, incluida la recepción de la versión libre del político antioqueño.

El caso sumó otro antecedente de peso el 6 de octubre de 2025. La Juez Tercera Penal del Circuito Especializada de Medellín dictó sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez Martínez, antiguo subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En este fallo, la funcionaria judicial ordenó también una compulsa de copias contra el exmandatario. La providencia solicitó establecer si existió una conducta como presunto determinador en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Esta solicitud se acumuló de inmediato a la indagación principal que hoy hace tránsito hacia la fase de instrucción formal.

Con la apertura de la instrucción, la Fiscalía adquiere la facultad legal para vincular formalmente al procesado mediante indagatoria. El expresidente tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas.

Asimismo, el ente acusador cuenta desde ahora con un término perentorio para definir si impone o no alguna medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, de conformidad con lo establecido en la Ley 600 de 2000.

Las masacres

Las masacres de Ituango se refieren a dos episodios sanguinarios ocurridos en 1996 y 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia. Estos eventos fueron perpetrados por grupos paramilitares de Uribe Vélez con el apoyo y tolerancia de miembros de la fuerza pública.

Masacre de La Granja (11 de junio de 1996):

Un grupo de 22 hombres armados, miembros de grupos paramilitares, llegaron al corregimiento de La Granja y asesinaron a 4 personas, incluyendo a una mujer embarazada y un joven con discapacidad mental. Las víctimas fueron:

- William de Jesús Villa García, 25 años

- Héctor Hernán Correa García, 37 años

- María Graciela Arboleda Rodríguez, 47 años

- Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, 38 años

La masacre fue parte de una ofensiva paramilitar en el norte de Antioquia que dejó decenas de muertos.

Masacre de El Aro (25 de octubre de 1997):

Un grupo de paramilitares llegó al corregimiento de El Aro y asesinó a 14 personas, incluyendo a un niño y 3 mujeres.

La masacre fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2006, que encontró al Estado colombiano responsable por la violación de derechos humanos.

Ambas masacres fueron objeto de investigaciones y condenas internacionales, y han sido reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Mientras espera un nuevo juicio criminal, Álvaro Uribe Vélez, por otro lado, aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el juicio ya tramitado en su contra por soborno a testigos y fraude procesal. En agosto de 2025, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza Sandra Heredia, pero en octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena, absolviéndolo de los cargos.  La Fiscalía había acusado a Uribe de intentar manipular testigos en un caso que lo vinculaba con grupos paramilitares. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente buscar testigos en su contra, pero la investigación dio un giro, inhibiéndose de investigar al senador Cepeda y abriendo investigación formal en contra de Álvaro Uribe.