Este caso ha sido denunciado en Estados Unidos ante la Securities and Exchange Comisión –SEC–, encargada de vigilar la moralidad de las empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Nueva York.
La empresa Tecnifiltros de Colombia Limitada descubrió en 2014 que de su cuenta corriente número 272-09158-8, del Banco de Bogotá, le fueron sustraídos 406 millones de pesos. El dinero salió por medio de 18 cheques endosados ilícitamente, de aproximadamente 20 millones cada uno. No funcionó ninguno de los sistemas de alarma y control del banco.
Una de las cuatro modalidades principales de lavado de activos que se practican a través de la banca es la transferencia fraccionada de grandes sumas de dinero. Esto tiene el propósito de tratar de evadir el umbral de reporte que en Colombia es de 10 millones de pesos. No obstante, en el caso de Tecnifiltros las 18 transacciones estuvieron por encima de ese valor, pero antes de pagarlas ninguna fue confirmada con la empresa de cuya cuenta salió el dinero con cheques que llevaban firmas falsas. Las transacciones tampoco fueron soportadas por el Banco de Bogotá, cuyos mecanismos de defensa y seguimiento fallaron en este caso durante 17 meses continuos. Nunca funcionó tampoco la Matriz de Riesgo Operativo del propio Banco para el proceso de pago de cheques.
Los sistemas de control y alarma que fallaron ese banco está obligado a mantenerlos activos sobre todos y cada uno de los movimientos de dinero que registra. Esto permitió que los 406 millones de Tecnifiltros pasaran apaciblemente a la cuenta de nómina, en el mismo Banco de Bogotá, de María Fernanda Rojas Nassif, en la que antes del fraude continuado solamente solía ingresar el dinero correspondiente a un salario mínimo que la titular ganaba como empleada de Tecnifiltros. Ninguno de los 18 movimientos ilícitos ni todos ellos en su conjunto despertaron nunca ninguno de los sistemas de alarma que el banco está siempre obligado a mantener activos. Ellos son el Sistema Administrativo para Detectar el Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el Sistema Administrativo del Riesgo Operativo (SARO) y el Control Interno (CI).
Las tres mallas de control y seguridad –obligatorias para todos los bancos en Colombia– han debido detectar que los 18 cheques falsificados en los endosos con los que salieron fondos de la cuenta de su cliente Tecnifiltros y entraron a la cuenta de nómina de María Fernanda Rojas Nassif, constituyeron operaciones sospechosas e inusuales que han debido investigar y reportar a la Superintendencia Financiera y a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nada de esto ocurrió.
La empresa familiar Tecnifiltros fue constituida el 27 de abril de 2001 por medio de la escritura pública número 0001778, de la Notaría 2 de Bogotá. Su fundador y dueño principal, Celso Cobos Carrillo, reconocido empresario, reclamó en vano por el fraude ante el Banco de Bogotá, la Superintendencia Financiera y la justicia civil. También acudió a la justicia penal y esta sí, por medio de la Juez Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de febrero de 2016 condenó solamente a Fernanda Rojas Nassif por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado. La sentencia fue confirmada el 25 de octubre del mismo año por el magistrado Álvaro Valdivieso Reyes, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
El fraude sucesivo contra Tecniofiltros fue denunciado por esta empresa en la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, entidad que se desentendió del caso al negar la admisión de la demanda por desprotección al usuario y ordenó su archivo, a pesar de tener plena competencia. La demanda de Tecnifiltros ante la Superintendencia Financiera fue subsanada y nuevamente rechazada por parte de Claudia Patricia Grillo Trujillo, Superintendente Delegada Para Funciones Jurisdiccionales, quien virtualmente carecía de competencia para ello. Esta funcionaria también negó de plano los recursos de reposición y apelación mediante auto No. 2015110974- 007-000, del 29 de diciembre de 2015.
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene represadas un millón 348 mil siete quejas puestas por los colombianos contra el sistema financiero durante 2018. Las represadas durante el primer semestre de 2019 son 657 mil 937, para un gran total de dos millones cinco mil 944. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
Actualmente cursa un proceso de Tecnifiltros contra el Banco de Bogotá. Se tramita en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá (radicado No 2016-000162) por fallas en la protección al consumidor financiero. Este caso comenzó en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, al que le fue retirado.
Daniel Marín, en calidad de gerente de la oficina del Banco de Bogotá en la que ocurrieron los delitos, durante la primera audiencia en el mencionado Juzgado Séptimo, reconoció que, evidentemente, “el sistema falló”.
Las 18 operaciones no fueron identificadas por el Banco de Bogotá como inusuales o sospechosas y si acaso las identificó no las reportó a Tecnifiltros –dueño del dinero– para que pudiera oponerse al pago. Tampoco dio aviso a la UIAF.
El director de la Oficina Jurídica de UIAF, Andrés Augusto Díaz, mediante oficio No. 51862, del 25 de septiembre de 2018, se negó de manera enfática e insólita a entregarle información que le requirió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito acerca de si el Banco de Bogotá le envió a él reportes sobre los fraudes ocurridos en este caso.
Pedro Ángel Preciado Villarraga, Revisor Fiscal del Banco de Bogotá, en oficio del 22 de enero de 2019, también rehusó entregar información exigida por el mismo Juzgado Séptimo Civil. Tal información fue requerida para comprobar si él fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones ineludibles de denunciar el fraude financiero contra Tecnifiltros y reportar las operaciones sospechosas a la UIAF como actividades ordinarias y obligatorias de sus funciones en el banco.
