"La corrupción política se alimenta de la desidia de quienes tienen el deber de actuar y eligen mirar hacia otro lado por cobardía o conveniencia".
—Abraham Lincoln

 En Colombia, la corrupción y la impudicia conforman la llave maestra de la impunidad oficial. De acuerdo con un relato cronológico que —según la Casa de Nariño— escribió de manera cuidadosa y detallada el propio presidente, César Gaviria Trujillo, para los medios de comunicación cinco días después de la vergonzosa fuga de Pablo Escobar, se pueden adoptar, por lo menos, dos conclusiones fundamentales.

Las Fuerzas Armadas, por razones desconocidas, no obedecían a sus jefes o eran estos los que no le obedecían a su comandante supremo, el Presidente de la República, circunstancia alarmante para el caso de un conflicto internacional que atentara contra la seguridad nacional o menoscabara su independencia.

La segunda es que el Presidente ignoraba la realidad de su principal proyecto de gobierno (la “política de sometimiento a la justicia”) y sus colaboradores más cercanos también, o se la ocultaban. Esto, en el marco de la fuga de Pablo Escobar, lo convirtió en el objeto de las burlas del mundo y su credibilidad se hizo añicos.

El documento presidencial, de 18 páginas (“Relación y cronograma de los acontecimientos ocurridos entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio de 1992”), puso de manifiesto que desde los ministros de la Defensa Nacional —Rafael Pardo Rueda—, de Justicia —Andrés González Diaz, quien había reemplazado a Fernando Carrillo Flórez pocas semanas antes de la fuga—, hacia abajo, todos los pasos que trató de dar el Gobierno Nacional con el objeto aparente de evitar la fuga de Escobar y conseguir su traslado a un lugar indeterminado, condujeron inevitablemente a poner en libertad a quien era considerado como el más grande y temible narcotraficante del mundo.

El gobierno aceptaba que se había dejado tomar del pelo durante cerca de 24 horas continuas por los mandos, con el comandante de las Fuerzas Militares a la cabeza, general Manuel Alberto Murillo González. Esto ocurría mientras sesionaba de manera permanente el Consejo Nacional de Seguridad e impartía órdenes para trasladar a los 15 presos de la cárcel de Envigado, objetivo que, de pronto, se convirtió en una operación inesperada para rescatar al viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza de la Torre, y del director Nacional de Prisiones, coronel Hernando Navas Rubio. Ambos, sin ninguna autoridad ni permiso de sus superiores, entraron en el penal para reunirse con los presos que ellos mismos clasificaban como los más peligrosos del universo. Eran Escobar y sus 14 malandrines de mayor confianza, que lo escoltaban, de día y de noche, con la venia explícita del gobierno.

Mendoza de la Torre y Navas Rubio fueron hasta la boca del lobo como polillas encandiladas. Ofrecieron todas las posibilidades necesarias para ser secuestrados sin resistencia y ayudaron a propiciar, así, la fuga del criminal que, según ellos, era el más tenebroso que existía sobre la Tierra. Ninguno de los dos podía desconocer que 20 de los 40 guardianes del cuerpo carcelario —los municipales— eran hombres seleccionados de los sindicatos del crimen de Escobar y aceptados oficialmente por el gobierno. Ambos funcionarios también conocían al dedillo el informe y las bochornosas fotografías de La Catedral que había hecho la Procuraduría General de la Nación en febrero pasado. Tales fotos, inclusive, las guardaba Mendoza, como secreto de estado, en la caja fuerte de su despacho oficial. Era materia de seguridad nacional celosamente guardada y, aún así, también formaba parte del dominio público.

En el momento que las Fuerzas Especiales del Ejército llegaron, a trancas y mochas, desde Bogotá a La Catedral —dispuestas a combatir a muerte—, hacía cerca de seis horas que Pablo Escobar se había escapado y debería de encontrarse muy lejos de allí. El despliegue militar sobre el penal se produjo con un retraso de 15 horas (lo que demora, por ejemplo, un vuelo directo de Bogotá a Estambul). Y eso que se trataba de órdenes de movilización con carácter de urgencia extraordinaria, impartidas por la cabeza del Gobierno Nacional.

—¡Ya pa’qué hijuemadre llegaban! —me dijo varios años después, alzando los hombros, Homero Rodríguez, el primer director que tuvo La Catedral.

