Capítulo IV

Alvaro Uribe, pacificador de Urabá

Algunos tienden a creer que, al igual que ocurre con la guerrilla, los paramilitares no son un Estado dentro del Estado sino que son el Estado. En una entrevista con Newsweek (04/ 04/02), Salvatore Mancuso, su "comandante" militar, sostuvo que en el norte del país, donde ellos dominan en territorios que equivalen dos y tres veces a la superficie de Portugal, han tenido que armarse y defenderse y construir escuelas y clínicas "porque el Estado ha fallado en cumplir con sus deberes constitucionales". Contra esa tesis facilista se han expresado distintos voceros de la mal llamada "sociedad civil". "El Estado colombiano -dice Eduardo Posada Carbó en su ensayo sobre "El lenguaje del conflicto en Colombia" (Posada, 2001, 36) -, a pesar de sus imperfecciones, es representativo de amplios y significativos sectores de la sociedad nacional en niveles que marcan contrastes notables con quienes le disputan tal autoridad. Su legitimidad se pone periódicamente a prueba, y por lo general se renueva en esas ciclos electorales que limitan de cualquier forma el mandato democrático de sus sucesivos gobiernos -una variable adicional en su ya compleja estructura-. Se trata demás de un Estado cuyos esfuerzos reformistas deberían merecer mayor crédito. Muchos de sus críticos siguen empecinados en referirse al régimen restringido del Frente Nacional (1958- 1974) como origen de todos los males presentes, como si, primero, la elección popular de alcaldes introducida en 1986 y, después, la Constitución de 1991 no hubiesen introducido cambios - sutiles y drásticos- en la estructura del poder político en Colombia. Cambios que vinieron acompañados de un proceso de paz cuyos buenos éxitos también merecen mayores reconocimientos. Como consecuencia, el Estado y la política colombiana han adquirido en la última década una mayor complejidad y dinámica, poco apreciada por el lenguaje generalmente obsoleto de nuestros formadores de opinión... Es importante subrayar la necesidad de revisar tan arraigados estereotipos sobre el Estado colombiano. En ellos se origina gran parte de la confusión intelectual que existe sobre la naturaleza del conflicto".

Claro está que nadie le pediría a Mancuso una discusión teórica sobre el particular. Pero lo cierto es que él y sus 8 mil hombres (que al final del año 2002 serán, según sus propias palabras, cerca de 26 mil), ejercen sobre el territorio un poder que sólo puede discutirse desde un punto de vista formal. El 13 de diciembre del 2001, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Claudio Grossman, expresó en Bogotá "su preocupación por la violencia desatada por los grupos de autodefensas, reflejada en la ejecución de masacres, asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamiento masivo, como consecuencia de las llamadas limpiezas sociales". En una conferencia de prensa, Grossman, quien señaló que "subsisten indicios graves que dan cuenta de la cooperación de agentes del Estado con los grupos de autodefensas", habló coloquialmente del problema: «Hay autores confesos de actos graves contra civiles -dijo-, que se desplazan por todo el país concediendo entrevistas a los medios de comunicación y hasta toman tinto en lugares públicos de poblaciones como Barrancabermeja, como si nada hubiera pasado». En el exterior tiende a creerse que la violencia paramilitar obedece casi que exclusivamente a razones de preeminencia territorial, y así se expresa con relativa frecuencia. Pero no. Un caso dramático es el de los reinsertados del ELN, que se reunieron en 1994 alrededor de la Corriente de Renovación Socialista (CRN). Sus integrantes han sido eliminados de manera sistemática. La lista completa de los antiguos guerrilleros la conocen tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas.

Hace poco, esas ejecuciones extrajudiciales tuvieron un nuevo episodio. El 3 de marzo del 2002, un grupo de paramilitares torturó y asesinó a cinco campesinos cerca de la finca "La Galleta", en Montebello, Antioquia. Los antecedentes del crimen tienen que ver de manera estrecha con el proceso de paz en Colombia.

Al terminar la administración Gavina, el gobierno y un grupo de guerrilleros del ELN firmaron un acuerdo: estos últimos dejaban las armas, y el primero les facilitaba su reincorporación a la vida civil. En desarrollo del mismo, siete familias compuestas por antiguos miembros del ELN recibieron la finca "La Galleta", donde crearon la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. Dentro de ese grupo figuraban Ubemey Giraldo Castro, John Jairo Muñoz Zapata, Leonel Pascual Sánchez, Pastor Jaramillo Cadavid, José Evelio Gallo Gallo, Guillermo León Calle Giraldo, Guillermo León Valencia Agudelo, José Aristizábal, Fabián Tamayo Gil, Heriberto de Jesús Londoño Sánchez, Juan Julio Sepúlveda Agudelo, Mario de Jesús Muñetón y Nelson Alfredo García Giraldo. Sus problemas comenzaron el 23 de enero del año 2000. A las 4:30 de la mañana de ese día, un grupo de paramilitares fuertemente armados, que vestían uniformes del Ejército Nacional, llegaron a "La Galleta". Los individuos pintaron insignias y letreros alusivos a su organización, gritaron que en esa finca vivían los autores de las "pescas milagrosas" ocurridas en la Glorieta Don Diego (ubicada entre los municipios de El Retiro y la Ceja), sacaron a los campesinos de sus casas, los amenazaron y retuvieron a Guillermo Adolfo Parra López, director del colegio rural, a Wilfredo Cañaveral, hijo del presidente de la junta de Acción Comunal, a José Evelio Gallo, a Ubemey Giraldo Castro y a John Jairo y David Muñoz Zapata. Al terminar el asalto, destruyeron o robaron varios elementos y le advirtieron a los moradores que seguir en la finca sería para ellos "muy peligroso". En la vereda El Cairo, ubicada entre Montebello y Santa 'Bárbara, le dieron muerte a Parra López y dejaron en libertad a los hermanos Muñoz con la orden de que avisaran que los demás retenidos serían asesinados. El cadáver de Wilfredo Cañaveral apareció en La Ceja. Días después se supo de los otros dos secuestrados, cuando el Ejército convocó a una rueda de prensa para informar que dos miembros del ELN habían sido dados de baja en Carmen de Viboral en enfrentamientos con las tropas regulares. Los medios pudieron comprobar que los presuntos guerrilleros no eran otros que José Evelio Gallo y Ubemey Giraldo. Los cadáveres vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En su informe, los militares dijeron que "los subversivos portaban una subametralladora mini-uzi con silenciador, dos proveedores para la