Al caer la noche del 9 de septiembre, se hizo viral un video de dos policías de la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, que registra el momento en que molían a golpes y descargas eléctricas, en presencia de sus contertulios y amigos, al abogado Javier Ordóñez; tanto la víctima, como sus compañeros, suplicaban angustiosos que “por favor” dejaran de golpearlo, los agentes “del orden”, luego de la paliza y los excesivos choques aplicados con el mortífero “Taser”, lo esposaron y lo condujeron al CAI de Villaluz, en donde, según testimonios de la gente, terminaron de pulverizarle la vida a golpes, el dictamen de Medicina Legal reportó 9 fracturas en el cráneo y fuertes contusiones en todo el cuerpo.
La ciudadanía bogotana y el país se enteraban en tiempo real, de este nuevo crimen de estado, que fue la gota que derramó el vaso, la reacción de la población, especialmente joven y de los sectores populares, fue inmediata, se volcaron sobre los CAI localizados en distintos sectores de la ciudad, en los que descargaron su ira reprimida, no solo por el asesinato del abogado, sino contra la serie de abusos, maltratos, atropellos, violaciones de mujeres, y niñas, población LGTBI dentro de las radiopatrullas, asesinatos, torturas, vejámenes, contra vendedores ambulantes, consumidores de estupefacientes y contra la población en general de las zonas donde se encuentran instalados los CAI de las 20 localidades del Distrito Capital, amén de las masacres asesinatos de líderes y lideresas sociales, indígenas, campesinos, ex combatientes de las Farc. Se trató de un estallido social contra el abuso de poder y la brutalidad policial.
Centenares, quizá miles, de videos circularon, antes y ahora, por redes sociales denunciando estos delitos cometidos por los agentes de policía en Bogotá y todo el país, que en más del 95% de los casos quedaron en la impunidad.
Las imágenes del asesinato de Javier, guardan similitud con las que desencadenaron la ira del pueblo norteamericano a causa del asesinato, por asfixia, del ciudadano afroamericano George Floyd, que devino en el mas gigantesco estallido social, contra la brutalidad de la policía supremacista blanca norteamericana. El pueblo amotinado, mantuvo por varias semanas su protesta y decenas de estaciones de policía de muchas ciudades ardieron incendiadas por los sublevados. Fue una respuesta espontánea de ira masiva de la población negra, latina, asiática y del pueblo en general contra el racismo, pero también contra los rigores de la pobreza que padece la mayoría del pueblo en los Estados Unidos.
No hubo detrás de los amotinados instigadores antifascistas, ni cubanos, ni venezolanos, ni comunistas, como pretendidamente quiso demostrar el sorprendido mandatario gringo, para buscar responsables fuera de la propia brutalidad policial y de las políticas neoliberales de su gobierno racista, para justificar la arremetida militar violenta de las fuerzas armadas contra la ciudadanía insurrecta.
En el mismo sentido, en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, la ira popular se amotinó contra los CAI, más de 50 fueron incendiados y destruidos, fue la respuesta espontánea del pueblo contra la ferocidad y el maltrato recibido de la policia durante largo tiempo. Actos lamentables, que no fueron planeados y ejecutados, por grupos vandálicos organizados, ni por las redes sociales, tampoco por las organizaciones juveniles que despuntan en los barrios populares, mucho menos por Gustavo Petro, Iván Cepeda, o los partidos de la oposición parlamentaria y nunca por venezolanos que a duras penas sobreviven en Bogotá, como pretenden el gobierno y su patrón, el preso del Ubérrimo, para desviar la atención pública sobre su incuestionable responsabilidad.
Los sorprendidos con la demencial respuesta de la policía bogotana, fueron la alcaldesa y la ciudadanía Bogotana que, convertida en una banda de asesinos, disparó indiscriminadamente contra la población amotinada, asesinó 14 seres humanos inocentes y dejó un saldo de 250 personas heridas, sembró el terror entre la gente utilizando armas del estado y en representación del poder público. Fue indudablemente una masacre, un acto de terrorismo de estado.
La periodista María Jimena Duzán, divulgó los 119 casos de abuso policial en Bogotá, durante los sucesos del 9 y 10 de septiembre, presentados como parte del informa de la Alcaldesa Claudia López a la Presidencia de la República y a la procuraduría General de la Nación. Destacó los asesinatos de la joven Juliet Ramírez Mesa, de 18 años, en el barrio Suba – La Gaitana, Fabian Peña Rodríguez de 36 años, del barrio El Tintal, a Cristian Hernández de 23 años, mientras llevaba un domicilio en su bicicleta, la policía lo interceptó y le disparó en la frente, Cristian Hurtado de Soacha, saliendo de su casa a comprar el desayuno recibió un balazo, Jaider Alexander Fonseca, Joven de 17 años en suba, murió de cuatro impactos por arma de fuego, era padre de un niño menor de dos años.
