CAPITULO III

Crimen organizado, gobierno desorganizado

En marzo de 1996, más exactamente el día 11, el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, sentó ante los Estados Unidos una enérgica protesta. Medios cercanos al gobierno norteamericano pensaron que se trataba de un nuevo señalamiento sobre las fumigaciones indiscriminadas. -Con seguridad es otra vez lo mismo -le dijo el encargado de la carpeta de Colombia a su asistente-, Prepáreme usted un memorando sobre lo que estamos haciendo en ese país. -No es todo el país -le contestó el asistente-. La protesta viene de Antioquia. - Bueno -le dijo el funcionario-. Mire a ver qué hace. Preocupado, el asistente buscó en sus archivos Narcotráfico/Colombia/Antioquia. Encontró, claro, una abultada documentación. Allí estaba prácticamente la historia extensa del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, sus vinculaciones con la sociedad, las ramificaciones del negocio, la política oficial, referencias al problema médico, los efectos de la violencia, las manifestaciones más evidentes de la corrupción. Ante ese océano de documentos pulsó Estados Unidos/ Política/Drogas/Colombia. Una nueva avalancha apareció en su pantalla. Trató de precisarlo. Pulsó "Fumigación". Allí apareció que un gobernante de 15 años atrás, el señor Turbay, se había opuesto enérgicamente a permitir que se regaran los cultivos con paraquat, y que fue su sucesor, de apellido Betancur, quien le abrió la puerta a la medida. -Eternas gracias al señor Betancur -pensó-. Pero esta es historia antigua. Pulsó entonces un sitio y una fecha: Antioquia/1995. El material resultó menos abultado. En mayo de ese año encontró que las autoridades colombianas habían mostrado su preocupación por el incremento del cultivo de la amapola en el noroccidente antioqueño. -Es curiosa la costumbre latinoamericana de escribir "noroccidente" -pensó-. ¿No sería más sencillo decir noroeste? Pero no se detuvo en minucias. Eran las once de la noche y lo más significativo del problema tendría que estar Ha asistente-. La protesta sobre el escritorio de su jefe a las 8 de la mañana. De manera que volvió al informe. -Debe ser este -se dijo-. ¿Por qué otra cosa podría protestar un funcionario menor? Leyó. "Amapola, semilla de un nuevo cartel en Antioquia". Y allí se enteró de que la noticia era exactamente la contraria de la que esperaba. Era el gobernador, llamado Avaro Uribe Vélez, el que pedía la fumigación. -¿Cómo? -se sorprendió-. ¡Por fin un funcionario inteligente! Allí se decía que a comienzos de marzo de ese año el gobernador había propuesto al gobierno nacional fumigar los cultivos de amapola que comenzaban a proliferar en veinticinco municipios de ese sector del país. -¿Dónde quedará Antioquia? -se preguntó-. La sola referencia al "noroccidente" no me dice nada. Buscó un atlas. Y allí estaba esa especie de chip de computador que es el mapa de Antioquia encerrado en un círculo, en el extremo noroeste de Colombia. -¡Aja! Con que aquí la tenemos. "Antioquia -decía el informe-, ocupa la casilla número diez entre los 19 productores de amapola en Colombia. En otros, como en Tolima o Huila o Cauca, se han detectado hasta 5 mil hectáreas, mientras que en Antioquia sólo llegan a 157. -Eso se llama ser amigo -se dijo el asistente-. Nos convendrá estar atentos a la carrera del señor Uribe.

Después, el informe le reiteró algunos de sus prejuicios. El gobernador había propuesto la fumigación, pero el gobierno había dicho que no. -Tenía que ser Samper -exclamó el asistente-. ¿De ese tipo qué más podría esperarse? El informe concluía con unos datos muy pobres. "La mayor parte de los cultivos que han sido ubicados por la Policía en Antioquia - decía-, son de carácter doméstico y con una extensión entre las tres y las seis hectáreas... El gobernador Uribe le advirtió a los alcaldes que no entraría en polémicas. Que sea con fumigación o mecánicamente como se erradicarán los cultivos, lo deben decidir los científicos. Lo cierto es que al gobierno departamental no le temblará la mano para acabar con los cultivos ilícitos». -Ese es mi hombre -pensó el asistente-. Necesitamos a alguien a quien no le tiemble la mano. ¡Qué más da que sean 187 miserables hectáreas de amapola! Lo que importa es darles duro.

"Los mandatarios de los municipios afectados por este fenómeno -terminaba el documento-, alegan que la aspersión aérea produciría daños ecológicos irreparables en esas áreas, habitadas por pequeños parceleros y cultivadores, formas de producción muy diferentes a las otras partes del país donde se ha realizado la fumigación, caracterizadas por ser zonas semiselváticas". -Y, claro -pensó el asistente al borde del sueño-, si no me equivoco ¡aquí viene el procurador! Y, en efecto, ahí venía el procurador. En este caso era el de Antioquia, Femando González Carrizosa, con sus eternos oficios aguafiestas. El procurador se mostraba preocupado por las consecuencias de una medida tan drástica sobre un problema apenas incipiente, y le preguntaba a Uribe si se habían evaluado los daños y si existía un programa de sustitución de 76 cultivos. La respuesta de este último, señalaba el procurador, no aclaraba para nada el asunto. El informe terminaba con la intervención del alcalde de un pequeño municipio, Urrao, a 170 kilómetros de Medellín, "donde la Policía destruyó en los dos últimos años, catorce sembrados con unas 800 mil matas". "En los dos últimos años - añadía-, han desaparecido cerca de veinte personas. Héctor Antonio Durango, el alcalde, dijo que era consciente de que las determinaciones que vienen del alto gobierno no se pueden impedir, pero que no está de acuerdo con la fumigación. En Urrao, dijo el alcalde, sería mejor la erradicación manual, pero el problema de la amapola es más de fondo. La gente de aquí está inquieta porque el 80 por ciento de las zonas donde hay cultivos, pertenecen a personas muy pobres a las que nunca llega la mano del Gobierno». Con esos pocos datos y algunos otros que recogió aquí y allá en medio del cansancio natural provocado por 18 horas seguidas de trabajo, el asistente preparó la carpeta, que puso sobre el escritorio de su jefe a las 8 en punto de la mañana.

A esa hora ya debía saberse con exactitud a qué se refería la protesta. Si el jefe pasaba antes por la oficina podría tranquilizarlo. Por lo que él había leído, Uribe parecía ser amigo. Pero el jefe no pasó. Esa mañana el tránsito había estado espeso, de manera que entró directamente a la oficina de Latinoamérica. Allí, el asesor del subsecretario le extendió la carta de Uribe. Le tomó dos minutos leerla. -¿Cómo? -preguntó el jefe apenas hubo terminado-. ¿De esto se trataba? El asesor lo miró socarronamente. -De eso se trataba. ¿Usted qué piensa? -¿Que qué pienso? Que los colombianos están locos. Se rieron. Y luego, con la carta cuidadosamente doblada en su portafolio, el jefe se dirigió a su despacho. Allí, el asistente lo esperaba radiante. -Señor -le dijo-, me parece que la protesta no debe ser protesta. El gobernador Uribe es un gran amigo de los Estados Unidos. -Sí -le dijo el jefe-. Pero está tan loco como todos los colombianos. -¿Cómo así? -se desconcertó el asistente-. ¿A qué se refiere usted? -A esta carta. Y, sin más ni más, se la extendió para que la leyera. El asistente no pudo contener la risa. Y cuando vio que su jefe también se reía, soltó una carcajada. La carta del gobernador era breve. Palabras más, palabras menos -le contó esa noche a su novia mientras comían en un restaurante de la Pennsylvania Av.-, Uribe le decía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que a su vez había enviado un oficio a la Subsecretaría de Estado de los Estados Unidos, que Medellín, la ciudad de la eterna primavera, no estaba dispuesta a aceptar ningún trato despectivo, como el que le había dado Robert Gelbard cuando se refirió al apellido del ministro de Justicia. -Según parece -le explicó el asistente a la muchacha-, el ministro de Justicia se apellida Medellín. - Como apellidarse Washington -apuntó ella. -Exacto -dijo él-. Gelbard debió preguntar qué se podía esperar de alguien que llevara semejante nombre. Tú sabes como es Gelbard. Un verdadero idiota. Nosotros ya lo oímos como quien oye llover.

