Mire que las personas, instituciones, organizaciones, empresas o Estados, siempre tienen conflictos que deben resolver. Cuando intentan hacerlo usando la violencia, ésta se convierte en un conflicto en sí misma, y pareciera que ella es el problema principal.
Se dedican, entonces, a superar el uso de la violencia y se olvidan de resolver el conflicto que se pretendió solucionar mediante su uso. Así la violencia resurge una y otra vez para intentar resolver a las malas los mismos problemas de siempre.
La guerra, que es una forma cruel de la violencia, es uno de los modos mediante los cuales se pretenden solucionar conflictos sociales, económicos y políticos. Pero ella es, en sí misma, un conflicto que se debe resolver. Por eso, a una cierta forma de guerra civil se le puede denominar conflicto armado.
Ese conflicto se soluciona, bien sea por el triunfo militar de una de las partes o bien por acuerdo entre ellas. Pero la terminación de la guerra no significa que se han solucionado los conflictos que se pretendieron resolver mediante la violencia.
Hay que solucionar esos conflictos, aunque la guerra haya terminado mediante la victoria de uno de los contendientes. Hay que solucionar esos conflictos, aunque se le haya puesto final a la confrontación armada gracias a un pacto entre las partes. La solución de ellos ocurre en un periodo llamado post-conflicto
Ésto se tuvo en cuenta, al menos parcialmente, en el acuerdo con el cual finalizó la guerra entre el Estado colombiano y las FARC-ep. Esa guerra ya no sigue, pero hay que solucionar las problemáticas que se intentaron resolver a través de la lucha armada entre las partes.
Miremos no más dos de los pactos básicos de ese acuerdo.
El primer punto acordado entre las partes se denomina Reforma Rural Integral.
Es un acuerdo clave porque los conflictos por la propiedad y uso de la tierra en las zonas rurales se han intentado solucionar usando la violencia desde los años 30 del siglo pasado.
Dicho conflicto se puede sintetizar de la siguiente manera: gran parte de la tierra productiva se ha concentrado en unos pocos dueños, algunos de los cuales se han apropiado de grandes extensiones que han sido despojadas a los campesinos pobres por parte de los actores armados.
Muchos de estos nuevos propietarios han actuado de buena fe, otros han construido un tinglado de ventas, reventas, traslados, retroventas, que hacen imposible construir una trazabilidad confiable de los títulos de propiedad.
Los campesinos pobres, muchos de ellos varias veces despojados de sus tierras, ni siquiera pueden conseguir un trabajo como peones de hacienda. Lo cual los pone en una situación de alta vulnerabilidad y los puede convertir en candidatos perfectos para engrosar alguno(s) de los ejércitos en pugna.
Con la reforma rural integral que se pactó, se pretende crear las condiciones para resolver pacíficamente los conflictos que hay acerca de la propiedad y utilización del suelo agrario.
Entre otras cosas, las partes se comprometieron a crear mecanismos de acceso a la propiedad rural y mecanismos e instrumentos para resolver los conflictos que se presentan por la propiedad y uso de la tierra, a construir participativamente Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para algunas regiones del país, y, por último, a expedir planes nacionales Desarrollo Rural Integral.
Pero, vea usted, no se han creado y puesto en marcha los mecanismos de resolución de conflictos, ni se ha creado el espacio institucional apropiado para definir cómo debe usarse el suelo en cada región. Tampoco se han podido articular los programas regionales (PDET) con algunos de los planes nacionales de desarrollo rural. Y para acabar de incumplir: de los 7 millones de hectáreas que se comprometieron a formalizar sólo se han formalizado casi 100 mil… ni siquiera el 2%.
O sea que el problema de la propiedad y uso de la tierra rural está ahí vivito y coleando. Al régimen no se le ha dado la gana resolverlo.
El segundo punto acordado con la insurgencia de las FARC-ep fue participación política.
Estado y guerrilla se pusieron de acuerdo en crear las condiciones necesarias para que más personas puedan participar en los espacios e instituciones en los que se toman las decisiones políticas del Estado.
Acordaron que, de ese momento en adelante, no se utilizaran armas para hacer política y que partidos políticos no tradicionales puedan presentar candidatos, ganar elecciones y ejercer el poder, sin miedo a que los señalen de enemigos del Estado y sin miedo a que los maten.
¿Por qué acordaron eso? Porque ha sido una tradición colombiana que los partidos políticos recurrieran a las armas: si perdían alegaban la carencia de garantías para competir pacíficamente y promovían un levantamiento armado. Si ganaban, el partido ganador usaba las armas del Estado para perseguir a los vencidos: perseguirlos judicialmente, encarcelarlos o asesinarlos.
Con el pacto se intenta que eso no vuelva a ocurrir. Pero vea: Ni se han expedido las normas para promover y facilitar la participación política de la ciudadanía en general y de los excombatientes en particular, ni se ha hecho la reforma política, ni se han creado las circunscripciones especiales transitorias para la paz.
Peor aún: el régimen no solo incumple lo pactado con las extintas FARC-ep, sino que también persigue judicial y militarmente a quienes le piden que cumpla.
Son las dos caras de la misma política: por un lado, incumple lo pactado en el acuerdo de paz y cancela las conversaciones de paz con el ELN, y, por el otro, chuza, persigue y hostiga a políticos y periodistas que exigen que el Estado cumpla lo pactado, mientras permite el asesinato impune de excombatientes, líderes y activistas sociales.
Con el acuerdo firmado entre el Estado y las FARC-ep estuvimos cerca de superar el conflicto armado y de solucionar pacíficamente algunos de los problemas que se convirtieron en violencia. Pero no se ha podido porque el gobierno nacional está en manos de quienes han hecho de la guerra un gran negocio. No son combatientes con o sin causa, ni guerreros desalmados, ni siquiera son mercenarios o sicarios. Sólo son mercaderes.
Mercaderes que no permiten que la paz madure y dé sus frutos. La están esfumando verde.