La cárcel fue escogida y acondicionada por el propio Escobar con la aprobación de César Gaviria. Había venido funcionando, de tiempo atrás, con el nombre de Hogar La Catedral, un centro para la rehabilitación de toxicómanos, situado en la montaña inhóspita de La Paz, en el municipio de Envigado (vecino de Medellín), donde la vida cotidiana giraba bajo el dominio absoluto de El Patrón: desde la alcaldía con todas sus dependencias, el comercio formal e informal, los curas y pastores y el transporte público, hasta la policía municipal, cuyos agentes cateaban a los forasteros que intentaban entrar y los desaparecían cuando los consideraban sospechosos. Escobar fundó allí la acreditada Oficina de Envigado, entramado mafioso que todavía existe —y más fuerte que nunca—, convertido en una corporación multinacional en expansión.

La Relación y Cronograma de Gaviria dice que, a las diez de la mañana del 21, efectivamente, “se lleva a cabo la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad” (máximo órgano consultivo y de asesoría de la Presidencia de la República para la formulación, coordinación y ejecución de las políticas de seguridad y defensa nacionales) que culminó a las doce del día, para ir a almorzar.

En el transcurso de la sesión, el organismo examinó “la información que le había entregado el Fiscal General de la Nación, sobre la comisión de delitos por parte de Pablo Escobar en la cárcel”.

Estaban presentes “el Presidente, el ministro de  Defensa, el general Murillo, Comandante de las FM (e), el general Gómez Padilla, director de la Policía, Fernando Britto, director del DAS, Carlos Gustavo Arrieta, Procurador General, Gustavo de Greiff, Fiscal General, y el Secretario General de la Presidencia, Fabio Villegas”.

Lo que el Fiscal puso de manifiesto sobre la indisciplina y la inseguridad de La Catedral, era algo que no podía tomar por sorpresa al gobierno, al Fiscal ni al Procurador, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Todas las condiciones en que funcionaba habían sido pactadas y hacían parte de las normas internas de comportamiento.

La segunda sesión del Consejo comenzó a las tres de la tarde, después de la siesta, hora en que el Presidente canceló un viaje oficial a España para participar en la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Además de los ya mencionados, asistieron “los ministros de Gobierno y Justicia”, dice el documento.

¿Qué dijo el Fiscal? El Presidente escribió: “Hizo una exposición de los delitos cometidos por Escobar, los secuestros, los asesinatos y las masacres, así como la existencia de un vehículo de doble fondo en el que subían y bajaban gente de y hacia el penal. La construcción de nuevas instalaciones constituye otro motivo de preocupación. Parece evidente el riesgo de que Pablo Escobar escape”.

El gobierno y el Consejo de Seguridad convinieron, al terminar la primera sesión, adoptar lo que el documento llama “decisiones”. A saber:

• • “Primero: ordenar a la Cuarta Brigada reforzar la seguridad de la cárcel.
  • “Segundo: examinar las posibilidades jurídicas de pedir al ministro de Justicia que solicite al de Defensa ordenar al Ejército que asuma el control interno de la cárcel. Por su parte, la Fiscalía trabajaría en el tema del traslado.
  • “Tercero: Suspender visitas.
  • “Cuarto: suspender el tráfico de vehículos.
  • “Quinto: estudiar posibles lugares para el traslado de Pablo Escobar, preferiblemente a una instalación militar fuera de Medellín”.

Los temas puestos esa vez sobre la mesa de la sala de crisis de la presidencia eran información restringida al más alto nivel, con clasificación ultra secreta. Más aún: secreto de Estado. Pero los asistentes no eran muy dados a guardar secretos y el plan de trasladar a Escobar fue lanzado a los cuatro vientos, entre fanfarrias y de manera exclusiva, por el periodista Juan Guillermo Ríos, con lo cual el gran señor de la cocaína —que se encontraba apacible en su suite, refocilándose entre las sábanas con una señora de afectos por horas— quedó notificado y saltó desnudo de la cama, como impulsado por un resorte, y comenzó a preparar el contragolpe.

Estaba lúcido y paranoico.