-Sí -dijo la muchacha que estaba haciendo su monografía de Ciencia Política precisamente sobre Colombia- , pero es el vocero de los Estados Unidos y, como tal, no puede ofender a 30 nadie. -Está bien -contestó él un poco amoscado-. Yo preparé hoy la respuesta. En ella el gobierno va a decir que reconoce la inteligencia y honestidad de un funcionario como Medellín, que no se ha visto envuelto en ningún escándalo, y que presenta disculpas a una ciudad que, según el gobernador, ha puesto 52.137 muertos en los últimos diez años en la guerra contra las drogas, ha sufrido 1.104 atentados terroristas y ha presenciado el asesinato de 694 policías, doce jueces y fiscales y cuatro magistrados. -La cosa no es para risas - anotó la muchacha-. Ni tampoco para que Gelbard diga estupideces como las que acostumbra. -Es cierto -dijo el asistente-. Aquí hay mucho muerto de por medio. El gobernador habla de uno de sus antecesores, Antonio Roldan Betancur, de un ex alcalde de Medellín, Pablo Peláez González, y del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, todos ellos asesinados. Habla también de 13 mil delincuentes detenidos y procesados. Pero tienes que reconocer que el asunto que origina semejante filípica es insignificante. Colombia tiene demasiados problemas, y muy serios, como para que reaccione por bobadas. El gobernador lo que necesitaba era un escenario para que alguien lo oyera. Y lo logró. Pero el camino que escogió no fue el mejor. Hoy todo el mundo se rió de él en la oficina. -Puede ser -dijo la muchacha-, hay cosas mucho más importantes. Pero lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos no debería pedirle disculpas a una persona como Uribe. -¿Cómo así? -preguntó el asistente-. ¿Qué sabes tú de eso? -Muchas cosas - dijo ella haciéndose la interesante-. Sé, por ejemplo, que Uribe Vélez fue el encargado de la aviación civil en Colombia y que durante su gestión florecieron las pistas de aterrizaje y las licencias para aviones del narcotráfico. El cartel de Cali (no me vayas a decir que lo confundo con el de Medellín) contó en un determinado momento con dos Boeing 727, con un Caravelle y con tres Lockheed Electra, que viajaban impunemente por el mundo entero cargados de cocaína. -No sabía que fueras experta en aviones -le dijo él sorprendido. -No lo soy. Ese fue el dato que pude sumar hoy a mi monografía. Pero lo que importa es la figura de Uribe Vélez. Me sorprende que ustedes no se hayan enterado de quién es ese individuo. ¡Al fin y al cabo burócratas! -No somos burócratas -contestó él molesto-. Sabemos más de lo que tú te imaginas. Apuesto a que no has oído hablar de Medellín sin tugurios. -Claro que sí -dijo ella- . Y si ustedes son tan expertos, deberían saber que ahí, precisamente ahí, estuvo metido Uribe Vélez. -¿Cómo? -preguntó el asesor-. No tenía ni idea. -Sí -dijo ella-. Medellín sin tugurios fue un programa que se inventó Pablo Escobar con el fin de lograr los votos necesarios para ir al Congreso. Consistía en darle casa a miles 80 de familias en la miseria, que no tenían dónde vivir ni el dinero necesario para adquirir una vivienda. En la práctica, Escobar regaló ese barrio y lo convirtió en su fortín electoral. Las gentes lo veían como un semidiós. Cuando lanzó su candidatura al Congreso, sabía que contaba con los votos suficientes para ser elegido. Pero como no tenía el aval de nadie, pensó en Luis Carlos Galán, el jefe del Nuevo Liberalismo. Que Escobar pensara que Luis Carlos Galán le iba a ayudar, es como si yo pensara que Clinton en persona me va a hacer la tesis. -Cuidadito con Clinton -dijo el asesor-. ¡Por allá ni te acercas! -Bueno -continuó ella-, lo cierto es que Galán lo expulsó en público de su movimiento, en una manifestación a la que asistían 5 mil personas. Entonces Escobar se acercó a un político sin escrúpulos, Jairo Ortega, creo, que lo incluyó en su lista y lo llevó al Congreso. En ese momento Escobar era un delincuente común. Después fue cuando se volvió un monstruo. -¿Y Uribe? -preguntó él-. ¿No era sobre él, el cuento? -Ah, sí -dijo ella-. En el momento del auge político de Escobar y del entusiasmo por Medellín sin tugurios, el alcalde de Medellín era Uribe Vélez. Cuando llegó a la Alcaldía, ya el barrio estaba inaugurado. ¿Tú has leído Los jinetes de la cocaína? -Claro -dijo él-. No conozco una sola persona del gobierno de los Estados Unidos que no lo haya leído. -Pues bien -continuó ella-. Es un libro que está plagado de equivocaciones y de injusticias contra un gran número de personas de bien. En él se dice que Uribe Vélez fue el encargado de inaugurar el barrio. Equivocación, pero no injusticia. Porque Uribe Vélez no lo inauguró. Lo que hizo fue presentar el programa de Escobar en Bogotá. Durante su Alcaldía, que fue fugaz, viajó a Bogotá con una delegación de funcionarios y lo puso por el cielo, como ejemplo de los proyectos de vivienda social. Obvio, cuando le mataron al papá, uno de los avisos de invitación al entierro fue de Medellín sin tugurios. -Y tú cómo sabes todo eso -preguntó él afirmando. -Ah -dijo ella-, como sea voy a lograr que me den el summa cum laude. -Por lo pronto ya lo tienes conmigo -dijo él-. Y ahora comamos porque ya van a cerrar el restaurante. Esa noche, ella regresó a sus papeles. Trabajaba intensamente, como nadie podría imaginárselo. A veces le daban las dos, las tres de la mañana, leyendo, conectando unos datos con otros, planteando hipótesis, sacando conclusiones. Hoy, por ejemplo, había logrado hacer una serie de precisiones sobre la Alcaldía de Uribe en Medellín. Aunque se presentó como un fortín contra la politiquería, en realidad fue el reino de la politiquería. Nombrado por orden directa del presidente de la República, quien le quería agradecer a su padre el apoyo financiero que le había prestado a su campaña, el alcalde Uribe Vélez era un hombre joven, de 30 años, que no estaba demasiado dispuesto a obedecer las órdenes del gobernador del departamento, Alvaro Villegas Moreno. Por ese entonces, Villegas era ya un político maduro y zorro, que sabía por dónde iba el agua al molino. El prestigio del alcalde no era el mejor en Antioquia. Se lo había dicho al presidente y lo había comentado con sus colaboradores cercanos. -Estén atentos -les dijo-. En cualquier momento podremos sacarlo. De manera que comenzaron a seguirle los pasos. En un comienzo se sorprendieron. Parecía un funcionario eficaz, entregado por completo a su trabajo. Vieron cómo impulsaba el metro de Medellín, que Betancur había presentado como uno de sus grandes programas de gobierno. En pocas semanas logró firmar el contrato, un documento con muchos bemoles, claro está, que le abrió la puerta a la tragedia que vino después, llena de errores administrativos y de corrupción de la peor laya. Vieron también cómo imaginaba empresas y las ponía sobre el papel con facilidad y sin destino. Una de ellas, fue Metromezclas, que le costó algunos dolores de cabeza cuando se demostró que se la había dado en administración a sus colaboradores. La compañía resultó un fiasco y tuvo que liquidarse, por inviable, a mediados de la década de los 90. Su gerente liquidador. Pablo Arango, quien enfrenta hoy una investigación alrededor de esa gestión, es uno de los hombres de confianza de Uribe en su campaña para la Presidencia. -Qué cantidad de papeles -pensó la muchacha-. Todavía me falta aprender a seleccionar lo esencial. Siempre ha tenido tendencia a perderme en los detalles.

