Medellín. - La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Nacional ejecutaron este viernes el desalojo de Carlos Escobar Marín —señalado como jefe de la “bodega uribista”— de un lujoso penthouse dúplex en el edificio Praderas I y II, en El Poblado, Medellín.
El inmueble, incautado en 2016 al poderoso cartel internacional de la cocaína conocido como Oficina de Envigado, fue entregado a Escobar en 2021 por el gobierno del presidente Iván Duque en un proceso irregular, denunciado por La Nueva Prensa en marzo de 2022.
El operativo, que culminó tras meses de trámites judiciales, dejó en evidencia la resistencia de Escobar, quien profirió insultos y amenazas contra los funcionarios, según un video exclusivo obtenido por este medio.
El penthouse, de 389 metros cuadrados, con piscina privada y vista al campo de golf del Club Campestre, fue el epicentro de actividades controvertidas. Desde allí, Escobar, convicto por fraude bancario en Estados Unidos, habría dirigido campañas de desinformación en redes sociales contra periodistas, políticos y activistas críticos del uribismo como los entonces senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar.
Aspectos del penthouse del narcotráfico que Iván duque le adjudicó en Medellín al hacker Carlos Escobar, quien ayer fue desalojado.
La Nueva Prensa también reportó en 2022 que el apartamento, arrendado a nombre de Jennifer Blanco Nieto, pariente del novio de Escobar, se alquiló por 3 millones de pesos mensuales, un valor aproximadamente 15 veces por debajo del mercado.
Vista del penthouse del narcotráfico que poseía el hacker uribista Carlos Escobar.
Durante el desalojo, Escobar intentó recoger enseres entre escombros mientras increpaba a los funcionarios de la SAE y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. “Vienen es a robar, yo conozco a estas gonorreas”, gritó, según el video.
También calificó al gobierno como “para la mierda” y acusó a los presentes de actuar “personalmente” contra él por ser uribista, exigiendo tiempo para sacar sus pertenencias.
En un momento, se dirigió a una funcionaria como “guerrillera de mierda”.
Una fuente de la SAE confirmó a La Nueva Prensa que el contrato de arrendamiento, firmado en mayo de 2021, fue terminado hace meses. “Bajo la instrucción de Daniel Rojas, iniciamos los trámites de desalojo, pero detalles jurídicos retrasaron la acción hasta hoy”, explicó.
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La operación responde a la necesidad de recuperar un bien que, en lugar de destinarse a la reparación de víctimas, fue usado para actividades cuestionables.
Vecinos del edificio, que desde 2021 denunciaron fiestas nocturnas, disparos y amenazas de muerte atribuidas a Escobar, celebraron el desalojo.
En 2022, La Nueva Prensa también reveló un episodio en el que Escobar, presuntamente bajo efectos de estupefacientes junto al exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla y el senador Jonatán Tamayo Pérez, conocido como “Manguito”, lanzó una nevera desde la terraza.
“Con los narcotraficantes vivíamos en paz; con Escobar, todo fue caos”, afirmó un residente que pidió anonimato.
El caso, que destapó irregularidades en la gestión de bienes incautados durante el gobierno Duque, refuerza las críticas a la SAE por su manejo de activos.
La entidad no respondió a preguntas de La Nueva Prensa sobre las amenazas atribuidas a Escobar, limitándose a señalar en 2022 que esos asuntos competen a autoridades judiciales.
Este desalojo marca un paso hacia la recuperación de un bien que, por años, simbolizó el abuso de poder en uno de los sectores más exclusivos de Medellín.
Esta investigación de La Nueva Prensa también descubrió que Escobar suplantó los logos y las cuentas de las redes sociales de este medio de comunicación para suplantar los nombres de los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, quienes destaparon el escándalo de los narcopilotos del cartel de Sinaloa que tienen al ex presidente Álvaro Uribe bajo investigación formal de la Corte Suprema de Justicia.
