Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado alrededor de las 7 de la noche del lunes 30 de abril de 1984. Tenía 37 años y era Ministro de Justicia.

Casi dos meses antes, exactamente el 7 de marzo, la policía había tomado por asalto y destruido el más grande y sofisticado complejo de producción de coca, Tranquilandia.  

Según el periódico El Tiempo, en su edición del 23 de abril del 2002, en ese operativo la policía nacional de Colombia decomisó 15 toneladas de pasta de coca, 3 toneladas de coca procesada, inmovilizó 4 avionetas y un helicóptero que pertenecía a una empresa de la cual fue socio hasta el día de su muerte don Alberto Uribe Sierra, padre del hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

Un mes antes del operativo, otro hijo de don Alberto entregó el mencionado helicóptero a Pedro Fidel Agudelo Chávez para cancelar una deuda que el señor Uribe tenía con el señor Agudelo. Nunca se pudo hacer el traspaso porque la aeronave fue incautada.

Con todo lo anterior quiero plantear tres cosas: que el operativo de Tranquilandia marcó el inicio de la guerra entre el Estado y un grupo de narcotraficantes conocido como el Cartel de Medellín. A partir de ese momento, este grupo delincuencial empezó a usar el terrorismo (asesinatos selectivos, masacres y violencia masiva e indiscriminada) como medio de presión contra el Estado y contra la sociedad. Y, por último, que la comentada propiedad del helicóptero incautado en Tranquilandia, no convierte a la familia del senador Uribe Vélez –ni a él mismo- en narcotraficante, ni en colaborador de dicho grupo.

35 años después del allanamiento y destrucción de Tranquilandia, el expresidente Uribe Vélez tiene más de 50 denuncias abiertas en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y más de 25 investigaciones que cursan en la Corte Suprema de Justicia. Ninguna por narcotráfico. En cambio, hay muchas que lo vinculan a grupos paramilitares y/o acciones criminales concretas realizadas por estos grupos. En caso de que se pruebe su responsabilidad y se le declare culpable en alguna o algunas de ellas, puede ir a la cárcel.

35 años después, horrorosas coincidencias que nos crea la violencia en Colombia, el hijo senador del ministro asesinado está promoviendo una discusión jurídica y política cuyo resultado puede beneficiar judicialmente al senador cuyo padre –fatalmente asesinado- era propietario del helicóptero mencionado al inicio de esta columna.

El senador Lara Restrepo propone explorar qué tan conveniente y viable es extender retroactivamente el fuero presidencial para que los expresidentes que deban ser investigados y juzgados por su presunta participación en acciones delictivas, cometidas en el marco del conflicto armado, puedan asumir su defensa y dirimir su caso en el Congreso de la República.

En la entrevista que le hizo María Isabel Rueda, publicada en este periódico el 28 de octubre del presente año, Lara afirmó: “Creo que extender el fuero para casos relacionados con el conflicto le permite a un expresidente asumir su defensa desde el Congreso de la República, en ejercicio del fuero constitucional.”

El único expresidente que hoy se beneficiaría, si se trasmita y aprueba una ley en el sentido propuesto por el senador Lara Restrepo, sería el también senador Uribe Vélez.

Creo que tal beneficio no sería extravagante: otras personas acusadas y procesadas por delitos cometidos en el marco del conflicto armado ya reciben los beneficios que se otorgan cuando la Jurisdicción Especial para la Paz asume el conocimiento y juzgamiento de sus conductas delictivas.

Me parece que el privilegio que se propone para los expresidentes en general, y que beneficiaría a Uribe Vélez en primer lugar, puede encajar perfectamente con el espíritu de la justicia transicional: menos pena, más verdad, reparación y mayor compromiso de no reincidencia ni repetición.

Pienso que la prerrogativa que Lara Restrepo propone en favor del expresidente, no conduce inevitablemente a la impunidad. O, mejor dicho: la propuesta del senador Lara sólo conduciría a la impunidad si el expresidente Uribe gozara del privilegio propuesto sin dar nada a cambio, sólo “por ser vos quien sois”. 

¿Qué se le debe pedir a cambio del privilegio propuesto?

El expresidente que quiera recibir este beneficio deberá comprometerse a reconocer su participación en hechos delictivos específicos y concretos, cometidos en el marco del conflicto armado.

Debe hacer conciencia y reconocer públicamente que sus acciones violentas e ilegales han contribuido grandemente a deshacer los lazos sociales y afectivos que nos permiten vivir juntos como sociedad.

El expresidente que esté acusado de cometer delitos en el marco del conflicto armado y quiera ser beneficiario de la propuesta del senador Lara Restrepo deberá comprometerse a no participar (ni por sí mismo ni por interpuesta persona) en actividad política alguna. En cambio, deberá desarrollar acciones simbólicas y educativas encaminadas a restaurar los lazos sociales que ayudó a romper mediante su accionar criminal. 

No necesitamos poner presos a los expresidentes que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. Necesitamos que ellos abandonen la política y se dediquen a ayudarnos a restaurar el tejido social que contribuyeron a romper con su violencia. 

Sin restauración no hay privilegio. Porque restaurar lo que dañó es hacer justicia.