El senador Álvaro Uribe se encontraba recluido en su hacienda El Ubérrimo, en situación de aislamiento social para evitar el contagio del virus Covid-19, seguramente dirigir su grupo de altavoces del “Centro Democrático” y coordinar la gira de su abogado Cadena por las cárceles colombianas y del exterior, en la búsqueda de paramilitares presos para que firmaran falsos testimonios contra el senador Iván Cepeda. Resulta bastante indigno que un ex presidente de la República solo cuente con criminales para que atestigüen sobre su inocencia.
Entre tanto, la Sala especial de instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó una providencia que le ordenó detención preventiva para evitar que siguiera fraguando el fraude procesal que el país conoce. Es decir que, de la noche a la mañana la corte le convirtió la finca en cárcel. Se trata de una cárcel esplendorosa, un latifundio de 1500 hectáreas, pero así sea en una prisión confortable hoy el patrón del mal es el preso número 10877985.
La medida causó la convulsión política que, con intención de amedrentar a la Corte y de manera amenazante, anunciaron oficiosamente los medios de comunicación antes de su detención, pero no fue la gran convulsión social que ellos anunciaron, solo salieron a las principales avenidas, unos cuantos ricachones estratos 16, montados en lujosas camionetas cuatro puertas, de esas que usan los ricos lícitos y los narcos, a vociferar en favor de la libertad de su supremo. Seguramente sus fanáticos de los estratos uno al cuatro, desencantados, no salieron a las calles por miedo al Covid 19 o, porque empobrecidos y sin trabajo a causa de la crisis agudizada por la pandemia y de los miserables auxilios que dice haber repartido el gobierno, no tuvieron para el pasaje de ida y regreso en el Transmilenio.
El injerencista gobierno de Trump, aprovechó la oportunidad para exigirle a la Corte que le permitiera a su héroe defenderse en libertad. A los gobiernos gringos les importa un comino la soberanía de sus países satélite y mucho menos la independencia de sus jueces. El títere, abandonó su condición de jefe de estado, rompió la neutralidad que estaba obligado a guardar y lanza en ristre contra la corte, defendió la “rectitud e inocencia” de su presidente, para exigir que, al igual que a Santrich, (sospechoso parangón) a su titiritero se le permitiera ejercer su defensa en libertad. Lo propio hicieron el equipo de gobierno y sus aliados, los gremios económicos y hasta algunos miembros del cardenalato. Todos en coro, reclamaron que el intocable debería seguir en su sagrado trono. Pero no lo lograron, el ídolo dejó de ser intocable, le cayó la justicia encima, así sea por el más pequeño de sus delitos, el fraude procesal.
El uribato en pleno, en tono amenazante, desempolvó la bandera del supremo jefe, la manida propuesta de convocar una asamblea constituyente de bolsillo, para “reformar la justicia”, eliminar las cortes y crear una sola que se acomode a las necesidades de impunidad del amo y señor del establecimiento. El llamado a la guerra que hizo una senadora a las reservas militares, solo fue atendido por un agresivo encapuchado en las redes sociales, que enardecido y vociferante cargaba y descargaba su pistola.
No obstante, resulta muy preocupante que a raíz de su detención hayan recrudecido las masacres a manos del ala paramilitar del uribato, en regiones del Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Casanare y Antioquia, en las que fueron asesinados más de cuarenta seres humanos, niños y adolescentes en Cali y Samaniego, indígenas y campesinos en Tumaco, Ricaurte, barranco de minas, El Tambo, Cúcuta y Arauca. La respuesta del gobierno ha sido una afrenta a las víctimas y sus familiares y un insulto a la inteligencia del pueblo colombiano, como si cambiarles el nombre a las masacres por el de “homicidios colectivos”; minimizara esta arremetida de terror.
