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A lo largo de la vigencia 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanzó de manera sostenida en la consolidación del régimen de protección de datos personales en Colombia, mediante la expedición de instrucciones sectoriales, la actualización del marco normativo y la apertura del debate legislativo para modernizar la Ley 1581 de 2012. Las decisiones adoptadas reflejan una estrategia institucional orientada a responder a los retos que plantea la transformación digital, la transferencia de tecnología y el uso de inteligencia artificial.
El 19 de septiembre de 2025, la SIC emitió instrucciones específicas sobre el tratamiento de datos personales en el sector Fintech, uno de los ecosistemas con mayor crecimiento y mayor exposición al uso intensivo de información personal y financiera.
La Superintendencia identificó que estas plataformas, al operar con modelos digitales, automatizados y basados en análisis de datos, presentan riesgos elevados para los derechos de los titulares si no cuentan con medidas adecuadas de seguridad, transparencia y responsabilidad. Por ello, las instrucciones se enfocaron en reforzar el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012, en particular los relacionados con la finalidad del tratamiento, la circulación restringida de la información, la seguridad de los datos y el deber de información hacia los usuarios.
Esta acción marcó un precedente en la supervisión sectorial de la protección de datos, al adaptar las obligaciones generales de la ley a las particularidades de un sector caracterizado por la innovación tecnológica y el uso de herramientas de análisis avanzado de datos.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2025, la SIC avanzó en otro frente estratégico al emitir instrucciones para la protección de datos personales en los procesos de transferencia de tecnología, mediante una circular externa dirigida a los actores que participan en este tipo de operaciones.
La entidad advirtió que la transferencia de tecnología, tanto a nivel nacional como internacional, implica con frecuencia el intercambio de bases de datos, información personal y conocimientos técnicos que pueden afectar los derechos de los titulares si no se gestionan adecuadamente. En ese sentido, la circular estableció criterios claros sobre las responsabilidades de quienes transfieren o reciben tecnología, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, confidencialidad y cumplimiento normativo.
La importancia de esta medida radica en que reconoce la transferencia de tecnología como un proceso clave para la competitividad y la innovación, pero subraya que dicho desarrollo no puede desligarse de la protección efectiva de los datos personales ni de las obligaciones legales vigentes en Colombia.
Seguido a ello, el 12 de noviembre de 2025, la SIC dio un paso decisivo al liderar la discusión técnica sobre la reforma a la Ley 1581 de 2012, norma que constituye el pilar del régimen de protección de datos personales en el país.
En este contexto, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley orientado a actualizar la normativa vigente, con el fin de ajustarla a los cambios tecnológicos, a los nuevos modelos de negocio digitales y a los estándares internacionales en materia de protección de datos. La Superintendencia asumió un rol activo en este proceso, aportando análisis técnicos y promoviendo un debate informado sobre los alcances de la reforma.
La discusión se centró en la necesidad de fortalecer los derechos de los titulares, actualizar las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento y dotar al país de un marco normativo capaz de responder a fenómenos como la economía de datos, la automatización y el uso masivo de información personal.
La hoja de ruta se consolidó el 20 de noviembre de 2025 con la publicación del estudio titulado “Insumos para la actualización del marco jurídico de protección de datos personales colombiano frente a los retos generados por la Inteligencia Artificial”.
El documento, de carácter comparado, analiza experiencias regulatorias internacionales y evalúa los impactos que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener sobre la privacidad y los derechos fundamentales. La SIC identificó riesgos asociados al tratamiento automatizado de datos, como la opacidad algorítmica, la toma de decisiones sin intervención humana y el uso extensivo de información sensible.
Con este estudio, la Superintendencia aportó insumos técnicos para la actualización del marco normativo y anticipó la necesidad de incorporar principios como la responsabilidad demostrada, la transparencia y la supervisión efectiva de los sistemas basados en inteligencia artificial.
El balance de las actuaciones de la SIC durante 2025 evidencia una estrategia institucional coherente y escalonada: primero, la regulación de sectores específicos como el Fintech; luego, la intervención en procesos complejos como la transferencia de tecnología; posteriormente, el impulso a la modernización legislativa y, finalmente, la anticipación a los retos que plantea la inteligencia artificial.
Estas acciones reflejan el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad técnica y reguladora en materia de protección de datos personales y consolidan una visión en la que el desarrollo tecnológico y la innovación deben avanzar de la mano con la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos.
