BUENOS AIRES. - Durante 26 meses y veinte días (desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 9 junio de 2022, fecha en la me fui de Colombia), todos los guardaespaldas que pasaron por mi esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, ejercieron en mi contra funciones ilícitas de espionaje y sabotaje.
Los escoltas titulares, así como los reemplazos, estuvieron escarbando a diario mi vida íntima y la de mis fuentes y personas cercanas, con lo cual se hizo mayor el nivel de riesgo para mi vida e integridad, lo que ha sucedido también con otros protegidos. En todos los casos la UNP ha utilizando los mismos mecanismos (y los mismos operarios) que caracterizaron a la abolida policía secreta Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), principalmente durante el gobierno Álvaro Uribe Vélez.
Los reportes ilegales de espionaje en mi contra fueron escritos por Héctor Mauricio León Barrera, Juan Carlos Sánchez Guarnizo, Jhon Alexander Sepúlveda Bonilla y Duverney Avendaño Campos. Fueron remitidos a las directivas de la empresa Guardianes Ltda. Seguridad Avanzada, contratista de la UNP, y tienen el propósito principal de intimidarme, acosarme y desprestigiarme mediante informaciones falsas y maliciosas, fabricadas por esa compañía.
León Barrera fue escolta de Víctor Mosquera Marín, abogado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras que Sánchez Guarnizo venía de conformar esquemas de protección de miembros de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que también han sido víctimas de esas prácticas.
En mi caso, fueron producidas al menos 110 páginas con detalles de mi vida privada con el fin, entre otras cosas, de identificar a mis fuentes de información como reportero.
En esos escritos -de los que conservo copias– quedaron consignados datos de mi familia, mi mascota, mi abogado (Roberto Mauricio Rodríguez) y distintos informantes con los que sostuve reuniones por años. Toda la información de la operación de hostigamiento reposa en el piso 5 de la carrera 49D # 91-84 en Bogotá.
Uno de estos reportes en mi contra, enviado el 31 de marzo de 2021, indica, textualmente: “Queremos solicitarle muy comedidamente tomar este informe y tenerlo en su poder sin darlo a conocer a la unidad nacional de proteccion (unp), ya que el señor beneficiario tiene contactos y nos preocupa que pueda tomar represalias en contra de nosotros como solicitar cambio y podamos vernos afectados en la continuidad laboral” (sic).
Los informes de espionaje son enviados a la cuenta de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., administrada por Camilo Andrés Acosta Mora, coordinador operativo No. 3 de la Unión Temporal Protección Premium 2021, de la que hace parte la compañía Guardianes Ltda.
Acto seguido, Camilo Acosta le reenvía los aspectos de mi vida privada y profesional a José Luis Aguilar Pinzón, en calidad de gerente y representante legal de Guardianes, y también los comparte con otros empleados de la empresa como Juanita Camacho Mieles, Alex Yair Bautista y Pablo Hernán Hurtado.
Otros reportes de espionaje en mi contra dicen: “Según lo acordado (…) El presente correo tiene como fin informarle las novedades (…) del esquema del protegido Julián Fernando Martínez Vallejo (…) Jefe quedamos a las instrucciones que tomen en la cordinación” (sic).
Los guardaespaldas escribieron en otros correos electrónicos con destino a Guardianes: “Esperamos contar con todo el apoyo y respaldo de la empresa para que esto no nos balla a perjudicar laboral mente” (sic).
El gerente de Guardianes, José Luis Aguilar Pinzón, le respondió el martes 10 de agosto de 2021 a Camilo Andrés Acosta Mora desde la cuenta de correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. que estaba “muy atento” de mi caso y revela la estrategia elaborada para impedir el cambio de los guardaespaldas que me estaban espiando: “en caso de que el protegido lo pida, nos debemos oponer porque los escoltas cumplen con lo exigido por la UNP y por capricho de su protegido no deben hacer la rotación”.
Consulté al señor José Luis Aguilar Pinzón para conocer su punto de vista. Le envié el pasado 26 de julio 51 preguntas que no fueron respondidas pero que los lectores pueden ver en formato PDF (ver ver Solicitud de respuestas para publicación periodística).
Extractos de los correos electrónicos que forman parte de la operación de hostigamiento por parte de la empresa Guardianes.
El pasado 1 de agosto, la agencia de noticias Associated Press (AP), irradió una investigación de su reportero Frank Bajak, en la que expone que las camionetas asignadas a los beneficiarios de protección por parte de la UNP tienen un sistema satelital de geolocalización que es usado para espiar a más de 3.700 personas de riesgo en Colombia, como periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, líderes indígenas, políticos de oposición y sindicalistas.
