Aunque en Colombia los aplauden y los tratan de héroes, en la práctica la mayoría de médicos, enfermeras y bacteriólogos se están exponiendo a los pacientes que padecen COVID-19 sin los equipos de protección necesarios; el 7% que el gobierno—obligó a destinar para esto no alcanza.
Tapabocas, batas, guantes, gafas y gorros. La lista necesaria para proteger al personal de salud que atiende a los pacientes enfermos con el SARS-
En tiempos normales y sin una pandemia de por medio, la responsabilidad de proteger a los profesionales en medicina es de quien los contrate, ya sean las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) y los hospitales (Empresas Sociales del Estado (ESE). Pero muchos de estos últimos están quebrados, en parte por los 14,5 billones de pesos que les deben las EPS, según las cifras de la Superintendencia de Salud publicadas en octubre de 2019. Aunque el Gobierno intenta solucionar esa deuda a través del Acuerdo de Punto Final.
La solución parcial que encontró el Gobierno fue obligar mediante el Decreto 488 de 2020 a las ARL a dedicar un 7% de sus recursos para comprar equipos de protección y distribuirlos por todo el país, una obligación que no tenían antes de la pandemia y que ahora comparten con las EPS e IPS. Allí comenzaron nuevos problemas.
Lo que no se dice públicamente, pero está escrito en el Decreto 488, es que con ese porcentaje también deben darle los mismos insumos a otra clase de afiliados que están directamente expuestos al contagio por sus trabajos, como vigilantes, empleados de terminales de transporte o bomberos, entre otros.
Lo que no se dice públicamente, pero está escrito en el Decreto 488, es que con ese porcentaje también deben darle los mismos insumos a otra clase de afiliados que están directamente expuestos al contagio por sus trabajos, como vigilantes, empleados de terminales de transporte o bomberos, entre otros. La obligación incluye, además, chequeos médicos preventivos y de diagnóstico. Del mismo 7%, las ARL deben tomar recursos del 5% para hacer acciones directas en la contención, mitigación y atención del COVID-19 y el 2% restante en contención y atención. En otras palabras, los cerca de $20 mil millones que deben invertir las ARL no son de manera exclusiva para proteger a los médicos, enfermeras y bacteriólogos.
Lo primero es que hay una escasez por afrontar. El COVID-19 disparó el uso de equipos como el tapabocas y algunos centros sanitarios del país solo tienen insumos para tres semanas, como se lo dijo la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas al Ministerio de Salud hace por lo menos 20 días. En el mejor de los casos, las IPS tienen insumos hasta para dos meses y medio.
Los profesionales se están quedando sin implementos mínimos requeridos para protegerse al momento de atender a un paciente que padece COVID-19. El panorama ya es preocupante, así lo demuestra la reciente encuesta de la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano. Más del 77% de los profesionales consultados no tienen gafas de protección, ni máscaras N95, ni escudos faciales, ni trajes de bioseguridad.
En Antioquia, por ejemplo, cerca de 20 hospitales no tienen implementos y los piden con urgencia, como dijo a Cuestión Pública el representante a la Cámara Julián Peinado, quien está recopilando la información sobre la capacidad de los centros de salud de ese departamento. En Leticia hubo una renuncia masiva de médicos ante la falta de equipos de protección, como lo relató El Espectador.
Y la situación es apremiante porque hasta ahora se han confirmado 169 contagios de trabajadores de la salud y de ellos han muerto cuatro, según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud al 20 de abril, las únicas que ha publicado al respecto.
@INSColombia te comparte las estadísticas de personal de salud en el país afectado por #COVIDー19 #HeroesDeLaSalud #Colombia pic.twitter.com/n0VwbdkwQd
— Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) April 21, 2020
El llamado del Gobierno que las aseguradoras tardaron en responder
No fue sino que el Gobierno decidiera que las ARL debían repartir dichos insumos a sus afiliados y llegó el primer problema: la demora para acatar la medida. Aunque el decreto salió el 27 marzo, las ARL reaccionaron 10 días después cuando hicieron la primera entrega, como lo muestra el cronograma de distribución que Fasecolda, la federación que asocia a las aseguradoras, publicó en su página web.
El 12 de abril los ministros de Salud y de Trabajo, Fernando Ruiz y Ángel Custodio Cabrera, respectivamente, les pusieron un plazo de 72 horas a las aseguradoras para que por lo menos detallaran qué iban a entregar y a quién se lo iban a dar. De lo contrario, tenían que aguantarse la multa y pagar hasta mil salarios mínimos.
Solo entonces las aseguradoras apretaron el paso y un día después entregaron más de 480.000 elementos de protección, principalmente en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Aunque siguen llevando equipos de protección, la gran mayoría de los 19 millones de insumos prometidos para abril por más de $40 mil millones serán entregados el último día del mes, de acuerdo con el cronograma de Fasecolda. Dentro de los insumos hay tapabocas comunes y los N95, caretas de protección, guantes y batas antifluido.
El cronograma de las ARL para entregar equipos de protección de salud
“Le solicitamos al presidente de Fasecolda que nos enviara el plan de distribución, que es lo mínimo porque esos son recursos de los trabajadores y no de las ARL, pero como no lo tenemos detallado, no hay forma de verificar si sí los están entregando y de qué calidad son”, explicó a Cuestión Pública Carolina Corcho, vicepresidenta Federación Médica Colombiana. Es que el cronograma de las ARL solo da cuenta en qué departamentos planea entregar los equipos de protección y cuantos, sin especificar a qué IPS puntual los llevarán. Tampoco especifica qué tipo de implementos, si se trata de tapabocas o batas, etc., lo que dificulta el seguimiento público de estas entregas.
