NUEVA YORK.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 5 de enero les negó la concesión de medidas cautelares a la congresista María Fernanda Cabal y al controvertido ex general colombiano Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, quienes alegaron situaciones de amenaza que no pudieron probar debidamente.
Por otro lado, fuentes de la CIDH, cuya sede central está en Washington, informaron a La Nueva Prensa que el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, quien dejará el cargo en 12 de febrero venidero, también radicó un pedido de medidas cautelares que no ha sido resuelto aún.
La negativa a Cabal y Zapateiro fue decidida por la CIDH dentro del caso radicado con el distintivo MC-649-23.
Cabal tiene 60 años de edad, nació en Cali y es senadora por el partido católico de extrema derecha Centro Democrático, regentado por el ex presidente conservador Álvaro Uribe. Zapateiro, de su lado, es un ex general que tuvo el cargo de comandante del Ejército de Colombia y contra quién hoy existen graves señalamientos por violaciones a los Derechos Humanos.
La CIDH les informó a ambos por separado que sus solicitudes se cerraron “al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento”.
En las deliberaciones de la CIDH se tuvo en cuenta el hecho de que tanto Cabal como Zapateiro durante las 24 horas del día tienen para su servicio exclusivo abundantes medidas estatales de seguridad con robustos esquemas de protección que incluyen vehículos con los mayores blindajes existentes y personal entrenado y armado con los equipos y la formación más alta que puede encontrarse en el mercado internacional.
En cuanto a la reciente solicitud de Barbosa de obtener medidas cautelares, fuentes de la Fiscalía General de Colombia dijeron que posee el esquema de protección estatal más grande y costoso del país, después del que tiene el Presidente de la República, y al retirarse el 12 de febrero próximo se irá con un equipo de seguridad compuesto por una decena de camionetas blindadas, motocicletas de avanzada y un número no especificado de hombres armados, que supera el medio centenar, todo lo cual estará a cargo de un coronel edecán de la Policía Nacional que él mismo escogerá.