¿De qué gravedad eran las revelaciones del Fiscal como para aceptar que con poner a dos mil hombres armados más alrededor de La Catedral no se eliminaba la posibilidad de una fuga? ¿No era posible retener a 15 hombres, que ya estaban localizados en una cárcel, por muy lujosa e insegura que fuera? ¿Las fuerzas militares de Colombia no estaban en capacidad de impedir en adelante el ingreso “de un vehículo de doble fondo en el que subían y bajaban gente”, incluida la señora contratada para ese día? ¿No tenían medios para detener o, al menos, controlar “la construcción de nuevas instalaciones”? ¿Con cuáles criterios de seguridad, entonces, el gobierno había autorizado “la construcción de nuevas instalaciones”?

Era un dato objetivo que ninguna de las fuerzas militares de Colombia (aéreas, marítimas y terrestres) ni los organismos de seguridad e inteligencia activos en el país, como el DAS, el F-2, la DIJIN, la DINTE, el Bloque de Búsqueda, las Fuerzas Especiales y las UNASE, sumados al Cartel de Cali, la DEA y la CIA, estaba en capacidad de impedir que Escobar continuara ordenando o, inclusive, ejecutando personalmente en La Catedral secuestros, asesinatos y ordenando masacres.

¿Qué dijo el Fiscal?

“El Fiscal solicita que la información aportada por su despacho a la reunión no sea dada a conocer aún”, escribió Gaviria Trujillo.

Pero el Fiscal ya le había revelado a distintos periodistas que sus revelaciones secretas eran estas: había informaciones iniciales según las cuales Escobar estaba delinquiendo a sus anchas desde la prisión, a la cual ingresaban y salían personas en un camión de plaza de doble fondo.

Media hora después de haber sido levantada la sesión de la alta dirigencia estatal, el general Murillo llamó al general Pardo Ariza, comandante de la IV Brigada, de Medellín, “y le informa sobre una posible fuga de Pablo Escobar y le imparte las siguientes órdenes:

⁃“Incremento y refuerzo inmediato de las medidas de seguridad y control de la cárcel de Envigado.

⁃“Adelantar un puesto de mando del Batallón No. 4 de Policía Militar al área del centro de reclusión.

⁃“Prohibir subida e ingreso de personas y vehículos al penal.

⁃”Revisar totalmente a visitantes y vehículos que se encuentren al interior de las instalaciones a esa hora”.

“Adicionalmente se le informa de la situación con un vehículo de abastecimientos y la posibilidad de un doble fondo en la carpa o en otro lugar del vehículo”.

El libreto de Los Tres chiflados —que fueron más— ya estaba a plena marcha: por ejemplo, mal podría Pardo Ariza revisar los vehículos “al interior” de la cárcel, pues todavía no se habían “examinado las posibilidades jurídicas de pedir al Ministro de Justicia que solicite al de Defensa ordenar al Ejército que asuma el control interno de la cárcel”.

Pero a la 1 y 30 de la tarde, escribió Gaviria Trujillo: “El Brigadier General Pardo Ariza llega al retén principal de la cárcel y le transmite las órdenes al teniente coronel Espitia. En ese momento es retenido el camión que suministra los víveres a la prisión y se procede a su inspección total”.

Se había pedido a las 12 y 30 “adelantar el puesto de mando del Batallón No. 4 de Policía Militar” —cosa que sonaba coherente— pero, según el documento presidencial, únicamente “se dispone la ubicación de un centinela fijo sobre el puente de tabla que está sobre la cañada”.

También, a la 1 y 30 “se dispone cercar inmediatamente el hueco existente en la alambrada que hay en el lugar, aparentemente producido a consecuencia de un arreglo de una tubería”, mentira de bulto, puesto que el gobierno sabía que los rotos en las mallas eran dos, de unos cinco metros de diámetro cada uno, que el general Pardo Ariza mantenía como parte de su esquema de maniobra de penetración e infiltración, pero, sobre todo, para, supuestamente, tener “acceso visual” a la cárcel.

Como quiera que sea, solamente se ordenó tapar uno de los rotos.

Se armó una discusión entre Pardo Ariza y el coronel Jorge Rodríguez, director de La Catedral, porque adentro está uno de los abogados de Escobar hablando con él, al cual ambos dejaron pasar como si fuera la entrada libre a un centro comercial y el primero reclama, además, porque “hay guardianes que no se han puesto sus uniformes”.

Al comenzar en Bogotá la segunda sesión del Nacional de Seguridad, el ministro de Justicia, dice el Presidente, pide que el Ejército asuma el control interno de La Catedral.

