“Uribe: Nos quedas debiendo los delitos de lesa humanidad, las masacres, la sangre de tantos inocentes, las lágrimas de muchos huérfanos y muchas madres”. (Profesor Campo Elías Galindo. Líder de La Colombia Humana, asesinado en su apartamento en Medellín)
Más de 20 años de hegemonía política y autoritarismo del expresidente Álvaro Uribe pasaran a la historia con la marca indeleble de las masacres y el genocidio. La RAE define el concepto de masacre como “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o cosa parecida”. Basta con repasar las estadísticas de agencias internacionales y de los portales y centros de investigación, para encontrar que las cifras son sobrecogedoras. Durante los ocho años de su gobierno, se realizaron en promedio 50 masacres por año, en las que cayeron inocentes seres humanos de toda condición social, política, económica, racial y cultural.
Sumadas las matanzas, los asesinatos selectivos y los llamados falsos positivos, estamos frente a la realidad de un genocidio sistemático de los sectores más pobres de la población campesina y urbana, especialmente joven, que ha sufrido los rigores de la violencia estatal, paramilitar y de todo orden, en las últimas décadas.
Diversos estudios e investigaciones, registran que las decenas de miles de asesinados/as fueron víctimas del terrorismo de estado, de las bandas paramilitares, de narcotraficantes y de las guerrillas. Se desprende entonces, que la responsabilidad de Uribe en estos crímenes de lesa humanidad fue, en ocasiones directa, por la acción criminal de las fuerzas armadas, en otras, compartida por su supuesta participación en la creación y promoción de las AUC, o porque las matanzas se realizaron en operaciones conjuntas entre el ejército y los paramilitares, y por omisión, dada la ausencia y abandono del estado en las zonas de operación de los grupos insurgentes, de las AUC y de las bandas de narcotraficantes.
Se vislumbró una esperanza en el segundo gobierno de Santos producto de su ruptura con el uribato y su “compromiso” con la paz, también hubo masacres, pero las cifras indican que, durante el proceso de las negociaciones con las Farc, se registró una sensible disminución de las matanzas. Según el informe de la oficina de la ONU en Colombia, entre 2014 y 2017, las masacres se redujeron perceptiblemente, ya que entre 2015 y junio de 2017 ocurrieron 29 masacres, con saldo trágico de 120 víctimas y en 2018 se realizaron 27 matanzas con 105 víctimas, lo cual indica que la paz es el camino.
Con el retorno del matarife al ejercicio de la presidencia en el cuerpo ajeno de su títere, Iván Duque, las masacres volvieron a ser el pan de cada día, por lo menos en 19 departamento. En el portal “Verdad Abierta”, se informa que entre 2019 y lo que va corrido de 2020, se han perpetrado 93 masacres, 25 en el año anterior, que causaron 113 víctimas y 68 matanzas entre enero y agosto pasados, con saldo de 246 personas asesinadas.
A esta cifra, se suman las 14 víctimas del terrorismo policial del 9 y 10 de septiembre pasados, 12 asesinatos en las masacres Simití, Carmen de Bolívar y Zaragoza, y tres en la masacre del municipio de Cáceres, reportadas el 1º de octubre. En total, 275 seres humanos asesinados, en el transcurso 9 meses y cuatro días de este año, producto de 73 masacres, que han dejado un saldo de 388 víctimas; cifra que, si se mantiene la tendencia, alcanzará hasta 120 masacres y 500 víctimas o más al finalizar el año, amén de familiares en la orfandad y revictimizados por la reactivación del desplazamiento forzado y masivo de familias que huyen de las zonas de violencia.
