El problema de Colombia no es el narcotráfico. No puede serlo porque de él depende la siempre floreciente economía nacional aún con todos los indicadores en contra. El problema es la narcomiseria. No menos de dos millones y medio de infelices, aislados y olvidados, pagan la pena perpetua que el estado les ha impuesto sin fórmula de juicio a vivir del cultivo ilícito de la hoja de coca. La única propuesta de solución del gobierno actual para apartarlos de ese modo de vida es la de someterlos, a ellos y sus cultivos lícitos e ilícitos, a un nuevo régimen de fumigaciones con glifosato, veneno químico probadamente lesivo para la vida humana y el medio ambiente. La erradicación de una sola hectárea de coca por medio de ese catastrófico método cuesta cien millones de pesos y el país tiene, supuestamente, plantíos de ese tipo sobre 109 mil hectáreas. Es la cifra que impone Estados Unidos porque a Colombia su atraso de toda la vida le impide determinar por sus propios medios las reales proporciones del asunto.

         (Associated Press destacó que un estudio de la Universidad de los Andes “encontró que para erradicar una hectárea es necesario fumigar 33 hectáreas”).

Si la cifra supuesta de 109 mil hectáreas plantadas con coca se multiplica por los cien millones de pesos que vale la erradicación de cada una de ellas, el resultado es $ 20,900,000,000,000. Esto, en voz alta, son 20 billones 900 mil millones de pesos colombianos. No es un error de mecanografía: son 20 billones 900 mil millones de pesos colombianos.

Cuando se haya despilfarrado todo ese dinero en el envenenamiento de los plantíos actuales, así como de las áreas adyacentes y las personas que los cultivan y habitan, aparecerán otras 209 mil hectáreas de coca o más para reemplazar las anteriores y de esa manera –manipulados por los grandes narcotraficantes– se mantendrán los siempre bien abastecidos, crecientes y estables mercados internacionales de la cocaína. Para los dos millones y medio de infelices que puedan sobrevivir a las fumigaciones que se anuncian su infelicidad será todavía mayor y quienes manejen el negocio de los 20 billones 900 mil millones de pesos colombianos invertidos en el veneno y su irrigación aérea amasarán enormes fortunas sin mayor esfuerzo. Y el asunto, como siempre, seguirá en aumento: más narcomiseria, más depredación ambiental y –por supuesto– más narcotráfico.

El resultado también será de más enfermos y muertos por efectos del veneno desparramado y más destrucción del medio ambiente, tanto por los chaparrones de glifosato como por la consiguiente deforestación de los bosques y ríos nativos para habilitar otras 250 mil hectáreas nuevas o más que los dos millones y medio de infelices causarán para poder continuar viviendo del único medio de subsistencia al que los ha condenado el estado colombiano como consecuencia del abandono absoluto en que los mantiene.

¿Por qué no se invierten esos 20 billones 900 mil millones de pesos colombianos en la redención de los dos millones y medio de miserables condenados a vivir perpetuamente de la coca? Porque el gobierno de Colombia nunca ha querido erradicar la narcomiseria pero sí está empeñado –siempre lo ha estado– en preservar el narcotráfico que mantiene vigorosa y en crecimiento a la economía.

Podríamos llegar a la conclusión de que el único negocio más rentable que el narcotráfico es la fumigación de los cultivos de coca con glifosato.

Es vital que el país sepa quiénes son exactamente los exportadores de glifosato a Colombia y quiénes los importadores. Que se informe antes de que la Corte Constitucional de Colombia autorice o niegue reanudar las fumigaciones en una respuesta que debe darle a una consulta que le hizo el papanatas Iván Duque.

La respuesta colegiada se basará en la ponencia negativa que prepara el magistrado Alberto Rojas. Él sostiene que, así como los proyectos de ley en el congreso son públicos para que la sociedad los conozca y debata, también deben ser públicos los proyectos de sentencias de las cortes.

Hasta donde entiendo, la Corte tiene los votos suficientes para mantener la prohibición al glifosato. O los tenía hasta cuando el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, les retiró las visas a dos magistrados que luego fueron a implorar que les fueran restituidas y así ocurrió. Me pregunto si después de este episodio esos dos y los demás sostendrán y defenderán sus posturas de negar las fumigaciones venenosas. Si reculan para tratar de conservar sus visas, regresarán los turbiones de glifosato sobre los bosques y los ríos del país. Sería una decisión judicial irresponsable, producto de rastreros intereses personales y contraria a la abundante evidencia científica que existe alrededor del mundo sobre los efectos exterminadores de ese tóxico.

“Un estudio de la Universidad de Columbia de 2019 encontró que, en Brasil, entre los años 2000 y 2010, usar glifosato en cultivos de soya aumentó la probabilidad de más de 557 muertes adicionales de niños”, informó The New York Times.

“La exposición al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la piel […] y abortos”, de acuerdo con los investigadores Adriana Camacho y Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes.

Lo mismo que los estudios sobre el funesto glifosato, surgen, por su lado, decisiones judiciales en el mismo sentido de las científicas. Una juez de California falló en agosto de 2018 en favor del jardinero Dewayne Johnson. La firma Monsanto, productora del veneno Roundup, un herbicida con glifosato, debió pagarle al quejoso 39 millones de dólares en compensación y otros 250 millones en daños por el cáncer que le produjo el tóxico.

“El gobierno colombiano debería considerar que sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los ciudadanos de Estados Unidos”, agregó The New York Times. “Cuando la ciencia ha demostrado que el glifosato causa problemas de salud, el gobierno colombiano tiene una responsabilidad ética: si existe alguna posibilidad de que la fumigación dañe la salud de las poblaciones campesinas que viven rodeadas de cultivos de coca, su uso debe prohibirse”, añadió.

         Otro estudio de la Universidad Externado de Colombia probó que la fumigación con glifosato “es estructuralmente ineficaz y su uso tiene una elevada probabilidad de ocasionar daño a la salud de la población residente en las zonas rurales de los municipios asperjados”.

         El glifosato que se riega sobre Colombia tiene el agravante de ser reforzado con Cosmo-flux, un aditivo o coadyuvante que aumenta la adherencia del veneno y, por consiguiente, hace más poderosos sus efectos mortíferos.

         La esperada decisión de la Corte Constitucional respecto de las fumigaciones con glifosato es un tema completamente ético que debe guiarse conforme a la moral y a principios fundamentales de derecho como el de precaución. Ojalá los magistrados que tienen en sus manos la capacidad de decidir obren con la razón no resuelvan el tema alterados por el miedo personal a perder sus visas a Estados Unidos.

Preservar la narcomiseria será una bellaquería.