misma, granadas de mano y minas antipersonales" y que pretendían dinamitar una torre de energía en la vereda La Madera, del Carmen de Viboral". El Ejército trasladó los cuerpos a la morgue del Carmen donde se practicó la diligencia de inspección de los cadáveres por parte de la Fiscalía. El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) comprobó que Giraldo y Gallo habían sido torturados. Por la noche, desconocidos violentaron los candados de la morgue y sustrajeron los cuerpos. En las paredes dejaron inscripciones del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Los pobladores de "La Galleta", aterrorizados, empezaron a abandonar la región. Dos meses después, el Ejército realizó prácticas bélicas en "La Galleta", hostigó de nuevo a sus moradores y los amenazó. En el transcurso del año 2001, Antonio Sema, administrador de La Galleta, testigo de los hechos, fue asesinado, y Jairo Hernando Sánchez, hijo de uno de los socios, secuestrado y desaparecido. La investigación que inició la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llevó a que la entidad ordenara la captura del coronel Miguel Ángel Sierra Santos, comandante del grupo mecanizado Juan del Corral, del capitán Carlos Alirio Buitrago Bedoya, del sargento segundo Emigdio González Patemina, de los cabos primeros Jesús Humberto Blandón Vargas y Sandro Femando Barrero, y de los soldados Yamil Escórela, John Jairo Giraldo, Alfonso Mercado, Ricardo López y Diego Quiceno. Luego dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra los dos cabos primeros, y en noviembre los calificó como "coautores responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso y de secuestro extorsivo". Los demás implicados aún se encuentran vinculados al proceso. La Procuraduría les adelanta una investigación disciplinaria. Este año se presentó un nuevo episodio. El viernes 3 de marzo un grupo paramilitar ingresó a las casas cercanas a "La Galleta" y retuvo a Salomón Castañeda, a su hijo Mauricio Castañeda (padre y hermano de Enoc Castañeda, antiguo trabajador de la finca), a Abelardo Ríos y a otros dos campesinos de la región. Ese mismo día aparecieron los cadáveres de todos ellos, con evidentes signos de tortura. Ese fue uno de los casos que dieron pie para que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mari Robinson, afirmara el 21 de marzo en Ginebra que "La impunidad de que disfrutan los responsables de las acciones paramilitares y la limitada eficacia del Estado a la hora de combatirlos explica en gran medida la fortaleza cada vez mayor de estos grupos". El panorama del paramilitarismo en Colombia es angustioso. Para comenzar, está en manos de una serie de locos. Un testimonio impresionante es el del filósofo francés Bemard-Henri Lévy sobre su visita a Carlos Castaño. Aunque extenso, vale la pena leerlo en su integridad. Lévy, un intelectual reconocido mundialmente, ofrece un testimonio sustancialmente distinto del que han dado los periodistas colombianos que han entrevistado al jefe paramilitar, que han encontrado siempre a un hombre discreto, casi encantador, que recibe la comunión de manos de un cura católico (Aranguren, 2001, 193) después de confesar los peores crímenes que se hayan cometido en Colombia en mucho tiempo. El artículo de Lévy fue publicado en XXX el 6 de junio del año 2001 bajo el título "Las guerras olvidadas, 4. Colombia". La traducción es de José Manuel Vidal. Y dice: "Carlos Castaño, alias Rambo, es el otro actor principal de esta guerra. También él, a la cabeza de un auténtico ejército, reina en los estados de Urabá, Sucre, Magdalena, Antioquia, Cesar, Córdoba, Cauca y Tolima, sobre territorios todavía más vastos, donde se le imputan crímenes horribles. "No me presenté ante él como periodista. A través de diferentes canales le mandé decir que era 'un filósofo francés trabajando sobre las raíces de la violencia en Colombia'. Al cabo de varios días, recibí un telefonazo, fijándome una cita para el día siguiente en Montería, la capital de Córdoba, el estado donde tuvo lugar la matanza de Quebrada Nain. Montería. Un toyota. Un chofer mudo. Y tres horas de malas pistas, en dirección a Tierra Alta. Finca Milenio, Finca El Tesoro... Las aldeas de Canalete, Carabatta, Santa Catalina... Estamos en el corazón de la zona de los finqueros, esos grandes propietarios que, en los años 80, fueron los que crearon estas Autodefensas de Córdoba y Urabá, que, ahora, se llaman paramilitares, el embrión del ejército de Castaño. "Estamos, si mis deducciones son buenas, en el límite sur de Córdoba y de Urabá, por donde pasa la línea del frente con las FARC. "El Tomate, un pueblo con su estadio de fútbol aplastado por el calor, sus billares, su gallería para los combates de gallos. Y, de pronto, un gran portalón de madera y otro y otro. Tiendas, cabañas de colores caqui, un garaje de jeeps, una pancarta gigante: «La mística del combate integral», un tejado de caña, bajo el que están reunidos una treintena de hombres con sombreros tipo ranger, hombres blancos, algún negro, un intenso tráfico de armas que transportan de una tienda a otra y, en medio de este inmenso campamento, en el umbral de la tienda más grande, rodeado de hombres en uniforme y con armas, un pequeño personaje nervioso, muy delgado y que me dice, a guisa de presentación: Carlos Castaño. "-Entre, señor profesor. "No hay ironía en su voz, sino, más bien, una consideración por aquel que él piensa que es una autoridad universitaria que viene a visitarle a la selva. "-Yo soy un campesino. Todos aquí somos campesinos. Con un gesto sencillo y casi como disculpándose, señala a los comandantes que tomaron asiento, como nosotros, alrededor de una mesa. "-Quiero decírselo inmediatamente. Lo que a mí me interesa, aquello por lo que me levanté, hace 20 años, contra las FARC, es la justicia. Soy un hombre justo. "Habla rápido, muy rápido. Sin darme ocasión de plantearle preguntas. Tiene una voz juvenil que no tiene nada que ver con el uniforme, los galones, y la boina que lleva en la cabeza. "-Díselo tú, Pablo, dile que soy un hombre de justicia. "Pablo, que está a mi lado, lo dice. Coloca su sombrero sobre la mesa y confirma que el señor Castaño es, en efecto, un hombre de justicia. "-La droga, por ejemplo. "Es él el que aborda, de inmediato, la cuestión de la droga. "-No quiero causarle daño a este país. Me sienta mal hacerle daño. Pero, ¿qué puedo hacer yo, si este conflicto está vinculado a la droga y si no se puede entender en absoluto si no se piensa continuamente en clave de droga? “Los comandantes opinan de nuevo. "-Pero, atención. Donde se