Tras la histórica decisión del Tribunal Superior de Antioquia de condenar al paramilitar Santiago Uribe Vélez por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, el foco de la justicia se traslada ahora a la hacienda La Carolina, en Yarumal, Antioquia, el latifundio identificado en el fallo como centro de operaciones de la banda de asesinos “Los Doce Apóstoles”.
La condena de segunda instancia —que revocó la absolución previa— sienta una base legal para que la Fiscalía General de la Nación impulse la extinción de dominio del inmueble, al demostrarse que fue utilizado para la comisión de actividades ilícitas y de Lesa Humanidad.
La sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal (Radicado T.S.A.2024-2718-5) es explícita al detallar el papel de la hacienda en el actuar criminal. Por una parte, el Tribunal confirmó que Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió el grupo armado ilegal que, precisamente, operó desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, convirtiéndose en sede paramilitar y base para llevar a cabo un “plan de exterminio sistemático contra personas consideradas ‘indeseables’ o presuntos auxiliadores de grupos subversivos en la región”, entre 1990 y hasta 1998.
La extinción de dominio es un proceso judicial autónomo en Colombia que permite al Estado despojar a las personas de bienes cuyo origen o destinación se encuentre relacionado con actividades ilícitas. Al probarse en una sentencia penal de segunda instancia que ‘La Carolina’ fue el instrumento y el escenario para la dirección de una estructura paramilitar y la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, se cumple el requisito fundamental para que el bien sea declarado improcedente y pase a manos del Estado.
La aplicación de la extinción de dominio sobre la Hacienda ‘La Carolina’ se convertiría en una medida de reparación simbólica y material para las víctimas de “Los Doce Apóstoles” y un paso firme en la lucha contra la criminalidad organizada. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Extinción de Dominio, podrá apoyarse en esta condena para asegurar que la hacienda, que sirvió de plataforma para el crimen, sea destinada a fines sociales, en cumplimiento con la ley colombiana.
