El paro que en abril de este año destapó la inconformidad de los colombianos debiera tener efectos de mayor profundidad en el desarrollo político y en lo concerniente al modelo económico, ese que ha hecho posible preservar una sociedad de clases, con desigualdad y hostigamiento muchas veces extremo.

Esas protestas de jóvenes, indígenas, mujeres agredidas por la violencia de género, campesinos víctimas del despojo de sus tierras y reducidos a la condición de desplazados, desempleados y en general, ciudadanos acosados por la pobreza y la inseguridad, tienen que llevar a la formación de corrientes militantes en la promoción del cambio anhelado.

Porque no se trata de dejar una constancia de desacuerdo con el gobierno y sus políticas que nada resuelven a pesar de tantas promesas pregonadas. Hay que actuar para cambiar. Hay que ejercer el derecho a elegir a fin de llevar a los cargos de elección popular a quienes tienen tanto la idoneidad como la honradez de liderar la construcción del verdadero Estado Social de Derecho. Es el reto de desmontar el modelo neoliberal que enriquece a la minoría excluyente y acumula la pobreza en la mayoría de la población. Ese modelo, que además propicia la violencia, distorsiona la justicia y utiliza el miedo y el engaño como recursos para apalancar la hegemonía del poder, jalona el atraso y anula la democracia.

El voto de los ciudadanos debe servir para cerrarle espacios a los corruptos y consolidar una democracia  que garantice el empleo de los recursos de la nación en la aplicación de los derechos de todos, para que el acceso la educación, a la salud, a la seguridad, al bienestar real, no sea una quimera sino el reconocimiento cotidiano de la dignidad del ser humano.

Se le debe poner fin al engaño oficial, como el de dar cuenta de un alto crecimiento de la economía, cuando al mismo tiempo las estadísticas oficiales dan cuenta de las malas condiciones en que vive la mayoría de la población.

Y no es sostenible la versión de avances de “la paz con legalidad”, cuando se obstruye la implementación del acuerdo logrado con las Farc y reconocido por la comunidad internacional como un hecho histórico que debe mantenerse y consolidarse. Tampoco hay paz con el asesinato de los líderes sociales y de los ambientalistas, los excombatientes y defensores de los derechos humanos, además de las masacres recurrentes.

Los dirigentes de la protesta social y de los movimientos políticos que tienen la bandera del cambio deben demostrar que esa causa está por encima de caudillismos dogmáticos. La meta debe ser ganar con propuestas renovadoras, abrevando en la fuente de la democracia.

Puntada

La calumnia de la deslenguada congresista republicana María Elvira Salazar en la Cámara de Estados Unidos contra Gustavo Petro debiera merecer el rechazo de la comunidad colombiana. No se puede consentir tanta infamia.

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