Los requisitos, calidades y procedimiento para proveer el cargo del Superintendente de Industria y Comercio (SIC) están en el Decreto 1817 de 2015. Son los mismos que se exigen para seleccionar al superintendente financiero y al de sociedades y los del gobierno pasado fueron ratificados por el de Gustavo Petro.
El 5 de octubre pasado el periódico Portafolio informó que el Presidente le pidió la renuncia a María del Socorro Pimienta, actual Superintendente de Industria y Comercio.
Pimienta ha dicho que el Presidente no le ha pedido directamente la renuncia. Agregó que son otras personas la que lo han insinuado y advirtió que no ha pensado en renunciar.
La próxima salida de Pimienta obedece a que tomó cisiones arbitrarias sobre temas como los derechos laborales de las futbolistas colombianas, así como por su injerencia en los destinos de insumos estratégicos para el país como el gas y la energía.
La periodista Paola Herrera, de W Radio, sugirió que el gobierno actual les había entregado a los empresarios el manejo de la SIC.
Pimienta maniobra para tratar de impedir su salida del cargo. En efecto, en una carta a Petro dijo que debe mantenerla porque ella se encuentra amparada por la figura conocida como “retén pensional”. No obstante, ese recurso no protege a quienes tengan cargos de ese nivel.
El periódico El Tiempo informó que Pimienta radicó otra carta en la oficina de personal de la SIC en la que alega el “retén pensional” y anuncia que tiene en casa a una persona en un estado de incapacidad permanente.
“Sobre las razones de este nuevo cambio en el Gobierno Nacional se ha especulado mucho. Recientemente, cuando se dio a conocer el cartel del fútbol femenino en el que la entidad de control le abrió investigación a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol -FCF- y a algunos equipos del fútbol profesional, se habló de una supuesta presión por parte de los directivos de esas instituciones que, presuntamente, quieren la cabeza de Pimienta”, informó la periodista Herrera.
Para Andrés Barreto González, ex superintendente de la SIC, preocupa que: “la SIC cuente con asientos en los Comités de Competencia, Datos y Consumidor de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que hace parte de las redes de autoridades de competencia, consumidor y datos, y que presta un importante servicio como garante del sistema de alertas y seguridad de producto de la OEA, simplemente esté como espectadora y no como la protagonista que siempre ha sido”.
“A pesar de que los asientos en los burós de la OCDE se pierden al ser estos a título personal (detenté los de competencia y datos), los puestos de los comités se mantienen al ser Colombia miembro de la organización, pero el inmenso avance que se ha tenido a nivel institucional, en beneficio de los consumidores y los derechos ciudadanos, no se puede marchitar ante la interinidad que hoy afecta a la entidad”, agregó Barreto.
Para la periodista Herrera, todo apunta a una problemática gigantesca, intervenida por intereses particulares que se estarían enquistando en la misión de la SIC, institución diseñada para vigilancia al sector privado. Advierte Herrera que la entidad debe, “velar por la libre competencia, combatir la práctica de la cartelización y no ayudarle a los empresarios a que hagan de las suyas sin ninguna sanción”.
La crisis de la SIC se agudizó con la llegada de Pimienta. Llegó de la mano de antiguos superintendentes relacionados incluso con el empresario Euclides Torres, conocido por el caso del cartel de los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), según lo denunció Paola Herrera. En este caso, Pimienta le precluyó a Torres la investigación correspondiente.
La periodista Herrera sostiene que la Superintendente fue puesta a dedo en ese cargo, así como otros delegados que conforman la estructura de poder de la SIC. “Por ejemplo, cuando se aprobaron las garantías en el caso del cartel de los CRC” fue nombrada Natalia Alvis como como superintendente delegada de Protección al Consumidor.
La periodista Herrera informó sobre otros profesionales que hoy están en cargos directivos de la SIC: la abogada Gloria Montero, quien ayudó a defender a Simetric, empresa de Euclides Torres, ante esa misma entidad, es hoy delegada de asuntos jurisdiccionales. Ligia Atehortúa fue nombrada como superintendente delegada de propiedad industrial y Cielo Ángel Peña, es ahora la delegada de protección de datos personales. Así como ellas hay más altos funcionarios de la SIC que hacen parte de una clan que aboga en favor de intereses particulares dentro de esa entidad del Estado.
