A través de Colombia Acuerdo de Paz NGO, nuestra organización ha desarrollado diversos programas para visibilizar los derechos y las experiencias de las mujeres en Colombia, entre ellas, mujeres civiles, víctimas del conflicto armado, excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y mujeres trans. Asimismo, hemos visibilizado la violencia y los desafíos que enfrentan las personas LGBTQI+ en el país. Estas iniciativas han destacado tanto la valentía de quienes defienden los derechos humanos como los obstáculos que enfrentan las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

El espacio cívico en Colombia siempre ha sido difícil, especialmente para las mujeres, las personas LGBTQI+ y los líderes sociales, debido a la discriminación, las desigualdades estructurales y la influencia del catolicismo. Actualmente, este espacio es cada vez más restrictivo y peligroso para quienes defienden estos derechos, lo que hace que su labor sea más urgente e indispensable que nunca.

Al evaluar, diez años después, la incorporación del enfoque de género y de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ en el Acuerdo de Paz de 2016, nos enfrentamos a un panorama complejo. Por un lado, el Acuerdo estableció un precedente jurídico fundamental al ser el primer tratado de paz del mundo en incorporar un enfoque de género integral, con más de cien medidas de protección específicas para las mujeres y las personas LGBTQI+. Un eje esencial de este marco es la justicia transicional y, en particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Tras una defensa sostenida por parte de las organizaciones de mujeres y las redes de víctimas, la JEP abrió el Macrocaso 11. Esta investigación se centra exclusivamente en la violencia sexual, reproductiva y motivada por prejuicios relacionada con el conflicto armado. Abarca más de 35.000 casos documentados, correspondientes a crímenes que no son amnistiables. En este proceso, los perpetradores que cooperen y contribuyan al esclarecimiento de la verdad reciben sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años. Quienes no cooperen pueden enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. Esta estructura representa no solo un avance fundamental para el tratamiento de este tipo de delitos en Colombia, sino también para la justicia transicional a nivel global.

Las mujeres excombatientes de las FARC se han integrado activamente a la vida civil. Lideran cooperativas económicas en sectores como la agricultura, los textiles y el café. También han asumido roles de liderazgo político y comunitario para defender el Acuerdo. Asimismo, han contribuido a la construcción de la memoria histórica mediante documentales como Nunca Invisibles. También se han desempeñado como gestoras de paz y reconciliación en los territorios y han participado en el proceso de justicia transicional, aportando a la justicia restaurativa. Además, han desempeñado un papel fundamental al visibilizar la violencia de género cometida por las FARC, no solo contra civiles, sino también dentro de la propia organización.

La transición de los marcos judiciales a su implementación en las zonas rurales del país revela marcadas disparidades. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame destaca que solo el 13 % de los compromisos con enfoque de género se han cumplido plenamente. Esta brecha deja a las mujeres de las zonas rurales enfrentadas a barreras estructurales persistentes para acceder a títulos de propiedad y créditos. La situación podría agravarse si el Consejo de Seguridad de la ONU restringe aún más el mandato de la Misión de Observación de la ONU y retira, esta semana, su función de monitoreo de la reforma agraria. A su vez, las excombatientes con frecuencia carecen del financiamiento a largo plazo necesario para alcanzar su independencia económica.

A estos obstáculos económicos se suma un entorno de seguridad volátil, agudizado por la suspensión de los procesos de negociación de la paz total y por las políticas de seguridad de mano dura del nuevo Gobierno colombiano. El crecimiento de grupos ilegales de diversa índole en el país ha generado un incremento de las crisis humanitarias y de la violencia contra los líderes sociales. Esta situación afecta particularmente a las mujeres afrodescendientes e indígenas en regiones como el Cauca y el Chocó, así como a las defensoras ambientales en la Amazonía. Al mismo tiempo, las medidas de protección del Estado suelen depender de protocolos individuales rígidos que no responden a las necesidades colectivas de las comunidades étnicas y campesinas rurales.

Durante el 2025, la violencia contra la población LGBTIQ+ en Colombia ha alcanzado niveles críticos. Se ha registrado un aumento alarmante de los homicidios y feminicidios, que ascienden a aproximadamente 270 casos. Esto equivale a un homicidio por prejuicio cada 32 horas, aproximadamente. De acuerdo con informes de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, las mujeres trans siguen siendo el sector más vulnerable frente a las agresiones físicas. Las regiones de Antioquia, el Valle del Cauca y el Caribe concentran la mayor cantidad de casos.

A este panorama de violencia extrema se suman las constantes amenazas y los panfletos de grupos armados ilegales que persiguen a personas LGBTQI+ bajo discursos de “limpieza social”. Asimismo, existe una creciente tensión política en el debate público en torno al presupuesto y la continuidad de los programas estatales destinados a proteger la diversidad sexual en el país.

En el ámbito nacional, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha adoptado una agenda conservadora y ha declarado una “guerra contra el wokismo”, lo que amenaza las protecciones vigentes para esta población en Colombia. Además, ha impulsado iniciativas legislativas que cuestionan la autonomía de la JEP y ha recortado el financiamiento de esta y de otras entidades de justicia transicional. Recientemente, ante la ONU, el Gobierno retiró a Colombia de la Coalición Internacional por la Igualdad de Derechos. Todo esto aumenta el riesgo de debilitar la protección de los derechos de las personas diversas.

Sin embargo, estos desafíos no anulan los avances logrados; por el contrario, evidencian la solidez de la arquitectura de paz y de los movimientos sociales que la defienden. El marco jurídico central se mantiene vigente gracias a la labor activa de la sociedad civil colombiana. Las mujeres rurales consolidan cooperativas autónomas; las excombatientes continúan desarrollando proyectos productivos; y las autoridades étnicas fortalecen la seguridad local mediante las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.

A su vez, las organizaciones jurídicas de mujeres sostienen el litigio estratégico que impulsa el Macrocaso 11, mientras los mecanismos internacionales de supervisión continúan cumpliendo su mandato. Así, el Acuerdo sigue siendo un referente para el mundo.

Una década después, vemos que la arquitectura de paz ha demostrado ser resiliente frente a los distintos gobiernos, los cambios políticos y la creciente problemática de la inseguridad. El progreso alcanzado hasta ahora demuestra que la base estructural está diseñada para perdurar. Por ello, quienes defendemos el Acuerdo, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, seguiremos exigiendo que la paz sea duradera e integral.

* Presidente, Colombia Acuerdo de Paz NGO.