La siguiente es la esencia de la providencia de la Corte Suprema de Justicia que decretó medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe: “La Sala especial de Instrucción penal de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del Senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”

“Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.

“La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.

Es muy claro que la medida fue adoptada porque las pruebas obtenidas, condujeron a los 5 magistrados de la nueva sala especial de instrucción penal a privar de la libertad al senador, para impedir que siguiera comprando y sobornando testigos, con la clara intención de obstruir y dilatar la acción de la justicia, en un proceso que él mismo inició en 2014, cuando instauró demanda penal contra el senador Iván Cepeda Castro por presunta manipulación de testigos en su contra. La demanda fue una retaliación por haber denunciado, en debate de control en la Cámara de Representantes, y enviado a la Corte los testimonios del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien paga larga condena en prisión, declarando ser testigo presencial de la creación del bloque Metro de las AUC, bajo la responsabilidad de Álvaro Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, y su hermano Santiago, en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, donde creció y se hizo paramilitar al lado de su padre que era trabajador en dicha hacienda.

Los magistrados de la sala penal que estudiaron la demanda, encontraron que el senador Cepeda no era responsable de los delitos que le imputaba el demandante y lo exoneraron de toda culpa; pero, inmediatamente abrieron investigación contra Álvaro Uribe por considerarlo presunto responsable del delito de soborno a testigos y fraude procesal; es decir, como rezan los adagios populares, se le volteó la torta al ex presidente, fue por lana y salió trasquilado, Iván Cepeda, en clara demostración ética, dejó en manos de la Corte el caso y su desenlace.

Debe quedar claro que la providencia fue dictada por magistrados diferentes a los que absolvieron al senador Cepeda y ordenaron investigar a Uribe por las conductas ilícitas que provocaron la medida de aseguramiento; lo cual desvirtúa la descabellada teoría del complot internacional orquestado por magistrados izquierdistas, supuestamente vinculados a la izquierda Castro chavista.

Simultáneamente, la Fiscalía ha dictado medida de aseguramiento y privación de la libertad contra el abogado Diego Cadena, reconocido defensor de mafiosos, contratado por Uribe, para que se dedicara a recorrer cárceles colombianas y de los Estados Unidos, para tratar de que los testigos que declararon contra él se retractaran o para comprar nuevos testimonios en contra del senador Cepeda, coincidencialmente todos ex paramilitares que pagan condena, favorecidos o no por la llamada “Ley de justicia y paz”, que también será juzgado en detención preventiva e igual que su apoderado tendrá su casa por cárcel, desde donde deberá responder por el mismo delito. La casa por cárcel no deja de ser un trato benévolo y privilegiado e injustificado para los procesados.

La decisión de la sala, según los apartes del texto de la providencia, publicados por el diario El Espectador, se basó en la conclusión de que “Uribe actuó con conciencia de la ilicitud”, dado que las pruebas encontradas eran indiciarias en su contra y son “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes” a tal punto que dedujeron que Uribe fue el “determinador, inductor y beneficiario” de la idea criminal de presentarle falsos testigos a la Corte. El testigo Juan Guillermo Monsalve, pese a las sistemáticas presiones, amenazas e intentos de asesinarlo, no se retractó; en cambio el ex jefe paramilitar, Carlos Enrique Vélez, a quien el abogado Cadena le alcanzó a entregar $48 millones para que firmara las cartas con falsas declaraciones contra el senador Cepeda, no solo terminó retractándose, seguramente porque no le cumplieron con los $200 millones prometidos, sino que además reconoció que jamás había conocido al senador Iván Cepeda.

Cabe recordar que Uribe ha sido recurrente en prácticas ilícitas de persecución a sus contradictores y jueces que han investigado sus conductas ilícitas, las de sus familiares y sus cómplices. El antecedente más significativo es el caso del ex magistrado Iván Velázquez, quien estuvo al frente de las investigaciones y condenas por parapolítica de su primo Mario Uribe y de decenas de parlamentarios, gobernadores y alcaldes, que, igual que él, habían logrado su elección en alianza con narcotraficante y paramilitares, gracias a la financiación de las mafias y al constreñimiento armado del voto ciudadano. El magistrado fue objeto de chuzadas y montajes en su contra para desacreditarlo. El narco paramilitar alias Tasmania, terminó retractándose y pidiendo perdón por sus declaraciones contra el magistrado Velázquez. Hoy, según lo ha declarado en noticieros, permanece escondido para no correr la suerte de por lo menos ocho testigos en contra del expresidente, que fueron asesinados y declarados por el jefe supremo del uribato como “buenos muertos”.

La providencia, según aprestigiados penalistas, fue dictada en derecho y despojada de cualquier matiz político; los magistrados meritoriamente, resistieron la ofensiva previa y posterior a la misma, desatada por el uribato, el sub-presidente y su equipo de gobierno, los gremios económicos, los medios masivos y el staff de periodista y columnistas de radio, prensa y televisión, al servicio del Matarife, para impedir que su jefe supremo fuera privado de la libertad. Fueron prolíficos en todo tipo de epítetos, amenazas y señalamientos, con la malévola intención de deshonrar la providencia y descalificar la idoneidad del alto tribunal.

