“Sarmiento Angulo incurrió en autopréstamos cuando tomó dinero de bancos de su propiedad para financiar sus negocios particulares y ahora espera que los colombianos cubran el valor de esas deudas”, asegura el denunciante.
Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra es uno de los más destacados funcionarios e investigadores de la Superintendencia Financiera. Hoy está suspendido de su cargo y amenazado de muerte debido a que se ha negado a callar e insistido en denunciar las corruptelas que, dice, descubrió con un equipo de expertos de esa entidad respecto de los principales timos, fraudes y desfalcos contemporáneos de Colombia, entre los que sobresale el caso Odebrecht–Grupo Aval.
Rodríguez Saavedra contactó a este periodista y le entregó por escrito las corruptelas que el próximo 6 de agosto, casi con seguridad, permitirán que un tribunal de arbitramento ordene que todos los colombianos obligatoriamente le paguen a una serie de bancos un billón 400 mil millones de pesos, correspondientes al costo de la corrupción practicada entre Odebrecht y el Grupo Aval. Este último es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Varios de los bancos que resultarán beneficiados con ese posible pago también son propiedad del mismo Sarmiento Angulo. Rodríguez Saavedra sostiene que, al haber tomado dineros de los bancos de su propiedad para financiar sus negocios, Sarmiento Angulo incurrió en el delito de auto-préstamos y antes que ser resarcido por el erario que probablemente deberá pagar el costo del fraude, en realidad debería ir a juicio.
Rodríguez Saavedra asegura en su escrito que las corruptelas de Odebrecht y Sarmiento Angulo, así como las indemnizaciones que esperan del estado colombiano después de haberlo defraudado son el fruto de un mecanismo de corrupción al que también pertenecen el senador Álvaro Uribe y el abogado de confianza de Sarmiento (también lo fue de Odebrect y ex Fiscal General), Néstor Humberto Martínez Neira. Éste, desde la fiscalía encubrió la responsabilidad de Sarmiento y la suya misma en los escándalos de Ruta del Sol. Incluso, cerró toda posibilidad de intercambio de información judicial con la justica de Brasil, de donde es la multinacional Odebrecht.
Además, quien deberá darle el billón 400 mil millones de pesos a los bancos que usaron Odebrecht y Sarmiento Angulo, es el actual ministro de economía, Alberto Carrasquilla, quien está moral y legalmente impedido por sus antecedentes y los intereses que tiene en el asunto, asegura Rodríguez Saavedra.
El escrito del funcionario de la Superintendencia Financiera entregado a este periodista es el siguiente:
“Gonzalo, creo que el próximo 6 de agosto el Tribunal de Arbitramento va a reconocer los $1.4 billones en favor de todos los bancos que otorgaron créditos en Ruta del Sol, incluyendo los que pertenecen a la organización del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval).
“Pienso que usted como periodista se puede anticipar para que ello no ocurra.
“Aquí las razones:
“1– Considero que esa plata de nuestros impuestos, en principio, ya se perdió, a menos que los medios o twitter lo impidan, e involucra directamente al Sr. Álvaro Uribe Vélez, promotor como es de público conocimiento de la entada a Colombia de la multinacional ODEBRECHT, según gestión que verificó directamente el propio Marcelo Odebrecht ante el mismo Uribe.
“No es gratuito que se haya designado en el Gobierno a Alberto Carrasquilla Barrera, socio de Andrés Flórez en la firma Konfigua Capital (corporación offshore), sociedad mencionada en los Panamá Papers, además de partícipe a través de Alianza Fiduciaria en los Fondos de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos I y II, más cuando éste Sr. Carrasquilla es claramente un bandido, más cuando los Bonos de Agua o Bonos Carrasquilla, emitidos por el Estado, debieron ser objeto de glosas y evaluación del proyecto (agua y saneamiento básico a 117 municipios) por la Superintendencia Financiera, cuestión que nunca verificó el área competente (Acceso al Mercado – Delegatura de Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes, a cargo de la Sra. Patricia Perea Díaz).