La ley ordena que a todo funcionario público que sea objeto de detención preventiva debe ser suspendido del cargo por el tiempo que dure el proceso judicial, que, una vez notificado el congreso por parte de la Corte, el presidente del Senado debería proceder a suspenderlo. Pero no fue necesario, porque el preso, como parte de su nueva estrategia, decidió renunciar a su curul, con la pretensión de que el proceso, por posible pérdida de competencia de la Corte, pase a manos de la fiscalía, para que luego, si la fiscalía no lo engaveta, pase a manos de un juez ordinario, obviamente a la medida del expresidente. En esta oportunidad el acusado argumentó la tesis contraria a la que arguyó en su falsa renuncia de 2018, cuando fue llamado por la sala penal de la Corte Suprema a responder por el mismo delito; en aquella oportunidad, sostuvo que como los delitos que le imputaban eran supuestamente cometidos durante el ejercicio de su senaduría, la corte debería continuar con su caso.
La renuncia estuvo acompañada de fuerte ofensiva mediática y política contra la Corte Suprema de justicia y contra Iván Cepeda, principal víctima del fraude procesal y los falsos testigos que habían montado el ex presidente y su mensajero carcelario. En extenso publirreportaje con dos periodistas de la revista Semana, el matarife se despachó con todo un arsenal de oprobios, mentiras y calumnias, tanto contra los cinco magistrados de la sala especial de instrucción de la Corte, como contra el senador Cepeda.
Dijo que esta es la misma corte que pretendió tumbarlo en 2007, porque, según aclaró en entrevista con María Ximena Duzán, el Doctor Julio Cesar Valencia Copete, presidente de la CSJ en aquellos años, la sala de casación, mediante providencia, determinó que los paramilitares, no podían ser beneficiarios de indultos, ni amnistías, al tiempo que empezó a producir fallos condenatorios por parapolítica contra parlamentarios, casi todos de la coalición de gobierno de Uribe, incluido su primo Mario Uribe y, por el sonado caso de los falsos testimonios del paramilitar alias Tasmania contra el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez, entonces el presidente montó en cólera y desató una persecución contra la CSJ, que incluyó, denuncia penal contra el presidente de la Corte, chuzadas y campaña mediática para acusarlos de golpistas. El doctor Valencia Copete fue absuelto.
Obviamente, los cinco magistrados que ordenaron su detención preventiva no formaban parte de la Corte de hace 13 años, pero el expresidente les aplicó el mismo formato que utilizó contra los magistrados de aquella corte, los acuso de tenerlo secuestrado y de haber usado un procedimiento mafioso para condenarlo, a sabiendas de que está detenido mas no condenado, que el proceso de juzgamiento apenas comienza. Mintió al decir que le habían violado ocho garantías procesales, a pesar de que en la providencia se dice que contará con garantías procesales para su defensa. Por su parte su defensor, el abogado Jaime Granados, acusó a la Corte de haber perdido su independencia con el senador Iván cepeda.
El indiciado, acusó a Iván Cepeda de haber intentado comprar 10 testigos, pero la evidencia demuestra que, contrario a lo actuado por el exsenador que presento 20 falsos testigos, él no mostró un solo testigo. Igualmente, lo sindicó de ser “el nuevo líder de las Farc”, calumnia que pone en grave riesgo su vida, la de sus familiares y la de sus abogados, que como lo ha denunciado, las amenazas de muerte contra ellos se han multiplicado. El senador anunció que denunciará penalmente al exmandatario por calumnia e injuria.
Quienes, escuchamos sus declaraciones, pudiéramos pensar que al sociópata se le aflojaron los tornillos; pero de ellas se deduce claramente que su pretensión es intimidar, desprestigiar y desconocer la corte como su juez natural, para deslegitimar, con el apoyo de los medios de comunicación, posible fallo condenatorio. Con el propósito es convertir el proceso penal en un juicio político, acusa a los magistrados de formar parte de un complot político de la izquierda, contra él. Al “denunciar” que la providencia que ordenó su detención preventiva “tiene un sesgo político”, quiere aparecer, ante la opinión nacional e internacional, como un perseguido político, no quiere figurar como delincuente sino como preso político. De ese tamaño es la jugada
Él sabe que su feroz aparato de poder está herido y decidió hacer la ofensiva política para disciplinar su bancada, sembrar odio entre sus fanáticos y alinear aliados narcotraficantes, paramilitares y del establecimiento. No en vano, en su largo publirreportaje enfatizó en el peligro “pre comunista” y “castro-chavista” para las elecciones de 2022. El abogado defensor de Uribe, radicó en la corte la petición de traslado del proceso por fraude procesal y los otros procesos en su contra que cursan en la misma corte y que estuvieron engavetados por años amparados por el cartel de la toga, con la advertencia de que si no lo hacen “deben atenerse a las consecuencias”. La amenaza, al no explicar las consecuencias, tiene tufillo paramilitar.
