Sandra Ximena Caicedo, profesora de ciencias sociales de un colegio público de Cali, enfrenta una campaña de denuncias, amenazas y perfilamientos por haber realizado un taller pedagógico con sus estudiantes, sobre el genocidio, eufemísticamente llamado “falsos positivos”, que acabó con la vida de 6.402 jóvenes civiles inocentes, basado en el reciente informe de la JEP, acciones terroríficas que, como lo destaca el informe del alto tribunal, fueron ejecutadas durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, por militares en complicidad con paramilitares, que recibían incentivos de todo tipo (ascensos, dinero, permisos, vacaciones, cargos en el exterior, etc.) por cada asesinado que luego reportaban como guerrillero abatido en combate. Fueron, sin duda alguna, crímenes de estado, actos de barbarie, que comprometen a la cúpula militar, los oficiales, la soldadesca y al propio Uribe como su ordenador y comandante en jefe. Así debe ser registrado en los anales de nuestra historia y contado a niños, niñas y jóvenes en los textos escolares de las próximas generaciones, para bien de la democracia, los Derechos Humanos y el ejercicio civilizado de la política en el inmediato futuro.
La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, informada por algún padre de familia resentido y furibundo uribista, sobre el taller que incluía la pregunta ¿Cuál es la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en el tema de los falsos positivos?, condenó a la profesora al escarnio público porque según ella, no era conveniente informar a los estudiantes en el tema de los “falsos positivos”. La andanada contra la profesora Sandra Ximena fue brutal, la acusaron de “hacer parte de la campaña de desprestigio del expresidente y su legado”, “ser un ejemplo del adoctrinamiento de FECODE”, que “el Ministerio de Educación debe sancionarla”; incluso, la amenazaron de muerte: ¿“Sancionar? el ejercito tiene la obligación de dar de baja a terroristas sea hombre o mujer, esté en el monte o en las aulas” (sic).
Pero hay que recordar que las campañas de estigmatización y persecución contra los/as docentes y sus organizaciones es una vieja y larga práctica del establecimiento, bástenos evocar que en tiempos de las gloriosas luchas, paros y movilizaciones del magisterio dirigidas por Fecode, por la conquista de su estatuto profesional y sus derechos salariales y de seguridad en salud, fueron objeto de palizas, encarcelamientos, allanamientos de sus sedes, judicializaciones y asesinato de sus líderes, lideresas y activistas. Represión, que fue acompañada de sistemáticas campañas de estigmatización orquestadas desde los medios de comunicación. Recuerdo, como si lo hubiera leído hoy, el título de un editorial dominical del diario colombiano de mayor circulación “FECODE UN NIDO DE GUERRILLEROS”, que desató una ola de amenazas de muerte por parte de las bandas paramilitares y de narcotraficantes, contra toda la dirigencia de la federación. Amenazas que resultaron ciertas, pues la historia registra otro genocidio de más de 1500 maestros y maestras, desde 1979 hasta la fecha.
En la memoria histórica quedaron registrados estos vergonzosos y criminales hechos, que seguramente no serán contados en los textos oficiales, sino ignorados ocultados, silenciados y tergiversados; pero que han quedado escritos con tinta indeleble en la memoria de los ofendidos y humillados, sus familiares, sus colegas, sus estudiantes, padres de familia y sus organizaciones. Álvaro Uribe ha reeditado esta campaña con sus acusaciones a FECODE de ordenar al magisterio “adoctrinar” al estudiantado en el comunismo y el castrochavismo. Es esta la razón que nos hace pensar que la campaña de perfilamiento desatada por el Uribato contra la colega Sandra Ximena ha puesto en riesgo su vida, por la cual debe responder el gobierno y en especial el Ministerio de Educación.
Afortunadamente, la lluvia de insultos y amenazas, ha tenido la merecida respuesta de parte de miles de docentes en todo el país que, no solo han expresado su indignación, denunciado y condenado los injustificados señalamientos del Uribato y sus fanatizados seguidores contra la colega docente, sino que anunciaron su compromiso de generalizar la réplica de su taller pedagógico en todas las instituciones del país, para contar la verdad histórica sobre aquellos actos de terrorismo de estado eufemísticamente calificados de falsos positivos.
Dicha expresión de solidaridad debería convertirse en la práctica pedagógica cotidiana del magisterio colombiano, ello requiere de una ruptura con la camisa de fuerza de los currículos oficiales impuestos, para negarse transferir a la comunidad estudiantil, como única fuente del conocimiento la de los textos escolares que contienen la historia oficial y asumir el reto de inducir a niñas, niños y jóvenes a investigar en otras fuentes la verdadera historia sobre las salvajes prácticas de las clases gobernantes y sus mentores , los poderosos gremios económicos, terratenientes y las gigantescas corporaciones transnacionales, en los en los 200 años hegemonizados por la plutocracia gobernante.