“Vale señalar en lo relativo a los fondos Alianza Konfigura que tales fondos de capital privado no se podían constituir porque no cumplían en su momento con los requisitos de la legislación en materia de carteras colectivas (hoy de fondos de inversión colectiva - FICs), esto es los contenidos principalmente en el art. 85 del Decreto 2175 de 2007 (hoy Decreto 2555 de 2010), más cuando durante el proceso de autorización existió lobby por parte de Andrés Flórez, de lo que fui testigo junto con dos compañeras de trabajo, a lo que, por demás, me opuse con dos compañeras de labores, de tal manera que se autorizaron por la Superintendente Delegada para Emisores Portafolios de Inversión y Otros agentes de manera irregular por clara presión en ese entonces de la Dirección de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y, si mi memoria no me falla, por el Superintendente Roberto Borras Polanía, con posterioridad Superintendente Financiero y amigo personal de Andrés Flórez, a quien sucedió en ese cargo (Director de Regulación).
“2– Esos solos hechos tornan cuestionable a Carrasquilla, quien deberá hacer eventualmente (si no se impide) del giro como MinHacienda de los $1.4 billones a los bancos. Cuestionable no sólo por la presunta evasión de impuestos de la sociedad constituida en Panamá, que debió ser investigada por la DIAN (Santiago Rojas Arroyo) y que se flexibilizó por Mauricio Cárdenas Santamaría como MinHacienda, sino porque a través de Konfigura Capital, Carrasquilla, junto con Flórez, también fue contratista y consultor de Odebrecht (Ferrocarril del Carare - proyecto de Uribe en su Gobierno). Éste hecho, como usted puede ver y verificarlo, vincula directamente al Sr. Uribe Vélez por ser de su iniciativa.
“3– Si usted observa, Gonzalo, todo está medidito y calculado para que el Tribunal de Arbitramento, el próximo 6 de agosto de 2019, ABSUELVA Y ORDENE PAGAR a todos los bancos en el caso Odebrechet -Grupo Aval, incluidos los bancos del Sr Luis Carlos Sarmiento Angulo, dando un aparente viso de legalidad a la comunidad colombiana, ello en contra del Estado (ANI). De ahí la persecución que Néstor Humberto Martínez desató contra el Sr. Luis Fernando Andrade, lo que claramente implica que los colombianos, con nuestros impuestos, pagaremos los créditos otorgados por los bancos participes en la corrupción, esto es los del Sr. Sarmiento Angulo.
“Vale señalar, que la Ministra de Trasporte, Ángela Orozco, está argumentando que el gobierno Santos no alegó caducidad alguna del contrato. No obstante, valga señalar, no lo podía hacer, pues por la corrupción existió clara NULIDAD ABSOLUTA, lo que retrotrae los efectos del contrato como si nunca hubiera existido. De hecho, éste es al argumento que señaló Pablo Felipe Robledo como Superintendente (Superintendente de Industria y Comercio, SIC), y que con posterioridad implicó medidas administrativas contra Luis Calos Sarmiento Gutiérrez (junior) y otros altos directivos del Grupo Aval, actuaciones administrativas hoy paralizadas y cumpliendo términos para su caducidad; es decir, durmiendo el sueño de los justos en el área de competencia de la SIC.
“Además, este mismo hecho lo señaló claramente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso (véase en Sentencia del 6 de diciembre de 2018 del mencionado Tribunal, Sección Primera Subsección “A”, Ref.: 250002341000201700083-00), que inhabilitó, entre otras cosas, a Odebrecht y a EPISOL a contratar con el Estado.
“De aquí, salta otro interrogante, ¿Por qué no se ha declarado la caducidad de los contratos en que participó Corficolombiana, por ejemplo, la concesión vía al llano, si EPISOL fue inhabilitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
“Esto lleva a otro cuestionamiento: ¿por qué las bancas de inversión (caso Corficolombiana) se están utilizando para proyectos productivos de quienes son sus dueños (socios), si ello, en últimas, implica auto-préstamos, lo que se proscribió desde 1982?, y, ¿por qué la Superintendencia Financiera no ha detenido dicha práctica, máxime cuando la financiación de las bancas de inversión debe destinarse a los usuarios y clientes requirentes de recursos?
