La justicia de Colombia impuso este martes (30.03.2021) una condena de 28 años y 8 meses de prisión a Jesús Vargas, alias 'Reinel', un guerrillero que se apartó del acuerdo de paz, por su participación en el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en 2018, anunció la fiscalía. Vargas, que ejercía como mando medio del grupo armado Oliver Sinisterra, es el primer condenado por el crimen de los trabajadores del diario El Comercio en la frontera, un caso que fue repudiado internacionalmente.
El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron secuestrados en Ecuador por disidentes de las extintas FARC el 26 de marzo de 2018. "Posteriormente, quedaron a cargo de alias Reinel, quien fue el encargado de custodiarlos hasta que alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlos", detalló la fiscalía colombiana en un comunicado.
Los cuerpos fueron ubicados tres meses después del secuestro en una fosa clandestina ubicada del lado colombiano de la frontera, en el departamento colombiano de Nariño (sur), la zona con más narcocultivos del mundo. El ecuatoriano Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, fue abatido por militares colombianos en diciembre del mismo año. De 29 años, Reinel, fue detenido en julio de 2018 y aceptó su responsabilidad en los hechos. Según la fiscalía, realizó "un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas", agregó la fiscalía colombiana.
Los familiares, sin embargo, consideraron que la sentencia refleja la falta de una "investigación seria" sobre el caso. "Para las víctimas y sus representantes, lo ocurrido a lo largo del proceso y la sentencia deja en evidencia la falta de una investigación seria y exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación", reza un comunicado emitido hoy por la plataforma #Nosfaltan3 y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Aunque el documento considera que "el fallo es relevante", cuestiona la actuación de la Fiscalía colombiana a la que achaca el no haber sido "diligente en su investigación", así como que "tampoco ha logrado esclarecer responsabilidades en otros niveles, ni dado a conocer los autores materiales ni intelectuales del secuestro y posterior asesinato". Las víctimas consideran que "no se ha hecho justicia y este fallo de ninguna manera representa que la labor de investigación de los estados, en especial de Colombia, haya concluido".
La plataforma que representa a los familiares recordó que según un informe elaborado por el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún siguen existiendo hipótesis que no han sido investigadas, y que no se ha garantizado una reparación integral a las víctimas. Y recalca que "se han omitido aspectos que comprometerían la responsabilidad del Estado colombiano" en el fatal desenlace, alegando que durante las negociaciones se lanzaron acciones militares en la zona, frustrando la posibilidad de que fueran liberados.