Por supuesto se trata de la verdad de los de abajo, de las víctimas del terrorismo de estado, el paramilitarismo y las guerrillas, las madres de Soacha, los indígenas, las negritudes, los estudiantes, los sindicatos, en fin, los desterrados, excluidos y vejados; verdad que no ha sido contada por los monopolios mediáticos, ni por las encopetadas academias oficiales y oficiosas. La verdad histórica sobre los falsos positivos empezó a salir a la luz pública, como lo que son, gracias al acuerdo de paz y a los pronunciamientos de la JEP, un genocidio cuya responsabilidad recae sobre el expresidente Uribe Vélez.
Pero son centenares de macabros acontecimientos ocurridos bajo la tutela del exmandatario, durante casi tres décadas de su hegemonía política, los que tendrán que ser registrados como verdad histórica de su oscuro trasegar por la vida nacional. Son 200 procesos o más, los que transcurren por los estrados judiciales nacionales y las cortes internacionales. Que, excepción hecha del proceso por soborno a testigos y fraude procesal, que obligó a Uribe a renunciar a su curul de senador para escapar del juzgamiento y la detención preventiva que le decretó la Corte Suprema, para obligar traslado del caso a la Fiscalía, la cual solicitó preclusión del mismo en favor de Uribe, que avanza lentamente (10 años), los demás, por corrupción, narcotráfico, creación de grupos paramilitares (doce apóstoles, bloque metro), masacres (del Aro, la Granja y San Jorge), asesinatos, como el de Jesús María Valle y Eduardo Correa de Andreis, espionaje e interceptaciones ilegales, injuria y calumnia (contra el magistrado Iván Velásquez), fraude electoral, compra de votos con dineros de los narcos (ñeñe política), entre muchos otros, se encuentran estancados en anaqueles de tribunales, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de acusaciones.
Procesos que quizá ni siquiera su preclusión llegará a ser solicitada por la asociación conformada por sus abogados, la fiscalía y la procuraduría para librar al patrón de cualquier posibilidad de ser condenado. Pero que, sin duda alguna, han quedado registrados en la memoria colectiva, así no hayan sido aún consignados en los textos de los historiadores al servicio del establecimiento. Esa, la verdad histórica verdadera, es la historia que, educadores y educadoras colombianos deben ayudar a difundir, como contribución a la construcción, desde la escuela, de una nueva cultura de paz, democracia, respeto y garantía de los Derechos humanos.
El profesor, investigador y columnista, Guillermo Segovia, analizó y desarrolló el taller diseñado por la profesora Sandra Ximena para sus estudiantes de grado noveno y demostró que, no solo su contenido pedagógico es adecuado “para la formación de ciudadanos proactivos, humanistas y conscientes de sus derechos” sino que diagnosticó que “El taller sobre <<falsos positivos>> cumple estándares de competencias y lineamientos de ciencias sociales integradas de secundaria a cabalidad, según lo establecido por las instancias pertinentes”, en clara referencia al Ministerio de Educación y recomendó que “La Ministra de Educación debería corroborarlo y exaltar la labor de la docente” (Fundación Pares, 10 de abril,2021).
Al poder hegemónico y autoritario, ejercido a sangre y fuego por Álvaro Uribe por más de veinte años, no le conviene garantizar al cuerpo docente el ejercicio de la libertad de cátedra, ni le importa que esté consagrado en la Constitución; mucho menos le interesa permitir que el magisterio construya desde la escuela el pensamiento crítico y la formación de seres humanos autónomos, capaces de abordar con criterio propio el análisis del conflicto y las violencias que han azotado al pueblo colombiano por más de 60 años.
Tampoco estará dispuesto a permitir que la verdad histórica, tanto la que consigne en su informe la Comisión de la verdad, como la que resulte de las sentencias de la JEP o la que por fortuna se ha ido instalando en la conciencia colectiva de lo que se ha dado en llamar ciudadanías libres, sea llevada a las aulas escolares colombianas, como materia de estudio. Tal es el motivo por el cual se persigue, se estigmatiza, se difama, se amenaza y hasta se asesinan maestras y maestros que se atreven a hacer de su práctica pedagógica un ejercicio emancipatorio formador de seres libres, defensores de sus derechos civiles y políticos. Esta es la razón por la cual el ejercicio de la noble labor de enseñar será una profesión de alto riesgo, mientras sigan aferrados al poder este paranoico personaje y sus cómplices que, sin ningún fundamento, se atreven a acusar al magisterio y su organización FECODE, de adoctrinar a los estudiantes en su contra, con el único fin de fomentar el odio y el miedo, sin importar sus consecuencias.
Bogotá, 14 de abril,2021
*Miembro de la Red Socialista de Colombia