Para ser más claro, transcribo a Gaviria Trujillo: “Por recomendación del Consejo de Seguridad el ministro de Justicia solicitó al de Defensa asumir el control interno del penal”.

“Le solicitó al de Defensa asumir el control interno del penal”, repito y subrayo.

Pero el asunto, inexplicablemente, no quedó arreglado de esa manera.

Pudo ser que el ministro de Justicia no se supo expresar, puesto que esa solicitud tan simple, de acuerdo con el Presidente, la hizo así y por escrito:

"En ejercicio de las facultades propias de mi cargo y en desempeño de las funciones que corresponden al Ministerio de Justicia, requiero de usted su concurso y del Ministerio a su cargo, para tomar todas las medidas necesarias con el propósito de garantizar la seguridad y el orden en el establecimiento penitenciario de alta seguridad en Envigado. Para este propósito le solicito que el Ejército Nacional asuma las funciones de seguridad interna y externa que sean pertinentes en dicho centro carcelario”.

El ministro de Defensa, horas más tarde, después de analizar el pedido con sus asesores inmediatos, dio muestras de haber, por fin, entendido y le hizo llegar la siguiente esquela de respuesta a su compañero de reunión de emergencia, general Murillo, quien deliberaba en el asiento de al lado, según dice el ya tantas veces mencionado informe presidencial:

“Señor General:

“El Ministro de Justicia ha solicitado el concurso del Ejército Nacional para asumir las funciones de seguridad interna y externa del establecimiento penitenciario de alta seguridad en Envigado. Le solicito tomar las medidas que sean apropiadas para atender esta solicitud. Atentamente, Rafael Pardo Rueda, ministro de Defensa Nacional”.

La “Relación y Cronograma” no especificó si el general Murillo firmó una copia de la carta en señal de recibo y si otras dos copias fueron enviadas a la Sección de Archivo del Ministerio de la Defensa Nacional, como constancia del trámite regular que recibió ésta, que podría considerarse —desde el punto de vista jurídico y hermenéutico en cuanto al su valor filosófico concreto, así como del lenguaje cotidiano formal—, como solicitud (“El Ministro de Justicia me ha solicitado...”, “Le solicito tomar...”).

Para cualquier caso, el Presidente, por lo menos, quedó por testigo del pedido, según su propio escrito a los medios de comunicación. No quedó claro, eso sí, si Pardo Rueda, además de firmar puso un sello reglamentario y Murillo otro, al recibir, con el propósito de darle al trámite validez y vida jurídica plena.

“Al recibo de la orden el general Murillo manifiesta la indispensable presencia del jefe de la guardia de prisiones, a efecto de facilitar reglamentariamente el relevo del personal”, continúa Gaviria Trujillo.

Eran las seis de la tarde del 21 de julio de 1992 y el gobierno llevaba ocho horas dándole la vuelta al caso de 15 presos que se habían puesto de ruana el país.

“El Consejo de seguridad examina (¡apenas ahora!) diversas instalaciones militares como posible sitio de reclusión temporal de Escobar. Finalmente, con la participación del Fiscal, se estudia la posibilidad que fuera la Cuarta Brigada (en Medellín, donde Escobar gobierna de vieja data). La Fiscalía ordena a la doctora Ana Montes, Directora Nacional de Fiscales, la tarea de entregarle a la Cuarta Brigada la orden de traslado. El traslado a Medellín de la doctora Ana Montes se llevará a cabo en un avión de la Policía.

“El ministro de Justicia toma la decisión de enviar al viceministro de Justicia y al director de Prisiones que se desplacen a Medellín (no a la cárcel). A su vez el procurador solicita a su delegado en Medellín para que estuviera presente en la entrega del control interno de las instalaciones a la Cuarta Brigada.

“El general Murillo ordena al general Yanine el alistamiento del avión Citation y el desplazamiento de un UH-60 [helicóptero artillado de carga media y bimotor] a Medellín”.

Dice más adelante:

“...Pardo Ariza ordena el desplazamiento de la contraguerrilla urbana hacia la cárcel”, aunque le habían dicho que era el batallón de Policía Militar No. 4, en vez del cual colocó nada más que a un centinela en una cañada.

