WASHINGTON D.C. — La luna de miel ideológica entre la administración de Donald Trump y el recién electo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, ha tropezado frontalmente con el Capitolio estadounidense. En una ofensiva legislativa sin precedentes recientes hacia el principal aliado de la región, un sector mayoritario del Congreso de los Estados Unidos ha introducido tres severas enmiendas a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) para el año fiscal 2027. Las iniciativas buscan condicionar de manera drástica, revisar y, eventualmente, suspender los multimillonarios programas de asistencia en seguridad y cooperación militar que Washington mantiene con Bogotá.
El detonante de este sismo diplomático radica en las graves denuncias sobre reconocidos vínculos de De la Espriella con escuadrones de la muerte, conocidos como ejércitos paramilitares de extrema derecha, específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —catalogadas oficialmente por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera en el año 2001—. Esta ofensiva del legislativo estadounidense, liderada principalmente por congresistas de la bancada demócrata, responde de manera directa al temor de que la asistencia militar norteamericana termine financiando o legitimando a un ejecutivo salpicado por alianzas criminales y con un marcado discurso institucional en contra de las políticas de derechos humanos.
Esta nueva presión legislativa ocurre tras la revelación de una carta reciente firmada por 11 congresistas de Estados Unidos, quienes solicitaron formalmente abrir investigaciones contra el presidente electo Abelardo de la Espriella por graves asuntos penales. En la misiva, los parlamentarios no solo denunciaron la presunta interferencia de la Administración Trump en los comicios colombianos, sino que exigieron poner bajo la lupa los supuestos vínculos de De la Espriella con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero en territorio estadounidense.
La primera y más contundente de las enmiendas fue radicada este miércoles por el influyente congresista Jesús “Chuy” García, representante demócrata por el estado de Illinois. El texto legal establece de forma taxativa una doctrina de estricta supervisión legislativa. De acuerdo con la disposición, es la posición formal del Congreso que cualquier programa de asistencia y cooperación militar con gobiernos extranjeros, cuyos altos funcionarios presenten “vínculos creíbles” con el paramilitarismo debe someterse de forma obligatoria a una auditoría profunda.
El articulado exige expresamente evaluar que los recursos fiscales procedentes de los contribuyentes estadounidenses no beneficien “de ninguna manera” a las AUC o a cualquiera de sus letales bandas sucesoras. Esta medida impacta directamente la línea de flotación de la administración entrante colombiana, cercada por acusaciones que ya se ventilan en los pasillos de Washington.
La iniciativa de García ocurre apenas una semana después de que once miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. enviaran una durísima misiva formal. En dicha carta, los parlamentarios no solo denunciaron una presunta interferencia de la Casa Blanca, bajo la influencia de Donald Trump, en el desarrollo de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Colombia, sino que pusieron por escrito las serias imputaciones penales que pesan sobre Abelardo de la Espriella. Además del nexo directo con los escuadrones de autodefensas, la misiva detalló profundas preocupaciones en torno a supuestas actividades de lavado de activos llevadas a cabo por el mandatario electo dentro del sistema financiero de los Estados Unidos.
Acuerdo de Paz de 2016 como eje de la seguridad nacional
El segundo frente de contención legislativa aborda la viabilidad de la paz en el territorio colombiano. El propio representante Jesús “Chuy” García introdujo una segunda enmienda que eleva el Acuerdo Final de Paz de 2016, firmado entre el Estado de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC-EP, a la categoría de interés estratégico prioritario para la seguridad nacional estadounidense.
Mediante una declaración formal de hallazgos institucionales, el Congreso determina que los acuerdos de paz representaron un “hito histórico y de gran valor” para la estabilidad continental, recordando que Washington ha invertido considerables sumas de dinero público en subsidiar y blindar su implementación. En consecuencia, la enmienda advierte severamente que cualquier intento de revertir, congelar o desmantelar los avances alcanzados en la reforma rural integral, la seguridad de los excombatientes y la justicia transicional “pondría en riesgo los intereses de seguridad nacional tanto de Colombia como de Estados Unidos”.
