La más reciente columna de Vicky Dávila en Semana, distribuida vía whatsapp sin que nadie la pidiera, se llama “El plan contra Uribe”. Allí se sostienen tres ideas básicas: que ella escribe sin compromiso con nadie; que la Rama Judicial (“la justicia”, la llama chabacanamente Dávila) solo actúa contra el expresidente Uribe, y que Uribe es inocente.

Para demostrar que escribe sin ser vocera de posiciones políticas, dice que de cada bando la señalan de trabajar para el contrario. Que si uribistas y petristas, derecha e izquierda, todos, están insatisfechos con lo que ella afirma en sus escritos, es porque no milita con ninguno.

Únicamente se le pasó un par de detalles: si algunas veces el líder está descontento con su seguidora, eso no quiere decir que no sea su seguidora. Si la horda de fanáticos no la reconoce como fiel escudera, eso no quiere decir que no lo sea. No digo que Vicky Dávila sea uribista: digo que el argumento que usa para demostrar que no lo es, es una falacia. Realmente, es, más bien, una tontería.

A renglón seguido dice que hablará de Uribe reconociendo sus errores y sus aciertos. Queda claro: no hablará de los delitos y de los crímenes que se le atribuyen al expresidente. Evade el tema. Escribe una columna de opinión sobre un hombre al que se le señala de ser copartícipe de múltiples delitos y se refiere a todo, menos a esas acusaciones. Al evadir el tema, ya toma partido: en su columna defenderá Uribe, aunque sea contra toda la evidencia.

Y habla de Uribe reprochando a la administración de justicia: “El problema no es que investiguen a Uribe. Lo inaceptable es que la justicia solo actúe frente a él.” La periodista dice dos mentiras en 19 palabras.

Señora Dávila: la justicia no solo actúa contra Uribe.

Quizá ella recuerde que esta rama del poder público actuó contra Mateo Gutiérrez León, el joven estudiante de sociología que estuvo privado de la libertad por casi dos años. Lo detuvieron por su presunta responsabilidad en la explosión de una serie de bombas puestas en sedes de entidades financieras y así lo informaron los medios de comunicación y el propio presidente Santos. Sin embargo, al empezar el juicio, la fiscalía lo acusó de un delito diferente. Veinte meses tras las rejas hasta que fue absuelto de todos los delitos que le endilgaron.

También podría recordar que hay un grupo de jóvenes profesionales acusados de haber puesto una bomba en el Centro Andino. Contra ellos también actuó el aparato judicial. Y, también a ellos, la justicia los mantuvo privados de la libertad cambiando la calificación de sus delitos. Algunos de ellos están libres desde hace unos días. Gracias a una acción jurisdiccional del Estado, estas personas pasaron más de dos años privados de la libertad por delitos que no cometieron.

O aún más recientemente: algunos periodistas, entre ellos, la propia Vicky Dávila, dieron a conocer que la campaña del actual presidente de la República recibió dineros que no se registraron en la contabilidad de la campaña y que, con esa plata, se compraron votos. Ante eso, la justicia actuó con prontitud y celeridad y ordenó la detención de los policías que descubrieron el delito.

Se podría hacer un largo listado de las acciones erróneas de la administración de justicia en contra de lideresas y de líderes sociales y que, al cabo del tiempo, se prueba su inocencia y tienen que ser puestos en libertad. También se puede hacer una enorme lista de aciertos del mismo aparato judicial.

Señora Dávila: la justicia no actúa contra Uribe.

Algunos funcionarios de la rama judicial le rinden pleitesía, como decía alias “El Ñeñe”, lo encubren.  Otros, llenos de terror y pánico, evitan juzgarlo.

En por lo menos 7 procesos judiciales hay testimonios, audios, videos y otras pruebas que muestran algún grado de participación del expresidente Uribe en la comisión de delitos de narcotráfico, paramilitarismo y/o corrupción.

Los encargados de juzgarlo prefieren no tomar la decisión inevitable: con cualquier pretexto pasan el proceso de un despacho judicial a otro, en una especie de carrusel de la justicia, sin que se pueda tomar ninguna decisión de fondo; o lo vinculan oficialmente al proceso judicial, engavetan el expediente y dejan pasar el tiempo hasta que al magistrado le llega el momento del retiro o la opinión olvida la gravedad del delito cometido.

Por último: el expresidente y senador de marras no tiene que probar su inocencia. Se supone que es legalmente inocente hasta que alguien le pruebe lo contrario.

Pero ocurre que los periodistas y opinadores que se dedican con ética y con juicio a investigar corrupción, paramilitarismo y narcotráfico se encuentran, muchas veces, con el nombre de Álvaro Uribe Vélez y publican sus hallazgos. Ese es el asunto.

Referirse a Uribe cuando se habla de ese tipo de delitos no es un deporte nacional, ni una fijación de unos pocos periodistas, ni gusto por molestar a dicho senador. Es que, aún siendo judicialmente inocente, su nombre aparece repetidamente vinculado a conductas delincuenciales. Por eso se habla de él como una persona que pertenece a ese mundo. Esto lo puede entender hasta Abelardo de La Espriella. Hasta Luis Carlos Vélez.

*Profesor universitario, experto en justicia comunitaria y resolución de conflictos.