Pero siete horas y media después de haber recibido la orden de destacar ese batallón “el brigadier general Pardo Ariza se reúne con el teniente coronel Espitia, comandante del Batallón de Policía No. 4, para ratificarle todas las órdenes de reforzar la seguridad interna de la cárcel”.

¿Alguien sabría cuáles eran las órdenes y contraórdenes, civiles y militares, que estaban vigentes en ese momento?

Va tomando cuerpo el disparate y el humor de Los Tres Chiflados. A las seis de la tarde —con la señora Montes a bordo— alza vuelo en Bogotá, hacia Medellín, no precisamente el subsónico avión Citation, (veloz jet-ejecutivo de la Fuerza Aérea destinado preferencialmente al recreo de los generales), sino el helicóptero UH-60, que puede demorar cerca de dos horas en cubrir el trayecto que el otro hace en 20 minutos.

Pasadas las siete de la noche, despega el Citation, con Navas y Mendoza a bordo. Nunca se supo por qué a la señora Montes, la de la Fiscalía, la enviaron en el paquidérmico helicóptero UH-60.

Como desde las diez de la mañana no se había hecho nada concreto y eran las siete de la noche, el general Murillo ordena alistar en Bogotá un avión AC-47 (vetusto cañonero de ataque lateral con ráfaga de fuego continua sobre un mismo punto) “para proveer eliminación sobre el área. Recibida la orden por el general Yanine comunica la orden a la FAC e informa de esto a la Cuarta Brigada para que se coordine el empleo y las frecuencias de enlace. Le informa así mismo a la Brigada que se encuentra en Rionegro disponible un helicóptero UH-60”.

A eso de las siete de la noche llega el Citation al viejo aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín (en el que murió Carlitos Gardel, a las 3 de la tarde del 24 de junio de 1935), y una hora más tarde, más o menos, hace presencia en los alrededores de La Catedral el batallón de Policía Militar. Tardó más de ocho horas en llegar.

El dueto Navas-Mendoza llega a las ocho de la noche a la parte externa del penal y comienzan por recomendarle al general Pardo Ariza que espere más tiempo para hacer la ocupación a la luz del día y Pardo le transmite la inquietud a Murillo y Murillo mantiene firme su directiva de combate. Dice: “que la operación no tiene variación alguna”.

¿Cuál operación?

“El general Murillo le comunica al general Yanine que la primera fase de la operación no tiene cambio y consiste en establecer con Ejército la seguridad interior de la prisión [ocupar, mantener y consolidar]”, según consignó textualmente el Presidente.

Pardo Ariza no ocupa, mantiene ni consolida nada, sino que le informa a Yanine que “se están apagando las luces del penal y que hay inquietud en los reclusos, que éstos se encuentran fuera de las celdas y se observa una indisciplina general”.

El general Pardo Ariza parece aburrido de oír por la radio militar la cantaleta de Yanine y Murillo. No ocupa ni consolida y todo aquello, sino que se pone a comadrear con el director de la cárcel, a través de la reja exterior, clausurada con candado, mientras “el general Murillo ordena que la misión se debe cumplir esa noche y que debe haber más firmeza en la acción”.

El binomio Navas- Mendoza, sin ninguna autorización ni propósito conocido, de pronto entran en la cárcel y allí, obviamente, son secuestrados por los presos, mientras “el General Murillo ordena al General Yanine lo siguiente (de acuerdo con el relato de Gaviria Trujillo):

“Entrar con la contundencia que sea necesaria, estableciendo un plazo mínimo para el cumplimiento de la orden las 23.20 horas.

“Prepararse para iniciar el cumplimiento de la segunda fase, consistente en el traslado de los detenidos a Medellín, a partir de las 01:00 horas del día 22.

“Previendo que el ingreso de los funcionarios podría terminar siendo un secuestro (¡vaya suspicacia!) ordena el alistamiento de las Fuerzas Especiales Urbanas —donde quiera que ellas se encuentren— y de los medios aéreos para su transporte a Medellín”.

A estas alturas, cuando serían las ocho de la noche, las órdenes y proyectos del general Murillo parecían los de un niño jugando a ladrones y policías con un casco de lata en la cabeza y una cajetilla vacía de cigarrillos a modo de micrófono para comunicarse con interlocutores imaginarios, puesto que en adelante pudo haber pedido hasta la intervención de la OTAN y las Naciones Unidas, sin que nadie le hiciera mayor caso.

