El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, presidió una rueda de prensa en la que presentó el Mapa de Impunidad respecto de los delitos asociados a la corrupción en Colombia, el cual reveló índices casi absolutos de impunidad que se reproducen en los 32 departamentos del país y en su capital, Bogotá. El Mapa fue construido con base en la información pública del Sistema Penal Oral Acustario (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación y su análisis se basó en las denuncias interpuestas ante esta Entidad por casos relacionados con corrupción administrativa entre 2010 y 2023. El 94% de las denuncias recibidas por la Fiscalía en los últimos trece años no presentan avances y la tendencia a la impunidad se ha acrecentado sigificativamente del 2019 a la fecha.

El pasado 17 de julio, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dio a conocer el trabajo que ha venido realizando en materia de investigación, seguimiento y lucha contra la corrupción administrativa en el Estado. La información publicada pone en evidencia un sistema judicial casi completamente inoperante en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos asociados con la corrupción. Entre estos, el Mapa destaca que entre los más comunes se encuentra el Peculado por Apropiación, la Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, Concusión y Cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo a los hallazgos, San Andrés es la región de Colombia con el peor índice de impunidad, superando el 99% de casos por corrupción denunciados en los que la Fiscalía General de la Nación no ha presentado avances en materia de investigación. Mientras tanto, el departamento con “mejores” estadísticas en lucha contra la corrupción es Risaralda, que aún así mantiene el alarmante índice de 90,1% de impunidad sobre estos casos, solo superada por la ciudad de Bogotá, con un 88.9% de denuncias por corrupción sin avance significativo en materia de investigación.

En promedio en Colombia, de 57,582 denuncias ante la Fiscalía General por delitos asociados a la corrupción, el 93% de los procesos no han llevado a condenas, el 89.7% no registran capturas y el 77.15% se encuentran en etapa de indagación sin avances en la investigación, casucación e imputación.

De los 32 departamentos revisados veinte mantienen un porcentaje de impunidad entre el 95% y 99%; los otros 12 departamentos se encuentran entre el 90% y 94% en índices de impunidad. Mientras tanto, Bogotá registra un 88% de denuncias por corrupción sin avances en materia de justicia.

Por otra parte, el Mapa de Impunidad alertó sobre el desmedido incremento del índice de impunidad en los últimos cuatro años, no sólo en materia de investigación sino también de juzgamiento y sanción. Para 2023, las investigaciones sólo han conducido a un 0.25% de casos con condenas por temas de corrupción en Colombia. En el 2022, unicamente el 0,96% de las denuncias recibidas por la Fiscalía General de la Nación resultaron en condenas resueltas por jueces de la República. Este mismo índice marcó un 1.52% en el 2021, 1.58% en 2020 y un 2.84% de condenas se consiguieron en 2019 por delitos asociados a corrupción. Eso significa que cada año el sistema judicial es menos capáz o tiene menos disposición de atacar la corrupción, sancionarla y prevenirla.

El secretario de Transparencia resaltó la insistencia del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra la corrupción y anunció que se convocará la Comisión Nacional de Moralización, la instancia más alta en la lucha contra la corrupción, liderada por el presidente de la República y constituida por el fiscal general, la procuradora general, el contralor general, el defensor del pueblo y un representante del Consejo de Estado, con el fin de definir una propuesta de ajuste a lineamientos en materia de investigación y judicialización de los delitos asociados a la corrupción, en cabeza de la Fiscalía, para resolver los graves índices que evidencia el Mapa de Impunidad presentado.

Adicionalmente, el funcionario advirtió que solicitará que dentro de esa estrategia a diseñar y desarrollar en el marco de la Comisión de Moralización, los funcionarios judiciales deben ser requeridos para implementar el estandar de debida diligencia, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la relación directa que existe entre la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos que de ella se desprenden. Entre los casos más representativos sin avances en materia de investigación, la Secretaría de Transparencia resaltó los procesos por el asalto a los recursos de Acueductos, del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a los del OCAD Paz y a los recursos del Sistema General de Regalías.

El secretario hizo un llamado de urgencia a la Comisión de Disciplina Judicial para que active la investigación a fiscales y jueces que tienen estas investigaciones represadas. La misma solicitud la elevó a la Procuraduría General, para que active todas las comisiones judiciales especiales en lo penal, con funcionarios del nivel central en Bogotá, para verificar qué está pasando con cada uno de los procesos penales y establecer las razones del rezago. Asimismo, para que se priorise la revisión de los casos próximos a precluir.

Por otra parte, indicó que entre las propuestas para abordar la problemática expuesta en el Mapa de Impunidad, solicitará a los integrantes de la Comisión de Moralización la designación de fiscales, procuradores, contralores y defensores destacados para la Presidencia, para avanzar en la estrategia de luchar mancomunadamente contra la corrupción, como es tarea de todo el Estado.

Finalmente, el secretraio Andrés Idárraga informó que a partir de la fecha, la Secretaría de Transparencia entregará reportes semanales en materia anticorrupción, con los que se pretende mostrar los resultados de la gestión de la Secretaría de transparencia en la lucha contra la corrupción. Asimismo, indicó que el gobierno intensificará de manera sistemática y conjunta los esfuerzos para perseguirla, venga de donde venga.