Este sombrío panorama se complementa con el asesinato a manos del ejército de la joven Trans, Juliana Giraldo, en el Cauca, del profesor y líder de la Colombia Humana, Campo Elías Galindo, asesinado por sicarios en su apartamento en Medellín, de 221 líderes y lideresas sociales y comunitarios, más diez de sus familiares, 47 guerrilleros desmovilizados de las Farc, que ya suman 240 de sus miembros asesinados, amén de más de mil líderes y lideresas sociales, asesinados entre 2016 y 2020. A todo lo anterior, se agrega que, con el estallido social, desatado con el asesinato del abogado Javier Ordoñez, salió a flote la brutalidad policial, que el 9 S, asesinó y cometió toda clase de atropellos contra la población. Brutalidad y abusos que incluyen extorciones a comerciantes y violaciones de niñas en los CAI, que han sido del diario acontecer, antes y después de la masacre.
De mayor gravedad es la ferocidad con que las fuerzas armadas del estado arremeten contra las poblaciones definidas como zonas de conflicto, mediante bombardeos en los cuales mueren principalmente pobladores civiles. En dichas acciones han caído 314 jóvenes y niños, incluso menores de 4 años; tal es el caso del bombardeo a un supuesto campamento de entrenamiento guerrillero en el Caquetá en el que las víctimas fueron 14 menores de edad. Así lo denunció Gustavo Petro en la cadena Blu radio, para responder a los señalamientos de pirómano que le hizo, a través de la misma emisora, el sub-presidente.
Este nuevo espectáculo de violencia militar, policial, paramilitar y de todo signo, es la demostración del retorno de la llamada “política de seguridad democrática”, con sus secuelas de desplazamientos masivo, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes y lideresas sociales, estudiantiles, feministas, autoridades indígenas, masacres, represión violenta y judicialización de la protesta social, persecución y perfilamiento de periodistas, intelectuales, trabajadores de la cultura, organizaciones e instituciones, que lideran las luchas por los Derechos Humanos y las libertades políticas y ciudadanas. El retorno del uribato al gobierno es, ni más ni menos, la continuación del genocidio sistemático que ha aterrorizado al pueblo colombiano en los últimos 20 años.
En estos dos años largos del gobierno uribista, hemos visto como, de manera sostenida, se han ido desmantelando los acuerdos de paz firmados con las Farc. El primer desmontado ha sido el “compromiso de no repetición de la violencia” cuyo objetivo era superar la prolongada tragedia del conflicto armado; compromiso violado desde el mismo momento de la posesión del altavoz del patrón en la presidencia, 7 de agosto de 2018; fue este instante el preludio de la continuación de la guerra, como recurso de la dominación política reinstaurada.
En segundo lugar, el pacto de paz contemplaba una “salida integral al problema de las drogas ilícitas” e incluyó la creación del “programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PINS)”; al cual se inscribieron 99.097 familias de 56 municipios, 37. 698 familias inscritas, es decir, el 38%, eran de Antioquía, Cauca, Nariño, y Norte de Santander, departamentos que cuentan con la mayor cantidad de hectáreas de sembradíos ilegales; programa que fue sustituido en la práctica por la iniciativa gubernamental de creación de las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral, (ZEII) o Zonas Futuro”, que abarca las mismas zonas definidas para el PINS, Iniciativa que “las organizaciones sociales, campesinas, comunitarias y defensoras de derechos humanos, no vacilaron en calificarla, “como una estrategia militar, en detrimento del diálogo con las comunidades, lo que podría incrementar las violaciones de los DD:HH.” (portal Verdad Abierta)
En este punto del pacto de paz, también se acordó la conformación de la Comisión Nacional de Garantías de seguridad (CNG), en la cual participan voceros de la Sociedad Civil, encargada de “definir una política pública y criminal para desmantelar las organizaciones paramilitares”, que se conformó, pero que en cuatro años no ha definido tales lineamientos, pese a la insistencia de Gustavo Gallón, uno de los Voceros de la sociedad civil en la misma; es decir, no ha funcionado. (Portal Verdad Abierta).
