La acaudalada empresaria tolimense Gladys Parras de Charry y su hijo Gustavo Adolfo Charry Parra adquirieron en Ibagué, en 2010, dos lotes de terreno de vivienda de interés prioritario (VIP) cuyos destinatarios son las personas de más bajos recursos.

Se trata del lote cuatro, manzana 7 y el lote 13 manzana seis, pertenecientes a la urbanización reserva Santa Rita. El tamaño de ambas propiedades sobrepasa los 210 metros cuadrados. En el momento de la compra costaron un poco menos de 45 millones de pesos.

Esa adquisición contrasta con la riqueza de los dos compradores, propietarios de una de las empresas más prósperas del Tolima (Casta Agroindustriales Ganadera  S.A.S.), dedicada al comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, cría de ganado bovino y bufalino. Esta firma, en febrero de 2008 se constituyó con un capital de diez mil millones de pesos y Gladys Parra de Charry es la mayor accionista, con 245.000 acciones, lo que equivale a más de dos mil quinientos millones de pesos en acciones de esa sociedad, además de la multiplicidad de bienes y capitales que posee producto del apoderamiento ilícito de la herencia de la familia Charry Martínez, razón por la cual tiene en su contra múltiples causas civiles y penales.    

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“Cómo es posible que este proyecto de solución de vivienda para estrato 2 bajo, destinado y financiado por el municipio de Ibagué, resulte en manos de una de  las familias más adineradas de la región”, dijo a La Nueva Prensa una fuente de la alcaldía de Ibagué.

“Esto causa la indignación de la ciudadanía”, agregó.

“La señora Gladys Parra de Charry y su hijo incurrieron en varios delitos al comprar estos terrenos destinados para vivienda de interés social y las autoridades  del Tolima deben investigar y subsanar estos atropellos”, indicó una fuente de la Procuraduría General en el Tolima.

En las escrituras públicas de compraventa (2386 y 2387 [15/12/2010]) de la Notaría Quinta de Ibagué, “faltaron a la verdad al afirmar que GLADYS PARRA DE CHARRY, pertenecía al ESTRATO 2 BAJO, o sea, que era una persona de ingresos económicos inferiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes o que está en situación vulnerable y, que para este momento no era dueña de otra vivienda, requisitos esenciales para acceder a la vivienda VIP según lo disponía para el momento el Decreto 2.190 de 2009” reza un documento judicial en poder de La Nueva Prensa.

Agrega “Lo que constituye delitos como: Fraude Procesal (art. 453 del Código Penal), Fraude de subvención (art. 453 A del Código Penal), entre otros, no solo al momento de hacer la escritura, sino de registrarla en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué”.

De acuerdo con la Procuraduría, “el vendedor del proyecto, señor JUAN CARLOS CARDONA PARRA, la notaría HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA y las demás autoridades administrativas que vigilan y regulan el sector, deberán responder ante la justicia”.