Corre el año de 1984, la génesis de la guerra entre los carteles del narcotráfico y el Estado colombiano ha estallado absorbiendo los espacios televisivos, radiales y escritos.  El gobierno, en cabeza del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, ha dado un golpe fortísimo a las finanzas del cartel de Medellín: el allanamiento y destrucción de “Tranquilandia”, el laboratorio de procesamiento de cocaína más grande de la historia.

Pablo Escobar, vengativo e implacable, ordena la muerte del avezado ministro.  Siendo las 7:30 de la noche del 30 de abril de 1984 en una avenida de la capital colombiana, su vida era apagada por la llama de una ráfaga de Mini-Uzi accionada por sicarios en moto.  La fratricida guerra que cobraría cincuenta mil muertos —desde candidatos presidenciales, magistrados, jueces, policías, hasta gente del común— y que volcaría la historia del país, no tenía reversa.  Las escenas posteriores al asesinato del ministro reflejarán extractos de un infierno Alighieriano o de algún cataclismo: cuerpos destrozados e incinerados por la furia de las bombas, masacres, terrorismo, torturas, venganza.   Sangre y dinero, coctel seductor y repulsivo que ansiosamente tragaba Colombia al tiempo que se envenenaba.

A Tranquilandia lo componían nueve laboratorios y ocho pistas de aterrizaje.  El tupido follaje de las selvas del Yarí, al sur de Colombia, era el verde manto con que la mafia ocultaba esa ciudadela del crimen.  Durante años fue el enclave perfecto para la elaboración, embalaje y salida de drogas sin riesgo de la lupa de las autoridades, de ahí su nombre.  Catorce toneladas de cocaína, avaluadas en mil doscientos millones de dólares fueron destruidas.  En el mismo operativo son confiscados equipos de comunicación, precursores químicos, decenas de plantas eléctricas, dos avionetas Cessna de matrículas HK 3064 y HK3007, y un helicóptero Hughes 500 Modelo 369-D con placas HK 2704 X.  Según las investigaciones, dos de las aeronaves, la de matrícula HK 3064 pertenecía en ese entonces a Aviopartes Buitrago y Compañía Ltda., y la HK 3007, a Sociedad Sinuana de Transporte Aéreo Costa Ltda, sin embargo, ni Aviopartes ni Sinuana aparecen registradas en las cámaras de comercio de Medellín y Cali, donde supuestamente se asentaban esas compañías; tampoco en los directorios de esas dos ciudades ni en los de Bogotá, Florencia y Sincelejo, las cuales habían sido referenciadas en los documentos.  Incluso, un informe del CTI da cuenta de que la dirección registrada por Aviopartes Buitrago, en Cali, nunca fue ubicada; es decir, no eran más que empresas de papel.

El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, veinte días antes de su asesinato, había pedido al director de la Aeronáutica Civil de la época, Juan Guillermo Penagos, cancelar, por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes, los permisos de operación y aeronavegabilidad y revocar los certificados de carencia de tráfico de estupefacientes de esas aeronaves y de otras treinta y siete que estaban a nombre de narcos, de pilotos de narcos, o de testaferros.

Al desaparecer “la tierra de la tranquilidad” apareció una duda: ¿No eran acaso las placas de ese helicóptero las mismas que surcaban los cielos avistando las propiedades de don Alberto Uribe Sierra, el reconocido ganadero, negociante, taurino y terrateniente padre de aquel zagal presidenciable?  Efectivamente, eran las placas y el helicóptero de don Alberto.