Todo encaja perfectamente, el desmantelamiento o bloqueo de los organismos creados para avanzar de manera concertada en el proceso de paz y la sustitución de cultivos de coca, así como, para la desarticulación del paramilitarismo y su sustitución por tal estrategia militar, para imponer, se supone, la erradicación forzosa y el retorno de la fumigación con glifosato, por mandato del presidente imperial, el “enroque entre actores armados ilegales y la Fuerza Pública en estos territorios” y la “connivencia y colaboración activa entre los mismos, encontrada y documentada en la Jurisdicción de Justicia y Paz”, (Pedro Santana, Revista Sur #188), explica el desencadenamiento de las masacres perpetradas, por lo menos “en 73 municipios que estaban bajo control de las Farc, de los cuales 26 están incluidos en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) contemplados en el acuerdo de paz (Verdad Abierta). Además, “de acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, el 64% de los asesinatos de los líderes sociales se presentan en los 170 municipios” en donde operaban los frentes guerrilleros desmovilizados, que además se dedicaban al cultivo de Coca. (Pedro Santana, Revista Sur #188) en y
El informe del portal citado, afirma que se trata de “una nueva fase del conflicto armado, que era de esperarse, tras el desarme y desmovilización de las antiguas Farc, como parte del acuerdo de paz, para disputarse los territorios que abandonó este grupo después de haberlos ocupado por décadas”; pues, “resultan rentables y estratégicos para sostener la guerra” para múltiples estructuras armadas que se enfrentan en dichas zonas en Nariño, Cauca, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander, tales como, las Farc (Nueva Marquetalia), el ELN, la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los carteles mexicanos Jalisco nueva generación, el Cartel de Sinaloa, etc. Todo esto como resultado de que el Estado nada hizo para ocupar estos territorios, ni para atender las necesidades de sus comunidades sumidas en la extrema pobreza; así como, para erradicar estos nuevos asentamientos violentos (Verdad abierta).
En esta nueva fase de la guerra, desarrollada por el gobierno no solo para combatir los grupos armados, destruir los acuerdos de paz y destruir los cultivos ilícitos, sino que también tiene el propósito de sembrar el terror entre la población para, en alianza tácita, con las estructuras armadas ilegales, romper desde adentro el ejercicio de la participación comunitaria y los procesos de organización y resistencia popular al terror estatal y de los ilegales, luchar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, recuperar las tierras y defender el territorio, para hacerse al control de las zonas.
A esta estrategia se suma la brutalidad de la violencia policial para reprimir la protesta social, el terrorismo y la generación de pánico en las movilizaciones urbanas, campesinas y de los territorios indígenas, y la detención y judicialización de sus líderes y lideresas, especialmente jóvenes, acusados de vandalismo en las jornadas de movilización. Además, se recurre con frecuencia a perfilar y calumniar a críticos, opositores y líderes y lideresas juveniles, con acusaciones de Castro-chavistas, comunistas y guerrilleros, para justificar su detención y judicialización, sin ninguna clase de pruebas.
Es el recurso a los métodos fascistas, que no solo pretenden acallar la protesta social, asesinar incluso jóvenes y personas inocentes, sino que principalmente tienen el propósito de destruir y dispersar las organizaciones sociales, sindicales, y juveniles, exterminar todo germen de organizaciones de lucha por la democracia y mantener a las clases trabajadoras en un forzoso y permanente estado de fragmentación y dispersión. Se trata de “la destrucción sistemática de todas las formas de organización independiente de las masas”.
Pero veo con optimismo que las juventudes empiezan a tomar conciencia y a asumir la responsabilidad de la lucha en las calles. Son múltiples los mensajes enviados por jóvenes movilizados el pasado 21 de septiembre, pero por razones de espacio cito uno: “ yo le digo a las personas que nos dicen guerrilleros o guerrilleras, que las personas que salimos a manifestarnos somos estudiantes, que somos mujeres, somos juventud, que estamos mamados de lo que está pasando en este país de una masacre diaria, semanal, de asesinatos por parte de la fuerza pública, de violaciones por parte de militares, de mujeres violentadas en los CAI, estamos mamados y esas somos las personas que salimos a manifestarnos. Rechazamos la violencia y amamos la vida, por eso estamos aquí”. De nuevo se vislumbra la esperanza.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia
Bogotá, septiembre 6/2020.