Un documento radicado ante el despacho de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Garzón, solicita abrir de manera inmediata una indagación penal objetiva y especializada. El escrito, interpuesto por el abogado Augusto Ocampo, advierte sobre la posible operación de una red transnacional de intervención digital y financiación clandestina que habría impactado la reciente contienda presidencial colombiana de 2026.
La solicitud judicial pone bajo la lupa la presunta utilización de ejércitos de cuentas automatizadas, granjas de bots y flujos de capital opaco. Según los argumentos expuestos, la democracia nacional no puede tolerar la distorsión sistemática de la voluntad ciudadana a través de operaciones foráneas, perfiles falsos o recursos de origen ilícito.
El epicentro de las sospechas recae sobre el estratega político argentino Fernando Cerimedo, quien actualmente afronta reclusión judicial en Bolivia por procesos paralelos de enriquecimiento ilícito y otras causas. Pericias forenses practicadas por autoridades de ese país al teléfono celular e infraestructura incautada al consultor habrían revelado información de interés regional.
Ante este panorama, la petición ante el ente acusador demanda solicitar copias de las actas de allanamiento, historiales de billeteras de criptoactivos y peritajes informáticos desarrollados en el vecino país. El objetivo principal consiste en determinar si existieron contratos, giros financieros o coordinación operativa con actores políticos, contratistas o empresas tecnológicas en territorio colombiano.
La denuncia aclara enfáticamente que no atribuye responsabilidad penal automática a ninguna persona, limitándose a pedir la verificación legal de indicios. Entre los nombres citados para corroborar posibles nexos figuran el empresario español Javier Negre, así como figuras y firmas vinculadas a portales digitales y servicios reputacionales, tales como Juan Ricardo Palacio Escobar y Andrea Baggio.
Asimismo, el recurso pide examinar los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial, auditar cuentas de redes sociales mediante metodología científica neutral y requerir explicaciones a plataformas tecnológicas sobre pautas publicitarias y redes de difusión inauténtica.
La Fiscalía General de la Nación deberá ahora evaluar el contenido de la noticia criminal, definir la conexidad con posibles radicados previos y activar los mecanismos de cooperación internacional necesarios para esclarecer la verdad de los hechos.
