Una denuncia ciudadana conocida señala directamente a Jesús Hernando Garrido Boscán, exsecretario de Educación del departamento de Arauca y condenado por delitos contra la administración pública, como presunto responsable de la compra de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá, supuestamente adquirido con recursos de origen ilícito derivados de la contratación del sector educativo.
El exfuncionario es padre de la actual representante a la Cámara Lina María Garrido Martín, circunstancia que otorga a la denuncia una especial relevancia pública, dado el vínculo directo con una congresista en ejercicio.
De acuerdo con un correo electrónico que circula entre periodistas y fuentes institucionales, el inmueble estaría ubicado en la carrera 47 con calle 123, en el sector de Batán, una de las zonas residenciales de mayor valorización de la capital. La denuncia sostiene que la propiedad habría sido puesta a nombre de un tercero con el fin de ocultar su verdadero origen y titularidad.
El señalado como supuesto testaferro es Nelson Albey Tirado Nossa, esposo de la representante Lina María Garrido Martín y, para la época de los hechos, funcionario activo de la Policía Nacional.
El mensaje asegura que dicho apartamento correspondería al lugar de residencia de la congresista en Bogotá, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos utilizados para su adquisición. Según el denunciante, Garrido Boscán no contaba con ingresos conocidos que permitieran justificar la compra de un bien inmobiliario de ese nivel, teniendo en cuenta que su trayectoria laboral se habría limitado a cargos como docente y secretario de Educación departamental.
Los señalamientos adquieren especial gravedad si se tienen en cuenta los antecedentes judiciales y fiscales del exfuncionario. En 2017, Jesús Hernando Garrido Boscán fue condenado por los delitos de contratación sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación, relacionados con un contrato de dotación educativa celebrado en 2008.
Posteriormente, en 2018, la Contraloría General de la República lo destituyó e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos, tras hallarlo responsable fiscalmente por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados al sector educativo durante las vigencias 2007 y 2008.
El denunciante afirma que la información sobre la compra del inmueble es veraz y que proviene de una fuente muy cercana al entorno familiar de Lina María Garrido Martín. Sin embargo, hasta el momento no existe pronunciamiento público de la congresista, de su esposo ni del exfuncionario condenado frente a estas acusaciones, ni se ha confirmado si la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación u otros organismos de control.
Este medio aclara que los hechos aquí descritos provienen de una denuncia ciudadana y que cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal solo puede ser establecida por autoridades competentes mediante decisiones en firme. No obstante, por la gravedad de los señalamientos, los antecedentes del principal implicado y el vínculo directo con una congresista en ejercicio, el caso plantea interrogantes de alto interés público que ameritan un esclarecimiento institucional oportuno.