A la 1:30 de la madrugada volvió al libro que estaba leyendo: Narcotráfico en Colombia, de la Universidad de los Andes. ¿Cómo haría la cita en su monografía? Tendría que incluirlo en la bibliografía general y, al hacer referencia a él, sólo pondría, entre paréntesis, el nombre del autor, el año y la página. Repitió una o dos veces la lección recién aprendida. Y cuando son muchos autores, después del nombre del primero se añade et al. Así: (Carlos G. Arrieta, et al., 1991, página 221). En la página 221 se hablaba de la primera época de Betancur, cuando Uribe Vélez fue alcalde de Medellín. Se trataba de una sociedad complaciente. En ese momento, el contralor general era Rodolfo González García, detenido después por sus vínculos con el cartel de Cali y ahora partidario de la candidatura presidencial de Uribe, propuso que se aprobara una amnistía patrimonial que incluyera la economía subterránea. "Eso sería muy favorable para el fisco colombiano", dijo González. El senador Alvaro Leyva Duran, investigado por enriquecimiento ilícito por sus relaciones con el mismo cartel, presentó un proyecto de ley para ofrecerle una amnistía patrimonial a quienes no hubieran dado cuenta de sus bienes en sus declaraciones de renta y patrimonio antes de 1981. Y otro senador, Carlos Holguín Sardi, presentó un proyecto que proponía la emisión de bonos de deuda pública hasta por cien mil millones de pesos, con amnistía patrimonial para quienes invirtieran en ellos. -En otras palabras -pensó ella-, no sabían qué hacer para que los dineros del narcotráfico le arreglaran los problemas a Colombia. La Andi, presidida por Fabio Echeverri Correa, ahora mano derecha del candidato en temas económicos, pidió que "se autorizara a las empresas registradas en las bolsas de valores para emitir un número determinado de acciones con el propósito de que fueran adquiridas por los capitales 'no registrados' y con el compromiso de no negociarlas durante un período determinado", y le propuso a los demás sectores económicos un acuerdo solidario para que la economía subterránea fuera indultada. Fenalco y Anif atendieron a ese llamado. Sabas Preteit, presidente de la primera y ahora uno de los más entusiastas partidarios de la candidatura Uribe, dijo que la amnistía patrimonial no debía ser incompatible con las políticas del gobierno. Y Pedro Javier Soto, presidente de la segunda, sostuvo que "la banca no podía atender con sus solos recursos a la producción colombiana en el futuro". La prensa fue unánime. Un conservador y aconductado periódico como La República, propiedad en ese entonces de la familia del expresidente Ospina Pérez (varios de cuyos nietos fueron condenados en Miami por lavado de dólares), respaldó editorialmente "la bondad social del proyecto", y sostuvo que "esos recursos caen muy bien al gobierno y al país ahora, para evitar movimientos de protesta de los grupos que no están recibiendo oportunamente su pago o que ven que no se realizan obras y programas por falta de fondos". Así las cosas - resumió ella-, en 1982 Colombia giraba en torno a las expectativas que le despertaba la economía subterránea. De ahí que no fuera raro que todo, la política, la banca, la industria, el fútbol, el comercio, los miserables y destechados, las Fuerzas Militares y la Iglesia y, obvio, el Congreso, todo participara en un determinado momento de esa euforia. Pero al margen de la misma, un país asombrado que no encontraba norte, veía con angustia cómo se precipitaba hacia el abismo.

El Espectador se opuso en un editorial a la amnistía propuesta. Dijo: "Ese es un castigo a la honradez y un premio a la picardía". Sin embargo, eran voces aisladas. La amnistía termino por concederse, y torrentes de dineros aparecieron de pronto en situaciones ambiguas y en propuestas peligrosas. Una de ella fue la de Carlos Lehder, quien lanzó en Armenia su propuesta de un "movimiento latino nacional", de corte fascista. El obispo, Libardo Ramírez, condenó de entrada la "vinculación de negocios sórdidos a la actividad política". Con ello trató de enmendar la bendición que dos años atrás le había impartido el obispo de Pereira, Darío Castrillón, a las actividades de Lehder. Castrillón, ahora candidato a Papa, estuvo en la inauguración de la Taberna Alemana, el establecimiento comercial que Lehder abrió en esa ciudad, lo bendijo, pronunció unas palabras y se dejó tomar fotografías con el narco. Tiempo después, cuando se le criticó por esa actitud, explicó que los dineros mal habidos se santificaban cuando pasaban por las manos de la Iglesia. Pero terminó en Roma, porque, recordó la muchacha que era católica, que todos los caminos conducen a Roma. -¿Inclusive los amplios y trillados del narcotráfico - pensó.

Miró el reloj. La 1:40. Todavía tenía tiempo para leer un rato. Sabía que en 1982 la situación en Medellín era difícil. Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso del mundo, era el dueño y señor de esa ciudad subterránea, lejana de los clubes y de las industrias tradicionales, ajena a la clase media, basada sobre el relumbrón del dinero. En torno a ella giraba la política. El capo sabía que en ese terreno no se movería una hoja sin su voluntad soberana. Los nombramientos, por ejemplo, no se le consultaban, pero se escogía cuidadosamente a aquellas personas que no llegarían a molestarlo. Cuando supo que el primer alcalde designado para su coto de caza privado, era el hijo de uno de sus conocidos, socio del tercer Pablo, no hizo ningún gesto. -En conclusión, aprobado -pensaron quienes asistieron a la charla. En ese momento. Escobar, con interés por la política, fundó el movimiento "Civismo en marcha", a través del cual se dedicó a promover planes de vivienda, como el de Medellín 86 sin tugurios, a arborizar la ciudad, a iluminar estadios y a construir escenarios deportivos. Acostumbrado a proceder según su gana, consideró innecesario obtener los permisos correspondientes. Su política fue la de promover invasiones de predios públicos, y decidir luego, de acuerdo con la comunidad, qué necesitaba para su recreación. La respuesta me casi siempre la misma: canchas de fútbol. La administración municipal no sentó jamás ninguna protesta. Por ese entonces el cartel de Medellín ya era el cartel de Medellín. Lo habían fundado un año antes. Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Ochoa. Comprobaron de entrada que podían manejar más del 50 por ciento de la producción de cocaína en el país. Fortalecido desde dentro, Escobar cortó una incipiente relación de negocios con el general Manuel Antonio Noriega, hombre fuerte de Panamá y hasta entonces protegido por los Estados Unidos, y se decidió por la política. En las elecciones parlamentarias de marzo del 82 resultó electo. "Escobar -leyó ella- quiso aprovechar su oportunidad como benefactor social para ocupar un escaño en el Congreso, vinculándose al parlamentario Jairo Ortega. Este hacía parte del 'federiquismo' antioqueño, del cual salió para engrosar las filas del santofímismo y, finalmente, las del Nuevo Liberalismo, con el cual hizo coalición para las elecciones de corporaciones públicas en 1982. Posteriormente, la dirigencia de este movimiento exigió a Jairo Ortega que retirara de las listas a la Cámara a su suplente Pablo Escobar Gaviria, por sus vinculaciones con el narcotráfico. Dicha solicitud no fue atendida y tanto Ortega como Escobar fueron expulsados del Nuevo Liberalismo. Finalmente, estos lograron una curul en la Cámara de Representantes: Ortega como titular y Escobar como suplente". -Esto ya lo sabía -dijo la muchacha-. Comienzo a repetirme. Lo mejor es que me duerma.

A la mañana siguiente, antes de salir para la Universidad, aclaró sus apuntes. Allí encontró un dato al que no le había dado importancia. Uribe sólo duró cuatro meses en la Alcaldía de Medellín. ¿Por qué?, se preguntó. Si tácitamente Escobar había aceptado su nombramiento, si había mantenido relaciones cordiales con el cartel, si era apenas uno más en un panorama dominado por el narcotráfico, ¿qué había provocado esa súbita caída? La respuesta la obtuvo esa tarde, cuando caminaba sin rumbo con su novio por las calles cercanas a la oficina. De vez en cuando hacían ese paseo, un poco al azar, sabiendo bien que cualquier camino los llevaría a Roma, mejor dicho, a un cafecito. -¿Sabes? -le dijo él-. Hoy estuve investigando sobre nuestro personaje. -¿Gelbard? -le preguntó ella haciéndose la desentendida. -Cómo se te ocurre -le respondió él-. Uribe. -Ah, ¿sí? -anotó ella-. ¿Y qué encontraste? -Nada más y nada menos que la razón de su salida de la Alcaldía de Medellín. -Cuéntame -le dijo ella-. Ese es, precisamente, un tema sobre el cual no tengo ninguna claridad. -El gobierno presentó su retiro como el resultado de una crisis política. Ahí hay una gran cantidad de nombres que se me escapan. Lo cierto es que el nuevo presidente de la república, Betancur, anunció que le daría a su administración un "empujón paisa". -¿Y eso qué es? -Bueno, mira cuántas cosas no sabes. Los paisas son los habitantes tradicionales de la gran Antioquia. Según parece, son unas personas que andan siempre vestidas con algo que llaman carriel y que en vez de zapatos usan unas cosas que se conocen como corroscas. Aja -dijo ella sorprendida-. Me parece raro, porque en las fotografías yo siempre los he visto vestidos de lo más común y corriente. -Eso es para las fotografías -dijo él-. Pero cuando están en su casa o en el trabajo, se visten con carriel y usan corroscas, y toman agua caliente. -¿Agua caliente? -preguntó ella-. ¿Y eso para qué? -No tengo ni la menor idea -dijo él-. Pero debe ser hirviendo porque la llaman agua ardiente. Pero, bueno, eso es lo de menos. Lo de más es que Betancur anunció que en su gobierno habría un empujón paisa, y seleccionó a un grupo de "escogidos" que le ayudaran a darlo. Entre ellos estaba Uribe. Lo nombró como alcalde de Medellín, que es la segunda ciudad en importancia después de Bogotá. El tipo tenía 30 años. En la política colombiana eso quiere decir, ni más ni menos, que lo señala como posible candidato presidencial. Algún día. Y comenzó a trabajar... -... y le ayudó a lo del metro, que era su programa estrella -interrumpió ella-. Eso ya lo sé. De modo que todo el mundo esperaba que siguiera ahí, hasta que se presentara la primera crisis política. -Sí. Que se presentó más pronto de lo esperado, y con un personaje que se veía lejano de todos esos tejemanejes y de todas esas camarillas. -Uribe -dijo ella. -Sí, Uribe. Ya te lo dije: el informe de la embajada dice que entre el gobernador, un señor llamado Villegas, y Uribe, no había química. Villegas era un político chapado a la antigua y Uribe era un muchacho tipo Harvard, que se había dedicado a criticar la politiquería. Cuando en Colombia alguien quiere surgir rápido, critica la politiquería. El gobernador nombró un funcionario que no le gustó a los jefes políticos tradicionales... -¿Tú sabes cómo llaman en Colombia a los jefes políticos tradicionales? -lo interrumpió ella-. Caciques. ¡Cómo te parece! ¡Caciques! - ¿Caciques? -preguntó él-, ¿esos señores con pluma en la cabeza que en las películas hacen ao, ao, ao? -Esos. Pero sigue, te interrumpí. -Bueno. Los caciques, Ignacio Vélez Escobar, J. Emilio Valderrama, William Jaramillo y Federico Estrada Vélez... -El del federiquismo - anotó ella-. Y te juro que no te vuelvo a interrumpir. -Los caciques pidieron que hubiera una crisis general. El gobernador estuvo de acuerdo. Le mandó decir al alcalde que esperaba su renuncia protocolaria. Pero se lo dijo con muy poco protocolo: no lo hizo él, sino por medio de un secretario. Y, además, le anunció que lo ratificaría pero sólo cuando cambiara uno o dos miembros de su gabinete. El alcalde se puso furioso. Se negó a renunciar. Intervino el presidente. El alcalde habló con el gobernador. No llevó su renuncia y le pidió que le dijera qué cambios eran los que iba a 90 ordenar. El gobernador se negó a decirle ninguna cosa. El alcalde salió del despacho, furioso, y mandó su renuncia irrevocable. Y se fue. ¿No te parece muy raro? -Pues sí -dijo ella-. ¿Para qué tantas idas y venidas si tranquilamente le hubieran podido decir que se fuera? -No. Por ahí no es la cosa. La cosa es por el lado del fastidio entre alcalde y gobernador. Que no radica en que el uno fuera viejo y el otro joven, o que el uno fuera cacique y el otro no, porque ambos eran igualmente marrulleros y ambos igual de caciques. Pero acuérdate que Villegas se la tenía jurada porque conocía algunos de sus antecedentes, y por eso le había pedido a sus íntimos que "estuvieran atentos" para sacarlo en cualquier momento. Pues lo logró. Uribe salió, pero no por esa crisis mentirosa. Esa crisis fue la utilería para ocultarle al país entero, pero sobre todo a Escobar, la verdadera razón de su renuncia. -¿Y cuál fue? -preguntó ella sinceramente sorprendida. -Pásmate -dijo él-. Resulta que en ese momento el Cartel de Medellín, que apenas comenzaba a formarse, se sentía dueño de la situación. Los narcotraficantes estaban metidos en todas partes. Ya habían comenzado a infiltrar las campañas políticas. En el Departamento tenemos todas las pruebas contra Belisario Betancur. Ahí está, debidamente documentado, que recibió veinte millones de pesos de un individuo llamado Jader Álvarez, narcotraficante confeso, y que lo hizo delante de la cúpula de su campaña, integrada, entre otros, por los señores Hernán Beltz, que era el tesorero, y Augusto Ramírez Ocampo, que era el director nacional. Álvarez protagonizó después una horrible tragedia. En una vendetta de la mafia, le secuestraron los tres hijitos pequeños y se los mataron. La guerra que siguió fue a muerte. Pero, bueno, ese no es el cuento. El cuento es que los contactos de Uribe con la mafia nunca se interrumpieron. De manera que un día lo invitaron a asistir a una cumbre medio clandestina, que tenían los cuatro grandes. Escobar, los Ochoa (que actuaban como uno solo), Lehder y el más grotesco de todos. Rodríguez Gacha. Y Uribe fue. Y, para colmo, aceptó que le enviaran un helicóptero y que lo llevaran hasta el sitio del encuentro. No se ha podido precisar bien la fecha, pero debió ser a finales de 1982. El Departamento tiene identificados a varios testigos. Villegas se enteró el mismo día, y puso el asunto en manos de Betancur. Al presidente no le quedó otro camino: ordenó que lo sacaran de la Alcaldía. Pero como su rabo de paja era enorme, decidió hacerlo lo más discretamente posible. De ahí la crisis politiquera, y todo ese cuento con caciques, y con protocolos y con renuncias. En palabras de mi jefe, que tú sabes hasta qué punto es crudo, a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante.