En los últimos seis años la SIC sancionó a unos 40 carteles, aplicó multas a Odebrecht por $295.000 millones, condenó al Cartel de de Boletas para Rusia 2018 y al -PAE- en Bogotá, y sumó casi $700.000 por sanciones al régimen de libre competencia.
La señora Pimienta, al parecer, es una cuota de Euclides Torres, el mismo que ha sido mencionado en la investigación en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
Pimienta ha negado tener vínculos con Euclides Torres: “No entiendo las razones de esos comentarios. Incluso, he leído en las últimas semanas artículos en los que me confunden con otra superintendente y no sé si por ahí empieza una red de mentiras o de equivocaciones”.
La periodista Herrera insiste en que: “en la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, que es una dependencia diferente a las demás ya que allí se administra justicia, llegó una demanda de Avianca contra la aerolínea Latam. En ese caso, un apoderado de Avianca pidió que se decretaran unas medidas cautelares contra Latam que obligarían a dicha empresa a suspender unas rutas que habría tomado sin autorización en la época en la que Viva Air cesó sus operaciones. Esa solicitud se hizo efectiva.
A Avianca le ha ido bastante bien con Pimienta, así como a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, en donde están las jugadoras que denunciaron el cartel del fútbol femenino, lío que ahora tiene a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Dimayor y varios clubes del fútbol rentado nacional enfrentados a sanciones millonarias, todo debido a controvertidas maniobras jurídicas.
Según Paola Herrera, funcionarios de la SIC coinciden en señalar que ese grupo cuenta con un gran padrino es el que hoy maneja toda la Superintendencia y que no hay autonomía porque cuando se debe administrar justicia: “ya los jueces no pueden hacerlo solos, sino que deben contar con el visto bueno de la ya mencionada Gloria Montero para fallar. Ella, además, ha sido denunciada por presunto acoso laboral y por pedirle a funcionarios de su delegatura quedarse quietos con ciertos procesos, decretar pruebas de oficio, hacer maniobras para favorecer sus intereses y los de su verdadero jefe”, dijo la periodista de W Radio.
“No tiene presentación que la SIC, entidad que dentro de su misionalidad debe sancionar, en ocasiones se extralimite en sus funciones y, careciendo de competencia, la emprenda contra unos empresarios favoreciendo a otros, con acciones en donde impera la corrupción”, dijo una fuente especializada en el tema.
En estos días, con la entrega de la licitación por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- de la alimentación para las personas privadas de la libertad en el país, justo antes del proceso de escogencia de la empresa ganadora, la SIC sancionó a unos empresarios y los sacó del camino. De paso, les aseguró el éxito a otros empresarios, en este caso con la jugosa licitación de las comidas para las cárceles en Colombia.
Las sanciones de la licitación de la USPEC en este momento están en apelación por parte de los afectados. “Aquí lo que se evidencia es que existe una suerte de monopolio de unos empresarios afines a la Superintendente Pimienta”, opinó una fuente consultada.
Uno de los empresarios afectados que participaba en la licitación por la alimentación de los presos en el país, quien solicitó mantener su nombre en reserva, denunció que su empresa fue sancionada por la SIC con el pago 8 mil millones de pesos y considera que la superintendente Pimienta se está prestando para “decantar” los procesos licitatorios con claros favorecimientos. El denunciante cree que “el proceso de allanamiento seguido por las -SIC-, en su contra, fue irregular e ilegal secuestrando celulares, computadores, correos electrónicos, sin que mediara una orden policial, en operativos absolutamente anómalos, en donde se esconden a la sombra de María del Socorro Pimienta, sospechosos poderes”
“Ante este panorama lo mínimo es que el presidente Petro deba hacer un pronunciamiento de la permanencia o no de María del Socorro Pimienta al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio”, declaró una fuente.
“Todo indica que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se ha convertido en el arma de algunos inescrupulosos con poder que quieren hacer de la SIC una entidad que satisfaga sus intereses, con la señora Pimienta permitiendo que todo esto pase ante su indiferencia”, agregó la misma fuente.
Hoy, la SIC es contraria a su misionalidad de proteger la libre competencia, debido a la cercanía de empresarios y funcionarios corruptos, que abiertamente amenazan con sancionar a sus competidores, doblegándolos a su voluntad, prueba de ello la adjudicación en el proceso de licitación USPEC-LP-021.