“4– ¿Po qué la MinTrasporte salió con la “jugadita” de que tenían que pagarse los $1.2 billoncitos a Luis Carlos Samiento Angulo?, ¿Por qué se cambió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y se produjo el relevo de Mónica de Greiff como Directora Ejecutiva de la Cámara y se nombró a Nicolás Uribe, súbdito irrestricto y de las entrañas del Sr. Uribe Vélez? En definitiva, Néstor Humberto Martínez y el Sr. Luis Carlos Sarmiento Angulo, con clara ayuda de Uribe, son unos maestros del mal, aún tahúres y tacan a tres bandas, al punto que recuerdo que Andrés Flórez no sólo actúa como apoderado de los bancos de Aval, sino de la Asociación Bancaria, donde Sarmiento Angulo tiene un poder inimaginable.
“De hecho, creo que la “jugadita” de Martínez Neira al renunciar era dar visos de legalidad y transparencia a la operación que hoy estamos viendo, ya que esa renuncia inmediatamente implicaba la renuncia del Fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, quien estorbaba y estaba logrando algunos resultados en el caso Odebrecht-Grupo Aval, y claramente, como hoy lo vemos, dejaba sin investigación el caso Odebrecht-Grupo Aval en manos del Fiscal encargado, Fabio Espitia, escogido y nombrado por el mismo Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué Duque cambio el procedimiento para la elección del Fiscal y por qué no ha enviado la terna a la CSJ?
“5– El cambio de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, así como el nombramiento de Nicolás Uribe como Director Ejecutivo, claramente tiene un propósito perverso que, estimo, es el de presionar a los árbitros, incluso amenazarlos con n o volver a ser nombrado jamás en otros tribunales si no emiten un fallo en favor de Odebrecht-Grupo Aval. Y ello es clarito, en tanto los honorarios para estos desempeños son altísimos, pero también presenta ante la comunidad una aparente decisión tomada en derecho por un tribunal que administra justicia. Jugada maestra, más aún en un estado de opinión como el que ha impuesto Uribe.
“6– Dos cosas adicionales frente a lo anterior y que se alega por Flórez, socio de Carrasquilla, en el tribunal de arbitramento en punto a la buena fe de los bancos:
“Una primera, que el art. 20, Ley 1882/18, refiere sólo proyectos y contratos de ejecución de obra y no préstamos o contratos de crédito (contrato bancario). Donde la ley no distingue no le es válido hacerlo al intérprete.
“Una primera, que el art. 20, Ley 1882/18, refiere sólo proyectos y contratos de ejecución de obra y no préstamos o contratos de crédito (contrato bancario).
“La segunda, que los bancos del Grupo Aval, a diferencia de los otros bancos, no pueden alegar buena fe porque una de las empresas de Aval (EPISOL) participó de la corrupción de Odebrecht en ruta del Sol 2. De hecho, nadie en Colombia puede exonerarse alegando su propia culpa, sin dejar de señalar naturalmente que la propia Corficolombiana y al Banco de Bogotá (Matriz de la Corporación), también participaron de la corrupción, más cuando tales entidades claramente lavaron dineros como intermediarios del mercado cambiario en Panamá, Andorra, Miami y Nueva York, hecho que denuncié ante el Procurador General, Fernando Carrillo y la Fiscalía General. (Carrillo se hizo el pendejo; Martínez Neira se hizo el Pendejo y la Vice fiscal, María Paulina Riveros, se hizo la pendeja.