-Hay algo que no cuadra bien -dijo ella-. Si muchos colombianos, entre ellos buena parte del gobierno, estaban de alguna manera relacionados con el narcotráfico, ¿por qué el escándalo? -Porque Colombia es un país fariseo -dijo él con un tono levemente dogmático-. Y todavía no aprende. Fíjate tú el escándalo que han hecho por el lamentable símil de Gelbard entre Medellín y Medellín. Pero no dicen nada cuando se trata de plantear el problema de fondo. -¿Cuál de los muchos problemas de fondo? –preguntó ella-. Hay decenas de problemas de fondo. -No hay sino un solo problema de fondo. Pero sobre él, los norteamericanos no tenemos siquiera el derecho de pensar. Mejor cambiemos de tema.

Mientras caminaban en silencio, ella pensó que él tenía razón, que en los Estados Unidos nadie puede plantearse el problema de fondo. Pero no sabía, ni tenía porqué saberlo, que en Colombia tampoco. El desbarajuste de Colombia, dijo en alguna ocasión Myles Frechette cuando era el antipático embajador de los Estados Unidos en Bogotá, obedece en parte a que es un país dedicado a la simple apariencia. Desde 1984 Colombia se vio cada día más y más acorralada. La política entró en una dinámica de corrupción total. Los asesinatos se pusieron a la orden del día. El narcotráfico polucionó el lenguaje, el arte, la economía, la industria, la recreación, la vida en comunidad, la vida cotidiana. Poco a poco el país entró en una somnolencia de la que todavía no sale. Se comprobó hasta la saciedad la financiación de la política con dineros de la mafia. Galán fue asesinado, pero después... no pasó nada. Los criminales asesinaron a decenas de miles de personas de toda condición. El primer muerto, Rodrigo Lara Bonilla, provocó una conmoción, pero después... no pasó nada. Las guerrillas y los paramilitares financiaron su guerra contra el país con base en ese delito.

Cuando el embajador Tambs anunció que aquí lo que había era una narcoguerrilla, el escándalo estremeció los cimientos de la sociedad. Hoy, el jefe de la banda paramilitar confiesa que "las Farc compraron diez mil fusiles y los ingresaron por el Perú, y nosotros hicimos lo mismo con 4.500 armas provenientes de Centroamérica, todo con plata del narcotráfico" (Castaño, 2001, 205)... y no pasa nada.

Hubo una vez un país en el que la gente tenía un temple moral. Siquiera para el suicidio. "En marzo (de 1984), se lee en Narcotráfico en Colombia (Arrieta et al, 1991,233), Javier Ocampo Upegui, diputado del Movimiento Latino Nacional en la Asamblea del Quindío, reveló una grabación en la que una persona -que supuestamente era William Bedoya Vélez, secretario privado del procurador general- le manifestaba al poeta pereirano Luis Femando Mejía que por un concepto desfavorable a la extradición de Carlos Lehder, un funcionario de dicha entidad exigía 30 millones de pesos. Días más tarde Bedoya Vélez se suicidó". Pero hoy no pasa nada.

El problema comenzó hace tiempos. En marzo de 1982 el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, reconoció en Cromos que "en Medellín, personas decentes conviven con los mañosos". "Hace seis o siete años -le respondió a Ligia Riveros Medellín, por razones que no conozco en detalle, se convirtió en centro de importantes y grandes empresarios del narcotráfico. En esta ciudad, para nadie es un misterio, viven quince, veinte y hasta treinta narcotraficantes, personas que tienen vinculaciones en el exterior, concretamente en los Estados Unidos. Esas personas tienen asiento en Medellín, tienen sus negocios acá y además guardaespaldas amparados con el porte de armas. Eso ha llevado a que constantemente en la ciudad se presenten enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes y se produzcan vendettas que ya son bien conocidas en todo el país. El gobierno ha hecho mucho para preservar en Medellín el orden público y evitar que los señores vinculados al narcotráfico anden en la ciudad como Pedro por su casa". Esa permeabilidad de la sociedad se extendió rápidamente como un cáncer. El 6 de septiembre de 1983, Cromos publicó apartes de uno de los primeros programas de la prensa internacional sobre el narcotráfico en Colombia. En la cadena ABC, dos periodistas, Bill Redeker y William Sherman, precisaron una cifra de escándalo: "El tráfico de cocaína alcanza a los 34 mil millones de dólares anuales en los Estados Unidos", e hicieron algunas revelaciones sobre los capos colombianos. Redeker habló de Pablo Escobar. "A los treinta y tres años -dijo- es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna cercana a los dos mil millones de dólares. Escobar, supuestamente, es propietario de una pequeña fuerza aérea de 10 aviones y media docena de helicópteros". Y sobre Fabio Ochoa, a quien en Colombia dieron en llamar absurdamente "el patriarca", señaló: "Adinerado hacendado y supuesto traficante de drogas. Sus hijos manejan sus negocios, mientras él viaja por el mundo comprando costosos caballos de exhibición". "Muchos de los grupos de traficantes - anotó-, viven y operan en Medellín". En ese momento interviene el director de la Policía de Medellín, coronel Gustavo Gutiérrez: “Estas personas dedicadas al tráfico de drogas son de origen humilde. A partir de un punto, empiezan a avanzar, a comprar grandes haciendas y cuadras de caballos, como en el caso de Fabio Ochoa, que es propietario de algunos de los caballos más raros del país". La cámara regresa a Redeker, quien sostiene que "Fabio Ochoa es considerado por muchos como el padrino del negocio. Y aunque la mayor parte de miembros del cartel rehusan comentar la fuente de su riqueza, o no se pueden contactar, en una subasta de caballos en las colinas cercanas a Medellín, Ochoa aceptó ser entrevistado por el corresponsal William Sherman: "-Algunos detectives han sostenido que usted y los miembros de su familia están entre los mayores traficantes de cocaína del mundo. "-Ochoa: Nada sé de las mentiras que está diciendo. Eso no me interesa. Soy muy conocido por todos los criadores de caballos del mundo. Mi vida ha sido honorable, de eso respondo. Entra Redeker: "Pero los oficiales colombianos dicen que es el tráfico de drogas y no los caballos lo que enriqueció a Ochoa, y que sus hijos manejan refinerías escondidas en el campo, en casas y apartamentos. Tratada químicamente la base, y convertida en polvo, está lista para la exportación... Pablo Escobar ha sido identificado por las autoridades norteamericanas y colombianas como el mayor exportador de cocaína de Colombia. Con una flota de aviones, la familia Escobar lleva a los Estados Unidos 1.100 libras de cocaína refinada todos los meses". Vuelve el coronel Gutiérrez: "En general (los capos) están muy apegados a las raíces, por eso son muy generosos con los de su propia clase". En un rápido close-up Redeker anota: "Finalmente el caso de Fabio Ochoa. Periódicamente patrocina subastas de caballos para recoger dineros para los pobres". E interviene Ochoa: "Beneficiará a los pobres sin casa, un programa que se llama Medellín sin Tugurios. Para concluir, Redeker hace una afirmación que nunca fue desmentida: "En esta forma el cartel esta logrando no sólo lavar su dinero sino también su imagen. Haciendo surgir el espectro de que Colombia, como Bolivia, su vecino sureño, pueda algún día ser controlada política y económicamente por el cartel de la cocaína. Crimen organizado, gobierno desorganizado". Valdría la pena recuperar esa frase. En el fondo de toda esta tragedia, los Ochoa y sus amigos hacen surgir el espectro de que Colombia "pueda algún día ser controlada política y económicamente por el cartel de la cocaína. Crimen organizado, gobierno desorganizado". Hace poco Noticias Uno y El Nuevo Herald dieron cuenta, con un intervalo de diez horas, de la incautación por parte de la Policía y de la DEA, de un helicóptero, propiedad de Uribe Vélez y de otros, en la llamada operación Yarí. En el complejo, de 500 hectáreas de extensión, las autoridades encontraron siete pistas de aterrizaje y 14 fábricas capaces de producir 20 toneladas semanales de cocaína. De acuerdo con el reporte del corresponsal del Herald. en Colombia, Gonzalo Guillen, el 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe saliera prácticamente destituido de la Alcaldía de Medellín, y en plena campaña electoral para el Senado de la República, las autoridades colombianas y estadounidenses dieron un rudo golpe contra el narcotráfico, que algunos han calificado como "el más grande en la historia".

