La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio a la Unión Patriótica, largamente esperada, es un bálsamo sobre la herida abierta, que sigue sangrando, del pueblo colombiano. Es un gran logro ético-jurídico, un triunfo de este movimiento martirizado y su dignidad, nunca perdida, que vuelve a expandirse.
Los militantes, los directivos, las víctimas de esta tragedia tienen la razón plena de que fueron exterminados por sus ideas políticas, por su causa democrática. La sentencia va en la dirección correcta sobre el reconocimiento público, amplio, sostenido de la dignidad de la Unión Patriótica. El impacto pedagógico de esta decisión es favorable a la civilización de las costumbres políticas.
Excelente la carátula de El Espectador, del 31 de enero, con su título “Fue un genocidio”, con una foto de militantes de la U. P., al igual que el editorial del mismo diario, cuyo título es “Bienvenida la sentencia de la Corte IDH sobre la U. P.”, lo que demuestra nobleza periodística, un valor escaso.
Para la Corte, no bastó el reconocimiento parcial de los crímenes ni que fueran por omisión del Estado. Fue al corazón de la verdad histórica vuelta verdad judicial, pública. La responsabilidad del Estado en el exterminio de la U. P fue por acción directa y omisión; respondió a un plan sistemático contra la vida, honra y bienes de los militantes y sus familias.
Además, durante estos cuarenta años, campearon la impunidad y el cinismo de los gobiernos. El Estado terminó siendo el articulador del entramado con el paramilitarismo, la Fuerza Pública, los hacendados y empresarios. La justicia fue inoperante, un artefacto de adorno en la anomia social que ha rodeado este genocidio que abarca otros movimientos políticos, sociales, éticos y culturales. Lo fue por estar amedrentada, interferida, practicar el negacionismo y la impunidad disfrazada. Una justicia carcomida por la corrupción en sus distintas modalidades. Lo que, en Don Quijote, Cervantes llama “la justicia de encaje”. Dicho esto, no hay que olvidar el asesinato, la persecución, las destituciones de jueces, magistrados, fiscales que han mantenido enhiesta la búsqueda de la verdad.
Se trata de una sentencia no solo declarativa, sino operativa, un derecho vinculante al proferir medidas de reparación necesarias. Se ordenaron las respectivas indemnizaciones económicas, simbólico-culturales y político-jurídicas. También, que las investigaciones sean retomadas en forma plena. El país espera que la JEP profiera sus decisiones, que, para el caso de la U. P., están demoradas. Ojalá la sentencia de la Corte sea incorporada al fallo del tribunal de justicia transicional de Colombia.
Es urgente establecer un balance crítico y autocrítico del papel de los grandes medios de comunicación: radio, televisión, periódicos en este proceso de violencias sistemáticas, de terrorismo de Estado, contra la Unión Patriótica, al igual que contra otros movimientos y líderes políticos, como el magisterio y los trabajadores de la Unión Sindical Obrera. Por supuesto, los indígenas, los negros y, de manera especial, las mujeres.
En esta crítica y autocrítica hay que rendir honor a los periodistas que sacrificaron su vida, que fueron al exilio, que los desaparecieron, despidieron, acallaron, estigmatizaron, porque, en buena parte, el país y el mundo recibieron de parte suya informaciones y denuncias valiosas. Guillermo Cano, el director de El Espectador, merece encabezar la lista de los asesinados.
Una comisión de la verdad sobre la responsabilidad del periodismo en este proceso mostrará con facilidad y precisión la enorme responsabilidad directa de la mayoría de los grandes medios en tergiversar, distorsionar y azuzar la violencia contra la Unión Patriótica y los otros movimientos sacrificados.
Sin duda, hemos estado asistiendo, y lo seguimos haciendo, al más grande genocidio en nuestra América, lo cual ha conmocionado la justicia internacional e indigna al movimiento de derechos humanos de todos los países. Se trata de algo que estremece a la mayoría de colombianas y colombianos. Desafortunadamente, existen compatriotas que están tergiversando y ocultando el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al Partido Comunista, integrante esencial de la U. P., el pleno respeto digno, cancelando el anticomunismo que todavía existe. Bien que el presidente Gustavo Petro acoja íntegramente la sentencia sin reservas.
* Profesor Emérito de la Universidad Nacional
