Jorge Noguera abrió la puerta oculta que tiene la oficina de la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para ingresar al búnker que está construido para la seguridad del jefe de turno. Lo hizo para revelar sus secretos. Allí, la primera semana de enero de 2005, recibió por la tarde a un periodista de la revista Cromos y al fotógrafo Nelson Sierra, que iban a publicar un perfil sobre el hombre que manejaba el organismo de inteligencia y seguridad estatal, que depende y recibe instrucciones directamente de la Presidencia de la República.
Los reporteros tenían el privilegio de ingresar a un lugar que ni siquiera los detectives del departamento de inteligencia podrían abstraer. En el misterioso sitio, ubicado en el piso 9 del edificio de la dirección general del DAS en Bogotá, los estaba esperando, además, Jimmy Nassar, uno de los mejores amigos de Jorge Noguera, y a quien él mismo nombró como asesor de la dirección para la creación de grupos operativos en la entidad.
Orgulloso de la dignidad de su cargo, Noguera comenzó la entrevista revelando su pasión por las armas. “Si yo no estuviera armado, hace rato estaría bajo tierra. Soy fanático a las armas porque amo la libertad”, le dijo a los periodistas. Entonces les empezó a mostrar su colección que incluye, entre otras, una pistola Glock .40 y una escopeta Remington, equipos de largo alcance con los que duerme bajo la almohada y debajo de su cama, respectivamente. Jorge Noguera admitió que sólo se separa de su armamento cuando entra a la ducha porque en un cargo como el suyo “sentirse perseguido es una constante”.
El cubrelecho se convirtió en una exposición militar acompañada por una cruz cristiana, que estaba colgada en la pared central del búnker, a la que él mismo le encomendaba el éxito de las operaciones que tenía la política de “seguridad democrática” para el DAS. El director fue revelando más secretos. Cruzado de brazos y con un suspiro exclamó: “si contáramos lo que sucede aquí día tras día la gente no podría dormir”. Así quedó publicado en la edición No. 4.533 de la revista Cromos del 10 de enero de 2005. El medio de comunicación perfiló a Jorge Noguera como un hombre que “no concibe la vida sin una pistola al cinto”.
Antes de despedir a los periodistas, Jorge Noguera aseguró que gracias al beneplácito del presidente Uribe se crearon grupos tácticos de alta inteligencia con el objetivo de anticiparse a los hechos que atentan contra la seguridad nacional, con esa estrategia “el DAS estaba a la altura del FBI y la DEA. Yo mismo decidí qué armas debíamos adquirir”, puntualizó.
Quizá, si Jorge Noguera hubiera sospechado que el desenlace de su gestión en el DAS le daría 25 años de prisión al ser condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 14 de septiembre de 2011 —seis años después de renunciar a dirección del organismo—, luego de hallarlo responsable del asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis y de poner al organismo al servicio del paramilitarismo, no se hubiera atrevido a sugerirle a la revista Cromos que lo que lideraba en el DAS era una verdadera pesadilla que no dejaría dormir a los colombianos. Tampoco habría dejado fotografiar su afición por las armas[1].
Jorge Aurelio Noguera Cotes tenía 39 años cuando fue llamado por el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez para dirigir la central de inteligencia que trabajaría paralelamente con las Fuerzas Militares y la Policía para garantizar el éxito de la política de seguridad democrática, la principal bandera del gobierno.
Mediante el decreto 1865, el 16 de agosto de 2002 se posesionó en el cargo de director del DAS, nueve días después de que Uribe asumiera la primera magistratura del Estado. En ese momento, Noguera aceptó el reto de hacer inteligencia para garantizar la victoria militar frente a los grupos terroristas, especialmente la guerrilla de la FARC, que, según el mandatario, era la principal amenaza y problema del país. Noguera compartía con Uribe la misma animadversión contra la guerrilla y el temor que les generaba Hugo Chávez en Venezuela.
Al director del DAS se le había encomendado la función de ejecutar la agenda de requerimientos del presidente de la República sobre asuntos relativos a la seguridad nacional y la inteligencia del Estado y los cursos de acción estratégicos, necesarios para el desarrollo del programa del gobierno de turno.