Por su parte, Juan Camilo Maldonado Quiroga, jefe de litigios del Banco de Bogotá, obstaculizó al máximo posible la práctica legal de pruebas para un peritaje de auditoría forense financiera, ordenado por el juzgado civil.
El plazo asignado por el juez para practicar la auditoría fue del 3 de septiembre de 2018 hasta el 19 de octubre del mismo año. Maldonado Quiroga entorpeció ese trabajo alegando la protección de la reserva bancaria y de esa manera pudo ocultar información. Así quedo consignado en la Auditoría Forense Financiera practicada al Banco de Bogotá en su dirección general, entre el 3 y el 19 de octubre de 2018, por parte de la auditora forense más importante de Colombia: Luz Mercedes Cevallos.
El informe oficial de Luz Mercedes Cevallos, por otra parte, hoy sirve de prueba en Estados Unidos dentro de una denuncia instaurada contra el Grupo Aval (dueño del Banco de Bogotá) el pasado 5 de septiembre ante la estatal Securities and Exchange Comisión (SEC). Tal dictamen también obra como prueba dentro del Proceso de Protección al Consumidor Financiero de Tecnifiltros de Colombia Ltda. en contra del Banco de Bogotá que lleva la Juez Octava Civil del Circuito de Bogotá.
La SEC, cuya función es la de vigilar la moralidad de todas las empresas del mundo que cotizan sus acciones en la Bolsa de Nueva York, lleva otra investigación contra el Grupo Aval por malos manejos y lavado de activos en operaciones de pago de sobornos en connivencia con la multinacional brasileña Odebrecht. Esto se relaciona con la contratación ilícita tomada por ambas empresas para construir obras públicas en Colombia.
El Grupo Aval entró a la Bolsa de Nueva York en 2014 y debido a ello está sujeto al control de la SEC.
Las fallas reportadas por la auditora Luz Mercedes Cevallos fueron confirmadas por el ex presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren, uno de los dos abogados que representa a Tecnifiltros en el proceso civil de consumo financiero.
“El hecho significativo de lo ocurrido en el caso indicado consistió en que el banco de Bogotá permitió que el Cuentahabiente No. 272 09158-8 literalmente fuera robado en la suma de 406 millones de pesos por fallas en los sistemas administrativos del Banco para detectar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo comúnmente conocido bajo las siglas SARLAFT”, declaró a La Nueva Prensa el ex magistrado Gómez Aranguren.
“Lo correspondiente a la descripción de los hechos –prosiguió– mostró que una funcionaria de muy bajo nivel de la empresa indicada libró cheques por más de un año, en un hecho que subsume el delito de hurto continuado, para trasladar dineros de la empresa hacia su cuenta de ahorros, sin que los dispositivos de alerta de la institución bancaria respondiera al inusual depósito de significativas sumas de dinero en cuentas de nómina a las que ordinariamente solo ingresa el salario mínimo. Estas omisiones del banco revelan el carácter poroso de los dispositivos para identificar ingresos sospechosos, lo cual nos condujo a iniciar un proceso de responsabilidad civil por daños económicos y morales, pues las deficiencias anotadas condujeron a no solo el descalabro económico de Tecnifiltros, sino a graves afectaciones a la salud del accionista mayoritario de la empresa”.
Para Gómez Aranguren, “desde el punto de vista probatorio y técnico, quedó demostrado en el proceso penal adelantado ante el Juzgado 50 Penal del Circuito, el delito cometido por la empleada que sin que el Banco lo percibiera, realizó la ejecución del hurto continuado”.
“En la actualidad está pendiente de definir el pronunciamiento de primera instancia contra la institución bancaria”, finalizó.
El segundo abogado de Tecnifiltros es Joseph Vanegas, quien declaró para este reportaje: “Dentro del proceso en contra del Banco de Bogotá se perdieron las copias de la demanda, se utilizó la Reserva Bancaria como mecanismo para ocultar el fraude financiero, se limitó la auditoría forense financiera, se desvió el sentido de los informes requeridos por la autoridad judicial al auditor interno, no se presentó al testimonio el oficial de cumplimiento, fueron destruidos los 18 cheques en el proceso penal y actualmente es dilatado el proceso civil al quitarle por competencia el conocimiento al Juez Séptimo Civil del Circuito, doctor Sergio Iván Mesa Macías”.
Mientras llevaba el proceso contra el Banco de Bogotá, Joseph Vanegas trabajaba como abogado de la petrolera chilena Organización Terpel, posición de la cual, según denuncia, fue despedido arbitrariamente por petición del banco de Bogotá. En efecto, el 22 de marzo de 2018 Ruth Dueñas Gil, Gerente Banca Corporativa de la Vicepresidencia Banca Empresas del Banco de Bogotá, envió un correo electrónico a Terpel desde la cuenta RDUENAS@bancodebogota.com.co. En él solicitó a la Organización Terpel –en nombre del área jurídica del banco–, la información laboral reserva de Joseph Vanegas, la cual le fue entregada sin autorización de él, con lo cual se violó el Habeas Data. Luego, el 21 de marzo de 2019, Mercedes Carrasquilla, Vicepresidente de Talento Humano de Terpel y hermana del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla –ex miembro de la junta directiva del Banco de Bogotá–, despidió a Vanegas sin justa causa.
Celso Cobos Carrillo, fundador de Tecnifiltros, enfermó en medio de los litigios y los abusos impunes del banco y el Estado contra él y su familia y el 21 de julio de 2018, murió.