¿Qué hacía un vehículo de transporte aéreo de la familia Uribe Vélez en medio de un descomunal laboratorio de elaboración de cocaína?  Álvaro Uribe ha ofrecido explicaciones sobre ese arcano suceso ante las insistentes preguntas de algunos: “Fue que mi papá se lo había prestado a un amigo que nunca lo devolvió”, le dijo sucintamente a Enrique Parejo, el Ministro de Justicia que reemplazó a Lara Bonilla.  O la ofrecida a la prensa: “ese helicóptero era de una empresa de mi padre (Aerofotos Amórtegui Ltda.), … y cuando él murió, mi hermano Jaime vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió de ese helicóptero, ¡Hombre, por Dios!, eso lo hizo mi hermano, …todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta”.  Hábilmente Uribe quiere aplacar la curiosidad de los periodistas delegando la responsabilidad en un muerto, y como los muertos no hablan tampoco dan explicaciones, pero lo que logra es sumergir este misterioso incidente en un pantano de más dudas, que después, y con el paso de futuros episodios igual de nublosos, configurarán claramente todo un entramado de actuaciones mafiosas alrededor de su efigie y bajo su capitanía.

Los certificados de traspaso del aparato, que Uribe dice son la prueba de ello, nunca han aparecido, salvo un documento suscrito ante notario en febrero de ese año entre Pedro Fidel Agudelo Chávez y Jaime Alberto Uribe Vélez, conocido con el alias de El pecoso (fallecido en 2001), en el cual el hermano del expresidente se comprometía a entregar el helicóptero al aparente nuevo propietario, en pago de una supuesta deuda dejada por Uribe Sierra.  El traspaso de propiedad se haría al final del proceso de sucesión.  El trámite de derechos herenciales de Alberto Uribe relacionados con su participación en la sociedad Aerofotos Amortegui & Cia. Ltda. se realizó en junio de 1984, dos meses después del operativo en Tranquilandia, o sea, al momento de la incautación el helicóptero era de los Uribe.  En el registro de la Aerocivil no se consigna ningún traspaso de la mencionada aeronave, si es que se llegó a hacer alguna.  Agudelo, el nuevo propietario del helicóptero, era un trabajador de Fabio Ochoa, el narcotraficante condenado en EEUU.  También fue testaferro de Rodríguez Gacha “El mejicano” en la compra de obras de arte.  ¿El hermano de Uribe no supo a quién se lo vendía?

Y aunque la Aeronáutica Civil canceló el 11 de abril de 1984 la licencia del helicóptero confiscado en “Tranquilandia”, el aparato siguió volando.  Según logró establecer El Nuevo Herald, el primero de mayo de 1986 un helicóptero con las mismas características y matrícula cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín.  El diario El Colombiano publicó la noticia: ‘El helicóptero de matrícula HK 2704 X es de propiedad de la firma Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda., de la ciudad de Medellín’.

El ministro Lara Bonilla le había dicho a su hermana que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido allí era del papá de Álvaro Uribe Vélez.   El Nuevo Herald cita la declaración juramentada de Cecilia Lara Bonilla ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá en Julio de 1984: … “fue entonces cuando me dijo, en ese momento: ‘La mafia ha entrado a todos los estamentos del país, no sólo a la política sino a la economía’”.  Dice que se ratifica en todas y cada una de las palabras del testimonio de entonces, que no cita nombres hoy porque algunas personas mencionadas por ella en esa época pueden haber corregido su rumbo.  “Yo creo que él sí tenía muchas dudas de Uribe (Vélez).  Él nos las manifestó claramente”, le contó al diario estadounidense.  Este también desempolvó otra declaración juramentada del coronel de la policía, Jaime Ramírez Gómez, quien coordinó la operación contra Tranquilandia: “(Lara Bonilla) me manifestó que si a él le hacían un atentado iban a ser los que eran propietarios de lo cogido en el Yarí cuando se descubrieron los laboratorios de cocaína.  “Le pedí una mayor explicación y él me dijo: Sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes cogieron en el Yarí’”.  El 17 de noviembre de 1986 Ramírez fue asesinado por sicarios movilizados en un carro Renault 18 verde de placas KF 4491.