En el operativo, las autoridades decomisaron un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X (amparado hasta ese momento por la matrícula norteamericana N215- FA), que llegó a Colombia el 27 de octubre de 1981, importado por una empresa de Alberto Uribe Sierra. La licencia de operación y la matrícula correspondiente se le otorgaron un día después, luego de un trámite preferencial de cuatro horas que obvió tumos que comúnmente se demoran alrededor de veinte días. El director de Aerocivil en ese momento era Alvaro Uribe Vélez. Ese mismo día Aerocivil "concedió matrículas de bandera colombiana a tres de los seis aviones que la Policía decomisó durante el allanamiento. Uno de ellos fue el HK 2592P, en cuyo expediente figura un oficio de recomendación especial firmado por el entonces jefe de Planeación de la Aeronáutica Civil, César Villegas, principal asesor de Uribe Vélez". En ese momento el director de la Policía era el general Víctor Delgado Mallarino. El informó que el complejo, desde el cual se exportaba semanalmente hacia los Estados Unidos toneladas de cocaína, "pertenecía a las organizaciones de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez y Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes manejaban los poderosos carteles de Medellín y Cali. La dirección del operativo estuvo a cargo de los coroneles Jaime Ramírez Gómez (posteriormente asesinado por la mafia cerca de Bogotá) y Luis Ernesto Gilibert, hoy director de la Policía Nacional de Colombia". El helicóptero fue el mismo en que el padre del candidato viajó a su hacienda ocho meses antes, cuando fue asesinado en un supuesto ataque de las Farc. "El 28 de marzo de 1984, diecisiete días después del golpe a Tranquilandia y Villacoca, la oficina de Registro Aeronáutico de Aerocivil recibió una carta de la firma propietaria del helicóptero según la cual el aparato le había sido vendido a un hombre llamado Fidel Agudelo Chávez. Los anteriores propietarios advertían que no existían escrituras legales que acreditaran la venta, dado que estaban 'pendientes del avance del proceso sucesoral del finado Alberto Uribe Sierra'. "La carta venía acompañada por un documento suscrito ante un notario en febrero de 1984 por Agudelo Chávez y por Jaime Alberto Uribe Vélez (hermano de Alvaro recientemente fallecido), quien se comprometía a entregar el helicóptero en pago de una deuda que su padre había contraído con el presunto nuevo propietario de la nave". En el expediente oficial no aparece hoy ese traspaso. El rastro del helicóptero se perdió. Después de haber sido adjudicado a la Policía Nacional, la fiscalía ordenó devolverlo a los dueños "alegando que no hubo sentencia judicial alguna que condenara oficialmente su relación con el narcotráfico. Poco después del decomiso, Uribe Vélez le solicitó una cita a Enrique Parejo, ministro de Justicia de ese entonces, durante la cual le explicó que su padre no pertenecía al narcotráfico y que simplemente "le había prestado el helicóptero a un amigo". El informe de Noticias Uno, que se transmitió el domingo 21 de abril, fue elaborado por Ignacio Gómez, director de Investigaciones del Canal Uno, un acreditado periodista colombiano que se ha visto obligado a vivir durante largos períodos mera del país por razón de las amenazas de que ha sido víctima. En las dos semanas previas a la emisión, Gómez recibió en el teléfono de su residencia particular quince grotescas llamadas de sicarios. Sin amedrentarse, el noticiero publicó su crónica, para la cual le pidió una previa respuesta a Uribe Vélez. El se negó, alegando que sus respuestas podían ser editadas. En consecuencia, se le propuso que hablara en directo, sin límite de tiempo. Respondió que contestaría "más tarde". Pero no dijo nada. Al día siguiente, sin embargo, aceptó varias entrevistas por la radio, en las que acusó al director del informativo, Daniel Coronell, de ser un testaferro de Noemí Sanín, también candidata presidencial. Coronell respondió enérgicamente. De inmediato recibió tres amenazas en su oficina y varias por su teléfono celular. A las 11 de la noche del lunes 27 un hombre lo llamó desde un aparato no registrado para decirle "te vamos a matar, hijo de puta". A las 9 y 30 de la mañana del día siguiente, otro hombre llamó al celular y le dijo que matarían a su hijita de pocos años. Coronell se vio obligado a sacar a la niña del país y a enviarla a vivir con unos parientes.