“Le recuerdo Gonzalo que Carrillo Flórez también fue asesor y consultor (contratista) de una de las empresas de Aval, esto es de Adminegocios & Cía. S.C.A., controlada indirectamente por la Organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en un contrato de promoción y comercialización del Edén Centro Comercial (2016), lo que involucraba a Carrillo declararse impedido en el caso ODEBRECHT-Grupo Aval. De hecho, como es de dominio público, tal impedimento fue indicado por Sarmiento Gutiérrez
“Vale señalar adicionalmente, que la Superintendencia Financiera, violando mejores prácticas en materia de administración de riesgos financieros (OCDE - Basilea), no involucró sospechosamente para la supervisión del Estado de los conglomerados (2019), curiosamente las empresas del sector real de la economía bajo control o dependencia de entidades financieras, como en el caso de EPISOL, COVIANDES y Adminegocios & Cía. S.C.A., para poner un ejemplo, lo que no ocurre en el mundo y resulta absurdo e insólito, a más que sospechoso repito para efectos de control, inspección y vigilancia de conglomerados (matrices, filiales, subsidiarias), más cuando lo sucedido con EPISOL ha golpeado financieramente la estructura del Grupo Aval y sus entidades y ha generado desconfianza en el sistema financiero colombiano, no sólo en el país, sino en los Estados Unidos frente a la cotización del ADR (American Depositary Receipts nivel III, que representan las acciones del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York). De hecho, las calificadoras de riesgo han disminuido la calificación y su percepción de tendencia estable a negativa, pero también de las entidades en el exterior del Grupo Aval (Centroamérica).
“Sobre lo anterior, no debe perderse de vista que ya hay requerimientos de autoridades de los Estados Unidos: Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, de la Seciurities and Exchange Comission –SEC– y de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, y resulta altamente preocupante, lo que implica un claro riesgo sistémico, las investigaciones en especial de la SEC, en tanto el ADR, como atrás indique, se negocia en la Bolsa de Nueva York y su debilidad depende del mercado (inversionistas), lo que implica que eventualmente y en principio se esté presionando a la SEC para que se ordene la revelación real y plena de Aval, más cuando recientemente Odebrecht echó al agua a Corficolombiana, lo que, de adoptarse medidas sancionatorias, dejará muy mal parado al Grupo Aval por efecto de la confianza, en la gravedad que la Superintendencia Financiera ha mostrado debilidades respecto de los cumplimientos a los inversionistas, como sucedió en el caso InterBolsa y que es de público conocimiento, como de hecho lo denuncié a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y a la Contraloría General.
“De aquí sale otra cuestión preocupante, y es que tanto Cárdenas como Carrasquilla han persistido con el mismo Superintendente (Jorge Castaño Gutiérrez), que da continuidad a la gestión de Gerardo Hernández Correa (9 años), éste último disciplinado por la PGN, los dos claros aliados de los Sarmiento y del Sr. Néstor Martínez, y ambos sin experticios en supervisión o técnicos pues nunca han ejercido labores en áreas misionales, amén de que son unas completas nulidades, a tal punto que Carrasquilla violó, para darle continuidad a la gestión de Castaño, el sistema de elección por méritos del Superintendente Financiero, creando, como ocurrió con la del Fiscal, una nueva normatividad que se concertó con Cárdenas, que en el caso del Superintendente determinó una designación a dedo. ¿Por qué no se dio continuidad a la gestión de los Superintendentes de Industria y Comercio, así como de Sociedades, y sí se le dio a un funcionario sin mayores resultados y hoja de vida que los anteriores?
“Para prueba de éste hecho se puede constatar la modificación al Título 34, Capítulo 1 del Decreto 1083 de 2015, en específico el art. 2.2.34.1.6 (reemplazo de los Superintendentes al final del periodo presidencial), adicionado por los Decretos 1817 de 2015 y 1647 de 2018, más cuando el requerimiento de la OCDE para el nombramiento del Superintendente Financiero es tan sólo de 4 años, ello a efectos de garantizar renovación e imposibilitar la continuidad y la perpetuación en el cargo y darle autonomía e independencia a la Superintendencia Financiera, lo que claramente no se ha cumplido en la Superfinanciera.
“Además, como lo denuncie a la PGN y a la FGN, lo que empeora la situación señalada, los nombramientos que han efectuado Castaño y su antecesor (Hernández), no cumplen con los parámetros técnicos de que trata el art. 3º del Decreto Ley 775 de 2005, de ahí que me atreva a señalar que la Superfinanciera presenta debilidades para ejercer cabalmente sus atribuciones por delegación presidencial, más cuando le corresponde como es sabido atender eventuales crisis del sector (InterBolsa).