plantea la cuestión de la justicia es en que nosotros no somos los traficantes. Le prohibo decir que somos traficantes. Sólo estamos detrás, protegiendo los campesinos que cultivan. Porque, ¿qué se puede hacer cuando una tierra es estéril y sólo se puede cultivar eso? ¿Es que vamos a prohibirle a los paisanos que se ganen la vida? Le observo que habla como Ríos y como las Farc. "-No. También le prohíbo que diga eso. Porque la diferencia es que nosotros, con los beneficios de la droga, hacemos el bien. El Bien. ¿Por dónde ha venido usted? ¿Por la ruta de Tierra Alta? ¡Nosotros somos la ruta de Tierra Alta! Es con el dinero de la droga con el que hemos hecho la estupenda carretera de Tierra Alta. "Carlos Castaño se calienta y se embala. El sudor le cae sobre el rostro. Hace grandes gestos y despliega una energía considerable para que entienda perfectamente que es él el responsable de esta ruta y que es un hombre de Justicia. "-¿Me explico? "-Claro que sí, perfectamente. "-¿Tú crees que entiende? "-Sí, jefe, parece que entiende. "La verdad es que cada vez le veo más excitado. Con nervios. "- La injusticia me vuelve loco, loco. Le pongo otro ejemplo. El ELN. Las negociaciones con el ELN. Y esa idea de darles también a ellos una zona. ¿Cómo es posible que Pastrana, el presidente Pastrana, pueda pensar en entablar negociaciones con el ELN, que es una organización de secuestradores, asesinos y torturadores? "Le hago caer en la cuenta de que su organización practica, también ella, los atentados ciegos contra los civiles y, sobre todo, contra los sindicalistas, esta misma semana, sin ir más lejos. Se sobresalta. "-¿Atentados a ciegas nosotros? Jamás. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. Por eso los matamos. "-¿Y el jefe de los indios de Alto Sinú? ¿También impedía trabajar a la gente el pequeño jefe indio que había bajado a Tierra Alta? "-La presa, impedía el funcionamiento de la presa. "-¿Y el alcalde? Me dijeron en Tierra Alta, cuando hacía la ruta de Quebrada Nain que, justo antes de las elecciones, las Autodefensas asesinaron al alcalde. "-Lo de los alcaldes es otra cosa. Nuestro trabajo consiste en llevar el poder a los representantes del pueblo. Cuando hay alguien en Córdoba que se obstina en querer presentarse en contra de nuestra voluntad, le amenazamos. Es verdad, le mandamos una advertencia, como es normal. "-Sí, pero a este alcalde en concreto no sólo lo amenazaron, sino que lo mataron... "-Porque robó dos millones a la ciudad. Y, después, acusaba a otros. Hacía recaer en otros la responsabilidad de sus robos. Corrupción y mentira juntas. Era demasiado. Por eso hubo que ser implacable. Y además... "Se toma un respiro. Después, con una voz estridente, casi femenina y como si estuviese en posesión de la irrefutable prueba de la culpabilidad del alcalde, añade: "-Además, llevaba un chaleco antibalas. Así de simple. "La conversación dura dos horas y siempre en este tono. Castaño habla tan rápido ahora, con una voz tan aguda, que me tengo que inclinar cada vez más a menudo hacia mi compañero, para que me repita lo que ha dicho. Habla del presidente Pastrana, al que respeta, pero que no le respeta y eso le desespera. De Castro, que ha castrado a su pueblo, y esta imagen le hace reír con una risa de demonio. De todos esos militares, expulsados del Ejército, que, como los generales Mantilla y Del Río, se pasan a las Autodefensas. Pero, ojo, con una condición, porque él les pone una condición, para no volverse loco: que no hayan sido expulsados por corrupción. "Habla de la injusticia y otra vez más de la injusticia. De la letanía de injusticias y de disfüncionamientos del Estado. Pero allí está él, Castaño, para suplir al Estado desfalleciente. El es su brazo, su servidor fiel y no correspondido. Y, por fin, habla del crimen de Quebrada Nain y de todos los crímenes que se le adjudican a sus sicarios. Y no suelta ni una palabra de arrepentimiento. Lo máximo que concede es que, a lo mejor, su ejército quizá haya crecido demasiado deprisa y que en la matanza de la que le hablo 'les faltó [sic] profesionalismo'. "Pero lo que repite una y otra vez es que, si un hombre o una mujer tienen aunque sólo sea una vaga vinculación con la guerrilla, dejan de ser civiles, para convertirse en guerrilleros vestidos de civil y, por lo tanto, merecen ser torturados, degollados, o son merecedores de que les cosan un gallo vivo en el vientre en lugar de un feto... "Carlos Castaño tiene cada vez más calor. Y está cada vez más febril. Este olor de supositorio que invade la tienda... Esa forma que tiene de sobresaltarse cuando oye un ruido... "-¿Qué pasa? "-Nada, jefe, es el generador, que se ha vuelto a poner en marcha. "Y su manera de gritar, cada cinco minutos: 'Un tinto, Pepe, un café'. Y un soldado, aterrorizado, se lo lleva. Y él vuelve a hablar a un ritmo endiablado. Un último cuarto de hora para gritar. Y después se calla, se levanta y se calla. Titubea un poco. Se agarra a la mesa. Me mira con una mirada tan fija que me pregunto si no está sencillamente borracho. Se repone. Me ofrece una gran cartera negra, repleta de discursos y de videos. Sus lugartenientes están a su lado. Sale, dando tumbos, bajo el sol de mediodía. Un psicópata frente a unos mafiosos. Una historia llena de ruido y de furor contada por bandidos o por este guiñol asesino. "Una parte de mí me dice que siempre ha sido así y que los observadores más sagaces siempre han descubierto a los gordos animales perentorios, faroleros, hinchados de su propia importancia y poder, que reinaron sobre el infierno de la Historia de los tiempos pasados: el grotesco Arturo Ui, de Brecht; el pobrecillo Laval, de Un castillo al otro; García Márquez y su caudillo; la desnudez fofa del Himmier de Malaparte, en Kaputt... "Pero otra parte de mí no puede deshacerse de la idea de que hay aquí, en cualquier caso, un cambio, una degradación energética, una caída. No puedo dejar de pensar que jamás se había visto una guerra reducida a este enfrentamiento de magnates y de monigotes, de clones y de payasos. El grado cero de la política. Es el estadio supremo de la bufonería y el estadio elemental de la violencia descamada, sin disfraz, reducida al hueso de su verdad sangrienta. Incluso los monstruos se desinflan cuando se terminan las épocas teológicas". Es esta gente la que tiene en sus manos a Colombia. Con el dinero que obtienen de la comercialización de cocaína, le pagan 180 mil pesos mensuales a sus 14 mil efectivos, construyen malos caminos como el de Tierra Alta, educan a sus hijos en Europa y compran el más sofisticado armamento