Noguera, un abogado samario que había estudiado en la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en derecho público de la Universidad Externado de Colombia, recibía el aplauso del presidente para dirigir el rumbo de la policía secreta, sin embargo, algunos amigos de Uribe, como Pedro Juan Moreno —su secretario de gobierno cuando fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997—, señalaron que el nuevo director del DAS no tenía la destreza para el cargo, pese a que posteriormente Noguera y Moreno se convertirían en aliados para los planes de inteligencia estatal.
A mediados del año 2001, cuando Álvaro Uribe empezó a conformar el grupo de su campaña de presidencial para el 2002, llamó a Juan Carlos Vives Menotti, gobernador del Magdalena entre 1997 y 2000, a quien conoció en el Congreso en los años 90 y entabló una amistad. Le hizo la propuesta de unirse a su campaña, pero Vives le respondió a Uribe que, como había terminado su periodo como gobernador, podría quitarle votos en vez de sumarle dadas “las medidas de choque que adoptó durante la crisis financiera y social del departamento”, según él mismo le contó al periódico El Tiempo en abril de 2006. Entonces, Vives Menotti postuló a Jorge Noguera, quien fue su secretario general en la Gobernación, para que trabajara como gerente de la campaña de Álvaro Uribe en Magdalena.
Noguera había hecho carrera en Santa Marta, especialmente, en el sector privado asesorando jurídicamente a entidades bancarias como Davivienda, Granahorrar y el Banco de Occidente. También había trabajado como secretario general de la Sociedad Portuaria Regional del Magdalena y asesor de la Gerencia de Puertos de Colombia. Aunque Jorge Noguera era un apasionado por las armas y en sus ratos libres le gustaba disparar, no tenía conocimientos laborales en estrategias de defensa o temas de seguridad, por eso el círculo más fiel al presidente Uribe se sorprendió cuando éste lo posesionó como el jefe del DAS.
Sin embargo, Vives Menotti no era la única relación de amistad que tenían en común Álvaro Uribe y Jorge Noguera. A la campaña electoral también se unió como codirector el empresario de licores de la Costa Atlántica, Raúl Montoya Flórez, de quien se supo años después —por una investigación de El Espectador— que recibió, entre abril y noviembre de 1986, cinco cheques por 56 millones de pesos (una suma que a precios de hoy podría superar los $1.500 millones) de la cuenta del cambista del Cartel de Medellín, Luis Carlos Molina Yepes, de la que giró la plata para pagarle a los sicarios que cometieron el magnicidio de don Guillermo Cano Isaza, el director de El Espectador, perpetrado el 17 de diciembre de 1986, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
El 17 de septiembre de 2014, 28 años después del crimen del periodista Cano Isaza, durante un debate en el Congreso de la República, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro reveló que Álvaro Uribe Vélez fue miembro principal de la junta directiva de la empresa Comfirmesa, compañía controlada por Luis Molina Yepes para hacerle los torcidos al Cartel de Medellín. Dicha junta fue nombrada por acta No. 3 del 8 de marzo de 1983, registrada el 29 de abril, en el libro 9, folio 162, bajo el número 2.621. La Cámara de Comercio de Medellín certificó al entonces saliente alcalde de Medellín Álvaro Uribe en el cargo el 19 de septiembre de ese año, documento que ha tratado de desvirtuar el ex presidente para negar sus vínculos con el testaferro del Cartel de Medellín que desembolsó los tres millones y medio que se le entregaron a los asesinos materiales del crimen del director de El Espectador.
Con estos antecedentes desconocidos en la época, el candidato a la presidencia Álvaro Uribe conformó su equipo para su campaña “Mano firme, corazón grande” en el Magdalena. Así se configuraron las relaciones que llevaron al abogado Jorge Noguera Cotes a la dirección del DAS que, una vez al mando, vinculó a María Claudia Montoya —la hija del comerciante Raúl Montoya— como asesora internacional del organismo.
Otra de las primeras designaciones que hizo Jorge Noguera como director de la policía secreta de la Presidencia, fue la elección del ingeniero de sistemas Rafael Enrique García Torres, como jefe de informática del DAS, quien también era oriundo de Santa Marta. Noguera y García trabajaron juntos para llevar a Uribe al Palacio de Nariño. El primero le decía cariñosamente a García ‘viejo Rafa’ y el segundo, en tono amistoso, ‘viejo George’.
