La oscura ex fiscal Luisa Obando se declara en estado de demencia para eludir denuncias y juicios en su contra

06 Noviembre, 2025
  • Obando es protagonista en el macrocaso de corrupción y narcotráfico conocido como “Pacho Malo”, en el que también figuran, entre otros, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Martha Mancera y el fiscal Daniel Hernández, actualmente en juicio por corrupción en el caso Odebrecht y el Grupo Aval.


Por LA NUEVA PRENSA

 La controvertida fiscal Luisa Obando presentó su segunda renuncia, alegando sufrir desarreglos mentales severos. Obando se desempeñaba en provisionalidad como Fiscal Delegada ante el Tribunal de Distrito en la Dirección Seccional Norte de Santander. La dimisión fue presentada el 20 de octubre de 2025.

La excusa sobre supuestos trastornos severos en su salud mental le servirá a Obando para intentar eludir las denuncias y juicios penales que enfrenta por presuntos hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Luisa Obando es pieza central en el escándalo de narcotráfico y corrupción conocido como “Pacho Malo”, del que también hacen parte el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Martha Mancera y el fiscal Daniel Hernández, hoy en juicio por corrupción y que, aun así, se mantiene en su cargo, presuntamente por la influencia de su protector, el exfiscal Martínez, quien también fue juez, parte y contraparte en los escándalos de corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval.

Obando había sido nombrada sin concurso de méritos como Fiscal Delegada ante Tribunal en Cúcuta. Anteriormente, fue Delegada para la Seguridad Territorial.

La exfiscal es pareja del exagente del CTI de la Fiscalía, Víctor Forero, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota y podría obtener su libertad en diciembre próximo. Forero es dueño de la firma de investigaciones privadas ARMIF.

Inicialmente, el Departamento de Administración de Personal advirtió que la carta de renuncia de Obando no demostraba plenamente la voluntariedad y espontaneidad exigidas por el artículo 97 del Decreto Ley 020 de 2014, el cual establece que, para que una renuncia sea válida, debe reflejar una decisión libre, clara e inequívoca del funcionario.

No obstante, ante la insistencia de Obando Guerrero —quien reiteró su renuncia irrevocable ese mismo día a través de un correo electrónico, en el cual aseguró encontrarse en un estado de demencia—, la entidad procedió a aceptarla, según lo previsto en la norma, que obliga a formalizar la desvinculación cuando el funcionario ratifica su decisión.

La Fiscalía dejó constancia de que la renuncia fue presentada sin presión, coacción o intimidación por parte de ningún servidor público y que obedeció exclusivamente al libre albedrío de la funcionaria.

El documento cita, además, jurisprudencia del Consejo de Estado, recordando que no existe norma que impida a un servidor público exponer las razones que motivan su retiro y que las autoridades no pueden abstenerse de dar trámite a una renuncia solo por estar fundamentada.

La ahora exfuncionaria ejerció el cargo hasta el 21 de octubre de 2025, fecha en la que debía entregar todos los asuntos relacionados con sus funciones, así como los informes de gestión y bienes asignados.

Ninguna fuente de la Fiscalía quiso confirmar si Obando entregó el cargo de manera debida.

La Nueva Prensa consultó a la exfiscal Angélica Monsalve, quien ha elevado múltiples acusaciones contra Obando y el cuestionado grupo judicial al que presuntamente pertenece. Este fue su concepto:

Luisa Obando, exdelegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía durante la gestión de Francisco Barbosa y de la presunta delincuente exvicefiscal Martha Mancera, presentó doble renuncia a su cargo. En la primera, omitió un detalle que sí incluyó en la segunda: declararse enajenada mental, buscando así evadir su responsabilidad penal por los actos cometidos. Lo que la astuta exfuncionaria parece ignorar es que la ley penal colombiana establece que no será inimputable quien haya preordenado su propio trastorno mental para eludir las consecuencias de sus delitos, como lo evidencia su segunda carta de renuncia.