Entre junio y diciembre de 1996, doce personas fueron desaparecidas y una más fue asesinada en la vereda La Esperanza, en el Magdalena Medio antioqueño, en inmediaciones del municipio de El Carmen de Viboral. Ese año triunfaba la teoría según la cual el Estado era incapaz de hacerles frente a las insurgencias armadas y por eso era necesario establecer ejércitos particulares para la protección de los hacendados y terratenientes de las insurgencias armadas de izquierda como el ELN o las FARC, que practicaban la extorsión y el secuestro como método de financiación o impuesto de guerra.
En esa zona el Ejército Nacional creó la Fuerza de Tarea Águila para hacer control en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de esa vereda, donde actuaron en connivencia con algunas fuerzas políticas regionales, narcotraficantes y ejércitos privados que fueron legalizados como Convivir, presentados como «servicios especiales de vigilancia y seguridad privada» y «servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada», pero que no eran otra cosa que paramilitares que asolaron el país y lo convirtieron en un territorio de masacres y desplazamientos; que además de enfrentar a las guerrillas se constituyeron en un proyecto de captura de tierras y creación de rutas seguras y controladas para el negocio ilegal de narcóticos. De aquello que se vivió en ese entonces y que parece repetirse hoy en algunos lugares de Colombia, aún no logramos reponernos como sociedad.
El periodista Hollman Morris llegó a La Esperanza en 1996 como reportero del noticiero AM/PM, concesionado al desmovilizado M-19. Grabó en una parranda vallenata al jefe paramilitar Ramón Isaza. Le informaron que durante seis meses, de junio a diciembre de aquel año, doce personas, entre ellas dos menores de edad, habían sido desaparecidas y una de ellas asesinada, por considerar que se trataba de colaboradores de la guerrilla. Así se lo dijo Isaza a Morris unos años después en su programa Contravía: «Esos que ustedes llaman campesinos, son guerrilleros. Adonde llega la Autodefensa, mata guerrilleros».
Quienes están hoy aquí en La Esperanza son testigos o tienen la memoria de la terrible injusticia y los padecimientos que ha tenido que atravesar esta comunidad para alcanzar la justicia, la verdad y hoy la reparación de un Estado que debe, como lo hicimos el martes 8 de octubre, en compañía de la alta consejera para las Víctimas, Lourdes Castro; la ministra de Justica, Ángela María Buitrago, y el presidente de la República, quien ha insistido en hacer estos actos con un sentido de memoria y cultura. Este perdón ha tardado veintiocho años.
Los relatos de los hechos de los cientos de masacres ocurridas en los años ochenta, noventa y primera década de este siglo esconden muchas historias particulares que son, en esencia, la verdadera dimensión de una tragedia en un país con más de nueve millones de víctimas. El 21 de junio de 1996, informa Hacemos Memoria, «varios hombres armados llegaron al local comercial de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, lo retuvieron y se lo llevaron. Esa misma noche sucedió la desaparición de Óscar Hemel Zuluaga, de dieciséis años. Aníbal y Óscar fueron señalados por el Ejército de venderles artículos del hogar y suministros a los guerrilleros que hacían presencia en la zona». ¿Quiénes eran Aníbal y Óscar?
El libro Somos quienes creen en La Esperanza, que la comunidad editó, desde la Corporación Jurídica Libertad, y que presentamos hoy, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, precisamente es el primer paso para comprender qué había tras esos nombres que le arrebataron a este lugar para siempre. De Aníbal, un líder comunitario y social que amaba el ajedrez y la filosofía, ese hombre que consideraba que había un conocimiento oculto en nosotros, una suerte de chispa divina que nos permite acceder a aquello imperceptible que podemos llamar lo sagrado. ¿Qué leería Aníbal? ¿Por dónde habrá comenzado su camino en las enseñanzas herméticas? Quizás por ser un hombre convencido de que el humanismo y su contacto con la energía espiritual de las culturas era lo único que podía salvarnos los unos de los otros insistió en hacer frente a esa águila armada que planeaba sobre La Esperanza desde 1994. Óscar Hemel tocaba caja y amaba el vallenato. Tal vez hubiera sido un estupendo músico, o un agricultor, pues recogía caña y café. Aunque no era de la vereda, caminaba haciendo un mandado por la autopista cuando se lo llevaron. El discurso que campeaba entonces y que sigue enconado en ciertas formas de la violencia colombiana es que a uno no lo desaparecen ni lo matan si no ha hecho algo. Los dos eran acusados, como los demás, de ser auxiliadores de la guerrilla.
El 22 de junio de 1996 desaparecieron a los hermanos Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona Quintero, de doce y quince años. Eran dos hermanos. Dos hermanos que jugaban en la autopista. Dos niños colombianos a quienes les gustaba disfrazarse los 31 de octubre, jugar con la panela, ir a la escuela. El 26 de junio de 1996, Irene de Jesús Gallego Quintero fue la siguiente en esta estela de depravación y horror. Era una lectora, campesina, una mujer que sí sabía sembrar café, y que honraba su oficio, aquel que condenaron para siempre los señores de la guerra, cuando decían que los muchachos y las muchachas desaparecidos y asesinados en Colombia algo habrían hecho «pues no estarían recogiendo café». «El 7 de julio, hombres armados desaparecieron al promotor de salud de La Esperanza, Juan Carlos Gallego Hernández, y al campesino Jaime Alonso Mejía Quintero. Horas más tarde asesinaron a Javier Giraldo Giraldo, y su cuerpo fue encontrado en la vereda San Vicente, también de El Carmen de Viboral», informa Hacemos Memoria. Les siguieron Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño y Octavio de Jesús Gallego Hernández. «La noche del 27 de diciembre de 1996, hombres armados y de civil irrumpieron en las casas de Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo, los montaron a una camioneta y no se volvió a saber nada de ellos».
Durante veintiocho años esta comunidad ha sido revictimizada una y otra vez. Cuando sucedieron los hechos, la escuela se cerró. El silenció reinó. Fueron desplazados. Amenazados. Pero la constancia de sus familiares jamás se rindió. Por eso, tras años de actos de memoria y de lucha, el 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por estos hechos. Han pasado ocho años desde entonces y poco a poco, no sin omisiones terribles, procesos inconclusos, hoy llega un acto de perdón pendiente que, como el poema de Wislawa Szymborska, solo debe significar principio y no fin: «Después de cada guerra / alguien tiene que limpiar. / No se van a ordenar solas las cosas, / digo yo». Ellas y ellos han dado la batalla en contra de la desmemoria y han ordenado el mundo. Desde el Ministerio de las Culturas nos sumamos a ese perdón y ofrecemos nuestra mano y nuestro compromiso en establecer el proceso de formación artística y cultural en la vereda, el comienzo de un proyecto colaborativo desde la Coordinación de Artes Plásticas para la realización de un monumento simbólico para que no se olviden estos nombres y trayectorias, y la edición de otro libro que documente la historia de esta comunidad. No pasarán otros veintiocho años. Eso podemos asegurarlo.