que sea dable encontrar hoy en el mercado de armas. Poco antes de las elecciones para el Congreso celebradas en marzo, Salvatore Mancuso, el alter ego de Castaño, declaró a la AP que la confrontación en Colombia será todavía peor y que su organización se prepara para esos nuevos episodios mediante el entrenamiento de nuevos militantes. Según él, las autodefensas comenzaron hace diez años con 850 individuos, y a finales del año 2002 tendrán 12 mil más, para completar un ejército de 26 mil. El Ejército regular está compuesto por XXX soldados. En la entrevista Mancuso se define como "él primero entre iguales", rechaza la calificación de "terroristas" que les ha dado el gobierno de los Estados Unidos, e invita a funcionarios de ese país a visitarlos en sus campamentos para que comprueben que los paramilitares son "un grupo surgido de la necesidad de defenderse uno mismo". "Estamos recomendando a la gente a quién votar", dijo Mancuso. Y vaticinó que por lo menos el 30 por ciento del Congreso quedaría en sus manos. Esa cifra fue ampliamente superada. El 12 de marzo del 2002, El Tiempo reprodujo un comunicado de Mancuso en el que anuncia el éxito de los paramilitares en esas elecciones. "Podemos afirmar -dijo-, con los datos a la mano, que la meta original del 35 por ciento ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC». Se supone, en consecuencia, que no menos de 90 congresistas hayan sido auspiciados y elegidos por los paramilitares. Estos grupos, según el periódico, "no apoyan directamente a ningún candidato presidencial, aunque no ocultan su simpatía por el derechista Alvaro Uribe, líder en las encuestas de preferencia electoral".

Sobre el particular, Newsweek le preguntó a Uribe: "Algunos colombianos ven en usted al candidato favorito de los grupos paramilitares". Y él contestó: "Nunca me he reunido con ningún miembro ni de las fuerzas paramilitares ni de la guerrilla. (El jefe paramilitar) Carlos Castaño ha dicho claramente que no me conoce. Una vez, hace muchos años, me reuní con (el jefe militar de las AUC ( Salvatore) Mancuso, cuando era un ganadero, pero no he vuelto a hablar con él desde que se unió a los paramilitares". Y luego, cuando el periodista insistió sobre el tópico, afirmó: "No voy a responderle a eso. Si tengo vínculos con los grupos paramilitares, ponga una demanda ante las autoridades que correspondan".

¿Tiene Uribe vínculos con los paramilitares? La respuesta no es fácil. En una interesante apreciación sobre el problema político de Colombia y sus protagonistas, el profesor César López Ocampo, de la Universidad Nacional, sostuvo el 29 de enero del 2002 que no participa de "la consabida táctica macartista, tan común entre los grupos radicales izquierdistas, que se han dado a la tarea de desprestigiar a Alvaro Uribe Vélez, endilgándole inexistentes vínculos con grupos paramilitares o presuntas políticas complacientes con estos sectores, eventualmente llevadas a cabo durante la época en que se desempeñó como gobernador de Antioquia. Creo que quienes así actúan lo hacen de mala fe, pues lo cierto es que más allá de hacer correr rumores, nunca han podido demostrar que ello haya sido cierto. Es más: muchos de esos que tanto criticaron la conformación de las famosas cooperativas de seguridad rural Convivir, con el argumento de que eran ejércitos privados al servicio de ganaderos y latifundistas, en no pocos casos han estado prestos a solicitar autorizaciones para conformar personales guardias armadas, con el argumento de que no confían en la seguridad que les puedan garantizar los cuerpos legítimos del estado. ¡Que curioso! Este ha sido también el argumento de los sectores que han apoyado el paramilitarismo en el país... ¿y no fue acaso también éste el argumento de Tiro Fijo, Sangre Negra, Chispas, Tarzán y otros cuantos 'comandantes', así como también el de las agrupaciones políticas que los 'adoptaron', al momento de justificar la existencia de las así llamadas 'repúblicas independientes' (Marquetalia, El Pato, Guayabero, Río Chiquito, etc.)? Me resisto a aceptar la doble moral de quienes consideran ético y justo tener un arma para su defensa, pero consideran inmoral e injusto que el vecino también tenga una, solamente porque el primero considera que él sí es bueno, pero que su vecino no lo es. Personalmente me encuentro al lado de quienes creen que los civiles no debemos estar armados, y me duele, por ejemplo, que a la entrada del edificio en donde habito haya un 'celador' armado que la administración contrata privadamente. La seguridad que me puede brindar ese celador debería brindármela la policía, pues ésta es su función y para ello pago impuestos e igualmente los pagan mis conciudadanos. Pero sé que así no son las cosas, por ello mismo me motivo a luchar porque en un futuro así sean; también por ello no comparto la tesis de que la solución al conflicto armado sea la de armar a los civiles, ni siquiera de la de educarlos en el manejo de las armas, así la intención sea solamente la de prestar colaboración armada a la fuerza pública. En este punto es claro entonces que no comparto las tesis del doctor Alvaro Uribe. Sin embargo, me es claro también que su planteamiento tiene, en el marco de la realidad actual del país, una lógica válida, como lo es la necesidad de restituir la confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública. Y si bien en este último aspecto pudiera estar de acuerdo, lo cierto es que 166 creo firmemente en que esa confianza debe fundamentarse en el carácter civilista de la fuerza pública, no fomentando una mentalidad guerrerista en los civiles". Sin embargo hay algunos indicios que muestran por lo menos un comienzo de entendimiento entre Uribe y Mancuso y su grupo de asesinos. En efecto, el candidato tiene una hacienda de ochocientas hectáreas en Córdoba, ubicada a 45 minutos de Montería, donde levanta más de 1.500 cabezas de ganado. Es a ella a la que se refiere en su entrevista con Patricia Lara, publicada en Lecturas Dominicales de El Tiempo el 6 de abril de este año: "A pesar de que se dedicó a la vida pública –dice Lara-, nunca abandonó dos de sus profesiones de reserva: adiestrador de caballos criollos y buen administrador de fincas. Por eso, una de las primeras cosas que hace a diario, después de trotar una hora y de relajarse con yoga, es llamar al administrador de su hacienda de Córdoba para preguntarle cuánta leche ordeñó, cuántos temeros negoció, de qué peso y a cómo". Esa propiedad, es el comentario general en la región, está vigilada por paramilitares de Mancuso, dueño a su vez de la hacienda vecina.

