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Tribunal revoca fallo y cierra demanda de excomisaria contra el Distrito por error procesal

Sin fijar una cifra específica en el fallo, la excomisaria del llamado “Cartel de la Infancia”, Yaneth Fabiola Castillo y su familia exigían una millonaria indemnización por perjuicios materiales y morales, pretensión que naufragó en segunda instancia porque su defensa interpuso una acción judicial equivocada.

Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, excomisaria II de Familia de Usaquén.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca cerró la puerta a las pretensiones económicas de la excomisaria de familia de Usaquén II, Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, quien demandó a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) por una supuesta persecución laboral y una campaña de desprestigio en su contra durante la pandemia de covid-19.

En una sentencia de segunda instancia, con ponencia del magistrado Franklin Pérez Camargo, la Subsección B de la Sección Tercera revocó la decisión proferida en junio de 2025 por el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá. Mientras el juez de primera instancia había negado las pretensiones por falta de pruebas sobre el acoso laboral, el Tribunal determinó que el proceso ni siquiera podía resolverse de fondo debido a una falla técnica desde su origen: la exfuncionaria escogió una acción judicial equivocada.

Aunque el fallo de segunda instancia no precisó el monto exacto en dinero exigido por la exfuncionaria, sus pretensiones apuntaban a una compensación multimillonaria. En el expediente judicial consta que tanto Castillo Guerrero como su esposo e hijos reclamaron el pago conjunto de perjuicios materiales —ligados a la pérdida de su estabilidad laboral y salarial tras veintitrés años de carrera— e inmateriales, con los cuales buscaban resarcir el daño moral y la afectación a su honra, buen nombre y proyecto de vida.

El litigio tiene su raíz en los hechos ocurridos entre abril y octubre de 2020. Castillo Guerrero, vinculada a la entidad desde 1997, denunció ante los jueces que la Subdirección para la Familia le impuso cargas laborales desproporcionadas para atender servicios virtuales y presenciales sin equipos tecnológicos, personal de apoyo ni elementos de bioseguridad.

A estas quejas se sumó la apertura simultánea de veinticinco procesos disciplinarios en su contra —los cuales finalmente fueron archivados sin hallarla responsable— y un traslado intempestivo ordenado el 21 de octubre de 2020 hacia la comisaría de Tunjuelito. Presionada por estas circunstancias y por reuniones de directivos con usuarias que, según ella, buscaron manchar su reputación profesional y vincularla con el “cartel de la infancia”, la funcionaria presentó su renuncia al día siguiente.

Con base en este relato, Castillo Guerrero y su núcleo familiar acudieron a la justicia mediante una demanda de reparación directa para exigir indemnizaciones por los perjuicios morales y materiales sufridos.

No obstante, la Sala concluyó que el mecanismo judicial elegido era improcedente. Los magistrados explicaron que la acción de reparación directa sirve para reclamar daños causados por hechos u omisiones de la administración, pero no cuando el perjuicio proviene directamente de actos administrativos que regulan una relación laboral pública.

La acción de reparación directa es el mecanismo judicial que permite a cualquier ciudadano exigir al Estado una indemnización económica por los daños sufridos a causa de un hecho, una omisión o una operación irregular de una entidad pública. A diferencia de otras demandas, este recurso no busca anular una decisión oficial escrita, sino obtener una compensación directa cuando la falla del servicio provoca un perjuicio injustificado.

Para el Tribunal, resulta imposible separar las denuncias de hostigamiento de la Resolución 2032 del 25 de octubre de 2020, acto administrativo con el cual la Secretaría aceptó la dimisión de la comisaria. Si la demandante sostenía que su retiro no fue libre sino provocado por presiones indebidas de sus superiores, debió demandar la nulidad de esa resolución y pedir el restablecimiento de sus derechos, vía procesal diseñada por la ley para desvirtuar la presunción de legalidad de las decisiones oficiales.

Adicionalmente, la corporación confirmó la negativa del juzgado de primera instancia a decretar veinte testimonios y declaraciones de parte solicitados por la defensa de la exfuncionaria. El fallo señaló que estas pruebas resultaban redundantes, pues las declaraciones ya constaban en las transcripciones de los expedientes disciplinarios anexados al proceso.

Al declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, el Tribunal dejó sin efectos el análisis de fondo previo y condenó a la parte demandante al pago de costas procesales en segunda instancia, fijadas en un salario mínimo legal mensual vigente.