Todos estos hallazgos surgieron a lo largo de investigaciones pormenorizadas de la periodista independiente Claudia Julieta Duque. Ella descubrió recientemente cómo la estaba espiando la UNP por medios electrónicos.
Antes de esto, Duque había padecido acoso, secuestro y tortura sicológica por parte del DAS durante el gobierno de Uribe. La persecución llegó a tal nivel, que había un librero establecido para perseguirla y acosarla.
Claudia Julieta Duque ha ganado varios casos legales contra el estado Colombiano por las maneras como fue perseguida por el DAS.
José Luis Aguilar Pinzón y Camilo Andrés Acosta Mora son ex funcionarios del DAS, policía secreta liquidada en 2011 para ponerle fin a sus crímenes, muchos de lesa humanidad, cometidos a lo largo de las cinco administraciones que tuvo durante el gobierno de ocho años de Uribe Vélez, las que estuvieron a cargo de Jorge Noguera, hoy condenado; Andrés Peñate, investigado; María del Pilar Hurtado, condenada; Joaquín Polo, investigado; y Felipe Muñoz, investigado.
En 2016, publiqué el libro “ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie” (Penguin Random House) galardonado como el mejor libro periodístico de Colombia por el jurado del premio nacional de Periodismo Simón Bolívar en una ceremonia llevada a cabo el 9 de noviembre de 2017.
Esta investigación periodística detalla el horror que padecieron periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados de las Altas Cortes, políticos de oposición y sindicalistas por cuenta de las actividades criminales que ejecutaron desde el DAS con el beneplácito y orden de la Casa de Nariño.
De acuerdo con lo que me han informado fuentes humanas de la misma empresa Guardianes, tanto Aguilar Pinzón como Acosta Mora, me tienen resentimiento personal por las denuncias periodísticas que he hecho acerca de las operaciones ilegales de seguimientos, interceptaciones y asesinatos llevadas a cabo por sus colegas del DAS. De esta manera, instigaron a los escoltas a elaborar reportes de espionaje con el fin de desacreditarme, acosarme y aniquilarme psicológicamente.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, José Luis Aguilar Pinzón fue director de la seccional del DAS en el departamento de Bolívar. De acuerdo con documentos reservados de esa entidad de inteligencia, estuvo a cargo de operaciones en Cartagena contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando el DAS perseguía al ex presidente de esa corporación, Yesid Ramírez Bastidas.
También desarrolló operaciones de inteligencia política sobre líderes de izquierda del Polo Democrático Alternativo como Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro Urrego, hoy presidente electo de la República de Colombia.
Posteriormente se convirtió en jefe de la oficina de protección especial del DAS, encargada de la seguridad de los dignatarios de la rama judicial.
Una de las denuncias que presenté en mi libro “ChuzaDAS” es el mecanismo usado para espiar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por medio de sus esquemas de protección.
El entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Gómez -hoy designado ministro de Defensa Nacional por el presidente electo Gustavo Petro- fue perseguido por el DAS para escarbar sus investigaciones, que llevaron entonces a la cárcel a decenas políticos y congresistas gobiernistas que estaban ligados en todo el país a los escuadrones de la muerte del narcotráfico, también conocidos como paramilitares por sus nexos con la fuerza pública. El DAS destacó guardaespaldas corruptos para la protección de los magistrados de la Corte Suprema y de esa manera accedió a mucha de la información judicial que sustrajo de manera ilícita, abusiva y violenta. Este proceso se conoce como “para-política”.
La investigación judicial de Velázquez probó que el DAS usó escoltas para robar expedientes de la Corte Suprema de Justicia que eran llevados al Palacio de Nariño.
Aguilar Pinzón también fue subdirector de protección de la UNP durante la dirección de Andrés Villamizar, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que tuvo cuestionamientos de corrupción por el reparto de contratos con oscuras empresas de seguridad privada. Luego pasó al sector privado para trabajar en Guardianes.
José Luis Aguilar fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, Camilo Andrés Acosta Mora ingresó al DAS en el año 2004 como detective 208-04 en la época de Jorge Noguera, quien fue condenado a 25 años por el asesinato del profesor de Barranquilla Alfredo Correa de Andreis. Luego pasó a trabajar con empresas contratistas de la UNP encargadas de prestar seguridad a personas en riesgo.
Tras las revelaciones que he hecho sobre mi caso, me ha hostigado por la red social Twitter el ex DAS Wilson Javier Devia Pérez, funcionario de planta de la UNP y preside el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales.
Los mensajes difundidos por Devia Pérez en mi contra contienen información falsa y malintencionada, fabricada por los directivos de la empresa Guardianes.