“7– No se olvide también que ya existe pronunciamiento del juez penal 14 de conocimiento que condenó a José Elías Melo Acosta (ex presidente de Corficolombiana) a 11 años de cárcel. También ordenó la compulsa en copias para que se investigue penalmente al hijo de Sarmiento Angulo, cuestión que ha brillado por su ausencia en la Fiscalía General. En su fallo, el juez concluyó que Melo no actuó sólo, lo que por demás resulta incuestionable si se tiene en cuenta el control directo que ejerce Sarmiento Angulo sobe cada una de sus empresas.
“8– Peguntas:
“a. ¿Por qué la Supeindustria del Gobierno Duque paralizó las investigaciones contra el hijo de Sarmiento Angulo (Sarmiento Gutiérrez) y otros altos directivos de entidades del Grupo Aval?
“b. ¿Por qué estando Martínez Neira de fiscal no adelantó investigaciones transparentes, como las hicieron en otros países, sobre el caso Odebrecht?
“c. ¿Por qué el actual Fiscal encargado, nombrado por Martínez Neira, tampoco lo ha hecho?
“d. ¿Por qué tampoco el Procurador Carrillo Flórez tampoco investiga nada?
“e. ¿Por qué Jorge Castaño Gutiérrez Castaño, Superintendente Financiero (nombrado por Carrasquilla) tampoco ha mostrado resultados en investigaciones sobre Odebrecht-Grupo Aval? Más cuando, contablemente, el lavado de activos de intermediarios cambiarios (Corficolombiana y Banco de Bogotá) es evidente, incuestionable y protuberante y ya se probó penalmente por agentes del CTI.
“Causa curiosidad que durante la Fiscalía de Martínez y ahora en la de Espinosa (Fiscal encargado) no se hubieran hecho imputaciones por lavado de activos a las personas vinculadas con el mercado financiero, como en el caso de Melo Acosta, lo que de hecho implica un eventual fraude procesal y permite concluir cosa juzgada fraudulenta, lo que estimo debe ser objeto de revisión por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“Finalmente, quiero señalarle lo siguiente, Gonzalo, lo que da total credibilidad a lo señalado en este escrito, a saber:
“a– En 2017 alerté a la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el problema Odebrecht-Grupo Aval, dentro de la acción electoral que interpelé frente al nombramiento de Castaño Gutiérrez (Proceso con Ref. 11001032800020170001900).
“Vale precisar, que aun sin concluir ese procedimiento, a partir de esa acción y existiendo pleito pendiente con el Superfinanciero, he sido atacado, acosado laboralmente, hostigado, intimidado, y en mi contra se han efectuado campañas de estigmatización y desprestigio, además que aperturado sin que exista competencia legal, en tanto y por mi fuero como representante de empleados sólo puedo ser sancionado por Carrillo, 4 procesos disciplinarios sin razón o motivo por clara orden de Castaño, después de 23 años de servicio impoluto al Estado y de calificaciones de servicios sobresalientes, estando en la fecha cumpliendo la tercera sanción irregular y abusiva en mi contra.
“b–. Con ocasión a lo anterior y a las denuncias que he presentado ante la PGN. IUS E-2019-007291/IUC D-2019-1233657) y la FGN (radicación DVFG - No. 20196110030182), también se me amenazó de muerte como lo denuncié ante las mismas PGN y FGN (NUC 110016099085201900487), así como ante la Sala Penal de la CSJ.
“Vale mencionar que frente a este último caso y para la instrucción pertinente de la FGN, me encuentro en espera de que el actual Fiscal (E) resuelva la recusación en su contra al ser nombrado por Néstor Humberto Martínez Neira, ello según lo compulsó en copias la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Antonio Hernández Barbosa en Auto del pasado 13 de junio de 2019 (Ref. 11001023000020190040300).
“Pese a las amenazas en mi contra y a mi familia y al ser estas denunciadas a las autoridades reseñadas, no he recibido protección de ninguna clase por las autoridades señaladas, de tal manera que de ocurrir cualquier evento que atente contra mi vida o integridad o la de mi familia, le ruego el favor a usted como periodista apersonarse y llegar hasta lo último para establecer los responsables, partiendo de las personas que señalo en éste escrito y los que fueron denunciados ante la FGN, la PGN y la CGR.
“Mil gracias por la atención prestada,
“Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra
“Funcionario de la Superintendencia Financiera
@RobertoMauriciotico”