Las excepciones solo tienen justificación en las reglas de ortografía, jamás en los comportamientos de los ciudadanos frente a sus congéneres.
Esta semana ha estado como el pasillo, movidita en lo político, en lo administrativo y en lo policial. En lo último ni se diga. Al respecto conocimos de dos hechos de abuso de poder por parte de uniformados. En Bucaramanga, la Policía sancionó y agredió a una ciudadana por exhibir un afiche del presidente Petro en su puesto de verduras en la plaza de mercado. Ante las críticas, el comandante de la ciudad salió a decir que se trató de un procedimiento legal, pues habría sido motivado por el hecho de que la señora no contaba con su cédula. Un internauta se preguntaba –y a nosotros también nos interesa saber la respuesta– si acaso la Policía Nacional no cuenta con lectores biométricos u otros medios para identificar a los ciudadanos.
Que se le está yendo la mano a la policía lo atestamos personalmente el pasado sábado 26 de noviembre, cuando la uniformada Karina Galindo, distinguida con número 851081, insistió en imponer comparendo a vehículos que se encontraban parqueados en una calle sin señalización que lo prohibiera, a pesar de que se le advirtió que, de conformidad con la Ley 2252 de 2022, “toda zona de prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario de tránsito competente” y en consecuencia, los comparendos carecerían de validez como lo dispuso la citada norma. Tras la entrada en vigencia de esta ley, las prohibiciones permanentes para el parqueo en vía quedaron expresamente prohibidas.
A la señora Karina se le dijo una y otra vez que carecía de fundamento legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria y que por lo tanto, de ejercerla incurriría en un abuso de autoridad. Como buena artista hizo mutis por el foro, se volteó el casco y libró los comparendos. Como si fuera poco, ante la oposición de los vecinos les amenazó con inmovilizar los vehículos y llevarlos en grúa a los patios, aun cuando todos los propietarios se habían hecho presentes, por lo que no era lícito adelantar tal procedimiento. Señora policía, cuando un ciudadano le replica debe escucharle y rebatirle sus argumentos con argumentos, no con actitudes impositivas y actos arbitrarios. Incluimos su nombre y su placa porque fuimos testigos directos de los hechos que relatamos.
Otro abuso de nuestras autoridades fue materia de conversación durante el fin de semana y ocurrió cuando un inspector de migración pateó en el ‘traseiro’ a un ciudadano brasileño –por razones que desconocemos– y no contento con haberle dado su patada intentó asestarle un golpe. Lo curioso es que la compañera del gendarme, en vez de ponerse de parte del ciudadano que estaba siendo agredido, respaldó al agresor y regañó a una señora que les reclamaba por el abuso de autoridad, a quien posteriormente el funcionario iracundo intentó raparle el celular con el que grababa el incidente. De no haber sido por la valentía de esta ciudadana, posiblemente no habría registro de la agresión y el responsable habría quedado en la impunidad.
¿Acaso olvidan estos burócratas que el presidente no es Duque ni Uribe? Les recordamos que el presidente es Gustavo Petro y ha sido enfático en que el trato de las autoridades a los ciudadanos debe mejorar. Se acabó la carta blanca que les habían dado en gobiernos anteriores. Recordarán nuestros lectores que en la administración pasada no hubo una sino al menos tres ocasiones en las que el gobierno salió en respaldo de la Policía tras hechos deleznables cometidos por esta fuerza. La más grotesca de todas, al día siguiente del homicidio de un ciudadano al interior de un CAI, tuvo como protagonista al presidente vestido de patrullero en una visita nocturna, casualmente, a un CAI.
Aquí todo el mundo habla de paz, pero cada quien hace lo posible porque la pobre paz no alcance a todos. Parece que la única paz que se concibe en Colombia es la de un municipio del Cesar, por cierto hasta feíto, llamado La Paz. Aunque el pueblito no sea el más lindo, su nombre es hermoso. Hablando de paz conyugal, no entendemos cómo puede hablarse de separación de bienes en líos de pareja cuando solo hay males. Nos hacíamos esta pregunta mientras pensábamos en el evento de que terminara la relación entre Cabal, Lafaurie y Polo Polo. Sabemos que el mal no produce bien y en consecuencia, quienes solo hacen males no tendrán bienes para dividir. ¿Habrá algún abogado que se le mida a esta separación de males? Permítasenos toser, porque creemos que un abogado en recto ejercicio de sus facultades mentales no querría ni podría separar lo que Dios ni pudo unir.
Por último, ignorancia total en materia política han demostrado los cabeci-redondoscomentaristas de fútbol con sus alabanzas al sistema de gobierno qatarí, que es un régimen oprobioso, dictatorial y mojigato. De seguro la decana de la Facultad de Derecho de La Gran Colombia disfrutaría vivir allá y quién sabe, hasta de pronto la canonizan por su puritanismo. Horrible debe ser vivir en uno de esos países donde lo único que importa es la voluntad de un ser que no vemos y de un monarca que sí sentimos. Y ya que hablamos de estos personajes, ¿cuándo podrán entender los locutores de fútbol que restar no es sinónimo de faltar? Da risa cuando dicen que “restan” 10 minutos para que termine el encuentro, cuando lo correcto es que faltan, porque restar es quitarle algo a algo. Los micrófonos se hicieron para amplificar las voces y no los malos usos del idioma. Antes de bestializar, consulten el significado de las palabras que emplean.
Adenda: En la costa atlántica hay quienes están bastante preocupados, compungidos, tristes, despechados y amargados porque el expresidente del Congreso, el olímpicoArturo Char Chaljub, ha sido llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Primer pastorejo al castillo de naipes de la familia Char.
Adenda II: A cargo de nuestro periodista colaborador, Francisco Cristancho R. “Gracias a la senadora Gloria Flórez, la semana pasada pudimos conocer que entre los años 2018 y 2022 el país recibió alrededor de 1.200 millones de dólares para enfrentar el fenómeno de la migración. Sin embargo, esa platica no aparece. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que las autoridades actúen? No es posible que el gobierno Duque haya hecho y deshecho y nadie investigue nada.”
Interesante la coletilla del doctor Eduardo Montealegre Lynett, ex fiscal general de la Nación, quien nos ha hecho llegar este escrito como asiduo colaborador que es de esta columna: “La decisión de la sala de la JEP, sobre las posibles sanciones a imponer contra los dirigentes de las FARC por el secuestro de miles de colombianos, se ajusta a los estándares internacionales. El desarme de la insurgencia y su contribución a la verdad legitima la restricción del derecho a la justicia de las víctimas. La pena privativa de la libertad no es la única respuesta posible a las graves violaciones a los derechos humanos. En la justicia transicional se permiten penas alternativas a la privación efectiva de la libertad, cuando hay un encuentro –un diálogo– entre las víctimas y los autores de los graves hechos, para construir la verdad y dar garantías de no repetición. La JEP va por el camino correcto. Merece el apoyo de toda la ciudadanía”
¡Hasta la próxima semana!