El expresidente de la Corte, exmagistrado Barceló, quien estructuró el caso contra el exsenador Uribe, también fue acusado de formar parte de la conjura, calificó las acusaciones contra él y los cinco magistrados de “afirmaciones descalificativas, críticas, ociosas, perjudiciales y calumniosas”, dijo que “decirle a los jueces que son mafiosos es decirles delincuentes” y que los cinco magistrados de la sala especial podrían presentar, “si así lo consideran, denuncia por calumnia e incluso por injuria”, contra el indiciado.
La más extravagante de las acusaciones fue la de estar secuestrado por la Corte; es decir que la Corte no ordenó su detención sino su secuestro; tal acusación, no solo es un irrespeto contra las altas cortes, sino una afrenta a los miles de víctimas del secuestro en Colombia, que padecieron todo tipo de vejámenes durante su cautiverio, sometidos a condiciones infrahumanas y en no pocas ocasiones causaron su muerte. Que este presidiario se compare con los secuestrados, es una infamia contra todas las víctimas que padecieron semejante crimen. La verdad es que el pobre viejecito sufre un “secuestro” esplendoroso, 1500 hectáreas por celda, una guardia pretoriana costosa y pagada por el erario, que no lo vigila, sino lo protege y con los micrófonos de todos los medios a su servicio. Recibe un trato super privilegiado que jamás ha tenido preso alguno en Colombia. Igual que millones de colombianos y colombianas, también creo que no se lo merece.
El 14 de agosto, cuatro días antes de su renuncia a la curul, la sala especial de instrucción penal, citó al procesado a indagatoria para que responda por otros crímenes, formación de los grupos de las AUC, “los doce apóstoles” y “el bloque metro”, las masacres del Aro, La Granja, San Roque y el asesinato del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle; crímenes de marca mayor, declarados de lesa humanidad, de los cuales, presuntamente, Álvaro Uribe, fungió como ordenador, actor y promotor. Se anticipó a las peticiones de traslado a la fiscalía de los procesos, tanto por fraude procesal, como de dichos crímenes. En la sabiduría popular hay un dicho que le viene como anillo al dedo a Uribe y sus defensores, con la pretensión de pérdida de competencia, quieren hacha, calabazo y miel, para salir de una vez por todas con el premio mayor, limpiar de toda culpa al matarife y reinstalarlo en su trono de impunidad; para ello, contarían con el fiscal de bolsillo que fue nombrado por el títere.
El Procurador, terció mediante concepto no vinculante, en favor de que la CSJ debe trasladar los procesos a la fiscalía, porque perdió competencia; no obstante, ex magistrados de la Corte Constitucional y de la CSJ, sostienen lo contrario. La CSJ tiene la palabra. Sin embargo, si decide trasladar la competencia a la fiscalía, la justicia, que por fin se vislumbraba para resarcir a los centenares de miles de víctimas del salvaje régimen de Uribe, seguirá en veremos por no se sabe cuántos años más. Bienvenida la denuncia presentada por el exfiscal Montealegre contra el señor de las sombras, por los mismos delitos de la indagatoria que debe rendir el 17 de septiembre próximo. Creo que, de aquí en adelante, el preso del Ubérrimo no tendrá ni paz jurídica, ni paz política, ni paz en la conciencia.
*Miembro de la Red Socialista.