Un buen administrador de fincas cuida juiciosamente los linderos. Se pasa una vaca, le corren una cerca, se agota una acequia, cualquier cosa. Y si el buen administrador de fincas es la persona que, ad portas de la Presidencia de Colombia pregunta cuánta leche ordeñó el mayordomo, es de suponer que se enterará de que dos toros medio cimarrones rompieron un alambrado y se pasaron a la propiedad de don Salvatore. ¿O no? Y si don Salvatore es un buen administrador de fincas, como parece que es ("se convirtió en ganadero después de estudiar en Bogotá", dice Newsweek, al contrario de lo que hacen los malos administradores, que se convierten en contabilistas o pilotos o gigolós después de estudiar en Bogotá), pues se entiende que entre los dos se hablen para resolver su asunto. ¿O no? Es posible que no. Pero también es posible que sí, máxime si la comunicación entre ellos es frecuente. Porque lo es. La mantienen a través del actual gobernador de Córdoba, Jesús María López Gómez, y de Eleonora Pinedo, cuya candidatura a la Cámara de Representantes apoyó el jefe paramilitar con todo su entusiasmo. Durante la campaña, las fotografías de El Meridiano de Córdoba mostraron la estrecha cercanía entre Pinedo y Uribe Vélez. Este juego de dominó no tiene pierde. Dos va con dos y cinco con cinco, y hacia cada uno de los lados hay un as que quiere ser presidente. Sólo que este dominó está pésimamente jugado. Y la mantienen también gracias a Jorge Honorio Arroyabe, diputado a la Asamblea de Córdoba, y propietario de uno de los aviones privados que utiliza el candidato en sus giras. Arroyabe es hermano de Mario Arroyabe, un exitoso hombre de negocios que le vende helicópteros a Mancuso. En marzo del año 2002 se habían dado palabra sobre la compra de tres de esos aparatos, cada uno por la suma de cinco millones de dólares. A Alvaro Uribe lo protegen veinte y más guardaespaldas. Menos en Córdoba. En su hacienda, a la que va con alguna frecuencia (la última vez en XXX), los vecinos lo ven cuando, "meditando en esas cosas de la patria" se hunde en el horizonte... solitario. Desde hace años, él mismo lo afirma, no ha visto a su vecino: "¿Conoce a 'Marulanda', a 'Gabino' o a Castaño?", le pregunta Patricia Lara en su reportaje en El Tiempo . Y él responde: "No. Mi padre llegó en 1961 a unas tierras entre Antioquia y Córdoba y hace años vi a Mancuso, cuando era un simple finquero en Montería. Pero no hablo con la guerrilla ni con las autodefensas". Sin embargo, la actividad en el filo de la navaja que Uribe desarrolla en este terreno no siempre ha pasado desapercibida. Una clara alusión a la simpatía con la que el candidato mira a los paramilitares aparece en el folio 66 de Asfaddes, seccional Bogotá. Allí se lee que, siendo gobernador de Antioquia, Uribe Vélez reintegró en 1997 a dos funcionarios suyos, acusados por la Fiscalía como presuntos asesinos de los estudiantes Jorge Iván Alarcón y Edgar Augusto Monsalve. El gobernador, señala el informe, se interesó personalmente por la suerte de los implicados y sostuvo de viva voz la necesidad de liberarlos. En el tomo II de Colombia nunca más - Crímenes de lesa humanidad un libro cuya publicación, en noviembre del año 2000, fue respaldada por la Unión Europea, la tarea de Uribe Vélez aparece reseñada entre las páginas 563 y 566.En la entrevista con El Tiempo varias veces citada (21/ 04/02), el candidato desvirtúa la seriedad de la publicación. "¿Cómo explica -le pregunta el periódico- que ONG's en Europa denuncien líos de tierras entre su familia y campesinos, y lo acusen a usted de masacres de labriegos?". "¿Cómo se explica -contrapregunta el candidato sin responder- que me denunciaron por haber asesinado a sindicalistas de la gobernación de Antioquia que están vivos? ¿Por qué? El país ha tenido una diplomacia guerrillera desacreditando todo lo que se les opone. Extiendan esta investigación a las zonas campesinas, donde he intervenido. Pregunten en Maceo, Antioquia, sobre la finca de caña que mi padre y yo entregamos amigablemente a un sindicato de trabajadores en junio de 1979. Sin embargo, en Europa, con unas ONG, la guerrilla alteró tres años la fecha de la muerte de mi padre para vinculamos a una masacre por recuperar esa tierra. Pero El Tiempo no se ha distinguido jamás por su arte de la contrapregunta. De manera que lo deja salir por la tangente y se limita a plantearle otro asunto: "-El ELN quemó Guacharacas, la finca de su familia, ¿no? "- Siendo gobernador, año 85, el ELN incendió esa finca y mató al administrador. Hubo un robo masivo de semovientes. ¿Qué tuvo que hacer mi familia? Abandonarla y malvenderla. Como la guerrilla decía que yo era paramilitar, le pedí a la Fiscalía: "Por favor, investiguen. ¿Con qué resultado? Un fallo inhibitorio".