Dice el Presidente:

“A las 10 y 15 de la noche el general Murillo ordena al General Yanine comunicar a todas las guarniciones del país la orden de alistamiento”, disposición que solamente se utiliza para conjurar guerras civiles o agresiones militares extranjeras. Nunca para controlar a 15 presidiarios alborotados.

El general Yanine, por su parte, le informa el general Murillo que las Fuerzas Especiales Urbanas son bastante especiales: “tienen a esa hora disponible únicamente una cuarta parte de su fuerza”.

Las Fuerzas Especiales Urbanas fueron las mismas que, tres años atrás, había conformado y dirigido el mayor Arnaldo Claudio —del Ejército de los Estados Unidos—, y perpetraron varias masacres a petición del narcotraficante y socio de Escobar José Gonzalo Rodríguez Gacha, para el cual trabajaron no obstante ser el principal organismo de vanguardia de las Fuerzas Armadas (ver los capítulos Altos del Portal y El Juicio).

Como las Urbanas no aparecían por parte alguna, “el general Murillo ordena entonces el alistamiento y desplazamiento de las Fuerzas Especiales Rurales y agilizar la búsqueda y alistamiento de las Fuerzas Especiales Urbanas”.

En consecuencia, Yanine le dice a la FAC que sean dos cargueros de transporte táctico Hércules C-130 los que deberán alistar, a pesar de que no lo han hecho con el primero, pedido horas atrás.

Una hora más tarde, un coronel Peñate de la FAC le informa a Yanine que está listo y disponible uno de los C-130, pero “que no tiene tripulación para el segundo avión”. Buena hora de saberlo: en Bogotá, la capital del país, la Fuerza Aérea no tiene tripulaciones suficientes para una emergencia.

Al filo de la media noche logran reunir, buscando aquí y allá, a un grupo de miembros de las Fuerzas Especiales Urbanas, en Usaquén: “Tres oficiales, ocho suboficiales y 79 soldados. Con ellos el general Murillo le envía al General Pardo Ariza un teléfono portátil de microondas para, así, poder tener contacto directo entre los dos, sin recurrir a la IV Brigada”, escribió Gaviria Trujillo.

Los Especiales disponibles van por grupos hasta el aeropuerto de Bogotá para viajar a Medellín, mientras el comandante encargado de la FAC desde el Centro de Operaciones de esa arma es informado sobre el requerimiento de los dos aviones “y que al parecer se trata del traslado de Pablo Escobar”.

El general Murillo le recuerda al general Pardo que las tropas deben entrar de inmediato y continúa comandando, paso a paso, la toma de la cárcel, que no se ha llevado a cabo. “Cuando el general Pardo confirma que los funcionarios están secuestrados y que están armados los reclusos, el general Murillo ordena aplazar la situación ordenada para las 23.20 (desalojo de la cárcel) y prepararse para un operativo de liberación de rehenes a orden (sic)”.

Lentamente, abatidas por el sueño, a la una de la mañana del 22 de julio se reúnen incompletas en el aeropuerto de Bogotá las Fuerzas Urbanas, “llevando el equipo móvil de microondas”.

“El general Yanine ordena que las Fuerzas Especiales Urbanas queden, de manera inmediata, a órdenes de la Cuarta Brigada”, solamente que no han llegado. No han salido, mejor, de Bogotá.

A las tres de la mañana, después de una ardua búsqueda de tripulaciones, logró conformarse una (piloto, copiloto, navegante, ingeniero de vuelo y maestro de carga) y partieron las Fuerzas Especiales Urbanas en el C-130 número 1001.

A las tres y media de la mañana llegan las Rurales al primer retén militar de la vía que conduce a La Catedral, donde la comedia de Los Tres Chiflados hace reír a mandíbula batiente:

“Las Fuerzas Especiales Rurales llegan al retén No. 1 de la cárcel de Envigado. Tienen inconvenientes de continuar hacia las instalaciones de la cárcel porque no tienen autorización de ingreso al área restringida que debía ser emitida por el Comandante de la Brigada”.

A eso de las cuatro de la mañana las Fuerzas Urbanas aterrizaron en el aeropuerto de Rionegro. Aún estaban a dos horas de camino para llegar a las coordenadas asignadas para el combate.

