La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH) lanzó una fuerte advertencia sobre la situación crítica que enfrentan los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en Colombia, al revelar que desde 2016 han sido asesinados 383 líderes comunales debido a su labor social, lo que representa el 44% de los homicidios verificados de líderes sociales en el país.
La denuncia fue presentada por Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia, durante su intervención en la Mesa Nacional de Seguridad con organismos de acción comunal, celebrada este martes en Bogotá. En su alocución, Campbell expresó condolencias a las familias de las víctimas y alertó sobre el grave riesgo que enfrentan estas organizaciones de base en medio del conflicto armado y el control territorial ejercido por actores armados ilegales.
Cifras alarmantes y tendencias preocupantes
Según datos presentados por la ONU, entre 2016 y agosto de 2025 se verificaron 383 homicidios de miembros de JAC, de los cuales 355 eran hombres y 48 mujeres. Aunque se ha observado una ligera disminución en los últimos años —con 105 casos en 2023 y 89 en 2024—, el panorama sigue siendo preocupante. Solo entre 2024 y lo que va de 2025, ya se han confirmado 64 asesinatos de líderes comunales.
Los departamentos más afectados por esta violencia son Antioquia (44 casos), Norte de Santander (42), Putumayo (36), Cauca (35) y Valle del Cauca (26), con concentraciones importantes en municipios como Cúcuta, Montañita, Tame, Argelia y Puerto Asís.
Responsables: Grupos armados y estructuras criminales
Campbell señaló que los principales responsables identificados son grupos armados no estatales, incluyendo disidencias de las FARC (29 casos), el ELN (14), el grupo armado EGC (2), Segunda Marquetalia (2) y Comandos de Frontera (2). También se atribuyen homicidios a grupos criminales y estructuras del narcotráfico, mientras que en 9 casos no ha sido posible identificar a los autores.
La ONU también documentó numerosos casos de amenazas, desplazamientos forzados y ataques físicos o digitales, que han llevado a la renuncia masiva de miembros de JAC en ciertas regiones, así como intentos de cooptación y suplantación por parte de actores armados ilegales.
Riesgo electoral y control social violento
La violencia se intensifica, según Campbell, en contextos de disputa territorial, especialmente en regiones donde los grupos armados buscan imponer su control mediante normas, castigos y presión violenta sobre los líderes comunales. “En muchas zonas, los miembros de las JAC se encuentran atrapados entre bandos armados, siendo víctimas de estigmatización e intimidación”, advirtió el representante de la ONU.
De cara a las próximas elecciones comunales, la ONU manifestó especial preocupación por el posible aumento de ataques y coacciones, tal como ha ocurrido en ciclos electorales anteriores.
Recomendaciones para frenar la violencia
La ONU propuso una serie de siete recomendaciones clave para fortalecer la prevención y protección de los líderes comunales:
- Sostener la Mesa Nacional de Seguridad mediante reuniones periódicas y planes de acción medibles.
- Crear mesas territoriales para evaluar riesgos locales con participación comunal efectiva.
- Establecer un mecanismo de reacción rápida ante amenazas, involucrando al Ministerio del Interior, Fiscalía, Fuerza Pública y autoridades locales.
- Incluir rutas diferenciadas para las JAC dentro de la Política Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos.
- Fortalecer las rutas colectivas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), especialmente en municipios de alto riesgo.
- Coordinar con la Fiscalía el seguimiento a casos emblemáticos de homicidio contra líderes comunales.
- Incluir a las JAC en espacios formales de diálogo entre la sociedad civil y el Estado.
Una comunidad en el centro del conflicto
Finalmente, Campbell subrayó que las Juntas de Acción Comunal son “el rostro visible de la organización comunitaria en Colombia” y que su debilitamiento no solo pone en riesgo a sus miembros, sino a toda la estructura de participación ciudadana en los territorios.
“La protección de las JAC no es solo un asunto de derechos humanos, sino una condición esencial para la construcción de paz en Colombia”, concluyó.