Esta advertencia es una reacción directa a las promesas electorales y posturas doctrinarias del presidente electo De la Espriella, quien ha mantenido históricamente una posición de frontal hostilidad hacia lo pactado en La Habana. Desde la perspectiva de Washington, la retórica abolicionista del nuevo mandatario frente al marco institucional de la paz desataría un nuevo ciclo de violencia sistémica y desestabilización fronteriza que colisiona con las metas de seguridad de los Estados Unidos en la región andina.
Las enmiendas emergen justo cuando ambos países pactaban una radical expansión en su cooperación de defensa. Bajo el pretexto ideológico compartido entre Trump y De la Espriella, se había anunciado con bombos y platillos la incorporación de Colombia al denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad hemisférica. Sin embargo, los legisladores de Washington alertan que esta reactivación del militarismo sin controles reproducirá fielmente los episodios más oscuros del Plan Colombia, donde los multimillonarios flujos de ayuda militar coincidieron de manera directa con un auge de crímenes de Estado.
La tercera enmienda, acaso la más ambiciosa en términos de fiscalización histórica, ha sido promovida conjuntamente por las figuras de la izquierda demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y Greg Casar (Texas). Esta normativa ordena directamente al Departamento de Estado la redacción y entrega obligatoria de un informe detallado e histórico centrado en el comportamiento de las Fuerzas Militares de Colombia durante un periodo de treinta años (1980–2010).
La propuesta legislativa exige desclasificar e investigar exhaustivamente la inteligencia disponible referente a tres áreas críticas: la participación directa de militares en masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; los vínculos operativos de las FF.MM. en el desarrollo de ofensivas conjuntas con bloques paramilitares; y la comisión sistemática de ejecuciones extrajudiciales bajo la macabra doctrina de los llamados “falsos positivos” entre los años 2002 y 2008. Asimismo, se pide indagar en las alianzas entre sectores castrenses y corporaciones privadas para la prestación de servicios corporativos de seguridad privada que devinieron en crímenes contra la población civil.
Lo verdaderamente crucial de la enmienda de Ocasio-Cortez y Casar es la exigencia de un “mea culpa” institucional: el Departamento de Estado deberá analizar rigurosamente si el financiamiento, entrenamiento, apoyo logístico y las transferencias de armamento pesado entregadas por el Pentágono durante el auge del Plan Colombia actuaron como un catalizador o contribuyeron directamente a la perpetración de tales atrocidades. El documento obligará a determinar con nombres y apellidos si las unidades militares violadoras de los derechos humanos eludieron la rigurosidad de las Leyes Leahy (Sección 620M de la Ley de Asistencia Exterior), diseñadas específicamente para prohibir la ayuda a tropas criminales.
Fuentes legislativas de primer nivel en Washington han confirmado que el paquete de enmiendas será sometido a debate y votación formal en el pleno del Congreso de los Estados Unidos en las próximas dos semanas. La única vía para frenar este mecanismo de fiscalización recae en un bloqueo coordinado por parte del ala más radical del Partido Republicano, una maniobra que, según analistas del Capitolio, tendría un altísimo costo político debido a la contundencia de las alegaciones criminales ventiladas.
En términos geopolíticos profundos, estas iniciativas traducen un viraje drástico en el consenso bipartidista que históricamente cobijó la relación Washington-Bogotá. Para los legisladores demócratas, el anunciado enfoque de “mano dura” institucionalizado por Abelardo de la Espriella, sumado a su reiterado desdén por el derecho internacional humanitario, obliga al Congreso estadounidense a erigirse como un muro de contención. La supervisión sobre los fondos de seguridad ya no se asume como una mera formalidad burocrática, sino como una urgencia de primer orden para evitar que las armas norteamericanas terminen al servicio de una restauración paramilitar en la nación sudamericana. Las cartas están sobre la mesa y las próximas dos semanas definirán el futuro de la alianza estratégica más antigua del continente.