No se conoce el número exacto de profesionales expuestos al COVID-19, algo que el ministro de Trabajo aseguró que debería quedar establecido antes del 15 de abril, una vez se cumplieran las 72 horas de tiempo límite para las ARL. “Hemos decidido que el próximo miércoles debe quedar establecido el número de trabajadores expuestos y la respectiva entrega de la dotación de protección personal para los trabajadores, por parte de las ARL públicas y privadas conjuntamente con el empleador”, dijo en su momento el ministro de Trabajo.
Pero el dato concreto aún no se tiene. Por ahora, cada una de las siete ARL que hay en el país está distribuyendo insumos por su parte a las empresas en las que tiene afiliados, según el número de afiliados que tenga, explicó Fasecolda a Cuestión Pública.
Las estimaciones del Ministerio de Salud es que ni los 19 millones de equipos de las ARL ni los casi 2.000 que compró el Gobierno son suficientes, como lo aseguró el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, en el debate de control político que le hizo la Cámara de Representantes el pasado 21 de abril. Porque, aunque esa cartera tiene estimada que en Colombia hay alrededor de 600.000 trabajadores de la salud, según datos del 2018, los millones de equipos que hay destinados a protección son desechables en su mayoría y se deben botar después de usarlos una vez.
La ley del más fuerte rige la compra de equipos de protección
Cada ARL está comprando los equipos de protección por su lado pues no lograron centralizar las compras a través del portal Colombia Compra Eficiente, según le dijo Fasecolda a este medio. En la práctica esto puede llevar a que dos aseguradoras compren el mismo tapabocas a precios distintos o que los insumos que estén llevando a los hospitales y centros de salud sean de mala calidad, especialmente porque ante la escasez surgieron proveedores “que nadie había visto antes”, según dijo a Cuestión Pública Tatiana Andia, profesora de salud pública de la Universidad de los Andes.
En efecto, Cuestión Pública conoció que la ARL le prometió a un hospital de Antioquia, a través de una carta, que llevaría ocho tapabocas tipo N95 para cerca de 25 afiliados que lo requieren en la institución de salud. Al final, el 22 de abril llegaron solo cuatro de estos insumos y no tenían ni el registro sanitario usual ni el certificado que garantiza el estándar internacional NIOSH. Como el Invima declaró el N95 un dispositivo vital no disponible, permite su importación sin el registro sanitario pero el certificado NIOSH sí lo debería tener, según publicó el Invima en su página web el 16 de marzo. “Ahora ni los médicos ni mis auxiliares se quieren poner esos tapabocas que nos trajeron”, agregó la enfermera jefe que compartió la información y que pidió no ser nombrada ni dar referencias del hospital, porque la IPS no lo permite.
“Le solicitamos al presidente de Fasecolda que nos enviara el plan de distribución, que es lo mínimo porque esos son recursos de los trabajadores y no de las ARL, pero como no lo tenemos detallado, no hay forma de verificar si sí los están entregando y de qué calidad son”, explicó a Cuestión Pública Carolina Corcho, vicepresidenta Federación Médica Colombiana.
Es por eso que tanto Fasecolda como la Federación Médica Colombiana le piden al gobierno que centralice las compras. Es decir, que sea el Estado el que consiga los equipos de protección de los proveedores para garantizar un equilibrio de precios y un mismo nivel de calidad, como explicó Andia. “Sin la centralización opera la ley de más fuerte”, sostuvo.
Andia explica que hasta antes de la pandemia, cada hospital y clínica compraba directamente los equipos de protección a intermediarios que podían ser cooperativas hospitalarias o a las industrias directamente. Pero como cada quien lleva sus propias cuentas, puede haber mucha especulación que aumenta ante la escasez de insumos que ha producido el SARS-
El ministro de Salud solo se ha pronunciado al respecto el pasado 3 de abril en unas mesas de seguimiento desde el Congreso, diciendo que están “planeando que el mecanismo debe ser una compra centralizada”, pero no hay pasos concretos.
Hasta el momento de la publicación de este artículo, la oficina de prensa del Ministerio no respondió la pregunta que Cuestión Pública le hizo telefónicamente y a través de WhatsApp sobre por qué no habían decidido implementar esa medida. Solo respondieron que darían trámite a la consulta.
Cuestión Pública conoció que la ARL le prometió a un hospital de Antioquia, a través de una carta, que llevaría ocho tapabocas tipo N95 para cerca de 25 afiliados que lo requieren en la institución de salud. Al final, el 22 de abril llegaron solo cuatro de estos insumos y no tenían ni el registro sanitario usual ni el certificado que garantiza el estándar internacional NIOSH.
Otra posibilidad que ha mencionado el ministro Ruiz es cambiar vía Congreso la ley que rige a las ARL para que destinen más que el 7% de sus recursos a los equipos de protección pues, a marzo de 2020, las aseguradoras tenían poco más de 3.300 millones de pesos en total, como precisó el Ministerio de Trabajo ante el Senado. Pero esta solución parece un saludo a la bandera, pues ni siquiera hay un proyecto de ley al respecto, el Congreso no está sesionando hasta ahora y eso tardaría mínimo un año en implementarse.
Mientras se intenta desatar el nudo gordiano para proteger a los profesionales de salud, ellos siguen en la primera línea de atención esperando, como mínimo, un tapabocas.