Este artículo fue publicado originalmente en la versión digital del diario francés Le Parisien el sábado 28 de noviembre de 2020 (VER AQUÍ).
El 10 de diciembre, fecha del aniversario de la adopción de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, se presentará una petición ante la Corte Penal Internacional para exigir «la intervención inmediata de este tribunal» en Colombia ante el «exterminio de personas que trabajan en favor la justicia social y el respeto al medio ambiente». Al origen de este SOS, José Cuesta, de 59 años, quien trabajó con Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, líder de Colombia Humana y un puñado de activistas de este partido de izquierda.
«Hasta la fecha se han cometido 76 masacres (Nota del editor: al 22 de noviembre)», denuncia José Cuesta. «Y el 95% de los asesinatos de líderes sociales o indígenas, defensores del medio ambiente, desmovilizados de las Farc, quedan impunes. Si el mundo entero no mira a nuestro país, nos seguirán matando.»
Desafortunada coincidencia u obstáculo a la campaña «Las vidas colombianas también cuentan», el 21 de noviembre las cuentas de Twitter y direcciones de correo electrónico utilizadas para difundir la información de esta petición, fueron atacadas.
En este contexto, a medida que la concentración de la información en poderosos grupos financieros despierta cada vez más desconfianza, las amenazas contra periodistas de medios alternativos o independientes socavan aún más el ejercicio de la democracia.
Los panfletos de Las Águilas Negras, una oscura organización paramilitar, aparecen regularmente en las noticias. Políticos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas… ven sus nombres adjetivados con burdos calificativos y su sentencia de muerte en listas ampliamente difundidas. En la más reciente, dos “acostumbrados” en estas siniestras publicaciones: el líder de izquierda Gustavo Petro, que se había enfrentado al actual presidente Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, y Gustavo Bolívar, senador por el mismo partido de oposición.
Entre los periodistas amenzados se encuentra Hollman Morris, candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2019 por la Colombia Humana – movimiento político del cual 17 activistas han sido asesinados desde finales de 2016, la mitad de ellos en 2020, entre ellos un periodista y defensor de derechos humanos-. Morris, de 50 años, tres veces galardonado con el Premio Simón-Bolívar, la ONG Human Rights Watch y el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg entre otros y quien hoy dirige el Tercer Canal, un medio digital con 150.000 suscriptores en YouTube, «con 4 millones de visualizaciones en octubre, que promueve la defensa de los acuerdos de paz de 2016, la constitución de 1991 y los derechos humanos en general.»
Exiliado en España a finales de la década de 1990 con la ayuda de Amnistía Internacional, luego de ser objeto de un ultimátum del sanguinario líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, Morris volvió a encontrar refugio en el extranjero en 2010, «luego de ser etiquetado por el expresidente Álvaro Uribe como aliado del terrorismo», dijo al diario francés Le Parisien; esto, en un país donde los sectores de la oposición son frecuentemente presentados como alternativas extremistas.
«Luchamos todos los días para que la anormalidad que reina en Colombia no se convierta en una rutina. Para no acostumbrarnos a las amenazas… aunque tengo una colección completa de ellas. Todos estos ultimátum van en detrimento de nuestra democracia. Denunciar al gobierno no debería ser sinónimo de riesgo.»
"Defender el estado de derecho"
Contagio Radio también está en la lista de las Águilas Negras. Su director, Elkin Sarria, admitió al diario Le Parisien haber sido «víctima de perfilamiento y escuchas ilegales durante diversos operativos ilegales de inteligencia llevados a cabo por el Ejército», además de amenazas de muerte por parte de las Águilas Negras. «Sin embargo, no tenemos conocimiento de una investigación en curso sobre estos hechos.»
Ante la pregunta de qué puede conducir a esta persecución, el director editorial señala que su emisora abrió micrófonos a Iván Cepeda, el senador de izquierda quien a su vez ostenta la calidad de víctima en el proceso judicial que se sigue contra el expresidente Uribe, bajo arresto domiciliario este verano, por manipulación de testigos en este caso, así como lo ha hecho para hablar sobre el caso Santiago Uribe, quien se defenderá de la creación del grupo paramilitar de los “Doce Apóstoles” ante un tribunal en enero de 2021, así como la agenda de la emisora enfocada en la promoción del Proceso de paz y la palabra ampliamente difundida de las víctimas de la violencia.
«Los seis periodistas de la estación trabajan teniendo cuidado. Porque uno no se acostumbra a las amenazas», insiste él. Más que esperar que un día «los órganos estatales actúen para garantizar el respeto del Estado de Derecho, denunciar los hechos fuera del país puede ayudar a cambiar esta situación.»
Periodistas, políticos y ONG chuzados
El reciente giro de la revista Semana, conocida desde hace tiempo por la pluralidad de voces allí expresadas, y la salida de varios periodistas que mostraban distancia con el gobierno actual, no tardó en materializarse. En su portada, el rostro angelical de la nueva perla, Tomás Uribe, hijo del expresidente, presentado como un probable relevo de la derecha para las próximas elecciones. Esta misma revista reveló en mayo el escándalo de las escuchas y perfilamiento contra decenas de periodistas, miembros de la oposición y ONG’s, por parte de los servicios de inteligencia del Ejército de Colombia.
Están surgiendo nuevos medios digitales, pero sus periodistas se ven amenazados regularmente. Quizás el más emblemático de ellos sea Daniel Mendoza, autor de la miniserie documental “Matarife”, transmitida en redes sociales entre mayo y agosto de 2020, centrada en la historia de Álvaro Uribe Vélez.
«Hemos ganado todas las demandas», celebra el cofundador de La Nueva Prensa, también abogado, en el centro de una polémica en este país tan polarizado. Hace unos meses, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por la falta de medidas serias tomadas para protegerlo, así como a Diana López Zuleta, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, todos periodistas del mismo Medio y quienes vienen revelando investigaciones y pruebas que demostrarían la compra de las elecciones en favor del hoy presidente Duque ,con dineros del narcotráfico, en varias regiones del país.
«Un gobierno de narcotraficantes»
El 31 de marzo, junto con el periodista de investigación Gonzalo Guillén, Mendoza presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para investigar este tema (conocido como la Ñeñepolítica), y solicitar la prisión preventiva del expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez «para evitar que manipule testigos, como ha ocurrido en otros procesos penales en su contra, o que ejerza presión sobre ellos».
La FLIP poseía una grabación en la que miembros de un grupo delictivo planeaban su asesinato. «Si tuviera que volver a hacerlo, no cambiaría nada, lo asumo todo», dijo Daniel Mendoza a nuestro diario, aún condenado en la clandestinidad, desde hace siete meses, para proteger su vida.
De el lanzamiento de su miniserie, que se ha vuelto viral y vista por millones de internautas en todo el mundo, ha realizado una versión documental que se estrenará en unas semanas en francés. «Tenemos un gobierno de narcotraficantes y esta verdad debe traspasar las fronteras de nuestro país» concluye la figura destacada de la oposición civil y mediática a la derecha en el poder.