Todo eso se supo. Y, sin embargo, aquí no pasa nada. ¿Qué responde el candidato a las preguntas que acepta responder? El 21 de abril del año 2002, El Tiempo lo interrogó respecto de algunas de ellas. "Mire lo del helicóptero de la Gobernación -explica el candidato-. Decían que viajaba en él a la finca de los mafiosos. Y todo eso es falso". Hábil. Pero no es la respuesta a la pregunta que se formula. Nadie ha hablado de un helicóptero de la Gobernación. Se ha hablado, sí, de un helicóptero de la Alcaldía, que en realidad no era de la Alcaldía sino de la mafia, en el que viajó el alcalde a una cumbre del cartel de Medellín. La situación es muy distinta. Uribe hace lo que hacen los encargados de los perros con los que se controla el tráfico de drogas en el aeropuerto de El Dorado. Que cuando quieren dejar pasar un cargamento, sacan los perros antiexplosivos. Los pobres canes husmean y husmean todos los equipajes, y nada. Así es fácil. El periódico le plantea el hecho de que el helicóptero en que viajó a la hacienda en la que fue asesinado su padre, era de Pablo Escobar. Él explica que, ante semejante emergencia, se montó en el primer helicóptero que le ofrecieron, sin preguntarse de quién era. -¿Una coincidencia? -Lo que se pidió fue a través de Helicol un socorro, un SOS -contesta-. Teníamos un lío descomunal. Por favor, póngase cualquiera en los pantalones de ese lío. Donde hubiera sido una persona con amistad con Pablo Escobar, ¿qué cree que hubiera pasado en 30 años de carrera política? ¿Medellín sin tugurios? Jamás tuve que ver con eso ni como alcalde ni como persona natural. Ahí están los testimonios de mis secretarios y de opositores, como el doctor Ramiro Valencia Cossio. En una página anterior del mismo día (21 de abril) El Tiempo informa que "no se ha encontrado evidencia que vincule al entonces alcalde Uribe con ese proyecto. Según el periódico Medellín Cívico, del que Escobar fue columnista y editor, el barrio se terminó en enero de 1984. El hoy candidato fue alcalde de Medellin entre septiembre y diciembre de 1982 y, aunque coincide con la época en la que Escobar realizaba trabajos cívicos, su administración no aparece vinculada a ellos". Pero "la única conexión con ese programa data del 13 de marzo de 1983, cuando su padre fue rejoneador en una corrida pro Medellin sin Tugurios, en la plaza La Macarena, transmitida por importantes cadenas radiales y en la que estuvieron los toreros Pepe Cáceres y César Rincón. En la jomada de beneficencia, una de las tantas en las que aparece Alberto Uribe Sierra, otros rejoneadores fueron Dairo Chica y Fabio Ochoa, hijo. Y aunque en ese entonces Escobar era congresista y sus actividades ilícitas estaban ocultas, el Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos Galán, ya había rechazado públicamente la lista que lo llevó a la Cámara, esgrimiendo su oscuro pasado. Al otro día de la muerte de Alberto Uribe, entre los avisos de condolencias en los diarios, hay uno de Medellin sin Tugurios". -Hay otro incidente -plantea el periódico-, también con un helicóptero decomisado en "Tranquilandia"... La matrícula es la misma del que poseía su padre, el HK 2704-X. -Mi padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo asesino, ese helicóptero quedó medio destruido, y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa, y esa empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo tuvo en su poder. ¡Hombre, por Dios! Eso lo hizo mi hermano Jaime, y todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta... Después, la Policía decomisó ese helicóptero u otro con los mismos números. -¿Ese helicóptero u otro con los mismos números? - repite el periódico. -Uno no sabe si es el helicóptero o es uno con los mismos papeles. Recuerdo que se hizo un escándalo, y la familia sacó un aviso en la revista Cromos de la época. En otra página de la misma edición, El Tiempo precisa algunos elementos del asunto: "El helicóptero, que perteneció a Aerofotos Amórtegui Ltda. -sociedad de Uribe Sierra- terminó involucrado en una investigación por narcotráfico. Se trata del Hughes 500 con matrícula HK 2704 X, el mismo en el que el padre de Uribe fue a su finca el día que lo mataron. El 6 de febrero de 1984, Jaime Uribe entregó el aparato a Pedro Fidel Agudelo Chávez, en pago de una letra por 25 millones de pesos firmada por Alberto Uribe Sierra y vencida el 10 de noviembre de 1983. Así reza un documento firmado por Jaime y por Agudelo. El traspaso quedó pendiente hasta tanto finalizara el proceso de sucesión de Uribe Sierra. Pero nunca se hizo, pues el 11 de marzo de ese año, la nave fue decomisada en la operación Yarí, conocida como Tranquilandia, el golpe que la Policía colombiana dio a un gigantesco complejo coquero en las selvas entre Caquetá y Meta. Tras su incautación - ordenada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá)- la nave fue entregada a la Policía y 11 años después, la Fiscalía Regional de Bogotá precluyó la investigación y ordenó devolverla a sus dueños, «al no haber pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial». Para conocer el destino de la aeronave, se localizó a Carlos Amórtegui, socio de Uribe Sierra en Aerofotos Amórtegui, quien manifestó, a través de un familiar, que perdió la pista de la nave luego de que la Policía se quedó con ella. El director de esa institución, general Luis Ernesto Gilibert, dijo que se está rastreando el paradero del helicóptero. El hombre que recibió el helicóptero -Pedro Fidel Agudelo- y el que lo reclamó en su nombre - Sigifredo Cardona Cardona- no tienen requerimientos judiciales. Tampoco los tenían Amórtegui y el padre de Uribe, en 1981, cuando lo compraron".

De ese océano de palabras, dos cosas quedan en claro: una, que en el momento de la operación Yarí, el helicóptero capturado y decomisado por ser de la mafia (que entre otras cosas es el dinamitado y ametrallado en el momento en que muere Alberto Uribe Sierra), pertenecía a la familia Uribe Vélez; y dos, que el negocio que en el curso de 25 días, puso el aparato en manos del narcotráfico, fue celebrado por Jaime Uribe Vélez en representación de sus hermanos. A no ser que el helicóptero nunca su hubiera puesto en manos de la mafia sino que, en realidad, jamás hubiera salido de ellas.