Además, Carlos Andrés Caro fue herido en su rodilla cuando salía de un ensayo musical, en Engativá a Juan Camilo Rubiano, la policía le hurta su material de cámaras y celulares, lo golpearon inmisericordemente porque estaba grabando, a una periodista la ingresaron al CAI la desnudaron y la inculparon de terrorismo, omitieron e impidieron el socorro a los heridos, las víctimas fueron intimidadas en los hospitales o en sus casas, para que no se arriesguen a denunciar, ordenaron perfilamiento de heridos en hospitales. Otros videos circularon en redes en donde se ven piquetes de policías cometiendo actos vandálicos, apedreando ventanales de las viviendas y golpeando sin piedad a los moradores.
Fue una larga noche de 48 horas de terror oficial, asesinaron seres humanos jóvenes, niños e inocentes, que no participaban en las protestas, dejaron más de 250 personas heridas, encerraron gente en bodegas y las torturaron, agredieron físicamente, hicieron detenciones arbitrarias e ilegales y cometieron todo tipo de ataques a periodistas de medios independientes.
La gente se pregunta ¿quién dio la orden, quienes son los responsables de esta brutal y violenta respuesta policial que disparó a mansalva sobre la población inerme y desarmada? El gobierno, ni los altos mandos militares pueden seguir esgrimiendo la manida excusa de las manzanas podridas de una institución carcomida por la corrupción, la violencia y el delito. No se trató de acciones criminales desatadas por policías que se salieron de madre, seguramente actuaron por orden de mandos superiores, para acallar la ira de la población sublevada, sembrando el miedo y el terror, por eso dispararon sin importar que cayeran inocentes. El resarcimiento de debe empezar por la verdad sobre los verdaderos responsables. El gobierno debe asumir la responsabilidad sobre esos crímenes de estado, garantizar castigo para los autores de la masacre y ofrecer reparación a las familias de las víctimas.
La memoria de los ofendidos y los humillados, registra una larga historia de comportamientos violentos, sistemáticos y recurrentes de la policía nacional, todo tipo de abusos, jóvenes asesinados por el Esmad, ataques a poblaciones barriales y campesinas; para no ir tan lejos, en el paro del 21 y 22 de noviembre de 2019, sembraron el terror en las ciudades y, como el 9 y 10 de septiembre, los policías también tiraron a matar y sometieron la población al vandalismo uniformado.
En Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, fue objeto de un golpe de facto, los mandos policiales la despojaron de su cargo de jefe de policía, desobedecieron la orden impartida por ella de no usar armas letales y llegaron disparando a la humanidad de sus víctimas. De nada sirvió su clamoroso llamado y su valerosa denuncia de estos crímenes cometidos por los “agentes del orden”. Lo cierto fue que el recluso del Ubérrimo, publicó un trino en el que parecía ordenar que sacaran los tanques, devolvieran a los venezolanos a su país y persiguieran a todas las personas que estaban generando disturbios. Todo indica que gobierno y mandos policiales obedecieron la trinada orden del patrón.
Lo que siguió fue el consabido sainete de las disculpas gubernamentales, acompañadas del avalúo en miles de millones de los destrozos causados por los amotinados, con la perversa intención de equilibrar las vidas perdidas con las pérdidas materiales causadas por los/as amotinados/as. La declaración del General Penilla en la que afirma que, palabras más, palabras menos, nadie ordena al policía a usar su arma, ellos son responsables de sus actos. Es algo así como decirle al policía “usted tiene licencia para matar, pero debe responder individualmente por su crimen”. Dichas declaraciones y la de buscar culpables entre las organizaciones sociales y juveniles que despuntan en las localidades; así como, responsabilizar a las guerrillas de instigadores de los disturbios, tienen el malévolo propósito deslegitimar la protesta social y justificar los asesinatos de los 14 seres humanos, para tratar de desviar la atención de la ciudadanía.
Una de las causas de las sistemáticas y inhumanas actuaciones de la policía, radica en el carácter de esta institución como un cuerpo armado, adscrito al ministerio de defensa y en su formación militar, basada en la doctrina del enemigo interno y, entrenada para combatirlo a muerte. Los/as agentes policiales están adiestrados para violar los derechos humanos y guardar el orden mediante la generación de pánico, en ningún caso para persuadir y promover pacíficamente la convivencia ciudadana. En estos casos actúan como esbirros del régimen y protectores de los intereses de los dueños del capital y del poder.
Voceros/as de la oposición y del pensamiento crítico claman por una reforma estructural de la institución policial, proponen convertirla en un cuerpo civil adscrito al ministerio del interior. El gobierno respondió que presentaría al Congreso un proyecto de reforma integral, pero con la advertencia de que la policía continuará adscrita a las fuerzas armadas. De nuevo el gatopardismo, harán “profundas reformas” para que todo siga igual.
Los cambios radicales que reclama el pueblo, solo serán el resultado de procesos de auto organización, de abajo hacia arriba, de las clases trabajadoras y los sectores campesinos, sociales y populares, que canalicen estas espontáneas manifestaciones de ira y descontento popular, en procesos de movilización y lucha democrática, no solo contra la bestialidad policial, sino contra este régimen autoritario y opresor; así como, contra sus antipopulares políticas neoliberales. Es saludable saber que despuntan en las localidades bogotanas procesos organizativos sociales y juveniles que trabajan en esta dirección. Es hora de perder el miedo y trabajar por la realización de un nuevo para nacional e indefinido.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
Bogotá, septiembre 15 de 2020.