El informe patrocinado por la Unión Europea, que no es cualquier ONG, es diciente. De él ya hemos citado varios apartes. Tal vez valga la pena reproducirlo aquí en su integridad. La redacción es la original: "La represión a la organización campesina cobró entre sus primeras víctimas al sacerdote Jaime Restrepo (enero/88) y a la hermana Teresa Ramírez (febrero/89) junto con muchas personas más. Estos crímenes ejecutados por grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública serían el comienzo de una etapa en la cual se intensificarían las acciones del paramilitarismo en la región, atacando especialmente a quienes reivindicaban el derecho a la tierra, bajo el pretexto de considerarlos agentes de la insurgencia. Fue así como las agresiones se dirigieron en contra de la población campesina organizada y en especial de sus líderes. "La lucha por la tierra mantenida por los campesinos durante las décadas anteriores, en este período comenzó a tener algunos logros, al conocerse algunas resoluciones judiciales de extinción de dominio en beneficio de algunas familias campesinas integradas a esta lucha. Un ejemplo fue la finca San Antonio, del corregimiento de Cristales, en cuyo caso fueron entregados títulos de propiedad a los campesinos. La propiedad de esa hacienda pertenecía antes a Julio Vélez, al parecer familiar del ex gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Vélez, quien fuera el mayor promotor del paramilitarismo bajo la forma de las Asociaciones Convivir. "A mediados del 93 se intensificó la acción del paramilitarismo y a partir del 95 aún más, por medio de masacres, hasta que por último estos grupos tomaron directamente el control del territorio. Lo anterior coincide con fallos, jurídicos a favor de los campesinos. "Desde 1995 aumentaron intensamente, los asesinatos selectivos y las masacres. Según un testimonio: «masacraban, se iban, hasta que a lo último ya entran es a tomar directamente el control desde la región de San Roque y los municipios aledaños, Santo Domingo, Caracoli, Cisneros, Yolombó". "El desarrollo del paramilitarismo en esta región se dio con el apoyo y patrocinio de terratenientes y de políticos de la región, quienes siempre rechazaron la organización campesina. "Un ejemplo es el caso de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, ubicada en el municipio de San Roque, la cual se ha considerado como un epicentro de la violencia desatada contra la población. La finca ha sido objeto de acciones de la guerrilla, incluyendo el intento de secuestro de Alberto Uribe Sierra (padre de Alvaro Uribe Vélez) hecho que termina con su muerte. La finca Guacharacas, al parecer, fue prestada inicialmente para el funcionamiento de una base militar de la XIV Brigada (Batallón Palagua). Posteriormente, al desmontarse esa base militar, continúa la acción de la insurgencia, pero se conforma allí una base de paramilitares. Según lo describe un testimonio 'Ahí hay una cuestión que entra un grupo insurgente, se toman eso, queman la finca, se llevan un ganado, y es cuando viene la represión contra el campesino en la región'. "Alvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia en 1995, estuvo involucrado en casos de conflicto de tierras. Su período de gobierno coincide con la arremetida paramilitar sobre la población campesina en toda esa región. Por otro lado este funcionario fomentó y apoyó abiertamente las Asociaciones Comunitarias de Seguridad, Convivir, grupos que en lugar de proteger, se constituyeron en grupos armados que respaldaron una contra-reforma agraria en beneficio de terratenientes, de narcotrafícantes y del desarrollo de megaproyectos; estos grupos en lugar de contribuir a la disminución de la violencia, por el contrario aumentaron las cifras de víctimas por violación de derechos humanos, con intensa actuación de los grupos paramilitares. "Para diciembre de 1996 la gobernación reconocía la existencia de cincuenta y seis Convivir en el mismo número de municipios. Sin embargo el Instituto Popular de Capacitación (IPC), de Medellín, registraba la existencia de setenta. Esta organización armada se estableció en zonas que coincidieron con tierras que comenzaron a ser adquiridas por parte de 172 terratenientes y narcotraficantes, coincidiendo también con las principales zonas de cultivos ilegales en el departamento. "Otro aspecto que agudizó el drama de los pobladores de la región fue la declaración de los municipios de Segovia y Remedios como Zona Especial de Orden Público, decisión del gobierno departamental de Alvaro Uribe Vélez... El fin era contener la ofensiva guerrillera, pero los efectos necesariamente se revirtieron a las comunidades, restringiendo políticamente la libertad y agudizando la situación socioeconómica. Esta política contrainsurgente, mezclada con intereses particulares se tradujo en aumento de los atropellos de los militares contra la población civil y coincidencialmente en aumento de las incursiones paramilitares. Fue así como se realizó el exterminio del movimiento campesino y se presionó a la población para que se polarizara apoyando las acciones paramilitares; por consiguiente se acrecentó el fenómeno del desplazamiento de los habitantes de la región. "Otros terratenientes involucrados en conflictos por la tierra y de los que se tiene referencia, son Javier Uribe en la vereda Peñas Azules, y Guacas, de un abogado Gilberto Arbeláez; estos también figuran involucrados en conflictos de tierras recuperadas por la lucha campesina. "Las incursiones paramilitares se incrementaron a la par con la represión del Ejército hasta ir quedando la región bajo un total control militar y la misma denuncia de los crímenes se fue convirtiendo en actos heroicos de alto riesgo. En la vereda San Antonio se le dijo a la población 'ni modo de denunciar, porque nosotros venimos directamente pagados por el gobernador de Antioquia, el doctor Alvaro Uribe Vélez; nosotros somos directamente mandados por él'. "Hacia 1996 se intensificó la persecución paramilitar. Se dice que Gerardo Montoya Molina, alcalde del municipio, estimulaba a los pobladores a apoyar la conformación de grupos de seguridad privada Convivir, que en definitiva eran grupos paramilitares. Los operativos los comenzaba el Ejército, en especial grupos contraguerrilla, con patrullajes y hostigamientos periódicos; estos amenazaban a los pobladores diciendo 'no nos digan nada a nosotros; díganselo a los que vienen mas atrás; esos no van a llegar a preguntarles; ellos van a llegar a darles directamente en la cabeza si no dicen nada'. Cuando se retiraba el Ejército, a los dos días llegaban los paramilitares en camionetas, en cantidad de 80 a 100 hombres armados, llevándose el ganado, quemando las casas, amenazando de muerte y cometiendo los crímenes. "De esta manera se llevó a cabo el desplazamiento de las comunidades de las veredas del municipio de San Roque, y los pocos que permanecieron, quedaron a la merced de los designios de estos grupos paramilitares. "La complicidad del Ejército ha sido tan clara, que en el corregimiento Cristales el paramilitarismo vivía haciendo las leyes, al igual que e resto del municipio. Cristales queda a 45 minutos en carro del casco urbano de San Roque, donde el Ejército permanecía acuartelado". Al preguntarle por las denuncias de la UE, Uribe Vélez contestó: "Una lástima que se publiquen libros basados solamente en la guerrilla. Mis familiares Vélez son muchísimos pero hasta hoy no conozco uno solo que se llame Julio, con finca en Cristales y promotor de paramilitares. Mi padre, mis hermanos y yo, nunca hemos tenido conflictos de tierra; hemos sido empresarios del campo con espíritu cristiano. En junio de 1983 la FARC asesinaron a mi padre en la hacienda Guacharacas, hirieron a mi hermano y una maestra evitó el secuestro de mi hermana. En 1995, el ELN incendió la finca, asesinó al administrador y hubo un robo masivo de semovientes; mi familia la abandonó y malvendió. Por solicitud mía en 1995 la Fiscalía investigó nuestro comportamiento en la región y dictó un auto inhibitorio a mi favor. La zona de orden público de Segovia la decreté a instancias de la Fiscalía para que el Ejército evitara una nueva masacre paramilitar, Introdujo orden público pero no cercenó libertades. Las Convivir buscaron organizar a la ciudadanía para apoyar la fuerza pública y los detractores les imputaban toda suerte de delitos". Sin embargo, las masacres no se evitaron. Durante su gestión se desarrolló la llamada Operación Retorno, que provocó en el Urabá la muerte de más de un centenar de miembros de la Unión Patriótica, partido legalmente constituido que agrupaba a gentes de la izquierda democrática y a ex guerrilleros reinsertados.

