La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia expresó su “profunda preocupación” tras la confirmación de la masacre de siete menores de edad, víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal, durante el desarrollo de hostilidades en el departamento del Guaviare.
Según información recibida por la ONU de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre las víctimas hay tres niños y cuatro niñas que murieron mientras eran utilizados por el grupo armado como parte de un objetivo militar. Los niños habían sido reclutados por la banda narcotraficante conocida como Estado Mayor Central del asesino alias Iván Mordisco. Las Fuerzas Militares bombardearon a un grupo de esos delincuentes a sabiendas que había menores de edad.
En una serie de comunicados, la ONU condenó de manera categórica el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, y recordó que esta práctica constituye una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño, así como una infracción al Derecho Internacional Humanitario. “Los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano”, señaló la organización.
El organismo internacional subrayó que el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por Colombia en el año 2000, prohíbe explícitamente el reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales. Además, recordó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica este hecho como crimen de guerra.
La ONU llamó al Estado colombiano a reforzar medidas de prevención, fortalecer la protección de menores en zonas de alto riesgo y adoptar todas las acciones necesarias para impedir el reclutamiento forzado. También exhortó a las Fuerzas Militares a que sus labores de inteligencia e identificación de objetivos “incluyan una evaluación rigurosa para evitar afectaciones a niños y niñas reclutados por actores armados ilegales”.
El gobierno, bajo la presidencia de Gustavo Petro, asumió la responsabilidad política de la operación, indicando que las acciones militares contra grupos armados siempre conllevan un riesgo. En días anteriores, el ministro de Defensa Pedro Sánchez había dicho que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, una declaración que generó un rechazo aún mayor por omitir la condición de víctima de los menores reclutados forzosamente.
Finalmente, la ONU expresó sus condolencias a las familias de los menores fallecidos y reiteró su disposición para acompañar al Estado en la protección de la niñez frente a las dinámicas del conflicto armado.
