El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo en Washington una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en el período 188 de sesiones, para hacer seguimiento a las medidas cautelares que fueron promovidas en representación de la Asociación de Autoridades Tradicionales Shipia Wayúu contra el Estado colombiano y posteriormente concedidas en diciembre de 2015, luego de un intenso litigio.
Es preciso recordar que estas medidas fueron otorgadas en favor de niños, niñas y adolescentes y, previa solicitud, ampliadas a las mujeres gestantes y lactantes y personas mayores del Pueblo indígena wayúu, siendo requerido el Estado colombiano para proteger la vida e integridad personal de esta población, mediante la satisfacción de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud, con pertinencia cultural, a través de medidas a concertar con los beneficiarios y sus representantes.
En la reunión de trabajo que tuvo lugar en la sede de la Comisión en Washington D.C., con la guía del comisionado delegado, los representantes del gobierno Colombiano dieron lectura a una serie de acciones e inversiones dirigidas a la Comunidad indígena Wayúu; también mencionaron la visita del Presidente Gustavo Petro a la región y sus respectivos anuncios en favor del Pueblo indígena -al día de hoy incumplidos-; conviene recordar que el Presidente Petro calificó el año pasado el reporte oficial de la muerte de 20 niños wayuu durante sus pocos meses de administración, como el primero de los fracasos de su gobierno (a la fecha, la cifra de muertes ha aumentado ostensiblemente).
Por su parte, los representantes de la Comunidad Shipia Wayúu realizaron su respectiva intervención, poniendo de presente con preocupación e indignación el incumplimiento permanente y sistemático del Gobierno colombiano frente a las medidas cautelares concedidas hace 8 años por la CIDH, que se evidencia con la muerte de sus beneficiarios y la ausencia de acciones que garanticen de manera permanente a toda la población beneficiaria agua potable, alimentación y un sistema de salud con pertinencia cultural que permita atender a la población que fallece por causas asociadas a la desnutrición, tal como lo documentan las mismas instituciones del Estado; también se puso de presente la situación de inseguridad a la que están expuestos los defensores de derechos humanos.
Así, se acordó realizar una reunión que tendría lugar los días 27 y 28 de noviembre de 2023 en Bogotá, con la presencia de representantes de entidades públicas con capacidad de decisión, con el fin de concertar intervenciones concretas a implementar en territorio wayúu; hoy 26 de noviembre, la Cancillería en representación del gobierno, no ha generado el respectivo espacio para llevar a cabo la reunión, ni se ha pronunciado al respecto.
El gobierno colombiano continúa haciéndole el quite a sus obligaciones locales e internacionales, con miras a superar la crisis humanitaria que ha dejado miles de niños muertos por una causa evitable como lo es la desnutrición, en una región próspera económicamente como lo es La Guajira.
Hoy más que nunca, con este contexto, cobran sentido las palabras del sociólogo, ex relator para el derecho a la alimentación de la ONU, Jean Ziegler, “Un niño que muere de hambre muere asesinado”.
Para mayor ilustración, se comparte el link de las decisiones de Medidas Cautelares:
- https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf
- https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/3-17MC51-15-CO.pdf
- https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/51-17MC51-15-CO.pdf
Acuerdo al que llegaron las partes en la reunión de trabajo el día 6 de noviembre de 2023 en las instalaciones de CIDH:
