La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) emitió una alerta humanitaria urgente ante la grave y sostenida vulneración de derechos humanos que enfrenta el Pueblo Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio ancestral reconocido por el Estado colombiano.
Según la organización indígena, pese al conocimiento pleno de las autoridades nacionales, departamentales y territoriales, la situación de violencia se ha intensificado por la presencia y disputa territorial de grupos armados ilegales, en particular las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Esta realidad ha generado asesinatos selectivos, amenazas, control armado, estigmatización de líderes y un desplazamiento forzado intercomunitario que pone en riesgo la supervivencia física y cultural del pueblo.
La OWYBT recordó que el Pueblo Wiwa cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2005 y que la crisis actual ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo mediante las Alertas Tempranas 010 y 020 de 2025.
Entre octubre y diciembre de 2025 se registraron al menos seis hechos de extrema gravedad. El 29 de octubre fue asesinada en San Juan del Cesar María Gabriela Maestre Nieves, joven perteneciente a la comunidad Wiwa de Potrerito. El 7 de noviembre, en Palmor (Magdalena), aparecieron incinerados y presuntamente torturados Leonardo Conchangui Moscote, de 30 años, y el niño Alan José Gil Gil, de 7 años.
El 30 de noviembre fue asesinada la docente Elizabeth Nieves Mojicas en la comunidad de Laguna, hecho que provocó el desplazamiento de varias familias. El 26 de diciembre, el homicidio de José Miguel Mojica Pastor en la comunidad de La Múcura derivó en el desplazamiento de al menos 43 familias. Un día después, un enfrentamiento armado entre las ACSN y el Ejército en el sector de Marokazo dejó a comunidades indígenas en medio del fuego cruzado y provocó nuevos desplazamientos.
La organización denunció además agresiones contra docentes y comuneros durante operativos militares, lo que ha profundizado el temor colectivo y la ruptura del tejido comunitario.
Ante la gravedad de la situación, la OWYBT exigió al Ministerio de Defensa la adopción inmediata de medidas de protección colectiva con enfoque étnico, concertadas con las autoridades tradicionales. Al Ministerio del Interior y a la Cancillería, solicitó la activación urgente de los mecanismos de protección para pueblos indígenas y la instalación de una mesa interinstitucional de alto nivel.
También pidió a la Defensoría del Pueblo reforzar el seguimiento a las alertas tempranas y a los organismos internacionales verificar en territorio los hechos denunciados. A la Presidencia de la República, le reclamó liderazgo político para atender la crisis como una prioridad nacional y garantizar el cumplimiento integral de las medidas cautelares de la CIDH.
“La persistencia de la violencia armada y la inacción estatal están empujando a un desplazamiento masivo que amenaza nuestra pervivencia como pueblo”, advirtió la organización, que reiteró que el Pueblo Wiwa no es parte del conflicto armado y exigió garantías reales para la vida, la paz territorial y el respeto a la Ley de Origen.
