“No hay democracia sin memoria, ni soberanía sin justicia.”
Lo ocurrido con las revelaciones respecto a los audios de Álvaro Leyva no es un simple episodio político. Es una línea de continuidad de la colonialidad del poder que aún nos atraviesa como país. Que un actor político colombiano haya buscado apoyo en el entorno del expresidente Donald Trump para “sacar” al presidente democráticamente elegido de Colombia Gustavo Petro con respaldo de sectores armados ilegales y poderes económicos, es una afrenta estructural al pueblo colombiano. No es solo un acto ilegal: es una agresión simbólica, política y colonial contra nuestra soberanía.
Este intento de golpe blando, ahora expuesto con audios y testimonios, revive la vieja lógica de las élites criollas que históricamente han pactado con imperios para frenar cualquier forma de justicia popular. ¿Cómo es posible que se pretenda normalizar pedirle a Estados Unidos , que es un país que ha patrocinado guerras genocidas, dictaduras, bloqueos económicos y golpes de Estado en el Sur Global y en todo el mundo, que intervenga en nuestras decisiones democráticas internas? ¿Acaso seguimos siendo una colonia en pleno siglo XXI? ¿Es así como Leyva y sus cómplices nos ven?
¿Cómo se puede acudir, además, al entorno de un expresidente como Donald Trump, símbolo contemporáneo del fascismo global, del racismo institucional, del odio contra los pueblos del sur? Un hombre que ha retrocedido décadas en los derechos humanos de las poblaciones históricamente oprimidas, que ha criminalizado migrantes, negado el cambio climático, despreciado a las mujeres, atacado a las diversidades sexuales y promovido políticas supremacistas. Nosotros, como latinoamericanos, fuimos tratados como “delincuentes”, “desechos”, “animales no humanos” por ese discurso. ¿Cómo osan entonces, en nombre de Colombia, tocar esa puerta y ofrecer nuestra soberanía al mejor postor de la extrema derecha internacional?
Este no es solo un crimen político. Es un delito. Y así debe ser juzgado. El artículo 455 del Código Penal tipifica la traición a la patria. El 340 castiga el concierto para delinquir. El 348 sanciona la instigación a delinquir. Y el 468 castiga la conspiración contra autoridades legítimas. Estos actos, además, violan los principios más sagrados de nuestra Constitución: el artículo 1 (Estado Social de Derecho), el artículo 188 (unidad nacional) y el artículo 9 (autodeterminación y soberanía en asuntos exteriores).
La Corte Constitucional, con firmeza, ha dejado claro en sentencias como la C-551 de 2003, la C-141 de 2010 y la C-620 de 2021 que ningún poder fáctico puede subvertir el mandato popular. El pueblo decide, no las élites. Quien pretenda intervenir por la vía de la fuerza, del chantaje o de alianzas ilegales trasnacionales, rompe el pacto democrático que tanto nos ha costado construir.
Y sin embargo, me pregunto con asombro y dolor: ¿cómo es posible que esto no sea el escándalo mayor de nuestra historia reciente? ¿Cómo es que se habla con frialdad de audios donde se menciona al Clan del Golfo y al ELN como “actores del acuerdo nacional para un golpe de Estado”? ¿Por qué tanto silencio institucional, académico, mediático? ¿No importa ya si la democracia se ve amenazada, siempre que el presidente no sea del agrado de algunos sectores?
Esto no se trata de Gustavo Petro. Esto se trata del país. Se trata de los 11 millones de votos de esperanza que hoy están siendo vulnerados. Se trata de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, sindicalistas, excluidos de siempre, que decidieron que ya era hora de gobernar desde abajo, con justicia, con dignidad. Derrocar un gobierno por la vía de la conspiración es silenciar la voz del pueblo.
Lo que se intenta aquí es restaurar el viejo orden. El orden que ha marginado a los nuestros. Que ha perseguido a nuestras lideresas, que ha exterminado nuestras memorias. Que ha arrasado comunidades enteras en nombre de “la institucionalidad” mientras se pactaban guerras y masacres con actores armados y potencias extranjeras.
Rechazo con toda mi fuerza cultural, identitaria, ética, política y personal cualquier intento de golpe de Estado, venga disfrazado de acuerdo, de transición o de salvación. La democracia no se defiende solo cuando nos conviene. Se defiende siempre. Y más aún cuando quienes la encarnan son los hijos de las mayorías históricamente silenciadas.
Llamo a las comunidades, a las personas defensoras de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los pueblos ancestrales, a la juventud que lucha, a las colectivas de mujeres que resisten, a la academia crítica, a la prensa ética y a cada ciudadano con memoria a pronunciarse. A no callar. A no permitir otra alianza entre espadas y micrófonos. Entre fusiles y gabinetes.
Hoy, como ayer, nuestra soberanía sigue en disputa. Pero no tenemos miedo.
La historia no será escrita por los golpistas. Será escrita por los pueblos, por la ética, por la soberanía y por la decolonialidad.
Desde el Caribe Champetúo y Afrocaribeño.
Por la vida, la memoria y la justicia popular.