En su libro Poder Capitalista y Violencia Política contra las Alternativas Populares y Democráticas en Colombia, Luis Alberto Mata contrasta esa agresión con la respuesta que le dio Uribe Vélez a El Tiempo el 3 de febrero del año 2002: "Hoy Urabá -dijo el candidato- es una zona donde hay una gran convivencia entre el empresariado y los trabajadores". Esa convivencia se logró, sin lograrse, sobre el cadáver de miles de personas. Sin que importe mucho su origen, las masacres se dieron una tras otra en una región acorralada por el terror. El 8 de agosto fue asesinado el alcalde de San Carlos. El crimen no se pudo atribuir sino a las "fuerzas oscuras", porque en la zona tenían asiento guerrilla, paramilitares, delincuencia común, e inclusive, dice la noticia publicada en El Tiempo al día siguiente, "efectivos del Ejército y de la Policía". Las autoridades locales dijeron que desconocían la existencia de grupos de seguridad privados en la zona. Y eso no es todo. Los indígenas zenúes, de Necoclí, fueron desplazados de sus regiones por "fuerzas oscuras". El 12 de agosto hubo 18 muertos en Chigorodó, a manos de "fuerzas oscuras". El 29 del mismo mes "fuerzas oscuras" mataron a diecisiete trabajadores del banano en Carepa. A raíz de la misma, el gobernador Uribe Vélez participó en Apartado en una "Semana por la Paz y la Convivencia" durante la cual un experto internacional dictó un cursillo a alcaldes, personeros, maestros y dirigentes gremiales sobre "resolución de conflictos"

Ahora bien, los conflictos no se resolvieron. Y las "fuerzas oscuras" siguieron haciendo de las suyas. El 14 de septiembre seis miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados a machete en Turbo. A raíz de ese crimen, el ministro del Interior, Horacio Serpa, y el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, tuvieron una diferencia fundamental. Uno y otro se reunieron en Apartado con los alcaldes de la zona para recibir las conclusiones de la Comisión Facilitadora de Actores de la Violencia. Dentro de estas figuraba, en primera línea, una según la cual "la solución negociada es la única salida para el conflicto en Urabá. Todos los esfuerzos deben dirigirse a ese objetivo". El documento añadía que "los grupos violentos deben respetar las normas del derecho internacional humanitario, en especial del Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra", sugería la "creación de zonas neutrales donde se proteja a los pobladores que no hacen parte del conflicto armado, y de una zona sanitaria asistida por miembros de la Cruz Roja Internacional, para ayudar a los combatientes heridos o a la población enferma o que haya desertado", pedía la "creación de un organismo internacional de veeduría, para observar el cumplimiento o infracción del derecho internacional humanitario", e insistía en la "búsqueda de un mecanismo de acercamiento de los grupos en conflicto, con mediación de la iglesia Católica y de las Organizaciones No Gubernamentales". El ministro Serpa sostuvo entonces que "los diálogos entre autoridades regionales con guerrilleros y paramilitares constituyen una solución facilista que el gobierno nacional no respaldará porque conducirán a la convivencia, no entre los ciudadanos, sino entre los actores que están por fuera de la ley". "Hablar con los guerrilleros es fácil, -dijo el ministro-. A la vuelta de la esquina uno encuentra un contacto. Hablar con los paramilitares también es facilísimo: a la vuelta de la otra esquina se encuentra otro contacto. Pero ¿qué pasará con los jueces? ¿Y qué va a pasar con los alcaldes del futuro, quienes no van a tener la capacidad espontánea de participar en las actividades comunitarias y las órdenes llegarán en papelitos?". Para terminar, Serpa dijo que "el gobierno presentó un plan de paz a los grupos alzados en armas, a través del diálogo útil que permita instancias de reconciliación, y a las autodefensas se les han ofrecido salidas jurídicas mediante el sometimiento". Uribe Vélez no estuvo de acuerdo. Dijo que la solución estaba en los diálogos regionales. "No se trata de buscar paz y salvos ni se trata de quedar bien con la guerrilla ni con las autodefensas. El proceso para construir soluciones para llegar al diálogo regional tendría como objetivo no el convivir con los violentos, sino buscar la paz en la región sobre la base de que ellos se comprometan a observar rigurosamente la Constitución y las leyes". Sin embargo, el 20 de septiembre, a raíz de una masacre que dejó como saldo 26 muertos en la zona bananera de Urabá, el gobernador denunció ante la ONU a sólo una de las tres o cuatro partes de las "fuerzas oscuras": a las FARC. La tragedia lo movió a incrementar el pie de seguridad y a sentenciar que era "necesaria la cooperación ciudadana para la captura de los criminales y para interceptar sus mentes de abastecimiento económico y logístico". "Este crimen merece el repudio de la humanidad", dijo.