El único departamento de la Costa Atlántica donde triunfó el candidato Uribe en las presidenciales de 2002, fue precisamente en el Magdalena. Mientras que su contrincante del partido Liberal, Horario Serpa Uribe, obtuvo 105.205 votos, es decir, el 43.4% del caudal electoral, Álvaro Uribe Vélez, del movimiento Primero Colombia, consiguió 8.607 sufragios más, es decir, 113.812 votos. Con el 46.9% Uribe se consagró con los samarios ese domingo 26 de mayo de 2002.
Cuando estalló el primer escándalo del DAS en 2005 por la filtración del paramilitarismo al interior del organismo, el jefe de informática Rafael García encendió un ventilador que reveló, entre otros hechos, el fraude electoral que se realizó en ese departamento para conseguirle votos a los candidatos al Congreso de la República que apoyaron a Álvaro Uribe a la Presidencia.
Ante la Corte Suprema de Justicia, el ingeniero García Torres —quien se convirtió en el eslabón clave para desmantelar cómo el DAS estaba al servicio de las autodefensas— explicó que se había producido un “fraude monumental” en las elecciones presidenciales de 2002 aportándole al candidato Uribe más de 300 mil votos en el norte del país, práctica ideada, según García, por Rodrigo Tovar Pupo Moreno, alias ‘Jorge 40’, jefe paramilitar del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para garantizarle las curules a los candidatos que él apoyó y, de esa forma, también asegurar la victoria de Uribe en las presidenciales, candidato con que el se sentían a fin ideológicamente los paramilitares.
Desde 1999, los paramilitares se reorganizaron en el norte del país como respuesta a la negociación de paz que adelantó el gobierno del presidente Andrés Pastrana con las FARC, iniciada en 1998. La estrategia regional de ampliación de las AUC no solo incluía el control territorial sino la conformación de grupos con sectores políticos que correspondían a la demanda de sectores pudientes a nivel local que se pusieron de acuerdo con Carlos Castaño a que se organizara una autodefensa similar a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), en los departamentos del César, La Guajira, Norte de Santander y Magdalena, justificando esa alianza por el acoso de las guerrillas de las FARC y el ELN en esa región[1]. A partir de ese momento, caciques políticos empezaron a buscar a los paramilitares para que los apoyaran en sus campañas al Congreso, alcaldías locales y asambleas.
Rafael García le contó a la revista Semana[2] los secretos que se escondían en el DAS, durante la era de Jorge Noguera. Frente a las campañas políticas para las que trabajó antes de ingresar al organismo de inteligencia, el ingeniero dijo que elaboró un programa de cómputo que sirvió para alterar los resultados electorales en los departamentos que ‘Jorge 40’ trazó como objetivo político de las AUC, es decir, La Guajira, Cesar, Magdalena y Norte de Santander.
“Se organizó un fraude electoral para llevar a unos candidatos de preferencia del Bloque Norte de las AUC al Congreso”, dijo el experto en informática. En el caso del Magdalena, se trataba de los candidatos a la Cámara de Representantes Jorge Luis Caballero, del partido Liberal; José Rosario Gamarra Sierra, de Cambio Radical; y Alfonso Antonio Campo Escobar, del partido Conservador. Al senado, los candidatos apoyados por ‘Jorge 40’ fueron: Salomón Saade, Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives Lacouture.
El fraude funcionó así: José Gamarra buscó a Rafael García para pedirle que analizara la posibilidad de ver cómo podrían para garantizar la votación sin que la gente fuera a las urnas. García planeó una estrategia con Enrique Osorio de la Rosa, un hombre que trabajó durante 18 años en la Registraduría Nacional y que conocía el modus operandi. “Él lo que dijo fue —aseguró García— hay que buscar los nombres de los votantes en cada mesa para que los jurados puedan incluirlos en los tarjetones y suplantar a los electores. Lo que se hizo fue un programa de computador que cargaba el censo electoral”.
Entonces dividieron el departamento por regiones para repartirlas a las tres fórmulas al Senado y la Cámara que el bloque Norte de las AUC apoyaría en el Magdalena para los comicios de 2002. A Jorge Caballero y a Salomón Saade le correspondieron los municipios de Sitio Nuevo, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Fundación, Tenerife, Plato, Zona Bananera, Aracataca y El Retén. Para José Gamarra y Dieb Maloof las poblaciones de Pivijay, Zapayán, Salamina, Remolino, San Ángel, Algarrobo, Chibolo, El Difícil y también Fundación. A la alianza Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar se le entregaron las poblaciones de El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Santa Ana, Pinto, Pijiño y Granada.