Por la misma hora las Rurales reciben permiso debidamente diligenciado para proseguir su camino e “instalan un equipo de microondas que permite que el general Pardo y el general Murillo establezcan comunicación directa”. Gracias a esto, Pardo le pudo dar, un par de horas más tarde, el parte con novedad que le tenía reservado: Escobar ya se había ido de la cárcel por entre el hormiguero de militares que habrían tratado de impedirlo.

A las cinco y media de la mañana “llama el general Murillo (muy satisfecho con su radio directo) al general Pardo Ariza para indagar por la posición de las Fuerzas Especiales Rurales.

“El brigadier general Pardo verifica con el coronel Espitia y éste verifica que ya están empezando a llegar (escribió Gaviria Trujillo).

“El general Pardo —agrega— recibe a las Fuerzas Especiales Rurales, las entera de la situación (para el caso de que no hubieran escuchado los noticieros de radio, visto los de televisión y leído los periódicos o recibido los chismes callejeros), les pone en conocimiento la misión a cumplir como fuerza principal en caso que las Urbanas se demoren (¿¡se demoren!?) o como fuerza de apoyo si éstas llegan de manera pronta”, anotó el Presidente.

Amaneció y a las seis de la mañana, con su aparato de radioenlace por microondas, de acuerdo con el Presidente, el general Murillo “emite la siguiente orden:

“Efectuar operación de rescate de rehenes.

“Eliminar toda resistencia armada.

“Establecer la seguridad interna del penal por el Ejército”.

Las Fuerzas Urbanas, felizmente, llegaron en ayunas cuando faltaban unos 10 minutos para las ocho de la mañana y su comandante, un mayor Díaz, le informa a Murillo, según el documento presidencial:

“¡Estamos listos!”.

Y el general Murillo le repite la consigna de rescatar los rehenes, etc., etc., etc.

Díaz lanzó  sobre la cárcel, ahí mismo, la gran operación relámpago de guerra que el mundo esperaba en vilo. Un golpe maestro de infiltración y audacia táctica en tierra. Solamente comparable con el memorable paso del Rubicón del general romano Julio César, en el año 49 antes de Cristo.

Cuentan quienes vieron actuar las tropas al mando de Díaz que aquello fue una extraordinaria demostración de versatilidad, coordinación, coraje, rapidez, disciplina, obediencia, puntualidad, patriotismo, compromiso y empuje. Y las Rurales siempre estuvieron pendientes de apoyar a las Urbanas, en el caso de que hubiera existido la necesidad.

Los pocos presos que no quisieron irse con Escobar, y los guardianes, que acababan de desayunar, no opusieron resistencia de ninguna clase, entregaron las armas y el dueto Navas-Mendoza fue rescatado sin haber sufrido ni un rasguño, gracias a las gloriosas y nunca bien ponderadas Fuerzas Armadas de Colombia, que esa mañana habían cumplido una vez más con su misión histórica de defender la democracia, la institucionalidad y la tradición republicana.

Escobar escapó, naturalmente, pero el Presidente Gaviria Trujillo hizo un descubrimiento de gran valor, que fue objeto de estudio por parte del poder judicial, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, las academias de altos estudios militares  y selectos grupos privados académicos de investigación en ciencias jurídicas, criminológicas y de la corrupción:

“Se estima, con la información disponible de manera preliminar, que la fuga de Escobar se da entre la 1 y las 2 de la mañana, probablemente en el momento en que se fue la luz”.

Fue la hora, precisamente, en la que tuvo lugar el siguiente pormenor: un sargento y dos reclutas hambrientos vieron venir corriendo, cobijada por las sombras de la noche, a una señora que se quedaba sin aire; era tetona, gruñona y de bigote espeso. Resoplaba y sudaba. La seguía un pequeño grupo de hombres hoscos y fornidos. Pronto descubrieron que se trataba de Pablo Escobar y le dejaron continuar su huida al trote por entre todos los batallones y la vegetación frondosa del bosque nativo, a cambio de una olla de desperdicios “con carne, papa con mayonesa, espagueti y mortadela”, según el parte de novedades que las Fuerzas Armadas le presentaron al Gobierno Nacional el 26 de julio de 1992.

El informe militar dirigido al presidente termina con una consigna reglamentaria de guerra: “Patria, honor, lealtad”.