Wilson Devia es un súbdito de los intereses personales de José Luis Aguilar Pinzón. Siempre que le sale un cuestionamiento a Aguilar, éste sale en su defensa.
Devia tiene denuncias activas en la Fiscalía General de la Nación por violencia sexual, peculado, cohecho, concusión, violencia intrafamiliar, lesiones culposas, acceso carnal violento y hurto.
Un funcionario de la UNP me contó que a pesar de los cuestionamientos que existen contra Devia siempre “se blinda con el rol de presidente sindical”.
En Colombia, con la liquidación del DAS en 2011, se conformó un cartel de empresas apropiadas de la contratación de la UNP. Esto viola la libre competencia y pertenece a un plan dirigido por el condenado empresario Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el “zar de la seguridad”, quien nexos directos con Aguilar Pinzón.
El Sindicato de funcionarios de la UNP ha denunciado públicamente la relación que existe entre el condenado Moreno Ojeda y el ex funcionario del DAS José Luis Aguilar Pinzón.
Paradójicamente, este cartel vincula a las mismas empresas que conforman la Unión Temporal que ha representado legalmente y presidido José Luis Aguilar Pinzón para ejecutar las actividades ilícitas de espionaje.
Es así como las compañías Guardianes, Cobasec, Alliance Risk Protection, Expertos Seguridad, Vigilancia Guajira, Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA, han sido objeto de reorganización y reestructuración, medidas cautelares y concordatos ante la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Documentos “confidenciales” muestran que la empresa Guardianes Ltda. ha sido condenada al menos 20 veces por juzgados laborales, con corte al 30 de septiembre del año pasado, ante las denuncias presentadas por empleados que han visto violados sus derechos.
Los estados financieros de la compañía Guardianes revelan que al 30 de septiembre de 2021 ha sido condenada veinte veces por juzgados laborales.
Sala de interceptaciones ilegales en Cartagena
En 2006, siendo director de la seccional del DAS en Bolívar, José Luis Aguilar Pinzón, en complicidad con la coordinadora de inteligencia Ibeth Senovia Gutiérrez Guardo, crearon una sala de interceptaciones ilegales en Cartagena con el fin de monitorear comunicaciones privadas y efectuar seguimientos sin orden judicial a personas de la vida pública nacional, como políticos, magistrados, comandantes de la Armada, generales y coroneles de la Policía, funcionarios de la Fiscalía y trabajadores del mismo DAS.
El 26 de febrero de 2009 radicaron una denuncia en la Presidencia de la República que data sobre las actividades criminales de José Luis Aguilar Pinzón como funcionario del DAS, según consta en el radicado PPLCC-DEN09-00002276.
Para esta labor ilegal, Aguilar Pinzón contaba con el beneplácito del subdirector de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos León, condenado a ocho años por el espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
El capitán retirado Jorge Lagos pidió perdón a la Corte Suprema, a Córdoba y a Petro por las interceptaciones y seguimientos realizados ilegalmente por ese organismo de seguridad.
Durante los ochos años de gobierno de Uribe, el principal blanco del DAS fue el senador Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Tanto él como su familia y su equipo de trabajo fueron víctimas de interceptaciones y seguimientos ilegales.
Para rastrear las llamadas de los blancos, Aguilar Pinzón tenía el apoyo logístico de los entonces funcionarios del DAS César Leal, Alfredo Carrillo y Henry Africano, quienes eran los encargados de poner en operación las cajas que permitían las interceptaciones a las comunicaciones de las personas que elegían.
Según supo este periodista por fuente humana, durante la época de los hechos, José Luis Aguilar Pinzón sacaba provecho político y económico con la información de inteligencia obtenida de manera irregular y extorsionaba a las personas que eran blanco de sus conductas delictivas.
“El denunciante afirma que presuntamente otra forma de operar es a través de las dádivas a los operadores de telefonía móvil como Tigo, Comcel y Movistar”, escribió María Clara Castro Marín, asesora de la Presidencia al trasladar la denuncia a la Procuraduría General de la Nación el miércoles 15 de abril de 2009.
La embajada de Estados Unidos en Bogotá está por establecer si José Luis Aguilar Pinzón utilizó los equipos de la Sala Rosada ubicada en Cartagena que son propiedad de la DEA para cometer estos crímenes.
Al parecer, el equipo de interceptación y análisis celular Servidor Lincoln (penlink8) fue usado para hacer el rastreo sin orden judicial de las llamadas privadas de las personalidades anteriormente mencionadas.
Los documentos reservados de Aguilar Pinzón sobre Gustavo Petro
Las 27 seccionales que tenía el DAS a nivel nacional recibieron la orden de perseguir al entonces senador Gustavo Petro, su familia, su equipo de trabajo y todos los dirigentes del Polo Democrático Alternativo, movimiento político de izquierda que fundó cuando Álvaro Uribe estaba en el poder.