Iván Duque, prevalido de su cargo, se proclamó defensor de oficio de su “presidente eterno” y decidió desconocer la decisión de la sala especial de instrucción de la Corte, al dar fe de la supuesta rectitud, honorabilidad e inocencia del inculpado expresidente, pese a que las evidencias dicen lo contrario, y exigir que se le permitiera ser juzgado en libertad. Demostró una vez más que no tiene estatura de mandatario. sino de escudero del verdadero presidente. De manera irresponsable, como fiel discípulo de su patrón, decidió violar los principios constitucionales de la independencia de poderes y de neutralidad y acatamiento de los fallos judiciales que debe guardar un jefe de estado en una democracia. Queda en el ambiente la pregunta sobre cual será la actitud del encargado presidente, si la corte encuentra culpable al ex presidente y lo condena a pagar pena en prisión.

El débil “mandatario” ha cometido falta grave contra el ordenamiento constitucional y debería ser juzgado por este violatorio acto. Las altas cortes cerraron filas en defensa del CSJ, reclamaron unánimemente el respeto por la independencia del poder judicial y condenaron las presiones indebidas a que fue sometida la sala especial de instrucción de Corte Suprema de Justicia por parte del presidente y sus altos funcionarios. Los sectores políticos de la oposición, exmagistrados, académicos, columnistas críticos y juristas, por su parte, exigieron respeto por la justicia y reclamaron que ningún personaje o alto funcionario público, por poderoso que sea, debe ser intocable y tiene que ser sometido a juicio si comete delitos. Como hecho histórico, hay que registrar que es la primera vez que un ex presidente es privado de libertad, para que responda desde la prisión por su delito.

La providencia de la Corte causó diversas reacciones, la del uribato y los fanáticos seguidores del senador y jefe, que se despacharon con todo tipo de extravagancias e improperios contra la corte, a la que sindicaron de ser idiotas útiles de un complot internacional de las izquierdas pro comunistas, castros chavistas, contra el expresidente, profirieron todo tipo de amenazas, incluso de muerte, contra los cinco magistrados y contra el senador Iván Cepeda.

Amenazaron con incendiar el país, incluso la senadora Paula Holguín, hija de reconocido narcotraficante, se atrevió a llamar a las reservas del ejército a tomar las armas para defender a su presidente. Pero no perdieron la oportunidad de aprovecharse de la situación reinante para plantear su proyecto político de llamar a una asamblea constituyente, para desmontar las cortes y crear una sola corte estilo sastre, a la medida de los intereses del matarife y sus cómplices, que lo saque de sus múltiples líos judiciales y les asegure la impunidad que han disfrutado durante décadas.

Por parte de los sectores democráticos, además de las reacciones de la cortes, ex magistrados, políticos de oposición en defensa de la independencia y por el respeto a las decisiones de los jueces, amplios sectores de la población, cansados con la corrupción de políticos arropados con el manto autoritario y hegemónico del expresidente, víctimas de la violencia militar y paramilitar, del desplazamiento forzado, del despojo de tierras y el terrorismo de estado, los familiares de líderes y lideresas sociales asesinados y desaparecidos durante su mandato y de lo que va del sub-presidente; así como del empobrecimiento de la población y la precarización del trabajo a causa de la aplicación a rajatabla de las políticas neoliberales durante mas de veinte años de supremacía del uribato, se manifestaron alborozados por la noticia, con la esperanza de que al fin se haga justicia y el expresidente, acusado de tantos crímenes y tropelías sea juzgado y condenado a pena de prisión por todos sus crímenes.

Hay que reconocer que la medida de aseguramiento tiene un alcance limitado, el de juzgar al senador Uribe, privado de la libertad, por un delito menor, el de “soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”. No ha sido vencido en juicio y condenado a pena de prisión; pero, la medida ha causado una herida en la impunidad de Álvaro Uribe y del criminal aparato de poder que ha montado y liderado, en alianza con el gran capital, el capital mafioso, el paramilitarismo y los corruptos partidos de la derecha y la extrema derecha, a lo largo de su oscura carrera política, tal como lo han venido denunciando consistentemente, Gustavo Petro, e Iván Cepeda desde su tribuna política, Daniel Mendoza en la serie documental “Matarife, un genocida innombrable”, Gonzalo Guillén desde La Nueva Prensa y Julián F Martínez desde su canal de YouTube Revelados y columnistas independientes como Daniel Coronel y María Ximena Duzán, entre otros.

La Corte tiene la responsabilidad histórica de absolverlo o condenarlo, si lo absuelve se derrumbará la consistencia de las pruebas “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes” consignadas en la providencia y con ellas la esperanza de millones de colombianos/as por la justicia, la paz y la democracia; entonces, la hegemonía autoritaria, la impunidad del genocida y su aparato de poder saldrán fortalecidos. Si lo condenan como lo indican las pruebas, estaremos ante el punto de quiebre del salvaje poder del innombrable, el comienzo del fin de su impunidad y de la alianza delincuencial en el poder. El anhelo de justicia hará que el pueblo mayoritario reclame que el patrón del mal sea juzgado y condenado por sus mayores crímenes, como el de narcotráfico, el terrorismo de estado (falsos positivos), la creación de bandas paramilitares, la corrupción y el saqueo de los recursos del erario, para nombrar solo algunos.

*Miembro de la Red Socialista de Colombia