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La declaratoria de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro, adoptada en medio de un delicado panorama fiscal, abrió un nuevo capítulo de confrontación institucional en el país. Aunque la Constitución establece con claridad los procedimientos y competencias frente a los estados de excepción, el presidente del Senado, Lidio García, anunció su intención de convocar sesiones extraordinarias de control político durante el receso legislativo para cuestionar el decreto presidencial, una decisión que, de concretarse, sería abiertamente inconstitucional.
El presidente de la República acudió a la figura de la emergencia económica amparado en el artículo 215 de la Constitución, que le otorga la facultad de expedir decretos con fuerza de ley cuando sobrevienen hechos graves que amenazan el orden económico. El decreto fue firmado por el mandatario y todos los ministros, como lo exige la norma, y tiene como objetivo conjurar una crisis fiscal que, de no atenderse, podría derivar en el incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado.
Según la Constitución, el control político no es inmediato ni discrecional: el gobierno debe primero agotar el término de la emergencia y, solo después de ello, convocar al Congreso para presentar un informe motivado sobre las causas y las medidas adoptadas. A partir de ese informe, el Legislativo puede evaluar su conveniencia y oportunidad dentro de los plazos establecidos. Así lo dispone expresamente la Constitución y lo desarrolla la Ley 137 de 1994.
En ese contexto, la iniciativa de Lidio García no constituye un legítimo debate con el Ejecutivo, sino una extralimitación de funciones. Al intentar anticipar un control que aún no procede, el presidente del Senado desconoce el orden constitucional y vulnera el equilibrio entre los poderes públicos. No se trata de una diferencia política, sino de una actuación contraria a las reglas que rigen los estados de excepción en Colombia.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la convocatoria y recordó que “el Congreso solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales claramente definidas (pandemias, terremotos, ausencias de transporte). El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida”.
Más allá del debate jurídico, la movida del presidente del Senado respondería a una estrategia política con claros intereses electorales. Desde su llegada a la presidencia de la corporación, García ha mantenido una postura de oposición sistemática frente a las iniciativas del Gobierno, convirtiendo el Senado en un escenario permanente de obstrucción al programa de gobierno por el que votaron la mayoría de colombianos. La convocatoria contra el decreto de emergencia se inscribe en esa misma lógica: levantar una nueva talanquera al Ejecutivo, aun cuando ello implique desconocer la Constitución.
Este tipo de actuaciones no solo tensionan la relación entre los poderes del Estado, sino que tienen efectos directos sobre la ciudadanía. El bloqueo institucional en un momento de crisis fiscal limita la capacidad del Estado para responder de manera oportuna y responsible, mientras mina la democracia que eligió a este gobierno con un mandato claro de transformación.