Gustavo Petro estuvo en mi casa en noviembre de 2018 revisando más de 500 mil documentos del DAS que prueban las interceptaciones y seguimientos ilegales que ejecutaron en su contra durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Estos hechos fueron revelados por el propio Gustavo Petro el 21 de octubre de 2008, cuando mostró ante la opinión pública dos memorandos internos del DAS con carácter “reservado” en los que el organismo de inteligencia ordenaba investigarlo de manera ilegal.
“Se impartió a todos los directores del DAS en el país este instructivo de investigar al senador Gustavo Petro en sus actividades regionales”, dijo Petro en el Senado al referirse a estos hechos.
El primero de esos instructivos, con fecha del 29 de agosto de 2008, está firmado por Jaime Fernando Ovalle Olaz, como coordinador del grupo de “Asuntos de Inteligencia Política y Social”, y solicita a los directores seccionales del DAS enviar “información disponible relacionada con las actividades de Gustavo Francisco Petro Urrego, senador del Polo Democrático Alternativo, teniendo en cuenta información privilegiada de vínculos o nexos con organizaciones al margen de la ley y contactos con personas que se presten como testigos para atestiguar en contra del gobierno”.
Entre 2003 y 2005, Fernando Ovalle había sido el jefe del grupo ilegal de inteligencia G3 que había creado de forma clandestina el asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ex subdirector del organismo José Miguel Narváez, que fue condenado por el asesinato de Jaime Garzón.
En el segundo memorando, también rotulado como “secreto” y “confidencial”, tiene fecha del 16 de septiembre de 2008. El mismo funcionario, Ovalle Olaz, le pide a los directores seccionales del DAS en todo el país enviar “información disponible que permita establecer” relaciones de dirigentes y militantes del Polo.
Uno de los encargados de perseguir a Gustavo Petro y a los dirigentes del Polo Democrático Alternativo fue el entonces director de la seccional Bolívar, José Luis Aguilar Pinzón.
Documentos firmados originalmente por José Luis Aguilar Pinzón prueban las operaciones de persecución ilegal que ejecutaron en Cartagena contra Gustavo Petro y dirigentes del Polo Democrático Alternativo.
Siendo funcionario del DAS en Cartagena, Aguilar Pinzón ordenó identificar plenamente a los delegados del Polo Democrático Alternativo que iban a participar en el Segundo Congreso Nacional de ese partido en 2008.
Además del presidente electo Gustavo Petro Urrego, dentro de la lista de víctimas de José Luis Aguilar Pinzón, están:
- Carlos Gaviria Díaz
- Jorge Enrique Robledo
- Luis Alberto Mendoza Periñan
- Luis Carlos Fuentes Pérez
- Pedro Luis Herrera Céspedes
- David Múnera Cavadía
- Luis Ariel Carpio Galindo
- Bermoris Simancas González
- Carlos Carrascal Figueroa
- Rafael Vergara Navarro
- Henry Miguel Argel Bossio
- Gil Alberto Falcón Prasca
- Ortalides Castro Lares Miranda
- Rafael Cabarcas Cabarcas
- Rodolfo Vecino Acevedo
- Efraín Miranda Tejedo
- Aída De León Puello
- Fani Beatriz Rangel Buitrago
- Román Enrique Torres Redondo
Aguilar Pinzón entregó a la central del DAS en Bogotá información reservada y pormenorizada sobre los militantes del Polo Democrático en un trabajo inconstitucional e ilegal sobre la oposición política en Colombia.
Toda la información que Aguilar Pinzón recaudó de Gustavo Petro fue remitida al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. que manejaba Jaime Fernando Ovalle.
“Esta carta demuestra la comisión de un delito, abuso de poder, extralimitación de funciones públicas, prevaricato, documento escrito del DAS, ordenando una investigación a un senador”, sostuvo Gustavo Petro.
El DAS no era una institución con funciones judiciales y menos sobre un senador de la república. La Constitución de Colombia establece que la facultad de investigación sobre miembros del Congreso de la República es exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la inteligencia no se centraba en las actividades de los criminales sino en las labores políticas y sociales legales de los colombianos, como Gustavo Petro.
Un ex detective del DAS que conoce a José Luis Aguilar Pinzón desde 1989, me contó que en el organismo de inteligencia no sólo operaba el grupo clandestino G3 sino “grupos no orgánicos de la institución para el trabajo sucio”.
Y describió a Aguilar Pinzón como uno “de los más recalcitrantes uribistas” que “desnaturalizó a sus funcionarios como detectives llevándolos a cometer crímenes contra la izquierda”.
