En la madrugada del 9 de septiembre, vísperas del día internacional de los Derechos Humanos, 2 policías torturaron y asesinaron con sus pistolas eléctricas al estudiante de derecho Javier Ordoñez, frente a un grupo de personas que estaban filmando lo sucedido. Los mandos policiales no ofrecieron disculpas y se limitaron a comunicar que los patrulleros involucrados en el homicidio habían sido designados a tareas administrativas. Esto causó indignación y rabia en la comunidad que esa misma noche salió a protestar; en respuesta, la policía abrió fuego contra las multitudes dando muerte a 10 manifestantes.  

Las redes sociales y los noticieros de televisión publicaron imágenes de miembros de la policía disparando sus fusiles contra los ciudadanos. La capital vivió horas de terror y muerte por cuenta de la institución que paradójicamente tiene la misión de velar por la convivencia pacífica y la vida de las personas.

Para el gobierno de Duque y la prensa oficialista la culpa la tienen los desadaptados que iniciaron las revueltas, incendiando el CAI de la policía al cual pertenecían los implicados en la muerte de ORDOÑEZ; el partido de extrema derecha Centro Democrático buscó desviar la atención de la masacre policial acuñando la teoría infantil según la cual las protestas hacen parte de una conspiración internacional en contra de la policía colombiana para quitarle financiación y debilitarla en su lucha contra el narcotráfico.

Es cierto que las protestas violentas alimentan otros tipos de violencia, pero esto no justifica la brutal y despiadada reacción de la policía, que ejecutó a civiles desarmados como sucede en las peores dictaduras.

La mayoría de los colombianos nos preguntamos: ¿Por qué, con tanta frecuencia, la policía colombiana actúa de manera tan violenta contra la población civil? Para responder este interrogante debemos tener en cuenta que durante el largo y cruento conflicto armado interno en Colombia, la policía ha permanecido integrada a las Fuerzas Armadas, en consecuencia, los policías reciben preparación como soldados en estrategias y tácticas de combate urbano para enfrentar las guerrillas que operan en las ciudades.

La doctrina policial está nutrida de una concepción guerrerista según la cual las protestas y movilizaciones sociales son promovidas e integradas por la subversión, por lo tanto, deben ser enfrentadas con violencia bajo la regla de todo vale en la guerra, contemplando la eliminación física como una opción válida en defensa de los bienes públicos y privados, lo cual les impide ver que son las personas y no el Estado las verdaderas destinatarias de la labor policial.

Nos hemos acostumbrado a una policía integrada a las Fuerzas Armadas, militarizada en su estructura, mentalidad y disciplina, sin que prestemos atención a las repercusiones que esto trae en la conducta de los policías que perciben la sociedad como un campo de batalla y a todo el que levante la voz como un enemigo al que pueden enfrentar sin necesidad de hacer un uso racional de la fuerza.

El asunto es tan preocupante que en el Código Penal Militar no existe norma que sancione a los policías por el uso irracional o desproporcionado de la fuerza, salvo cuando se utiliza como un agravante en el juzgamiento de otros delitos como lesiones personales u homicidio.

Los manuales de policía tampoco tienen previstos protocolos, ni especifican las normas que deben tener en cuenta los uniformados al momento de lidiar con protestas legales o ilegales con el fin de evitar excesos en el uso de la fuerza.

Los policías colombianos, al contrario de lo que sucede en otras partes del mundo, reprimen las protestas y movilizaciones ciudadanas utilizando patrullas motorizadas y cada uniformado tiene patente de corso para hacer uso de sus armas de dotación, incluyendo los fusiles de asalto, en defensa de los bienes que puedan resultar afectados en las refriegas.  

La Policía Nacional invierte grandes recursos en promover su imagen y ganar la confianza de la ciudadanía, las campañas publicitarias muestran a los miembros de la institución como héroes, pero a diario vemos excesos de los policías y crímenes que cometen ante los ojos de todo el mundo; es a partir de esta realidad que los colombianos han ido construyendo la imagen de una policía corrupta, brutal, despiadada, enemiga de las libertades ciudadanas y un peligro para la misma comunidad.   

Lo peor es que los mandos institucionales y el gobierno nacional no se dan por enterados de esta percepción ni han querido hacer una revisión a fondo del modelo de policía que tenemos y de los cambios que demanda para ponerse a tono con una sociedad cada vez más contestataria y consciente de la importancia de los derechos y garantías individuales. Torpemente han creído que pueden seguir usando indefinidamente la excusa de que son casos aislados, manzanas podridas, cada vez que los policías incurren en desafueros, sin que deban ocuparse de una reforma radical y urgente de la institución.

El proceso de crecimiento de las ciudades, la agudización de los conflictos sociales debido a las necesidades básicas insatisfechas, la corrupción, el incremento de los problemas derivados de la convivencia, la diversificación de las actividades criminales y la persistencia de la lucha armada, exigen que tengamos una policía preparada y capaz de enfrentar esta compleja realidad.

Sabemos que no es una tarea fácil, pero para llevarla a cabo se debe  comenzar por decidir sí se mantiene el modelo militarista y represivo de la institución o se crea una estructura por fuera de las fuerzas armadas, para darle vida a un organismo de formación civilista y pacífica, sometido a controles efectivos por parte de la ciudadanía, dotado de un estricto régimen de carrera que permita el ingreso a la fuerza de las personas mejor calificadas desde el punto de vista ético y profesional y que tenga como principales objetivos proteger a todas las personas, inclusive de los abusos del mismo Estado, promover y defender los Derechos Humanos y enfrentar la delincuencia mediante procedimientos estrictamente ajustados a la ley.