Al capítulo del otro helicóptero, el que abordó para rescatar el cadáver de su padre, también lo barniza una lianta capa: “¡Pónganse en mi lugar!, ante un lio descomunal cómo ese, me monté en el primero que me ofrecieron”, responde.  Es decir, desconocía —según él— a quién le pertenecía el aparato.  Décadas más tarde, la examante de “El patrón”, expresentadora y modelo Virginia Vallejo, en su best seller “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, resucita el viejo rumor de que aquel helicóptero pertenecía al capo: “Como el helicóptero familiar de los Uribe sufre daños, Pablo le presta uno de los suyos para traer el cuerpo desde su hacienda hasta Medellín”.  Otra cosa es que —por mal tiempo— el helicóptero de Escobar, con Álvaro Uribe a bordo, no hubiera cumplido la misión”.   “¡Falso de toda falsedad!, el cadáver de mi padre lo trajimos por esa carretera de Puerto Berrío a Medellín”, fue la respuesta de Uribe a lo asegurado por la diva.  Pero está mutilando una parte, pues antes de ser trasladado por tierra, había intentado hacerlo por aire, en un helicóptero de un desconocido que se compadeció de su penosa situación, como intenta hacer creer.  Cualquiera tiene un helicóptero en el patio de su casa ¿Cierto?, no hay porqué ser tan suspicaces.

Se afirmaba que el helicóptero se lo había asignado la Aerocivil, pero esa entidad no tiene la competencia para autorizar el uso de naves de un particular a otro bajo ninguna circunstancia; lo que hace es autorizar pistas, expedir permisos de vuelo y otorgar licencias a aeronaves.  Y para un vuelo a la hora del hecho (ya al anochecer) se deben solicitar permisos especiales.  El periódico El Mundo lo había informado: “El hijo del ganadero muerto, exalcalde Álvaro Uribe Vélez, en un helicóptero moderno del hacendado Pablo Escobar, viajó a la zona después de conseguir un permiso especial de la Aeronáutica para que lo dejaran salir del aeropuerto Olaya Herrera, después de las seis y treinta”.

Para solicitar el permiso a la entidad (como pasajero del helicóptero) y para ésta habérselo aprobado, Uribe tuvo —indefectiblemente— que citar el nombre del propietario.  Después de toda la maraña de contradicciones y verdades a medias, como cosa rara en él, y luego de tantos años, Uribe ha tenido que aceptarlo: “Esa relación fue circunstancial y nada más enlazó a mi familia con esas personas (Escobar)”.  Sin embargo, el diario El Colombiano había publicado en los años ochenta unos mensajes de condolencias por la muerte de su padre de parte de la junta directiva de “Medellín sin tugurios”, la empresa fachada de Pablo Escobar y otros varones de la mafia por medio de la cual lavaban dineros del narcotráfico.  Este detalle deja entrever que la relación de su familia con la mafia no fue “circunstancial” como asegura.  Así mismo, existen recortes de anuncios publicitarios de espectáculos taurinos en la plaza la Macarena y otras, donde era infaltable el nombre de Alberto Uribe Sierra como rejoneador.  Esas corridas tenían como fin “patrocinar” las obras de Medellín sin tugurios, un hecho que nuevamente subraya la cercana relación.  “Bicicletas Ositto” era otra empresa que auspiciaba esas corridas, propiedad de Roberto Escobar, alias El osito, hermano de Pablo Escobar Gaviria.

El capítulo de otro (o quizá el mismo) helicóptero, lo lleva a responder —siendo candidato en 2001—: “Mire lo del helicóptero de la Gobernación decían que viajaba en él a la finca de los mafiosos. Y todo eso es falso”.  Pero su respuesta es alejada de la pregunta.  No se habla de un helicóptero de la Gobernación sino de uno de la Alcaldía, que en realidad no era de la Alcaldía sino de la mafia, y en el que supuestamente viajó cuando era alcalde a una cumbre del cartel de Medellín; algo muy diferente.  Ese es Uribe, un hombre muy hábil que se autodefine “frentero”, pero resuelve todo a su favor por medio del engaite y del hechizo en las palabras nato en los domadores de serpientes o “culebreros”, personajes típicos de su tierra que aseguran expulsar demonios invocando demonios.

