La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- adoptó medidas cautelares para transformar la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur en espacios de memoria histórica. La orden fue impartida este 15 de abril, en respuesta a una solicitud presentada por Helena Urán Bidegaín para reparar el daño causado durante los hechos del Palacio de Justicia.
El tribunal emitió el Auto SAR AI 026 de 2026 bajo la conducción del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. Esta decisión judicial responde de manera directa a la petición de Helena Urán Bidegaín, quien busca la protección y conservación de sitios clave relacionados con la toma y retoma de la sede judicial en noviembre de 1985. El proceso cuenta con el impulso constante de la Fundación Carlos Urán, entidad que promueve la dignificación de las víctimas y la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán y las demás personas afectadas por estos crímenes.
La determinación de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad marca un hito en la justicia restaurativa de Colombia. El documento oficial establece que la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur deben dejar de ser vistos solo como inmuebles institucionales o depósitos de restos para convertirse en camposantos y sitios de conciencia. Helena Urán, en representación de su familia y con el respaldo de la fundación que honra la memoria de su padre, insiste en que esta transformación es un punto de relevancia vital que solo la justicia transicional puede lograr de manera integral.
La ruta trazada por el tribunal incluye una serie de antecedentes procesales que demuestran la complejidad del caso. Desde junio de 2023, cuando se radicó la solicitud inicial, Helena Urán resalta la necesidad de que estos espacios permitan los procesos de duelo que el Estado ha postergado por décadas. La Fundación Carlos Urán trabaja para que el daño causado a los sobrevivientes y a los familiares de quienes fallecieron o desaparecieron en el edificio de justicia sea reconocido de forma pública y permanente.
Dentro del marco de este auto judicial, se ordena la coordinación de un trabajo interinstitucional sin precedentes. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y diversas entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi deben sumar esfuerzos para que la resignificación de los sitios sea técnicamente viable y financieramente sostenible. La peticionaria señala que este esfuerzo no puede ser una imposición estatal, sino el resultado de un diálogo democrático, plural e incluyente que recoja las voces de todos los afectados.
Uno de los puntos más sensibles de la noticia es la intervención en la Casa del Florero. Durante las reuniones de alistamiento, se propone la adecuación de una sala permanente que aborde los hechos del Palacio de Justicia desde una perspectiva de memoria histórica. El objetivo es que el museo sea un escenario de reflexión pública y visibilización de lo ocurrido, especialmente en relación con los actos de tortura y desaparición forzada que, según los informes, tuvieron lugar en ese recinto. Helena Urán recalca que estas acciones deben evitar el paternalismo y permitir que los familiares de las víctimas de la cafetería, así como de los magistrados y empleados, definan el contenido de los mensajes conmemorativos.
En cuanto a las Caballerizas del Cantón Norte, el proceso de diálogo con el Ministerio de Defensa revela la importancia de la reparación simbólica. Las propuestas bajo estudio contemplan cátedras de memoria, exposiciones y recorridos que ayuden a la sociedad a comprender la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en instalaciones militares. La Fundación Carlos Urán vigila que estos ejercicios de memoria posean coherencia con los estándares de justicia transicional y que su impacto sea perdurable en el tiempo.
El Cementerio del Sur también es objeto de especial atención en esta medida cautelar. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y otras entidades forenses participan en la identificación de medidas que permitan honrar a quienes fueron sepultados allí de manera irregular o sin el debido proceso de identificación. La intención de Helena Urán es que este lugar recupere su carácter sagrado para las familias y se transforme en un punto de encuentro para la verdad.
La noticia resalta que Helena Urán Bidegaín manifiesta de forma clara su interés en que este proceso sea diferente a las acciones de memoria emprendidas en el pasado por el Estado. Ella busca que las actividades culturales y artísticas, así como el diseño de los nuevos espacios, propicien el debate en torno al holocausto del Palacio de Justicia. Su labor al frente de la Fundación Carlos Urán busca romper el silencio y la exclusión de muchas voces que, a pesar de su dolor, no se sienten invitadas a los actos oficiales de conmemoración.
El magistrado Sánchez Sánchez dispone que las oficinas de Justicia Restaurativa y de Memoria Institucional de la JEP mantengan un cronograma estricto para la ejecución de estas órdenes. El proceso cuenta además con la asesoría de expertos internacionales y consultores técnicos para asegurar que la intervención en los inmuebles respete su valor patrimonial al tiempo que cumple su función reparadora. La participación de Helena Urán en las mesas técnicas asegura que el componente humano sea el eje central de cada decisión administrativa y arquitectónica.
Con la firma de este auto, la República de Colombia da un paso firme hacia la satisfacción de los derechos de las víctimas. La Fundación Carlos Urán y Helena Urán logran que el Estado asuma la responsabilidad de cuidar, proteger y conservar estos tres lugares de memoria. La noticia cierra con la expectativa de que el aniversario número cuarenta de los hechos del Palacio de Justicia cuente con nuevos espacios de verdad que dignifiquen la memoria del magistrado Carlos Urán y de todas las personas que perecieron en uno de los episodios más oscuros del país. La justicia transicional reafirma así que la memoria es una herramienta indispensable para la no repetición de la violencia.