Osorio de la Rosa consiguió los cuatro censos electorales del Cesar, Magdalena, La Guajira y Bolívar, fueron sustraídos de Bogotá y pagaron cuatro millones por cada uno. “Ese programa cargaba los censos y mostraba mesa a mesa cada puesto de votación de los municipios que se quisiera manipular”, aseveró García. El listado de la identidad de los votantes de cada municipio son datos confidenciales de la Registraduría, era imposible que fueran de acceso público, pero cayeron en manos de Rafael García. “Esos listados se les entregaron a los candidatos y ellos se los repartieron a los jurados que ellos habían designado y que las autodefensas obligaron a los registradores a que los nombraran”, señaló García. Los paramilitares cobraron 800 millones de pesos por cada cabeza de lista al Senado y 400 millones por las de Cámara de Representantes.
Horas antes de culminar la jornada electoral, los jurados cogieron los tarjetones y los empezaron a marcar a favor de los candidatos que había escogido ‘Jorge 40’, suplantando a las personas que no fueron a votar ese día por temor a ser intimidados por los paramilitares que custodiaron las elecciones en esos municipios del Magdalena. Ese domingo 10 de marzo de 2002 se proclamaban como congresistas electos a los candidatos del Bloque Norte.
Cumplido el objetivo de garantizar el fraude electoral que llevó al Congreso a los candidatos del Bloque Norte, el para la época representante electo José Gamarra le dio instrucciones a Rafael García de incorporarse a la campaña de Álvaro Uribe que gerenciaba Jorge Noguera para convertirse como auditor de sistemas frente a la Registraduría Nacional.
El encuentro de Noguera y García en la campaña a la Presidencia de 2002 fue el inicio de una amistad y complicidad entre dos personajes que repotencializaron los vínculos entre paramilitares, políticos y agentes del Estado.
El ingeniero Rafael García también confesó que como todos los candidatos a que a los que él les ayudó en la trampa electoral “apoyaban al doctor Álvaro Uribe Vélez en su aspiración presidencial, este fraude fue repetido para las elecciones presidenciables aportándole al candidato Uribe Vélez aproximadamente 300.000 votos sin los cuales este candidato no hubiera triunfado”.
Uribe ganó las elecciones presidenciales de 2002 en primera vuelta con el 53% de la votación. Obtuvo 5.862.655 votos, mientras que Horacio Serpa alcanzó 3.514.779, el 31% de los votos válidos. Si al resultado logrado por Uribe se le restaran los 337.085 sufragios que sacó en César, Córdoba, La Guajira y Magdalena, hubiese tenido que ir a segunda vuelta para disputar la presidencia con Serpa.
En el diálogo con Semana, García hizo una salvedad. “Yo no he dicho que el doctor Uribe buscó ese fraude. Lo que dije fue que esos señores, el mismo fraude que hicieron para elegirse ellos, lo repitieron para aportarle votos al presidente”.
‘Jorge 40’, a través de Rafael García, y Álvaro Uribe con Jorge Noguera consolidaban su propósito electoral que le daba inicio a la era de la “seguridad democrática”.
Más adelante el rompecabezas se conformaba al interior del DAS. El ex registrador Enrique Osorio de la Rosa, que había colaborado con el fraude electoral, terminó trabajando como informante del DAS con salario de seis millones de pesos mensuales. Noguera quería nombrar a Osorio como director seccional del organismo en Magdalena pero no pudo hacerlo porque éste no tenía título profesional.
[1] ZÚÑIGA, Priscila. “Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena”. Capítulo V del libro: “Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos”. INTERMEDIO, Corporación Nuevo Arco Iris, Colombia, 2007, pág: 249.
[2] Revista SEMANA. “Entrevista exclusiva con Rafael García”. 4 de abril de 2006, Bogotá.
[1] Informe realizado por la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. “La Pesadilla del DAS”. Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario. Diciembre de 2006. Págs. 7 – 8. Bogotá.
ChuzaDAS: Ocho años de espionaje y barbarie. Escrito por Julián F. Martínez. Derechos reservados Penguin Random House. Páginas 17-26- Bogotá, Colombia
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