La reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025 representa una de las transformaciones más amplias del régimen laboral colombiano en las últimas décadas. El proceso de construcción de la norma contó con el respaldo y acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado en la promoción de los derechos laborales y las condiciones de trabajo decente a nivel mundial.
Según el Gobierno nacional, la participación de la OIT permitió que la iniciativa se ajustara a estándares internacionales relacionados con trabajo decente, libertad sindical y negociación colectiva. Para ello se desarrollaron mesas técnicas que contribuyeron a la elaboración del articulado y a la definición de varios de los cambios incluidos en la legislación.
Diversos analistas y expertos han señalado que la reforma constituye un avance en materia de protección laboral. Desde el Ejecutivo, la iniciativa ha sido presentada como una de las principales apuestas en materia de equidad social y fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.
Durante la aprobación de la ley, el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la reforma representa “el avance más importante para los trabajadores colombianos en más de un siglo. Colombia hoy se ubica como uno de los países con más garantías para sus trabajadores. Definitivamente, este es un paso en pro de la dignidad de los trabajadores colombianos”. Según el funcionario, la medida constituye un paso significativo hacia la dignificación del trabajo en Colombia.
El contrato indefinido pasa a ser la regla
Uno de los cambios centrales de la reforma es la modificación del esquema de contratación laboral. La ley establece que el contrato a término indefinido se convierta en la modalidad predominante de vinculación laboral, dejando de ser una excepción.
La normativa dispone que, después de cuatro años de contratación, los trabajadores deberán contar con un contrato indefinido. De acuerdo con el Gobierno, esta medida busca fortalecer la estabilidad laboral y reducir la incertidumbre asociada a las modalidades temporales de contratación.
Nuevos recargos nocturnos y dominicales
La reforma también modifica las condiciones de remuneración del trabajo nocturno. A partir de la entrada en vigor de la norma, la jornada nocturna comienza a contabilizarse desde las 7:00 de la noche, y las horas trabajadas durante ese periodo reciben un recargo adicional del 35 % sobre el valor ordinario.
Asimismo, la ley establece un incremento gradual en el pago por trabajo realizado los domingos. Desde el 1 de julio de 2025, el recargo dominical pasó al 80 %. Posteriormente, desde julio de 2026 aumentará al 90 %, y a partir de julio de 2027 llegará al 100 %.
Con este esquema progresivo, el Gobierno busca fortalecer la compensación económica de quienes laboran durante jornadas tradicionalmente consideradas de descanso.
Protección para trabajadores de plataformas digitales y sectores históricamente vulnerables
Entre las novedades de la ley se encuentra la regulación de las plataformas digitales de reparto. La reforma obliga a estas aplicaciones a garantizar el pago de seguridad social y la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para las personas que prestan servicios a través de ellas.
La normativa también refuerza la obligación de garantizar los beneficios propios de una relación laboral a las mujeres trabajadoras del campo y a quienes desarrollan labores de servicio doméstico, dos sectores que históricamente han enfrentado dificultades para acceder plenamente a derechos laborales y de protección social.
Nuevas condiciones para aprendices del SENA
La ley introduce cambios en las condiciones de vinculación de los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Los aprendices pasan a contar con un contrato laboral formal durante su proceso de formación.
En virtud de esta disposición, durante el primer año recibirán una remuneración equivalente al 75 % del salario mínimo legal vigente, mientras que en el segundo año percibirán el 100 % del salario mínimo.
La reforma también endurece las obligaciones de las empresas que deben vincular aprendices. Aquellas organizaciones que estén obligadas a contratarlos y no lo hagan deberán asumir una monetización equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz que no sea incorporado.
Incorporación de madres comunitarias y reconocimiento del trabajo de cuidado
Otro de los aspectos contemplados por la Ley 2466 de 2025 es la incorporación de las madres comunitarias a la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La reforma también reconoce la importancia de las labores de cuidado. En ese sentido, establece que las personas cuidadoras podrán concertar con sus empleadores espacios y mecanismos que les permitan atender sus responsabilidades de cuidado sin desconocer sus obligaciones laborales.
Subsidio de conectividad para teletrabajadores
En materia de trabajo remoto, la normativa contempla la creación de un subsidio de conectividad dirigido a los teletrabajadores. Este beneficio reemplaza el subsidio de transporte para quienes desarrollan sus actividades laborales de manera no presencial.
La medida busca reconocer los costos asociados al acceso a internet y a las herramientas necesarias para desempeñar labores desde el hogar u otros lugares distintos a la sede física de la empresa.
Una reforma con implementación gradual hasta 2027
Aunque varios de los cambios ya comenzaron a aplicarse, la implementación total de algunas disposiciones se extenderá hasta 2027, especialmente en lo relacionado con los incrementos progresivos de los recargos dominicales.
Para el Gobierno nacional, la reforma laboral representa la materialización de una discusión histórica sobre la dignidad del trabajo y la protección de los trabajadores mediante instrumentos legales concretos. La administración del presidente Gustavo Petro considera esta iniciativa, junto con los aumentos del salario mínimo registrados durante su mandato, como una de las principales banderas de su política de equidad social.
Con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, Colombia inicia una nueva etapa en materia laboral, caracterizada por mayores exigencias para los empleadores, nuevos mecanismos de protección para diversos grupos de trabajadores y una apuesta por fortalecer la estabilidad y las garantías laborales en el país.