Todo crimen merece el repudio de la humanidad. Por ejemplo, el crimen de organizar a los ciudadanos para que entren masivamente en el conflicto. Desde hace algunos años, en Colombia se ha tejido una cadena, con cinco eslabones fuertemente atados: MAS, Autodefensas, Convivir, paramilitares, narcotráfico. Curiosamente, y por distintas razones, Alvaro Uribe aparece de manera sistemática cuando alguien trata de aproximarse a cualquiera de ellos. Como pariente y amigo de los Ochoa, y también como funcionario de la administración Turbay en un cargo que era esencial para el desarrollo de los propósitos del narcotráfico: el de director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Uribe debió enterarse de la conformación del MAS. "Muerte a secuestradores (Arrieta et. al., 1991,214) surge dentro del marco de democracia restringida que caracterizó al gobierno de Turbay y se puede definir como la búsqueda de mecanismos organizados y coordinados de control militar por parte de los narcotraficantes sobre sus intereses económicos estratégicos (su propia seguridad y la de sus propiedades), dentro de un contexto de ilegalidad. Esta estrategia les permitió crear vínculos más sólidos que los del soborno con algunos sectores de las Fuerzas Armadas debido a la coincidencia en el anticomunismo y en la ubicación de otros enemigos comunes". Es en ese terreno ambiguo entre la política y la delincuencia común donde se desenvuelven muchos procesos colectivos en Colombia. La lucha contra el comunismo, convertida en bandera desde el año de 1930, ha reunido a su alrededor a los más tenebrosos actores sociales, sin que el Estado y los estratos pudientes se den cuenta de que esos amigos tienden a convertirse con facilidad en sus peores enemigos. Así pasó con los Autodefensas, que en poco tiempo pasaron a ser organizaciones manejadas por los capos de la mafia que ejecutaron sus peores crímenes apoyándose en sus efectivos. A su tumo, las Convivir, que tuvieron -y tienen- en Uribe Velez su principal defensor, han sido denunciadas por las asociaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos que, torpemente, tratan de desvirtuarse en el país como "brazos desarmados de la subversión internacional". A propósito de una desafortunada declaración del gobernador Uribe Vélez, Amnistía Internacional lo rectificó con energía: "El gobernador de Antioquia -escribe desde Londres Susan Lee, directora del Programa América de ese organismo- (Semana, octubre de 1996) asegura que Amnistía Internacional, en su reciente visita a Colombia, no encontró nada que objetar en cuanto a las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir)... Muy por el contrario de lo señalado por el señor Uribe Vélez, la organización considera el surgimiento de las Convivir como un hecho muy preocupante dentro del contexto de los derechos humanos en Colombia y del aumento de la actividad paramilitar, y así lo señalamos en diciembre de 1994 cuando el gobierno colombiano lanzó el Plan Integral de Seguridad Rural, que incluía la creación de las Convivir. En dicha oportunidad. Amnistía Internacional expresó su preocupación en el sentido de que dichos grupos podrían convertirse en el vehículo ideal para el crecimiento y legitimación disfrazados de los grupos paramilitares. Dichas organizaciones ofrecen a los grupos paramilitares la oportunidad de constituirse en entes legítimos; lo que crea el peligro de que continúen con su estrategia paramilitar bajo un manto legal... Amnistía Internacional teme que el resultado final de esa labor de 'vigilancia rural' no sea otra cosa que una repetición de la historia: la formación, nuevamente, de grupos de autodefensa moldeados por las fuerzas armadas para asumir un papel central en la guerra sucia. La colaboración entre los grupos paramilitares y las fuerzas armadas ha sido ampliamente documentada en casos de violaciones a los derechos humanos investigados por nuestra organización y por organismos oficiales colombianos como la Fiscalía General de la Nación. A pesar de que las autoridades aseguraron que las Convivir solo recibirían armamento 'en circunstancias excepcionales', muchas de esas asociaciones no sólo están ya fuertemente armadas sino que cuentan con armamento para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. La declaración dada por el señor Uribe Vélez a su revista en el sentido de que 'se dotará a las Convivir con armas de largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas', es sintomática del grado de presión que existe para convertir a dichas asociaciones en un ambiguo recurso de creación estatal, cuya forma de operar se acerca a la de los grupos paramilitares. El 'derecho legítimo a la autodefensa', preocupación genuina de la ciudadanía colombiana que vive los efectos de la violencia en el país, no puede ser confundido con la creación, fomento, apoyo y dirección de grupos paramilitares destinados a la guerra sucia: el asesinato, 'desaparición' o tortura de aquellos bajo sospecha de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, los integrantes de organizaciones legales de izquierda, o aquellos que tengan la mala fortuna de constituir un impedimento ante grandes intereses económicos que recurren a la acusación de 'subversivo' para ponerle fin radical al problema. La falta de medidas efectivas por parte del Estado colombiano para garantizar la seguridad de la ciudadanía no justifica la creación de organizaciones que puedan conducir a la legitimación de la violencia paramilitar en Colombia".

En ese caldo de cultivo han proliferado las acusaciones por vínculos con paramilitarismo y narcotráfico. Uribe Vélez no se salvó de una de ellas. Cuenta Alternativa (diciembre, 1996), que el 31 de marzo de 1995, él y su hermano Santiago pidieron una investigación a la Fiscalía sobre su posible vinculación al grupo paramilitar "Los doce apóstoles", que en ese momento "estaría reactivado bajo la sombrilla de 'Autodefensas de Córdoba y Urabá'". La entidad no encontró mérito para abrirles investigación, y la justicia penal militar "dejó en libertad, por vencimiento de términos, a oficiales y soldados que también estaban involucrados". Y sigue Alternativa: "Juan Diego y Mario Vélez Ochoa, primos del gobernador, no corrieron, sin embargo, con igual suerte. Se encuentran huyendo para eludir las órdenes de captura en su contra -correspondientes al proceso 1805 de la Dirección regional de Fiscalías-, por su supuesta participación en un grupo paramilitar conocido con el nombre de 'Grupo de Don Efraín'. Además, los organismos de derechos humanos han señalado con insistencia a la finca "Guacharacas" –propiedad de la familia Uribe Vélez en San Roquecomo epicentro de la violencia desatada en el municipio. La finca ha sido objeto en varias oportunidades de acciones de la guerrilla... Algunos campesinos advierten que la finca puede dar pie a una segunda Bellacruz. El denominador común de todo esto, sobra decirlo, es el narcotráfico. Y con su enorme poder corruptor el narcotráfico puede tocarlo todo.