Pedro Juan Moreno Villa, un hacendado, industrial, político ultra-conservador, admirador de Laureano Gómez y caballista, muy cercano a jefes paramilitares como los hermanos Castaño Gil, Carlos Arturo Salom Rueda alias “JL”, Luis Ignacio Roldán alias “Monoleche” y otros, fue un hombre de confianza de Álvaro Uribe durante largos años.  Moreno Villa moría en un accidente aéreo el 24 de febrero de 2006, luego de que el helicóptero Bell, modelo 206B de matrícula HK 2496 de la empresa Helicargo S.A. en el que viajaba se precipitara a tierra.  Se creería que el terco y caprichoso destino tiene alguna fijación maniaca (o demoniaca) por enlazar a Uribe con esas máquinas de vuelo, de no ser porque obedecen —presuntamente— no a designios divinos sino terrenales: el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, asegura que fue Uribe quien dio la orden de asesinarlo mediante un sabotaje técnico del aparato.  Similares testimonios ofrecen Rito Alejo del Río, uno de sus tantos generales presos por paramilitarismo y otros delitos; alias don Mario, exjefe paramilitar extraditado a EEUU; y Nancy Esther Zapata, la empleada de un almacén de repuestos aéreos del aeropuerto Olaya Herrera, quien apareció muerta con un letrero que rezaba “Aquí no se aceptan sapas”.

Moreno Villa se había tornado en una constante jaqueca para Uribe desde que empezó a denunciar hechos de corrupción en La otra verdad, su revista, que dieron con la renuncia de varios de sus funcionarios.  Asegura que ese gobierno “riñe con la ética y la moral” y que Uribe “es cum laude de la ingratitud”.  Ha planteado la unión de fuerzas opositoras para impedir su reelección, que ya suena con fuerza.  Por algún motivo que muchos atribuyen a no haber sido designado en un ministerio de importancia (aunque él lo niega), enfila baterías contra el entonces presidente.  Cero y van cuatro.

Y sí hay quinto malo.  Un nuevo episodio de helicópteros, narcotráfico y sangre involucra a Álvaro Uribe.  El 22 de octubre de 1997 acaece uno de los hechos más reprochables de la historia colombiana: Diecisiete personas son asesinadas en el corregimiento del Aro, municipio de Ituango-Antioquia, a manos de ciento cincuenta paramilitares.  Por nueve días consecutivos, los llamados “mochacabezas” cometían todo tipo de vejámenes contra la población: casas incineradas, torturas, descuartizamientos, violencia sexual, etc.; la apoteosis de la crueldad humana mostrando todas sus facetas.  Su población fue desplazada y usurpada de sus tierras, ganado y demás pertenecías.

Varios testigos, entre ellos los moradores de la región y algunos exjefes paramilitares, aseguran que el helicóptero de la gobernación rondaba por el lugar y que su pasajero, el gobernador Álvaro Uribe, tenía con antelación un pleno conocimiento de los hechos.  Por lo menos la omisión es clara, más de una semana en manos de los barbaros y ni una sola acción gubernamental para salvaguardar la población.  Así se relata en los testimonios de excabecillas del paramilitarismo como Salvatore Mancuso, del defensor de Derechos Humanos José María Valle Jaramillo, asesinado por sicarios luego de que denunciara la responsabilidad de Uribe en la masacre; del “accidentado” Pedro Juan Moreno Villa, secretario de esa gobernación; de altos mandos militares en especial de la IV brigada, y de paramilitares como Carlos Castaño.

“Yo nunca me voy a retractar, si me van a matar, que me maten”, dijo el exparamilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, previo a la ratificación de su testimonio juramentado contra Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en noviembre de 2008 sobre su testimonio a la fiscalía del 11 de febrero de ese mismo año.  Cinco meses después, el 23 de abril de 2009, fue ultimado por sicarios.  Había asegurado que esa masacre fue una orden de Uribe para rescatar a su secuestrado primo Mario (condenado por parapolítica).  Añadió tener en su poder un video donde era felicitado y condecorado por “el éxito de la operación” de parte del mismísimo gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.  “Borren ese pueblo, hagan lo que lo que tengan que hacer”, habría sido su orden.  Y en el Aro se desató el demonio.