Las relaciones de Alvaro Uribe con el tema del narcotráfico han sido estrechas. Pero, poco a poco, cuando vio las amplias perspectivas políticas que tenía ante sí, buscó la forma de darles un tinte académico. De ahí que en el Congreso de la República fue siempre un senador convencido de la soberanía del país para juzgar a sus nacionales, inclusive cuando esa posición puso en peligro la estabilidad institucional de Colombia. En diciembre de 1989 el gobierno Barco presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional al que el país, una vez aprobado, debía convalidar por referendo. El tema se había discutido a lo largo de dos años, y tocaba puntos esenciales como el de una circunscripción electoral especial para los grupos alzados en armas que, se suponía, facilitaría el proceso de paz. Los círculos políticos y del gobierno consideraban que en el articulado residía el buen éxito de la administración y estaban empeñados en lograr que fuera aprobado. Pero ninguno de ellos contaba con un as en la manga del narcotráfico. Cuando el asunto llegó al Congreso, el país vivía una crisis de proporciones provocada por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido tres meses antes. El tema de la extradición, aprobada y aplicada por gobiernos sometidos de manera invariable a la amenaza del terrorismo, se trataba con enorme cautela. Fue entonces (30 de noviembre) cuando en la Cámara, un grupo de representantes, entre ellos Jairo Ortega Ramírez (quien había llevado al Congreso a Pablo Escobar, escogiéndolo como su suplente), Carlos Pineda Chillan, Ernesto Lucena Quevedo, Jaime Arizabaleta Calderón, César Pérez García y Tiberio Villarreal, incluyeron un artículo que sometía la extradición al referendo de los colombianos. A los narcos -y a sus congresistas- les importaba que el asunto quedara en manos del electorado porque sobre él podría influir por medio del terror. En ese momento, una serie de crímenes sin pies ni cabeza, con resultados demenciales en lo que se refiere al número de víctimas y a las pérdidas materiales, había sobrecogido al país. Atentados en centros comerciales, en calles concurridas, en edificios escogidos al azar, asesinatos porque sí, habían sometido al país al arbitrio de los delincuentes. Fue en ese momento cuando los narco-congresistas presentaron el texto de su artículo. El ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, sostuvo que, si lo aprobaba, el Congreso condenaría a los colombianos a una carnicería. Con ese proyecto les dijo el ministro a los representantes, ustedes están en peligro de convertirse en un órgano más del narcotráfico. Y les pidió que no le entregaran el país al delito, "atado de pies y manos". Los debates fueron superficiales. Los capos se habían apoderado de ese órgano legislativo. Sin escuchar para nada las razones del ministro, los representantes aprobaron la reforma con su "mico" al hombro, gracias a la ponencia positiva de Mario Uribe, un político de provincia cercano a Escobar y primo del senador Alvaro Uribe Vélez (hoy, el primer Uribe es uno de los cuadros directivos importantes de la campaña presidencial de su pariente). El gobierno necesitaba que la reforma fuera aprobada, pero sin el mico, y decidió confiar en la sensatez del Senado de la República. A mediados de diciembre el texto se sometió a la aprobación de la Comisión Primera. Las discusiones fueron cortas pero la reflexión extensa. Y las consecuencias tremendas. El 13 de ese mes, luego de 72 horas de espera, la Comisión aprobó el texto de la reforma y dejó viva la consulta sobre extradición. "El 13 de diciembre -escribió Sergio Ocampo en El Tiempo- entró en la antología de las noches nefandas del país". Valdría la pena reproducir algo de su excelente texto: "Fueron pocas horas. No obstante, para una explosión sólo se requieren segundos. Y eso fue lo que ocurrió esa noche: cerca de tres décadas de desbarajuste institucional emergieron violentamente... "La crisis colombiana tocó fondo: guerra declarada entre gobierno y Congreso, renuncia de las cúpulas de los partidos tradicionales, interinidad en el poder regional en diez departamentos. La gravedad de los hechos no fue solamente una sumatoria de situaciones críticas. La noche del 13 de diciembre fue quizá, el más fuerte campanazo para la institucionalidad colombiana, desmoralizada, resquebrajada, enferma de gravedad. "En una sola noche el país comenzó a afirmar que su Ejecutivo está al garete, y que el Congreso ya no es una casa de leyes, un lugar de representación nacional, sino una sociedad anónima, una empresa donde se lucran 400 socios. "También se abrieron grandes interrogantes en tomo de los partidos: ¿qué pasó con aquellos grupos que aglutinaban opiniones, que eran tribuna de propuestas, que eran colectores de inconformidad? "En una sola noche el país desnudó su verdad". Esa verdad era evidente. Más allá del abandono del proyecto por parte del gobierno, del divorcio entre presidente de la República y Congreso, del trabajo inútil de quienes invirtieron dos años en sacarlo adelante, los que gobernaban a este país eran los narcotrafícantes. Y lo gobernaban por el miedo. Desde 1983, cuando el senador Rodrigo Lara denunció que ocho parlamentarios se encontraban vinculados al narcotráfico (dos de la Guajira, dos del Magdalena, uno del Atlántico, uno de Antioquia y otro de Córdoba) (Arríeta et al, 1993, 230), nunca se había vuelto a hablar del asunto. "Un buen número de parlamentarios -escribió Ocampo- tienen o tuvieron nexos en el pasado inmediato con el dinero de los carteles. Cabe aquí diferencias, de todos modos, a otros dos grupos de congresistas que respaldaron la arremetida narcotraficante en el Congreso, sin estar implicados directamente. "Un primer grupo, el de los parlamentarios intimidados, con miedo concreto, e inclusive amenazados. Un segundo, el de los que actuaron exacerbadamente, aquellos que vieron en ese momento la mejor ocasión de cobrarle al presidente Barco su desprecio de tres años. "Este año el Congreso alcanzó su desprestigio absoluto. Más que nunca se sintió esa noche, el vacío de un líder, de una voz en el Parlamento, alguien con conciencia, con prestigio intelectual, con talla moral". Así las cosas, la reforma (con su mico) llegó a la plenaria del Senado. Y el líder que echaba de menos El Tiempo surgió sorpresivamente. No era un miembro del Congreso, aunque sí había sido parlamentario largos años. Se trataba del ministro Lemos. El 14 de diciembre, a pocas horas de cerrarse las sesiones del Congreso, se reunió con los 54 senadores de su partido, los liberales, y les hizo un "dramático llamado" a salvar el país. "El Senado -les dijo- es el último dique que queda para detener la avalancha de la delincuencia. Si ustedes fallan en este instante estelar de la historia del Senado, el país ya no tendrá protección ni defensa frente a los narcotraficantes. Ustedes son un grupo privilegiado, que tiene una inmensa responsabilidad que nunca antes Congreso alguno hubiera podido tener". Se trataba de una reunión informal. De manera que allí hablaron los partidarios del mico sin ningún tapujo. Uno de ellos David Turbay, procesado y condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico; el otro, Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias; y el último, Alvaro Uribe Vélez, candidato presidencial.

En ese instante crucial no había términos medios: o se estaba con el narcotráfico (por lo que fuera, por miedo, o por odio, o por conveniencia, o por complicidad), o se estaba con el Gobierno. Uribe no estaba con el gobierno. Para comenzar, sacó a relucir una posición "filosófica": no se pueden estar a favor de la extradición de colombianos para que sean juzgados en el exterior. Y luego propuso una fórmula inadmisible: que se aprobara la reforma sin el mico, y que el gobierno aceptara convocar un referendo o plebiscito seis o siete meses después en torno al tema específico de la extradición, una vez la situación de orden público lo permitiera. Lemos se mantuvo en sus trece. Su exposición podría resumirse en la frase que recogió El Tiempo: -Si esa propuesta pasa-sostuvo-, las elecciones futuras ya no serán con papeletas sino con metralletas. La propuesta de Uribe fue un recurso desesperado para salvar el mico. La hizo con la voz quebrada y lágrimas en los 108 ojos. Pero no prosperó. Algunos senadores, con Gustavo Balcázar a la cabeza, ofrecieron respaldo a la posición del gobierno. Balcázar afirmó que votaría en conciencia, pero que públicamente decía que lo que ella le dictaba era negar la inclusión de la extradición en ningún referendo. -Sí -anotó Lemos- , La del senador Uribe y la de quienes lo acompañan, es la peor de las fórmulas posibles. Lo que ellos proponen es que el país se empeñe en una campaña que va a durar seis o siete meses, en la que van a estar directamente interesados los narcos. El gobierno no acepta eliminar la extradición ni hoy ni nunca. En ese momento se hundió el mico, y se hundió la reforma con él. El senador liberal Federico Estrada, y Mario Uribe, el ponente en la Cámara, sostuvieron "una tesis sin antecedentes en la historia constitucional del país": según ellos, la reforma ya era un hecho, inclusive sin sanción presidencial, con aquellos puntos aprobados por las dos corporaciones que no sufrieron modificación. Eran los últimos aleteos desesperados del narcotráfico por salvar su posición en el Congreso de Colombia.

Luego, los senadores que habían expresado su posición favorable al mico, creyeron conveniente explicarse en la plenaria. Antes de que la Corporación votara por "aplazar" el proyecto, Uribe, en un tono menos vehemente, "propuso que el referendo no coincidiera con las elecciones para que el narcotráfico no presionara, y que el gobierno decidiera cuándo hacerlo". Es a esa intervención a la que se ha referido en las numerosas ocasiones en que ha considerado prudente rectificar a un columnista. Le pidió a uno de los políticos tradicionales vinculados a su campaña, el presidente del Congreso en ese momento, Luis Guillermo Giraldo (coautor y beneficiario del llamado "Robo a Caldas”) que escribiera un artículo en ese sentido. Obvio, Giraldo, como los perros antiterroristas de El Dorado con los que buscan cargamentos de droga, no encontró nada. Y su pinche ad usum, Apuleyo Mendoza, le sirve de tapete para que explique que "cuando ese proyecto llegó a la Plenaria del Senado yo me levanté y dije que era altamente inconveniente que ese referendo coincidiera con las elecciones parlamentarias porque entonces se corría el riesgo de que el narcotráfico presionara esas elecciones. Sostuve que ese referendo debía llevarse a efecto después de las elecciones de Congreso y las elecciones de presidente. ¿Cuál ha sido mi recorrido en materia de extradición? Cuando era gobernador de Antioquia dije que era necesario revivirla. Y ahora pienso que mientras Colombia tenga el lío del narcotráfico no le queda más remedio que aplicar la extradición".

Dice El Tiempo (21/04/02) que "se solicitaron al archivo del Congreso las grabaciones de esa sesión y en ellas consta la propuesta de Uribe, tal y como él la narra hoy. Pero también consta que no creía en la extradición como una estrategia efectiva para acabar con el narcotráfico". Claro: tal como él la narra hoy, ocultando lo que había dicho dos horas antes. Y en abierta contradicción con lo que le dictó a su amanuense en la revista Cambio (25/02/02). Traiciones de la memoria. Y, peor, paréntesis a la verdad.